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La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.

Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.

“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.

El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.

La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.

El hallazgo de los restos de un quinto minero atrapado en la mina de El Pinabete ha reavivado la conmoción y el dolor en la región carbonífera de Coahuila, donde hace dos años, el 3 de agosto de 2022, un devastador derrumbe seguido de inundación sepultó a diez trabajadores. La tragedia, que conmocionó al país, ha sido un recordatorio constante de los peligros que enfrentan los mineros en su lucha diaria por subsistir, y de las fallas en las medidas de seguridad en las minas de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este lunes que se encontraron restos óseos que pertenecen a uno de los mineros atrapados en El Pinabete, elevando a cinco el número de cuerpos recuperados desde el desastre. La noticia, aunque dolorosa, ha traído un poco de consuelo a las familias que aún esperan la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, poniendo fin a una angustia que ha durado ya demasiado tiempo.

Inmediatamente después del hallazgo, se desplegó un operativo coordinado por la CNPC en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la fiscalía de Coahuila. Este esfuerzo conjunto, que incluye la colocación de marcos de seguridad y el refuerzo de las estructuras, tiene como objetivo garantizar la extracción segura de los restos humanos, un proceso que sigue siendo delicado y peligroso debido a las condiciones inestables de la mina.

Desde el fatídico día del accidente, el proceso de recuperación ha sido extremadamente complejo. La mina, ubicada en el municipio de Sabinas, se inundó tras el colapso de una mina contigua abandonada, conocida como Conchas Norte, lo que complicó las labores de rescate desde el principio. La magnitud del desastre quedó en evidencia cuando, en diciembre de 2022, más de 500 días después del derrumbe, se encontraron los primeros dos cuerpos. Un tercero fue hallado al día siguiente, y el cuarto en enero de este año, después de casi un mes de trabajos continuos.

A pesar de los esfuerzos realizados, el incidente ha generado una profunda controversia en México sobre las condiciones de trabajo en las minas y la responsabilidad de las empresas mineras. La región carbonífera de Coahuila, en particular, ha sido escenario de múltiples tragedias similares a lo largo de los años. De acuerdo con la organización Familia Pasta de Conchos, que agrupa a los familiares de los mineros fallecidos en el derrumbe de 2006 en esa mina, más de 100 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con la minería en la región. Esta cifra escalofriante ha puesto de relieve la necesidad urgente de revisar y mejorar las condiciones de seguridad en las operaciones mineras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el derrumbe, prometió a las familias afectadas que los cuerpos de los mineros serían recuperados en un plazo de meses. Sin embargo, en junio del año pasado, reconoció que el proceso podría extenderse hasta 2024, un plazo que se ha cumplido parcialmente con el hallazgo de este quinto cuerpo. 

“Las promesas de recuperación rápida se han enfrentado a la cruda realidad de un rescate difícil y peligroso,” han expresado algunos familiares, quienes aún esperan que las palabras del presidente se conviertan en hechos. El dolor y la frustración de las familias han sido constantes a lo largo de estos dos años, marcados por la incertidumbre y la espera interminable.