La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

La tarde de este domingo, el Centro Histórico de Morelia vivió momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán durante una protesta por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Lo que inició como una movilización pacífica terminó en un estallido de violencia que dejó daños materiales, enfrentamientos con la Guardia Civil y el eco de un reclamo que sacudió a la capital estatal.

La marcha comenzó alrededor de las 5:45 de la tarde en la emblemática Fuente de Las Tarascas, punto de encuentro de los inconformes que exigían justicia. El contingente avanzó por el corazón de Morelia hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde se pegaron cartulinas y mantas con mensajes de protesta. Sin embargo, una parte del grupo decidió romper el cerco y forzó la entrada principal del edificio histórico.

En cuestión de minutos, los manifestantes ingresaron a los salones del recinto, causando destrozos a puertas, ventanas y mobiliario antiguo. Algunos muebles fueron arrojados sobre la avenida Madero, una de las principales arterias de la ciudad, generando caos y obligando a las autoridades a desplegar un operativo urgente.

Elementos antimotines de la Guardia Civil respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud. Tras varios minutos de enfrentamiento, el acceso al Palacio fue controlado y la zona acordonada. Los daños al inmueble aún no han sido cuantificados, pero las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del acto y la tensión vivida en el centro de Morelia.

La protesta en la capital se sumó a otra manifestación masiva en Uruapan, donde más de 10 mil personas acompañaron el sepelio del alcalde Manzo Rodríguez. El cuerpo del edil fue velado en el templo de San Francisco de Asís y posteriormente sepultado en el panteón San José, en medio de un ambiente de indignación y luto colectivo.

El alcalde, conocido por la población como “El del Sombrero”, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en el tradicional Festival de Velas, un evento cultural que cada año reúne a cientos de familias en la Pérgola Municipal de Uruapan. Durante el ataque, sus escoltas repelieron la agresión, abatiendo a uno de los responsables y deteniendo a dos más. Un funcionario municipal también resultó herido en el tiroteo.

La muerte de Carlos Manzo y los disturbios en Morelia reflejan el clima de tensión que vive Michoacán, donde la violencia política ha vuelto a golpear de lleno. El Palacio de Gobierno amaneció resguardado, convertido en símbolo de una noche en que el reclamo de justicia se mezcló con la rabia y la desesperación de una población que exige respuestas.

La noche del sábado, el ambiente festivo en el centro de Uruapan, Michoacán, se transformó en caos. Eran alrededor de las 8:10 p. m. cuando un sujeto vestido con sudadera blanca y pantalón negro se acercó al alcalde Carlos Manzo y le disparó en plena vía pública, justo después de concluir un evento del Festival de Velas. En segundos, el ataque desató una intensa movilización de seguridad. El agresor fue abatido en el lugar, y las autoridades aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros junto con siete casquillos percutidos.

Manzo fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció minutos después, alrededor de las 8:50 p. m., a causa de las heridas. En el atentado también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien, según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, tras el tiroteo fueron detenidas dos personas más que habrían participado en la agresión. El arma utilizada podría estar relacionada con otros dos ataques entre grupos delictivos en la región, por lo que las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha identificado al agresor abatido, pues no portaba documentación.

Trece horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el asesinato y asegurando que el alcalde contaba con protección federal. Según informó, tanto la Defensa Nacional como la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con Manzo antes del ataque.

Sheinbaum convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, en una reunión de emergencia para revisar las circunstancias del atentado y coordinar acciones. También informó que se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las medidas que se implementarán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que Manzo tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad periférica, mientras que su seguridad inmediata era proporcionada por policías municipales y personal de confianza. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que desde el 10 de diciembre el edil contaba con seis elementos federales y un vehículo, cifra que posteriormente se reforzó con ocho agentes más y una unidad adicional.

El ataque, ejecutado durante un evento público, expuso la vulnerabilidad de las autoridades locales pese a los dispositivos de protección. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que no habrá impunidad, mientras la investigación continúa para determinar el móvil y las posibles conexiones criminales detrás del atentado que arrebató la vida al presidente municipal de Uruapan.