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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo que será determinante para definir la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La decisión del máximo tribunal del país abre la puerta a que se determine si Aburto debe continuar en prisión para cumplir una condena de 45 años o si procede una modificación a la sentencia impuesta por el homicidio cometido en 1994.

La notificación oficial fue enviada a un Tribunal Colegiado, en la que se informa que la SCJN ejercerá su facultad de atracción para conocer el amparo directo 104/2021. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta atracción deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, al considerar que el caso reviste una relevancia especial para el Estado mexicano.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, durante un mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por este crimen, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pena que ha cumplido de manera continua desde entonces.

En el acuerdo de admisión, la Corte señaló: “Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 (…) para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa”. Con esta determinación, el caso será analizado directamente por el Pleno del alto tribunal.

La FGR argumentó su interés en que la SCJN conozca el asunto “por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional”, según consta en los listados oficiales. El punto central del debate jurídico radica en cuál legislación penal debía aplicarse al momento de dictar la sentencia.

El Tribunal Colegiado involucrado es el mismo que, en octubre de 2023, emitió una resolución favorable a Aburto al considerar que su proceso debió regirse por el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. En contraste, la condena de 45 años se impuso con base en el Código Penal Federal, lo que abrió la discusión sobre la correcta aplicación de la norma.

Mientras el caso es enlistado y sometido al análisis del Pleno, la Suprema Corte ordenó suspender cualquier trámite adicional. “El Ministro Presidente del Alto Tribunal de Justicia ordenó suspender el dictado de la sentencia en este asunto, hasta en tanto el Tribunal Pleno resuelva lo conducente”, señala el acuerdo. La resolución final marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia política y judicial de México.

El cine independiente estadounidense vuelve a brillar con fuerza este otoño con el estreno de Mente Maestra (The Mastermind), la nueva película de la reconocida directora Kelly Reichardt, que llegará a los cines de México el próximo 16 de octubre de 2025, distribuida por MUBI, plataforma global de cine, productora y distribuidora especializada en propuestas de autor.

Ambientada en un tranquilo rincón de Massachusetts durante la década de 1970, la historia sigue a J. B. Mooney, interpretado por Josh O’Connor, un carpintero desempleado que, ante la desesperación y el desencanto, se convierte en un ladrón de arte aficionado. Su primer gran atraco promete ser su salvación, pero el plan se descontrola y su vida comienza a desmoronarse entre errores, consecuencias y dilemas morales.

Mente Maestra tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, donde fue aclamada por su dirección precisa, su atmósfera melancólica y su original exploración de la ambición y el fracaso. La crítica de The Guardian la describió como “completamente distintiva y emocionante”, destacando el sello inconfundible de Reichardt, quien vuelve a demostrar su maestría para retratar personajes marginales con humanidad y profundidad emocional.

El elenco reúne a figuras de gran peso en la escena contemporánea: Josh O’Connor, recordado por Challengers y La Chimera, comparte protagonismo con Alana Haim, quien brilló en Licorice Pizza. Los acompañan John Magaro (Past Lives, First Cow), Gaby Hoffmann (Girls, Transparent), Bill Camp (Joker, 12 Years a Slave) y Hope Davis (Synecdoche, New York). Cada uno aporta matices únicos a un relato donde la calma aparente se mezcla con el caos interior.

Kelly Reichardt, considerada una de las voces más consistentes del cine independiente estadounidense, consolida con esta película una filmografía centrada en la observación íntima de la vida cotidiana y los conflictos humanos. Con títulos como Wendy and Lucy (2008), Meek’s Cutoff (2010), Night Moves (2013), Certain Women (2016), First Cow (2019) y Showing Up (2022), ha construido un estilo sobrio, contemplativo y profundamente humano.

Su obra ha recorrido los festivales más importantes del mundo —Cannes, Venecia, Berlín, Toronto, Sundance y Nueva York— y ha sido reconocida con prestigiosas distinciones como la beca Guggenheim, el premio Anonymous Was a Woman y la beca United States Artists.

Mente Maestra combina el estilo minimalista característico de Reichardt con una narrativa más arriesgada y visualmente audaz. Bajo una estética setentera, la película propone una reflexión sobre las decisiones que definen el destino y la delgada línea entre la ambición y la ruina. Con este nuevo largometraje, Kelly Reichardt reafirma su lugar como una de las cineastas más influyentes de la actualidad.

A partir del 16 de octubre, Mente Maestra invitará al público a sumergirse en una historia donde el arte, elcrimen y la fragilidad humana se entrelazan con precisión y sutileza cinematográfica.

Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor. Ambos fueron asesinados durante un ataque armado registrado la mañana del martes 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia, la mandataria capitalina informó que de los detenidos, tres están identificados como autores materiales del ataque, mientras que el resto habría participado en la planeación logística del crimen.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio y otras en la preparación logística”, señaló Brugada, quien subrayó la coordinación interinstitucional como factor clave para este avance.

