Un juzgado federal con sede en Puebla declaró inconstitucional el delito de “ciberasedio” contemplado en el Código Penal del estado, al considerar que su redacción es ambigua y contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión. La resolución fue dada a conocer este jueves por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), organismo que promovió el amparo que dio origen al fallo.

La decisión judicial se deriva del análisis del artículo 480 del Código Penal de Puebla, reformado en 2025, el cual tipificaba el delito de ciberasedio sin establecer con precisión cuáles conductas realizadas en plataformas digitales podían ser sancionadas penalmente. De acuerdo con el juzgado, esta falta de claridad permite interpretaciones amplias que colocan a los usuarios de internet en una situación de incertidumbre jurídica.

En el comunicado difundido por el CNLE se detalla que el juzgador concedió el amparo a un ciudadano al concluir que el tipo penal es “inconstitucional por su diseño amplio y ambiguo, y por el efecto silenciador que produce sobre la deliberación pública”. La resolución señala que la norma otorgaba al Estado un margen excesivo de discrecionalidad para determinar, caso por caso, qué expresiones podían considerarse ilícitas.

El fallo también advierte sobre la generación de una “zona de riesgo” en el debate público digital. Según el criterio del juzgado, la sola existencia de una norma penal imprecisa provoca que las personas opten por autocensurarse para evitar una posible persecución penal derivada de opiniones, críticas o comentarios emitidos en internet. Este efecto inhibitorio fue identificado como un factor que limita la participación ciudadana en asuntos de interés general y político.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico sostuvo que, en la práctica, el delito de ciberasedio funcionaba como un instrumento de censura estatal, al no definir de manera clara y objetiva qué conductas podían ser castigadas. Esta situación, de acuerdo con el organismo, contraviene los principios básicos del derecho penal y los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión.

La sentencia subraya que cualquier regulación penal relacionada con el discurso público debe cumplir con criterios estrictos de legalidad, certeza y precisión, con el fin de evitar que el derecho penal sea utilizado como una herramienta de control sobre la expresión ciudadana. En ese sentido, el juzgado reafirmó que las leyes que inciden en la libertad de expresión deben ser claras y específicas para no restringir de forma indebida el debate democrático.

El CNLE celebró la resolución al considerarla un precedente persuasivo relevante para la protección de la crítica pública y la deliberación abierta en entornos digitales. De acuerdo con el organismo, la decisión contribuye a garantizar que las plataformas digitales permanezcan como espacios de intercambio libre de ideas, sin intervenciones estatales arbitrarias ni mecanismos legales que generen censura indirecta.

Ximena Pichel, señalada públicamente como “Lady Racista”, fue agredida este viernes 25 de julio al salir de los juzgados de la Ciudad de México, luego de su primera audiencia por el delito de discriminación.

El incidente ocurrió minutos después de las dos de la tarde, cuando Pichel abandonó el inmueble sin dar declaraciones a la prensa. A su salida, un grupo de personas la esperaba en el exterior. Al verla, comenzaron a insultarla y le arrojaron líquidos, así como botellas, mientras ella intentaba retirarse del lugar.

“Vete a tu país”, se escuchó entre los gritos de quienes participaban en la agresión. La mujer, de nacionalidad argentina, corrió hacia un vehículo que ya la esperaba. Una vez dentro del automóvil, los ataques continuaron contra el vehículo, el cual arrancó de inmediato para alejarse de la zona.

Previamente, en el interior del juzgado, se había informado que la audiencia sería diferida para el próximo lunes. El Ministerio Público presentaría entonces la imputación formal correspondiente, en presencia del oficial de policía agraviado por los comentarios racistas de Pichel, hechos que ocurrieron semanas atrás y fueron ampliamente difundidos en redes sociales.

Según el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, el delito de discriminación es considerado un delito menor, pero con consecuencias legales claras. Establece una sanción que va de uno a tres años de prisión, entre 25 y 100 días de trabajo comunitario y una multa de entre 50 y 200 veces la unidad de medida y actualización (UMA), lo que equivale a un aproximado de entre 5 mil y 22 mil pesos mexicanos.

La ley sanciona cualquier acto que, con base en motivos como raza, nacionalidad, color de piel, idioma, orientación sexual, condición social, ideología o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, busque anular o limitar los derechos de las personas.

