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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal autorizó 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el establecimiento Waldo’s, ubicado en Hermosillo, hecho que dejó 23 personas fallecidas, una menor en gestación y 12 personas lesionadas. La determinación judicial se tomó tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura fueron libradas luego de que se expusieran ante el juez los elementos recabados durante la investigación. “Fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, precisó la dependencia al referirse a las personas presuntamente implicadas en el siniestro.

De ese total, siete órdenes ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas serán presentadas ante el juzgado la tarde de este día para que se determine su situación jurídica. La autoridad señaló que para ejecutar las detenciones se autorizaron técnicas de investigación, entre ellas cateos judiciales, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el juez.

En el mismo informe, la Fiscalía estatal indicó que también se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación a la persona moral, programada para este 24 de diciembre a las 17:00 horas, en la capital sonorense, ante un Juez Oral Penal. Esta diligencia forma parte del proceso penal derivado del caso identificado oficialmente como “Waldo’s”.

La audiencia inicial fue programada a pocas horas de la celebración de la Nochebuena, en el marco de una investigación que continúa abierta y que ha permitido establecer las causas del incendio. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades, el siniestro se originó por la explosión de un transformador eléctrico que se encontraba instalado de manera irregular dentro del inmueble.

Las indagatorias también revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas básicas exigidas por Protección Civil, lo que incrementó el riesgo y las consecuencias del incendio. Además, se documentó la omisión de funcionarios estatales y municipales en la realización de revisiones de la infraestructura, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía.

El incendio del comercio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los hechos más graves registrados en la entidad por el número de víctimas fatales y personas lesionadas. Con la emisión de las órdenes de aprehensión y el desarrollo de las audiencias programadas, las autoridades judiciales avanzan en la etapa de definición legal para las personas señaladas como presuntas responsables, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en el sistema penal.

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.

Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas desde al menos 2019, fue asesinado en Reynosa tras un violento ataque registrado la tarde del sábado. El atentado ocurrió sobre el Bulevar Hidalgo, una de las principales avenidas de esta ciudad fronteriza, y dejó como saldo la muerte del funcionario federal y la destrucción total de su vehículo oficial.

Los primeros reportes recabados por autoridades federales indican que la unidad en la que viajaba el delegado fue alcanzada por el impacto de una granada, lo que provocó un incendio inmediato. El vehículo terminó completamente calcinado, sin que se pudiera hacer nada por salvar la vida del funcionario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que detalló que el vehículo se incendió tras los hechos violentos. “Derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones, en caso de que así se requiera”, señaló la dependencia estatal.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego poco antes del incendio. Sin embargo, hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el móvil del ataque, ni ha dado a conocer si existen líneas de investigación concretas.

La identidad del delegado se manejaba con discreción por el tipo de funciones que desempeñaba. Aunque su nombre no era ampliamente conocido en medios, tenía una presencia institucional confirmada en actos públicos. En marzo pasado, participó en una ceremonia de honores a la bandera en Reynosa, donde acompañó al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya. En dicho evento, el mandatario estatal agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo a los afectados por las inundaciones ocurridas ese mes.

Tras el ataque, las autoridades mantienen operativos y labores de inteligencia para esclarecer los hechos, mientras se refuerza la seguridad en puntos estratégicos de Reynosa. El asesinato de Vázquez Reyna marca un nuevo episodio de violencia contra servidores públicos en Tamaulipas, una entidad golpeada por la delincuencia organizada y la confrontación de grupos armados en diversas zonas.

Una jornada intensa se vivió este jueves en el corazón de la Ciudad de México, cuando un grupo de manifestantes relacionados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpió de manera violenta en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), generando destrozos y un incendio en el inmueble.

El edificio, ubicado en la calle de Venezuela número 44, a escasos metros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue el epicentro de una manifestación que escaló rápidamente. Con marros, barretas, picos y piedras, los inconformes rompieron la cortina exterior del edificio, lograron ingresar por la fuerza y comenzaron a destruir puertas, ventanas y mobiliario del sindicato.

La tensión aumentó cuando los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, quemaron sillas, documentos, fotografías oficiales y otros objetos del interior. Entre lo incendiado se encontraba una imagen del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del edificio, generando una columna de humo negro que fue visible desde la calle.

Testigos señalaron que los manifestantes sacaron parte del mobiliario a la vía pública y le prendieron fuego. Mientras tanto, al interior del inmueble, al menos una habitación llena de papelería ardía sin control. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al sitio minutos después para contener el incendio. Aunque lograron sofocar el fuego en el exterior con rapidez, el interior del edificio presentó mayor dificultad por la extensión de las llamas.

Afortunadamente, los bomberos confirmaron que no había personas atrapadas ni lesionadas dentro del inmueble. Las labores de extinción continuaron mientras los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar.

La Secretaría de Educación Pública emitió un mensaje en redes sociales en el que condenó el ataque al edificio del SNTE y reafirmó su llamado a mantener el diálogo abierto y pacífico. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, citó la dependencia en referencia al pensamiento del expresidente Benito Juárez.

Por su parte, el SNTE anunció que procederá legalmente contra los responsables. José García Mora, coordinador del Colegio de Finanzas del sindicato, declaró que lo sucedido atenta directamente contra el patrimonio de los trabajadores. Además, señaló a integrantes de la Sección 22 y a una expresión de Guerrero como participantes del acto.

