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La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles la designación de 11 nuevos funcionarios que formarán parte de su equipo de gobierno. A través de su cuenta en X, Sheinbaum presentó a los nombrados que ocuparán diversas dependencias clave de la administración federal.

Entre los anuncios destaca la incorporación de Rommel Pacheco Marrufo como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Octavio Romero Oropeza al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y César Iván Escalante como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A continuación, la lista completa de los nuevos nombramientos:

• Rocío Bárcena Molina será subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación.
• Mariana Boy Tamborrell estará al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
• Violeta Abreu González asumirá la Dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
• Renata Turrent Hegewisch será la nueva directora general de Canal Once.
• Rocío Mejía Flores continuará como directora general de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN).
• Lyndia Quizroz Zavala seguirá al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
• Octavio Romero Oropeza será el nuevo director general del INFONAVIT.
• César Iván Escalante Ruiz será el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
• Efraín Morales López encabezará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
• Rommel Pacheco Marrufo será el nuevo director de la CONADE.
• Alonso Millán Zepeda será el director general de Canal 22.

Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión como la primera mujer presidenta de México el próximo 1 de octubre, ya ha conformado gran parte de su equipo de trabajo. Entre los nombramientos más destacados se encuentran:

• Marcelo Ebrard como secretario de Economía
• Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública
• Jesús Antonio Esteva como secretario de Comunicaciones y Transportes
• Ernestina Godoy como consejera jurídica
• Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
• Rosaura Ruiz como secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación
• David Kershenobich como secretario de Salud
• Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores
• Luz Elena González en la Secretaría de Energía
• Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Edna Elena Vega en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación
• Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar
• Mario Delgado como secretario de Educación Pública
• Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Lázaro Cárdenas Batel como jefe de Oficina de la Presidencia
• Claudia Curiel como secretaria de Cultura
• Marath Bolaños en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo
• Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres
• Víctor Rodríguez Padilla como titular de Pemex

La madrugada del miércoles, el Senado de la República aprobó la Reforma al Poder Judicial, enviándola de inmediato a los congresos estatales para su ratificación. Hasta la mañana del jueves, 18 legislaturas locales ya habían dado su visto bueno, mientras que una la rechazó, y se espera que otras continúen el debate en las próximas horas.

Al igual que en la Ciudad de México, donde el Congreso de la Unión ha sido escenario de protestas, varias entidades como Yucatán y Puebla han registrado manifestaciones en contra de la reforma. A pesar de ello, se anticipaba su aprobación en los estados, dada la mayoría que posee Morena junto con sus aliados, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, en al menos 22 congresos locales.

Uno de los pilares del llamado “Plan C” de la Cuarta Transformación es justamente la aprobación de estas reformas constitucionales, donde los congresos estatales juegan un papel decisivo. A nivel federal, Morena y sus aliados necesitaron una mayoría calificada, equivalente a dos tercios del Congreso de la Unión, para avanzar con la modificación de la Constitución. Sin embargo, para que estas reformas se materialicen, deben ser ratificadas por al menos 17 de las 32 legislaturas locales, umbral que ya se ha superado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solo falta la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, algo que corresponde al Ejecutivo. Sugirió que el 15 de septiembre sería una fecha adecuada para su promulgación, dado el impacto y la importancia de esta reforma. “Es un paso hacia una verdadera democracia en México, donde el pueblo elige a sus representantes y servidores públicos”, señaló.

Morena y sus aliados son la fuerza dominante en 27 entidades federativas, aunque esto no garantiza la mayoría en todas. La interpretación de los requisitos constitucionales varía, ya que la mayoría requerida en los congresos estatales puede ser simple (50 por ciento más uno) o calificada (dos tercios), dependiendo de la interpretación de la Constitución.

El artículo 135 de la Constitución establece un proceso mixto para la aprobación de reformas constitucionales, que incluye una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso federal y la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales. Esta flexibilidad ha generado debate sobre la mayoría necesaria en los congresos locales para validar las reformas.

En las primeras horas tras la aprobación en el Senado, los congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas ya dieron luz verde a la reforma.

Oaxaca fue el primer estado en aprobarla, con 41 votos a favor, mientras que Tabasco hizo lo propio con 24 votos a favor, pese a las protestas de trabajadores del Poder Judicial. Quintana Roo aprobó la reforma con 21 votos a favor y 4 en contra, mientras que Veracruz la ratificó con 32 votos a favor y 11 en contra, en una sesión extraordinaria.