La jefa de Gobierno agradeció de manera personal el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y recalcó que la colaboración entre la Ciudad de México y el gobierno federal ha sido determinante en la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. Según los reportes, Guzmán y Muñoz viajaban juntos cuando fueron interceptados y agredidos directamente por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Ambos murieron en el lugar.

Tras el crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, la Fiscalía General de Justicia local, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo conjunto. Entre las diligencias, se revisaron cámaras del sistema de videovigilancia para seguir rutas de escape e identificar a los responsables.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, encabezará una conferencia de prensa para detallar los resultados del operativo. Brugada precisó que no se aceptaron preguntas en el anuncio inicial debido a que la investigación continúa y apenas se están mostrando los primeros resultados.

En redes sociales, la jefa de Gobierno lamentó el asesinato y envió condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que “el compromiso es claro: los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, condenó el hecho y garantizó que todas las áreas de la dependencia colaboran con la fiscalía y con las instancias federales. Por su parte, Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, calificó el ataque como un acto cobarde y expresó: “No dejaremos que este hecho quede impune”.

Las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer el móvil del crimen, calificado por las autoridades como una agresión directa.

El caso de los cinco jóvenes del “Grupo Fugitivo”, reportados como desaparecidos en Tamaulipas desde el pasado 25 de mayo, ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las investigaciones confirmaron que los músicos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una ladrillera ubicada en la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica indicó que los restos de los integrantes del grupo musical fueron hallados a aproximadamente 300 metros del sitio donde, según testigos y declaraciones, ocurrió el crimen. La información fue confirmada tras un operativo que derivó en la detención de presuntos integrantes del Cártel del Golfo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años. Los cinco fueron convocados por un sujeto identificado como Lino Andrés “N”, alias “Didi”, para presentarse en un evento musical en la colonia Riberas de Rancho Grande.

La última ubicación conocida del grupo fue registrada a las 22:20 horas del mismo día, en las inmediaciones de la colonia Reservas Territoriales. Desde ese momento no se volvió a tener comunicación con los integrantes del grupo, lo que activó una denuncia inmediata por desaparición por parte de sus familiares.

El jueves 29 de mayo, en medio de los operativos de búsqueda, agentes de la Fiscalía fueron atacados por un grupo armado. En el enfrentamiento, nueve presuntos delincuentes fueron detenidos y se aseguraron armas y vehículos. Los arrestados aportaron información clave sobre el paradero del grupo musical.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas por las autoridades, los músicos fueron interceptados, privados de la libertad y llevados a una ladrillera, donde fueron asesinados y posteriormente incinerados en un horno del lugar. Los restos fueron abandonados a unos 300 metros del sitio del crimen.

Las investigaciones continúan. La Fiscalía ha girado órdenes de aprehensión contra 13 personas presuntamente vinculadas con el caso. Diez de ellas serían miembros activos del Cártel del Golfo, facción “Metros”. Entre los identificados figuran Santos “N”, alias “M-47”, Raúl “N” y Alejandro de Jesús “N”, quienes fueron detenidos a finales del mes pasado.

Colectivos como “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” documentaron y denunciaron el caso desde los primeros días de la desaparición, sumando presión social para esclarecer lo ocurrido. La Comisión Estatal de Búsqueda también emitió las fichas oficiales con los datos de los cinco jóvenes.

El caso ha generado conmoción y luto en la comunidad, así como una intensa reacción de parte de las autoridades, quienes reiteraron el compromiso de seguir con las investigaciones hasta esclarecer totalmente lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas.

A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, el Gobierno de la Ciudad de México rindió un homenaje en su memoria y reafirmó su compromiso con la justicia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió un mensaje contundente en el que aseguró que este crimen no quedará impune.

Ambos funcionarios fueron encontrados sin vida el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan. Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular, mientras que José Muñoz era coordinador de asesores de la jefatura de Gobierno. Su labor cercana a la administración capitalina y la brutalidad del crimen generaron una ola de consternación y exigencias de justicia en diversos sectores políticos y sociales.

Desde entonces, el caso se ha manejado con estricta discreción. Las autoridades han evitado filtrar detalles de la investigación, que continúa en curso y ha sido catalogada como de alta complejidad. Este viernes, durante un mensaje público, Clara Brugada expresó: “Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso en esta ciudad”, y agregó: “Vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”.

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, señaló esta semana que el caso está siendo investigado a fondo y con estricto apego a derecho. Aseguró que no se fabricarán responsables, y que el proceso requiere tiempo para obtener resultados sólidos y justos.

A la investigación se han sumado instancias federales. Personal vinculado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también participa en el análisis del caso, en coordinación con la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En paralelo, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció la realización de un homenaje para recordar a las víctimas, el cual tuvo lugar este viernes. A través de redes sociales, escribió: “A un mes de su partida… Homenaje a la vida de Xime y Pepe”.

