México y Haití, entre los países con mayor inseguridad y corrupción según el World Justice Project

El más reciente informe del World Justice Project (WJP) 2023-2024 ha puesto en evidencia la grave situación de México y Haití en materia de seguridad y justicia. De un total de 142 países evaluados, México ocupa el lugar 133 y Haití el 137, lo que los sitúa entre los peores calificados a nivel global y los más rezagados de América Latina.

El informe subraya el creciente deterioro de la seguridad y el estado de derecho en ambos países, donde la violencia, la corrupción y la impunidad siguen siendo problemáticas arraigadas. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos, las cifras reflejan que no ha habido avances significativos y las problemáticas estructurales persisten sin solución.

México, con una calificación de 0.52 en “Orden y Seguridad”, se encuentra entre las naciones más peligrosas del mundo. Estados como Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Baja California y Tabasco se ven gravemente afectados por la violencia del crimen organizado, generando una creciente inseguridad en la población.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México vivió el periodo más violento de su historia reciente, acumulando 199 mil 621 homicidios dolosos. La falta de resultados efectivos en el combate al crimen y la seguridad pública ha sido una de las grandes deudas de la administración, lo que ha impactado negativamente la imagen del país a nivel internacional.

Además, el informe revela que México se ubica en el puesto 135 en “Ausencia de Corrupción”, con una baja calificación de 0.27. A pesar de las promesas de López Obrador de erradicar la corrupción, esta sigue siendo un obstáculo importante que afecta tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía. Casos de corrupción en altos mandos policiales y militares han minado la confianza en el gobierno.

En cuanto a Haití, con una calificación de 0.43 en seguridad, la situación es aún más crítica. La violencia ejercida por bandas criminales, junto con la inestabilidad política y la pobreza extrema, han convertido al país en uno de los más inseguros de la región. El débil sistema judicial haitiano contribuye a un ambiente de impunidad, agravando los problemas de gobernabilidad.

El WJP señala varios factores que han provocado el deterioro de la seguridad y el Estado de Derecho en ambos países: la inseguridad generalizada, la corrupción estructural en altos niveles, la ineficacia para resolver crímenes y el debilitamiento institucional son algunos de los principales problemas que enfrentan tanto México como Haití.

En México, ninguno de los 32 estados alcanza una calificación ideal en Estado de Derecho. Estados como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes son los mejor evaluados, mientras que el Estado de México, Morelos y Quintana Roo se encuentran entre los peores. Esta crisis demanda una intervención urgente para revertir la tendencia negativa.

Por su parte, en Haití, la situación es más grave debido a la falta de infraestructura gubernamental y al control de las bandas criminales sobre gran parte del país, lo que dificulta cualquier intento de mejora.

Norma Piña advierte sobre los riesgos a los derechos humanos ante una justicia sin control

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, alertó sobre los peligros que enfrentan los derechos humanos cuando no existen límites claros para el poder, sin importar su origen. Estas declaraciones se dieron en el marco de la discusión sobre las posibles consecuencias de la reforma judicial en México.

Durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra Piña defendió la importancia de la independencia del Poder Judicial. Apoyándose en un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expresó su preocupación ante la creciente politización de la justicia.

“La justicia imparcial en México está en peligro, y con ella, el respeto a los derechos humanos. La desaparición de la carrera judicial y la falta de certeza jurídica no solo impactan a los ciudadanos, sino que minan la confianza en el sistema judicial, algo fundamental para el desarrollo social y económico del país”, afirmó la ministra.

El discurso de Piña coincidió con una inédita conferencia de prensa realizada por jueces y magistrados federales. Este evento marcó la primera ocasión en que los miembros del Poder Judicial Federal hicieron uso del derecho de réplica para abordar los ataques recibidos en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la reforma judicial como un mandato de la ciudadanía tras las elecciones del 2 de junio de 2024.

Por la mañana, Sheinbaum reafirmó que los amparos en contra de la reforma constitucional son ilegítimos, sosteniendo que ningún juez o magistrado tiene autoridad por encima de la voluntad popular. Frente a estas declaraciones, la ministra Piña enfatizó que el fortalecimiento del Estado de derecho debe ser un proceso de reflexión, discusión y mejora constante, y que es vital atender las múltiples advertencias que surgen en ese sentido.