En Durango, donde Morena no cuenta con la mayoría, la reforma fue aprobada con 19 votos a favor y 6 en contra, un resultado inesperado dado el equilibrio de fuerzas en el congreso local. Por otro lado, Querétaro rechazó la reforma, acelerando el proceso antes del cambio de legislatura previsto para el 26 de septiembre, cuando Morena y sus aliados podrían obtener una mayoría simple en ese estado.

A pesar de los avances, se prevé que en al menos cinco estados más, la reforma enfrente dificultades para ser aprobada, ya que la mayoría simple la ostentan partidos opositores como el PAN, PRI y PRD.

Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, advirtió a la alianza oficialista Morena-PT-PVEM que tomará medidas drásticas para impedir la instalación de la LXVI Legislatura y la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, si se aprueban las reformas del Plan C de manera acelerada. Estas acciones podrían incluir la ocupación de los edificios del Poder Legislativo.

En un video difundido en redes sociales, Acosta Naranjo, exdiputado del PRD, instó al partido mayoritario a respetar el proceso parlamentario en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Advirtió que si se realizan aprobaciones fast-track que violen el debido proceso legislativo, adelantará la movilización convocada para el 8 de septiembre.

El Frente Cívico Nacional, en conjunto con Unid@s y Marea Rosa, organizó una marcha para el 8 de septiembre, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Senado, con el fin de exigir a los legisladores del PRI, PAN y MC que no apoyen las iniciativas del Plan C. En la cámara alta, la coalición oficialista aún necesita un voto para consolidar dichas reformas.

Acosta Naranjo detalló que la movilización se concentrará en el Senado, ya que aún es posible detener la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, adelantó que si se acelera el proceso legislativo para aprobar estas iniciativas, el Frente Cívico Nacional convocará a la toma de San Lázaro antes de que termine septiembre para impedir que Claudia Sheinbaum rinda protesta.

En el mes de agosto, 17 de las 18 propuestas incluidas en el Plan C fueron dictaminadas en las comisiones correspondientes. La única reforma pendiente, la electoral, no se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales debido a que Sheinbaum solicitó paciencia en ese tema.

Por su parte, el morenista Ricardo Monreal anunció que el 1 de septiembre, día en que se instalará la nueva legislatura, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará lectura a la reforma judicial para que comience a discutirse la semana siguiente.

Este viernes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) demandaron un espacio para un diálogo efectivo y un análisis exhaustivo respecto a su posible desaparición, tras los avances de la reforma que pretende eliminar siete órganos autónomos en México, entre los cuales se incluyen estas dos instituciones. Ambos organismos destacaron que su trabajo ha generado beneficios económicos significativos para el Gobierno y la ciudadanía, previniendo abusos por parte de grandes corporaciones.

La solicitud de una “deliberación inclusiva” llega después de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que, con el respaldo mayoritario del partido oficialista, busca desmantelar estos organismos. La Cofece recordó, sin embargo, que el dictamen aún debe ser discutido por la próxima legislatura del Congreso, que comenzará a sesionar en septiembre, por lo que insistió en la necesidad de un análisis exhaustivo antes de que los nuevos legisladores, quienes contarán con una mayoría calificada, procedan a votar sobre la reforma.

En un comunicado, la Cofece reiteró su disposición para entablar un diálogo más amplio con todos los grupos parlamentarios que formarán parte del nuevo Congreso, subrayando la importancia de mantener un marco institucional robusto para preservar sus principios. Además, detalló que desde su fundación, la Cofece ha impuesto multas por más de 13 mil millones de pesos a grandes empresas que han abusado de su poder, protegiendo así a los consumidores mexicanos, además de generar ahorros estimados en al menos 36 billones de pesos en productos básicos como papel higiénico, pañales, gas LP, transporte, alimentos y medicamentos, logrando que por cada peso invertido en la Comisión, se generen 152 pesos en beneficios para el consumidor.

Por su parte, el IFT advirtió que la reforma impulsada por el presidente López Obrador representa un “grave retroceso” que afectará negativamente a los usuarios y audiencias del país. Destacó que en los once años desde su creación, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han experimentado una transformación profunda, logrando que los costos de los servicios de comunicación sean un 32,1 % menores que hace 11 años, a pesar del aumento de la inflación en el mismo periodo, y que la penetración de internet haya avanzado del 45 % al 81,2 %, lo que equivale a la inclusión de 51 millones de personas.