La ceremonia no solo recordó su legado profesional, sino que también funcionó como un acto simbólico de exigencia y memoria colectiva. La administración local, al frente de Brugada, reiteró su postura firme de no dejar el crimen sin consecuencias y de seguir trabajando para que la verdad y la justicia prevalezcan.

Ximena y José dejaron una huella dentro del servicio público capitalino, y su ausencia ha marcado profundamente a quienes los rodeaban. Su recuerdo continúa vivo en los espacios que construyeron, y en las voces que siguen exigiendo respuestas.

La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron en conferencia conjunta que ninguna línea de investigación ha sido descartada sobre la ejecución de los dos de los servidores públicos más cercanos de la jefa de Gobierno. 

Los detalles del operativo detrás del doble asesinato son inquietantes. Según la fiscal, al menos cuatro personas participaron: un tirador y tres cómplices que proporcionaron apoyo logístico. La ruta de escape incluyó el uso de una motocicleta, dos camionetas —una de ellas con reporte de robo y número de serie alterado— y una huida hacia el Estado de México. Todo fue registrado de forma meticulosa, sin dejar rastros biológicos o dactilares. Los implicados utilizaron guantes en todo momento.

Durante los peritajes, se confirmó que los agresores contaban con información detallada del entorno. La revisión del sistema de videovigilancia reveló la presencia de una persona vigilando el área del crimen días antes del ataque. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que esta observación sugiere un conocimiento previo de la rutina de las víctimas, aunque no hay pruebas concluyentes de un seguimiento a largo plazo.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, enfatizó que las investigaciones siguen abiertas y que se prioriza la localización y detención de los responsables materiales del crimen. A pesar de los avances técnicos, no se ha identificado a los atacantes, y el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— no estaba registrada en delitos anteriores.

La magnitud del ataque ha impulsado un análisis inmediato sobre las medidas de protección de funcionarios del gobierno local. Se realizarán estudios de riesgo individuales y, con base en ellos, se determinarán acciones específicas, siempre bajo un enfoque técnico y sin reacciones precipitadas, según explicó Vázquez Camacho.

El impacto de este crimen ha sido profundo. Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, eran conocidos por su cercanía con la ciudadanía y su labor constante en territorio. A pesar de contar con conocimientos en materia de autocuidado, ninguno de los dos disponía de escoltas ni protección adicional. Los informes forenses confirmaron que Ximena recibió ocho impactos de bala y José, cuatro. Ambos fueron atacados de forma directa, en un lugar específico, y con una mecánica que demuestra control absoluto del entorno por parte de los agresores.

Las autoridades reiteraron su compromiso con una investigación rigurosa. “Este caso será tratado con el mismo rigor que otros de alta prioridad”, aseguró Vázquez Camacho. La instrucción es clara: agotar todas las líneas de investigación y no permitir que este ataque quede impune.

Mientras la ciudad permanece a la expectativa, el caso sigue su curso en medio del hermetismo propio de una operación que, por ahora, ha dejado más preguntas que respuestas.

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una profunda conmoción tras confirmar el feminicidio de Cinthia Manrique Miranda, estudiante de posgrado en la Facultad de Economía, reportada como desaparecida desde el 10 de abril. La comunidad universitaria, consternada, ha exigido justicia y castigo para quienes resulten responsables de este crimen.

Desde el momento en que se notificó su desaparición, la Facultad de Economía activó los protocolos establecidos para casos de personas no localizadas. Además de coordinarse con autoridades, la universidad mantuvo contacto constante con la familia de Cinthia, ofreciéndoles acompañamiento y asesoría jurídica.

“Los universitarios expresamos nuestra indignación frente al hecho y firme demanda para que la o las personas responsables de este crimen enfrenten la justicia”, señaló la UNAM en un comunicado difundido este miércoles.

La noticia provocó una inmediata reacción de solidaridad entre las distintas facultades y colectivos estudiantiles. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde Cinthia era egresada en Relaciones Internacionales, también se sumó al duelo y condena.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con su familia, sus amistades y con toda la comunidad que hoy enfrenta con dolor e indignación su pérdida”, manifestó la Facultad de Economía.

En redes sociales, profesores, estudiantes y egresados compartieron mensajes de duelo, enojo y exigencia de justicia. La voz de Cinthia, apagada de forma violenta, ha resonado como símbolo de una lucha que persiste dentro y fuera de las aulas: la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la ficha de búsqueda tras reportarse su desaparición en Naucalpan, Estado de México. Fue vista por última vez en la colonia Alce Blanco. Su caso se suma a los múltiples reportes que encienden las alarmas sobre la seguridad de las mujeres, incluso en contextos académicos.

La UNAM reafirmó su disposición a colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes y reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

La pérdida de Cinthia se convierte en un recordatorio urgente de la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México. La comunidad universitaria se mantiene en pie, unida por la memoria, la exigencia de justicia y el compromiso de no permitir que su historia quede impune.