Marko Cortés exige respeto al equilibrio de poderes ante rechazo de Claudia Sheinbaum a orden judicial

Este viernes, el senador del PAN, Marko Cortés, instó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a respetar el equilibrio de poderes en el contexto de la Reforma al Poder Judicial. Esto se dio luego de que la jueza federal de Veracruz, Nancy Juárez Salas, emitiera una orden para eliminar dicha reforma del Diario Oficial de la Federación. La orden fue dirigida a Sheinbaum y al director del diario, Alejandro López González; sin embargo, la mandataria rechazó la orden, afirmando que la jueza carece de la autoridad para emitirla y, por lo tanto, no la acataría.

Marko Cortés señaló que en un país democrático, con un Estado de derecho sólido, es plenamente válido que el Poder Judicial limite las acciones del Poder Ejecutivo cuando sea necesario.

El sábado, en redes sociales se difundió un comunicado firmado por al menos 27 gobernadores del país en respaldo a la decisión de Claudia Sheinbaum de no acatar las resoluciones de los jueces en relación a la reforma judicial. El documento, fechado el 19 de octubre, expone la indignación de los gobernadores y gobernadoras ante lo que consideran una “reiterada intención de conceder amparos ilegales e improcedentes” por parte de jueces del Poder Judicial Federal, los cuales, según el comunicado, actúan fuera de sus atribuciones y violan disposiciones constitucionales y leyes fundamentales.

Los mandatarios advirtieron que quienes se exceden en sus facultades, asumiendo atribuciones que la ley no les confiere, están cometiendo una violación flagrante, especialmente cuando se trata de quienes son responsables de impartir justicia. Afirmaron que los jueces se han extralimitado al no considerar que no es posible otorgar una suspensión definitiva contra la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación ni emitir medidas cautelares respecto a la entrega de listas de jueces al Senado, ya que son hechos consumados.

Trabajadores celebran la revisión de la Reforma en la Suprema Corte

Entre aplausos y gritos de victoria, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lograron un gran avance en su lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar la legalidad de la polémica reforma judicial. La decisión llegó como una bocanada de aire fresco para jueces, magistrados y empleados judiciales, quienes se reunieron a las afueras del máximo tribunal, esperando ansiosos el veredicto.

 

“¡Ocho a tres en contra! La Corte ha decidido revisar esta reforma”, anunció emocionado Fernando Miguez, vocero de los trabajadores del PJF, mientras la multitud estallaba en júbilo. La sesión, dirigida por la ministra presidenta Norma Piña, culminó en un gesto de esperanza para quienes temían por su autonomía laboral y el futuro del Poder Judicial.

 

Carlos Ávila, secretario de juzgado y otro de los líderes del movimiento, no tardó en expresar su satisfacción: “Que se escuche fuerte y claro, aquí y en todo el país: hay República porque las ministras y ministros patriotas han defendido el Estado de derecho”. Su mensaje resonó con fuerza, no solo entre los trabajadores presentes, sino también en las redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia.

 

La decisión de la SCJN abre la puerta para que se analicen los procedimientos que llevaron a la aprobación de la reforma judicial. Según Ávila, el proceso legislativo “tiene muchos vicios” que podrían invalidar la reforma. “Si todo sigue este curso, podemos regresar al estado de cosas antes de su aprobación, y eso es lo que esperamos”, declaró en una entrevista posterior.

 

Jesús Cruz Sibaja, otro trabajador del Poder Judicial, destacó que este proceso también toca temas clave como la “autonomía de los órganos judiciales” y la independencia de jueces y magistrados. Los manifestantes, conscientes de que aún queda camino por recorrer, mantendrán la presión y analizarán su situación laboral en los próximos días.

 

A pesar de esta victoria, los trabajadores aún evalúan extender su paro de labores. Se espera que se reúnan el jueves en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para discutir si continúan con el paro hasta el 15 de octubre, como una forma de asegurar que sus derechos sean respetados y que las mesas de diálogo sigan activas.

 

Este triunfo en la Suprema Corte representa más que una simple revisión de la reforma: es un mensaje de resistencia y unión entre los trabajadores judiciales, que seguirán luchando para mantener la independencia de su institución.

Ernesto Zedillo advierte sobre los riesgos de la reforma al Poder Judicial

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien gobernó entre 1994 y 2000, advirtió este domingo que la propuesta de reformar el Poder Judicial, permitiendo que los jueces sean elegidos por voto popular, amenaza con destruir su independencia y someterlo a los intereses del grupo político en el poder.

Zedillo pronunció estas palabras durante el discurso inaugural de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.

En su intervención, el exmandatario alertó que “las modificaciones propuestas llevan, en última instancia, a la destrucción del Poder Judicial y a la desaparición de otras instituciones autónomas del Estado, esenciales para la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo del país”.