El IFT también subrayó que ha seguido el objetivo de simplificar los gastos de la administración pública, logrando una reducción real de más del 40 % en su presupuesto desde 2014. Asimismo, destacó que, desde 2014, ha contribuido con ingresos de más de 180.917,8 millones de pesos a la Hacienda Pública, mientras que ha generado ahorros para los usuarios por 805.000 millones de pesos, lo que significa que por cada peso invertido en el IFT, se han generado 44 pesos de beneficio social.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también se pronunció en contra de su eliminación, calificándola como un retroceso para México y los derechos humanos, y se unió al llamado por un diálogo. La reforma que busca la extinción de estos siete órganos autónomos es parte de un paquete de reformas presentadas en febrero, que también incluye propuestas para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, lo que ha generado preocupaciones entre inversionistas norteamericanos, y pronunciamientos de los embajadores de Canadá y Estados Unidos en México, así como advertencias de calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley sobre los riesgos asociados a la aprobación de estas reformas.

Ana Lucía Medina, miembro de la Marea Rosa, informó a este medio que están organizando una convocatoria a nivel nacional para que más estados se sumen a la manifestación en los Congresos locales, debido a su papel en el constituyente permanente. La protesta está programada para el próximo 8 de septiembre, donde expresarán su rechazo al autoritarismo.

Medina enfatizó que el objetivo principal de esta convocatoria es defender la democracia, manifestando su oposición al autoritarismo que, según ellos, se refleja en el “plan C”, especialmente en la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Además, la protesta también abordará el rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, la desaparición de órganos autónomos y la eliminación de los legisladores de representación proporcional, quienes representan la diversidad y las minorías en la sociedad.

La marcha comenzará el 8 de septiembre en el Ángel de la Independencia y culminará en el Senado de la República, donde esperan una lucha significativa para impedir la aprobación de estas reformas. Medina subrayó que en el Senado, el oficialismo no tiene la mayoría calificada necesaria para aprobar dichas reformas, y exigirán a los senadores de oposición que no traicionen el mandato de sus electores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma del “Plan C” que busca cerrar varios organismos autónomos que actualmente brindan servicios esenciales a miles de ciudadanos. Estos servicios van desde la obtención de historiales clínicos hasta la regulación de precios en productos básicos como la tortilla.

Uno de los organismos afectados sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuya desaparición podría limitar el acceso a información crucial para miles de personas. En 2023, el Inai recibió más de 5,600 solicitudes de expedientes médicos, cifra que en 2022 fue de 6,246 y en 2020 de 6,140. Sin datos de 2021, el Inai ha gestionado más de 18,000 solicitudes entre 2020 y 2023, según sus informes anuales.

La reforma también busca eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos organismos son fundamentales para garantizar la competencia justa en los mercados y regular los servicios de telecomunicaciones, beneficiando a los consumidores con mejores precios y servicios de calidad.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó este paquete de reformas ante la Cámara de Diputados. Con Claudia Sheinbaum como su sucesora y una mayoría en el Congreso, el presidente tiene altas probabilidades de que sus propuestas sean aprobadas antes de finalizar su mandato.

Estos organismos autónomos, que se pretende sustituir por entidades como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desempeñan un papel vital en la protección de derechos y la promoción de la transparencia y la competencia en México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado que en su próxima reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le vaya a solicitar apoyo para que las reformas constitucionales del “Plan C” se aprueben antes de finalizar su mandato en septiembre.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionado por la prensa sobre si pediría a Sheinbaum agilizar dichas reformas, López Obrador respondió tajante: “No, no, no, porque yo respeto mucho a Claudia, le tengo mucha confianza”.

El lunes, López Obrador se reunirá por primera vez con Sheinbaum Pardo tras las elecciones. El presidente adelantó que discutirán temas relacionados con la transición y la entrega-recepción de la presidencia, además de planear una gira conjunta por algunas regiones del país.

“¿Qué voy yo a pedirle? Que continúe con la transformación, pues ella es parte, protagonista, actora de este proceso de transformación como millones de mexicanos”, añadió el mandatario.

La posibilidad de que las reformas del “Plan C” se aprueben sin obstáculos en la nueva legislatura, donde Morena y sus aliados han logrado mayoría, ha generado nerviosismo en los mercados. Esta inquietud se ha reflejado en una mayor volatilidad.