A la par del proceso judicial, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) informó que Ximena Pichel tiene la obligación de tomar cursos especializados en la prevención de la discriminación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que se abrió una carpeta de investigación en su contra, con base en el artículo 206, por posibles conductas de discriminación y ataques a la dignidad.

Autoridades capitalinas reiteraron su postura institucional en contra de cualquier tipo de manifestación de odio, verbal o física, en especial cuando se dirige a servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

En Querétaro, un artículo del Código Penal encendió el debate y terminó por quedarse firme: el 127 bis-1 seguirá castigando a quien represente un riesgo de contagio de una enfermedad grave, sin necesidad de que el contagio ocurra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, se dividió y, al final, no alcanzó mayoría para invalidarlo.

La CNDH intentó frenar esa ley. Alegó que es ambigua y se mete demasiado en lo penal. Respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, la propuesta de invalidez buscaba eliminar un delito que, según su visión, no explica con claridad qué es una “enfermedad grave”. Tampoco se ancla a otra norma que defina el término.

Esquivel afirmó que ese vacío afecta el principio de legalidad. La ministra Lenia Batres reforzó el punto diciendo que se puede sancionar a alguien aunque el contagio haya sido accidental. Con ella estuvieron Norma Piña y Javier Laynez, sumando cuatro votos que iban por tumbar el artículo.

Pero el otro bloque también se plantó firme. Juan Luis González Alcántara dijo que la gravedad de una enfermedad puede entenderse por sus consecuencias y síntomas. Margarita Ríos Farjat recordó que el artículo fue reformado en tiempos de emergencia sanitaria, para proteger la salud pública frente a quienes saben que tienen una afección y, aun así, exponen a los demás. Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán completaron el grupo que votó por dejar todo como está.

El empate fue inevitable. Ocho ministros votaron, cuatro de un lado y cuatro del otro. Loretta Ortiz y Alfredo Gutiérrez no asistieron. Por reglamento, sin mayoría, no hay cambios. El artículo se queda.

Mientras tanto, en Pennsylvania, Pittsburgh y buena parte del estado estadounidense, empresas como Google y Blackstone invierten miles de millones para fortalecer centros de datos e infraestructura energética, también con la salud y la tecnología como ejes clave. Un contraste entre visiones de futuro, pero con un punto en común: la urgencia de proteger lo que viene.

En México, el riesgo de contagiar, incluso sin intención, ahora puede traducirse en sanción. El marco legal en Querétaro lo permite, y la Corte lo avaló. La salud pública se colocó por encima de las ambigüedades. Y la ley, tal como está, seguirá marcando esa línea entre la prevención y la penalización.

Una reciente reforma al Código Penal en Puebla ha llamado la atención nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó una solicitud directa al gobierno estatal para revisar el contenido del nuevo artículo 480, aprobado por el Congreso local, relacionado con el delito de ciberasedio.

El organismo autónomo emitió el boletín de prensa número 454, fechado el 12 de junio de 2025, donde expresó su inquietud sobre la forma en que fue redactada esta nueva figura penal. La preocupación principal radica en que el texto contiene ambigüedades que podrían representar un riesgo para el derecho a la libertad de expresión en contextos de relevancia pública.

La tipificación del delito, según se establece en el artículo reformado, involucra el uso de tecnologías de información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, cuando se insulte, injurie, ofenda, “agrave” (sic) o veje a otra persona con la insistencia suficiente para provocarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

La pena estipulada en el documento va desde los 11 meses hasta los tres años de prisión, además de una multa que podría oscilar entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Frente a esto, la CNDH hizo un llamado formal para que el gobierno poblano revise el contenido del artículo 480 y garantice el respeto al principio de legalidad. También señaló la importancia de evitar que el derecho penal sea utilizado como un mecanismo indirecto de censura o de inhibición hacia quienes deseen manifestar ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio.

En el mismo comunicado, el organismo enfatizó que la redacción actual puede generar una aplicación discrecional por parte de las autoridades judiciales y, en consecuencia, afectar el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

El exhorto también considera necesario que cualquier medida legislativa contemple un equilibrio entre la protección contra el acoso digital y la garantía de los derechos humanos. La revisión sugerida busca prevenir sanciones injustificadas derivadas de expresiones legítimas, especialmente en espacios digitales que, hoy por hoy, son esenciales para la participación democrática y la difusión de información.

