Etiqueta: Uruapan

La estrategia federal de seguridad en Michoacán volvió a concentrarse este jueves en nueve municipios considerados focos de operación criminal. A Morelia llegaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los titulares de Marina y Defensa, para sostener una reunión privada con autoridades estatales y municipales.

El encuentro se realizó luego de que autoridades federales desplegaran el denominado Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 y atribuido a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la reunión fueron llamados únicamente los presidentes municipales de Morelia, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Jacona, Zitácuaro y Pátzcuaro, municipios donde tienen presencia grupos como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Correa, La Familia Michoacana y el Cártel de Acahuato.

García Harfuch arribó a la capital michoacana acompañado por los secretarios de Marina y de la Defensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo. Los funcionarios aterrizaron alrededor de las 08:30 horas en el estadio de béisbol Francisco Villa, ubicado junto a la XXI Zona Militar, a bordo de un helicóptero de la Marina.

En la mesa de seguridad participó también el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el fiscal estatal Carlos Torres Piña y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Cruz Medina.

Entre los asistentes destacó Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La funcionaria encabeza además el Movimiento del Sombrero, organización política independiente creada por el exalcalde asesinado y desde la cual se impulsa su eventual candidatura al gobierno estatal.

Aunque el encuentro reunió a mandos federales, estatales y municipales, no fue convocado Jaime del Río Salcedo, quien el pasado 1 de mayo asumió como delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán.

Según informó el gobierno estatal, durante la reunión se revisaron los resultados obtenidos por el Plan Michoacán en los nueve municipios incluidos en la estrategia de seguridad federal. La visita de García Harfuch representó su cuarta gira de trabajo en Michoacán para encabezar reuniones relacionadas con seguridad y refuerzo de presencia federal en la entidad.

Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

A tres meses del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ex presidente municipal de Uruapan y fundador del llamado “Movimiento del sombrero”, se realizó un acto público de homenaje en el corazón de la ciudad. En la plaza Morelos, el mismo espacio donde ocurrió el atentado que terminó con su vida el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas por las celebraciones de Día de Muertos, fue develada una placa conmemorativa acompañada de una escultura de mármol en forma de sombrero.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exedil, quien estuvo acompañada por sus dos hijos, ciudadanos que se congregaron en el lugar, así como por elementos de seguridad. La placa lleva el nombre de Carlos Manzo y la consigna “Ni un paso atrás”, frase que fue coreada por asistentes junto con expresiones como “Viva Carlos Manzo”, “Presidenta” y “No estás sola”.

Durante su breve intervención, Quiroz agradeció la donación de la escultura, realizada por un ciudadano, y subrayó que la memoria de su esposo permanecerá vigente. “El nombre de Carlos Manzo se va a seguir escuchando por mucho tiempo”, afirmó frente a los presentes. La pieza de mármol fue colocada directamente sobre la placa, integrándose como un símbolo del legado político y social que impulsó el exalcalde.

Más tarde, la presidenta municipal compartió en sus redes sociales una imagen del memorial junto a un mensaje en el que detalló que el acto se llevó a cabo al término de una misa y confirmó que el homenaje no concluye con esta intervención. En la publicación señaló que ya se encuentra en proceso la elaboración de una estatua de Carlos Manzo, la cual será colocada en cuanto esté terminada, ampliando así el espacio de memoria en la plaza Morelos.

En paralelo al homenaje, continúan los avances en la investigación del homicidio. De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, hasta el momento se reportan 15 personas detenidas por su presunta relación con el asesinato del exalcalde. Entre los detenidos se encuentran algunos de los escoltas que lo acompañaban el día del atentado, quienes son investigados por su participación en los hechos posteriores, cuando Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, señalado como el autor material del ataque, fue desarmado, sometido y abatido segundos después.

Estas detenciones se suman a la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, marcando un punto relevante en el esclarecimiento del caso que conmocionó a Uruapan.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que aumentó a cinco el número de personas fallecidas tras la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. La dependencia también ajustó a cuatro los heridos que permanecen bajo atención médica después del estallido registrado la mañana del sábado en la calle Ignacio López Rayón, justo frente a la base del grupo comunitario.

De acuerdo con la fiscalía, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando un automóvil explotó a escasos metros del inmueble utilizado por la corporación local. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un “coche bomba” presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o, en su defecto, que la unidad transportara sustancias químicas o explosivas que habrían detonado accidentalmente.

El reporte preliminar detalla que dos de las víctimas mortales eran hombres que viajaban en el mismo vehículo que estalló, mientras que las otras tres pertenecían a la policía comunitaria. En el sitio se encontró una camioneta severamente dañada por la explosión, así como los restos de dos personas. Inicialmente se indicó que ocho integrantes de la corporación comunitaria habían resultado lesionados.

Los heridos fueron trasladados por vía aérea mediante helicópteros estatales y federales hacia hospitales del complejo de Ciudad Salud, en Morelia. Durante su atención médica, tres de ellos murieron debido a la gravedad de sus lesiones, lo que elevó la cifra final de víctimas mortales.