Los muros del edificio quedaron con pintas, los accesos destrozados y las oficinas afectadas por el fuego. La protesta, que se gestó en nombre de demandas sindicales, terminó con una sede sindical severamente dañada, bajo la mirada de medios y autoridades que llegaron cuando los hechos ya estaban consumados.

La decisión ha quedado firme: el proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023, permanecerá suspendido. Un tribunal de apelaciones ratificó la orden judicial que detiene el procedimiento legal en su contra, consolidando una resolución que había sido emitida previamente por un juez de distrito en el estado de Chihuahua.

El Tribunal Colegiado de Apelación de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, desechó los argumentos presentados para revertir la decisión tomada el 24 de enero pasado. En esa fecha, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal de la entidad determinó viable el recurso legal que congelaba el proceso, con base en la figura del mecanismo alternativo relacionado con la reparación del daño.

Según el proyecto presentado por el tribunal, los recursos de impugnación fueron considerados inoperantes e infundados. El análisis indicó que no existe una oposición jurídicamente fundada respecto a las condiciones de reparación del daño, elemento clave para dar curso a dicha suspensión.

El magistrado Octavio Pineda, al justificar la determinación, recalcó que el caso se relaciona con hechos profundamente trágicos: “No soslayo que se hizo mucho énfasis y es hacerlo notar nuevamente el que este asunto proviene de un asunto de hechos muy lamentables donde 40 personas perdieron la vida”. Sin embargo, también subrayó que el tipo de delito atribuido a Garduño permite aplicar el mecanismo alternativo sin menoscabar la posibilidad de que en otras causas penales relacionadas se siga buscando justicia por la vía de imputaciones más severas.

El incendio, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, dejó una profunda herida social. Las víctimas —provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador— perdieron la vida por asfixia provocada por el humo de un fuego que, según las investigaciones, se extendió por poco más de tres minutos. La Fiscalía General de la República señaló que el incendio fue originado por dos personas de nacionalidad venezolana.

En el proceso judicial que se abrió a raíz del incidente, Garduño fue vinculado por el delito de omisión, al no haber implementado las medidas necesarias que pudieran haber evitado la tragedia. Con esta reciente resolución, el proceso contra el funcionario queda suspendido, mientras que otros implicados continúan enfrentando cargos penales por delitos más graves como el de homicidio.

La determinación judicial marca un giro clave en uno de los casos más impactantes del sistema migratorio mexicano en los últimos años.

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunciará una disculpa pública a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este acto se llevará a cabo el próximo 16 de abril, marcando dos años de la tragedia que cobró la vida de 40 personas. 

El titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, aseguró que su administración ha cumplido con las órdenes judiciales emitidas tras el siniestro. No obstante, señaló que la disculpa pública era un pendiente que ahora será atendido.

En respuesta a los señalamientos de malos tratos y falta de indemnización, el comisionado rechazó tales acusaciones y afirmó que se han destinado cerca de 240 millones de pesos en compensaciones, lo que equivale a 3.5 millones para cada afectado directo e indirecto. En los casos pendientes, los recursos han sido resguardados en un fideicomiso.

El INM también informó que, por instrucciones del juez, incluso las personas originarias de Venezuela que provocaron el incendio de manera dolosa han recibido la indemnización correspondiente en el penal donde se encuentran.

Desde los acontecimientos ocurridos en 2023, el gobierno de México ha proporcionado asistencia integral a las víctimas y sus familias mediante diversas instancias federales y estatales.

Este 27 de marzo, organizaciones sociales como el Instituto para las Mujeres en Migración realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes exigieron la disculpa pública y la reparación integral del daño que consideran aún pendiente.

El 16 de abril se llevará a cabo el acto oficial, una acción esperada por las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos

Durante la madrugada de este domingo, un incendio de gran magnitud en la Central de Abastos de la Ciudad de México consumió 70 locales y obligó a la evacuación de 50 personas. El siniestro inició alrededor de las 3:00 a. m. y fue controlado tras tres horas de arduos trabajos de los equipos de emergencia. 

El fuego se concentró en cinco bodegas dedicadas a la venta de accesorios para florería, como plásticos y unicel, materiales altamente inflamables que facilitaron la propagación de las llamas. Los bomberos y cuerpos de emergencia acudieron a la intersección de Pasillo de Flores y Hortalizas con Abarrotes y Víveres para contener el incendio y asistir a los afectados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIRPC) informó que un bombero sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, mientras que un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó con una contusión en la pierna izquierda. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, se trasladó al lugar del siniestro para coordinar las acciones de mitigación y dialogar con los locatarios afectados. Informó que participaron aproximadamente 700 personas en las labores de emergencia, incluyendo bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Central de Abastos y de la alcaldía Iztapalapa. Para sofocar las llamas se utilizaron 17 pipas con agua.

El tiempo de respuesta fue de 21 minutos, lo que permitió controlar el incendio sin que se reportaran víctimas mortales. Como medida de prevención, se evacuó a medio centenar de personas que se encontraban en la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incendio. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen del siniestro y evaluar los daños materiales. La Central de Abastos, uno de los mercados mayoristas más importantes del país, reanudará sus actividades mientras se llevan a cabo las inspecciones correspondientes.