“Las reformas se han convertido en sinónimo de incertidumbre y deterioro del ambiente para hacer negocios en México. Entre las propuestas, preocupa especialmente la desaparición de órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial y la reforma al Instituto Nacional Electoral”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base.

Tras las declaraciones de López Obrador, el peso mexicano moderó sus pérdidas, con un tipo de cambio de 18.38 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.04% desde los 18.60 observados al inicio de la sesión del lunes.

La coalición oficialista encabezada por Morena ha logrado no solo la mayoría calificada en 17 congresos estatales necesarios para ratificar reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Federal, como el “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también se prepara para controlar 27 Poderes Legislativos estatales. Los tiempos del “carro completo” parecen estar vigentes, ya que Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, junto con partidos locales en algunas entidades, ganaron todos los distritos en disputa en estados como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Quintana Roo y Tabasco.

Para que una reforma constitucional aprobada por el Congreso Federal entre en vigor, necesita scoalición oficialista er ratificada por al menos 17 congresos estatales. Con los resultados preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los respectivos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), Morena y sus aliados han consolidado esa fuerza legislativa local.

En las elecciones del 2 de junio, se renovaron los congresos locales en 31 entidades, exceptuando Coahuila. La oposición ha quedado arrinconada en solo dos estados y tendrá presencia en los congresos estatales principalmente a través de diputaciones plurinominales, permaneciendo en minoría. Si Morena y sus aliados logran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, y aprueban reformas constitucionales como la que elimina las diputaciones plurinominales, la oposición podría desaparecer en al menos 10 entidades.

Bastiones de la Oposición

La oposición mantuvo su fuerza en Aguascalientes, donde el PAN, PRI y PRD ganaron los 18 distritos de mayoría. En Chihuahua, el PAN y sus aliados ganaron 14 de 22 diputaciones, mientras que Morena retrocedió a 8 distritos, comparado con los 13 ganados en 2021. En Guanajuato, el PAN ganó 11 de 22 curules de mayoría, y en Nuevo León, Movimiento Ciudadano retrocedió a 5 diputados de mayoría.

Control Absoluto en Varias Entidades

En Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo y Tlaxcala, la coalición de Morena y sus aliados logró ganar la mayoría de los distritos, dejando a la oposición con solo representación proporcional. En Baja California Sur y Baja California, la coalición también dominó, ganando la mayoría de los distritos y dejando a la oposición en minoría.

Control Parcial en Otras Regiones

En estados como Sonora, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán, Ciudad de México, Campeche y Colima, Morena y sus aliados lograron una mayoría significativa, aunque en algunos casos no fue completa.

Estos resultados permiten a Morena y sus aliados un control considerable en los congresos estatales, consolidando su capacidad para impulsar reformas constitucionales y políticas a nivel federal y local.

Líderes de Morena en el Congreso han decidido poner en pausa el Plan C, que incluye reformas significativas al Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos como el Instituto de la Transparencia. Al mediodía, Ricardo Monreal e Ignacio Mier habían insinuado que estas reformas legislativas estaban listas para ser discutidas y votadas a partir de septiembre, cuando el nuevo Congreso entre en funciones.

En una conferencia, Mier y Monreal se enfocaron especialmente en una reforma profunda al Poder Judicial, que contempla una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ministros sean elegidos mediante voto popular. Este anuncio generó incertidumbre en los mercados, provocando que el dólar se cotizara cerca de los 18 pesos.

Analistas señalaron que el Plan C preocupa a los mercados debido a la falta de garantías de que se respetará el Estado de derecho. Ante la depreciación del peso, los líderes de Morena salieron a retractarse. Desde la Comisión Permanente, Ricardo Monreal aseguró que habrá diálogo y que no usarán su mayoría de manera impositiva para aprobar la agenda legislativa.

Monreal enfatizó que no se precipitarán y que solo presentarán propuestas que beneficien a México. Además, explicó que la agenda legislativa se definirá una vez que Claudia Sheinbaum reciba la constancia de mayoría y acuerde las prioridades con el presidente López Obrador. Monreal garantizó que no actuarán de manera autoritaria ni aprobarán asuntos que afecten el crecimiento o la certeza legal.

Por su parte, Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró en una entrevista con Fórmula el mismo mensaje. Anunció que esperarán a que termine el cómputo electoral para reunirse con Sheinbaum y evaluar la conveniencia de cada reforma. Mier concluyó diciendo que la mayoría obliga a actuar con mayor responsabilidad.