El gobierno de Michoacán aclaró que no reconoce oficialmente a la policía comunitaria de Coahuayana como una institución de seguridad, argumentando que sus integrantes han rechazado someterse a los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado del registro y evaluación de policías y su armamento en México. La agrupación es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, exmiembro de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para confrontar al cártel de los “Caballeros Templarios”.

En la región, la Guardia Civil de Michoacán opera en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, debido a la confrontación que, según la Secretaría de Marina, mantienen las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el CJNG por el control de rutas relacionadas con el tráfico de drogas.

El refuerzo de seguridad en la entidad se intensificó el 10 de noviembre, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un acto público. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de costa distribuidos entre Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, zona donde la Marina realiza patrullajes constantes debido a su uso como ruta marítima para el traslado de cocaína proveniente de Sudamérica.

Autoridades han identificado que habitantes de diversas comunidades costeras participan en el traslado de estos cargamentos, al recolectar paquetes en altamar y transportarlos posteriormente por vía terrestre o aérea hacia distintos puntos del país o hacia la frontera con Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitó que se investigue a Leonel Godoy, Raúl Morón y al expresidente municipal Ignacio Campos por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, quien perdió la vida el 1 de noviembre tras un atentado ocurrido en la plaza principal durante el Festival de Velas.

La petición fue planteada durante una entrevista donde la funcionaria explicó que su solicitud se basa en señalamientos realizados previamente por Manzo. Quiroz afirmó que el entonces alcalde independiente expresó preocupaciones específicas sobre estos actores políticos, por lo que consideró necesario que las autoridades realicen las indagatorias correspondientes. “En su momento Carlos hizo señalamientos hacia actores políticos y yo pedí que se les investigara, porque él hizo señalamientos fuertes hacia estas personas y que pues, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme y ojalá se dejen investigar”, declaró.

Aunque expresó desconfianza hacia la fiscalía estatal, reconoció que recientemente la institución ha mostrado apertura para trabajar en el caso. Para la alcaldesa, la muerte de los tres sospechosos vinculados al atentado no representa el cierre de la investigación, sino un paso que podría acercar a las autoridades al responsable intelectual del homicidio. “Para mí son líneas que quizá se puedan ir cortando para dar con el paradero del verdadero responsable”, señaló.

Quiroz también confirmó que recibió amenazas antes de rendir protesta como alcaldesa. Aseguró que estos mensajes tuvieron la intención de generar inestabilidad en la administración municipal y provocar renuncias dentro del gobierno independiente. “Para mí esto fue una manera de querer desestabilizar el gobierno y que de una u otra manera los funcionarios fueran renunciando y quizás el gobierno independiente se desmoronara”, explicó.

El miércoles 5 de noviembre, la funcionaria tomó protesta como alcaldesa de Uruapan, días después del ataque que terminó con la vida de Manzo mientras convivía con asistentes al festival. Durante la sesión solemne, Quiroz afirmó que el legado del alcalde seguirá “más fuerte que nunca”.

Con la investigación en curso y nuevas declaraciones públicas, la administración municipal busca esclarecer el crimen que marcó la transición del gobierno y que mantiene bajo atención nacional el panorama político en Uruapan.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.

El gobierno federal anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el nuevo Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo social en el estado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa, en el que participaron las principales secretarías del gabinete federal y que pretende atacar de raíz las causas de la violencia en una de las entidades más golpeadas por la inseguridad.

El plan contempla una combinación de acciones sociales, económicas y de seguridad que serán aplicadas de forma coordinada por las dependencias federales en todo el territorio michoacano. Entre los ejes principales se encuentran la expansión de programas sociales, apoyo a la economía local, impulso a la educación, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención directa a comunidades afectadas por la violencia.

Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el proyecto requerirá un “esfuerzo especial” de todo el país, ya que implicará un incremento en las medidas de austeridad republicana. Esto significa que el gobierno reducirá aún más los gastos operativos y administrativos para canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los programas prioritarios, especialmente a los dirigidos al bienestar de la población michoacana.

El Plan Michoacán surge en un contexto particularmente sensible para el estado, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y aceleró la decisión del gobierno federal de reforzar su presencia en la entidad con una estrategia integral que combine atención social y justicia.

Como parte del compromiso presidencial, Sheinbaum instruyó a su gabinete a mantener reuniones constantes con autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales y económicos para coordinar las acciones del plan.

Además, la mandataria anunció que personalmente supervisará los avances cada 15 días y presentará los resultados en sus conferencias matutinas, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia busca convertirse en un modelo de intervención nacional, basado en la idea de que la pacificación duradera solo se alcanza a través de la justicia social y el desarrollo equitativo. 

Con esta estrategia, el gobierno federal pretende reducir los índices de violencia y fortalecer el tejido social, enviando un mensaje claro: la reconstrucción de la paz en Michoacán será una prioridad permanente y supervisada directamente desde la Presidencia de la República.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.