Hasta el momento, no se ha emitido respuesta pública por parte del gobierno estatal ni del Congreso de Puebla respecto al posicionamiento de la CNDH. La solicitud permanece abierta mientras continúan las discusiones sobre los límites entre la libertad de expresión y la regulación del entorno digital.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local que establece penas de hasta tres años de cárcel para quien incurra en conductas de “ciberasedio” a través de redes sociales u otros medios digitales. La nueva normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y publicada en el boletín oficial número 454, con fecha del 12 de junio de 2025.

La iniciativa define el ciberasedio como el uso de tecnologías de información, plataformas digitales, correos electrónicos o cualquier espacio en línea para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, de forma persistente, al punto de causar un daño físico o emocional. La sanción prevista incluye prisión de entre 11 meses y tres años, así como multas que oscilan entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En los casos en que la víctima sea menor de edad, la pena se incrementará proporcionalmente: desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima. Esta medida busca fortalecer la protección a menores en entornos digitales, donde las agresiones se han vuelto recurrentes.

Durante la sesión legislativa, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que esta reforma está alineada con la defensa de los derechos ciudadanos y busca garantizar la seguridad e integridad de la población. La legisladora, perteneciente al partido Morena, insistió en que la modificación responde a una creciente preocupación social sobre la violencia digital.

En contraste, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, expresaron su oposición a la reforma. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la redacción de la ley carece de precisión jurídica y podría ser empleada de manera discrecional para silenciar voces críticas, especialmente las de periodistas y medios de comunicación.

El posicionamiento cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que la libertad de expresión no solo protege mensajes favorables o neutrales, sino también aquellos que puedan resultar chocantes, perturbadores o incluso ofensivos para determinados sectores del poder o la sociedad.

Además del ciberasedio, la reforma también incorporó disposiciones relacionadas con la usurpación de identidad y el espionaje digital, con el objetivo de ampliar la protección frente a delitos cometidos en entornos tecnológicos.

La aprobación de esta reforma marca un precedente legal en la regulación del comportamiento en internet dentro del estado de Puebla, en medio de un contexto nacional en el que se debate el equilibrio entre libertad de expresión y protección contra la violencia digital.

Un hecho que ha estremecido a la comunidad de Pinotepa de Don Luis y ha generado atención a nivel estatal fue confirmado este lunes por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Un hombre identificado con las iniciales M.G.A. fue detenido por presuntamente haber asesinado a su propio padre, J.F.G., en un ataque directo con arma de fuego ocurrido el pasado 13 de abril.

El crimen tuvo lugar en el Barrio Chico de dicho municipio. Según la información preliminar, el presunto agresor habría acudido de manera deliberada al domicilio de su progenitor, donde disparó en varias ocasiones. La víctima, gravemente herida, fue trasladada de inmediato a un hospital local con la esperanza de recibir atención médica especializada. Sin embargo, las lesiones sufridas resultaron fatales y J.F.G. falleció en el trayecto.

Tras conocerse los hechos, la FGEO abrió una carpeta de investigación por el delito de parricidio. La indagatoria avanzó con rapidez, permitiendo reunir elementos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra el señalado. La orden fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes lograron ubicar y detener a M.G.A.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde enfrentará el proceso legal correspondiente. La justicia oaxaqueña avanza en el esclarecimiento de un caso que ha generado consternación entre la ciudadanía, dada la cercanía y gravedad del delito.

Este suceso se suma a una serie de crímenes registrados recientemente en la entidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Oaxaca reportó un total de 504 homicidios en el primer trimestre del año. De estos, 175 fueron clasificados como dolosos y 329 como culposos. Además, en ese mismo periodo, se documentaron 929 delitos por lesiones, de los cuales 38 involucraron el uso de armas de fuego.

Las cifras, aunque estadísticas, reflejan una realidad preocupante para la seguridad en el estado. Aunado a ello, la tipificación de parricidio, uno de los delitos más severamente sancionados por el Código Penal, pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a conflictos intrafamiliares.

El municipio de Pinotepa de Don Luis, ubicado en la región de la Costa, no ha sido ajeno a los desafíos en materia de seguridad. Si bien mantiene una vida comunitaria marcada por la tradición y la convivencia, este crimen ha dejado una huella significativa en la memoria colectiva.

Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer completamente los motivos detrás del acto y garantizar que se haga justicia conforme a la ley. La sociedad oaxaqueña sigue con atención el desarrollo del caso, mientras las instancias correspondientes reiteran su compromiso con la aplicación del Estado de Derecho.