Zedillo también subrayó la relevancia del Estado de derecho para que las sociedades, especialmente en América Latina, puedan alcanzar su pleno desarrollo.

A este evento de apertura también asistieron la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y los ministros Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

Tribunal Electoral Reafirma su Compromiso con la Democracia y el Estado de Derecho en la Asignación de Plurinominales

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

Observadores Internacionales Preocupados por Violencia Pre-Electoral en México

Heraldo Muñoz, jefe de la misión de observadores electorales internacionales, expresó su preocupación por la violencia que afecta al país en el contexto de las elecciones del 2 de junio. “Nos inquieta la inseguridad y las tensiones resultantes”, afirmó Muñoz, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Muñoz subrayó que su misión se centra en el proceso electoral, no en los resultados, destacando el respeto de la OEA por el derecho interno y la libre expresión de los ciudadanos mexicanos. Estas declaraciones las hizo tras reunirse con Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La delegación, compuesta por cerca de cien observadores provenientes de 24 países, se desplegará por todo México. Muñoz resaltó el compromiso democrático del pueblo mexicano y expresó su confianza en que la participación ciudadana superará la violencia y el miedo presentes en algunos sectores. También condenó cualquier acto de violencia y abogó por la justicia para las víctimas, esperando que el estado de derecho establezca las responsabilidades pertinentes.

Durante su visita, la delegación se reunirá con las ministras de Relaciones Exteriores, Gobernación y Seguridad, Alicia Bárcenas, Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente. Además, están programados encuentros con las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como con Jorge Álvarez Máynez y los aspirantes a la jefatura de gobierno de la CDMX, Santiago Taboada y Clara Brugada. También mantendrán reuniones con miembros de la sociedad civil, académicos, diplomáticos y representantes de partidos políticos.

Corte Suprema de México Ratifica Validez de Reforma a Ley de Hidrocarburos

Corte Suprema de México Ratifica Validez de Reforma a Ley de Hidrocarburos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un veredicto crucial, afirmando la constitucionalidad de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, promulgada el 4 de mayo de 2021. Este fallo, emitido por mayoría de votos bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán, constituye un hito en el ámbito legal y energético del país. 

La reforma, objeto de controversia desde su promulgación, ha sido sometida a un escrutinio minucioso por parte del máximo tribunal constitucional de México. La acción de inconstitucionalidad 91/2021, promovida por senadores de diversas facciones políticas, buscaba invalidar ciertos artículos de la legislación, alegando que violaban los principios de libre competencia y concurrencia.

 

Sin embargo, la SCJN ha determinado que los artículos 51, fracción III; 53, párrafo segundo; 57 y 59 bis, así como los artículos Cuarto y Sexto transitorios de la Ley de Hidrocarburos son plenamente válidos. Esta decisión, respaldada por un análisis exhaustivo de la normativa en cuestión, refleja el compromiso del tribunal con el estado de derecho y la seguridad jurídica.

 

El magistrado Pérez Dayán, en su explicación detallada del veredicto, destacó la importancia del régimen establecido por la reforma constitucional, el cual redefine el papel de Pemex en el mercado de hidrocarburos. Específicamente, señaló el reconocimiento de la participación de terceros en la cadena de valor de los hidrocarburos, un aspecto fundamental para la apertura y competitividad del sector.

 

En cuanto a la controvertida disposición sobre la revocación contemplada en el Sexto transitorio, Pérez Dayán subrayó que no representa una amenaza para los participantes actuales del mercado ni constituye una barrera de entrada para nuevos interesados. Más bien, argumentó que esta disposición garantiza la legalidad y la seguridad jurídica al establecer condiciones claras para la revocación de autorizaciones, sin incurrir en retroactividad.

 

Este fallo de la SCJN tiene implicaciones significativas para el futuro del sector energético mexicano. Al confirmar la validez de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, se envía un mensaje claro sobre el compromiso del país con la apertura y la competencia en este ámbito crucial para su desarrollo económico.

 

En respuesta a la decisión del tribunal, diversos actores del ámbito político y empresarial han expresado sus opiniones. Algunos han elogiado la ratificación de la reforma como un paso necesario hacia la modernización y diversificación del sector energético, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre posibles repercusiones en la inversión y la competencia.

 

La decisión de la SCJN refuerza la importancia del Estado de Derecho como fundamento de la estabilidad y el progreso en México. A medida que el país avanza en su camino hacia una mayor apertura y competitividad en el sector de los hidrocarburos, este fallo marca un hito significativo en su evolución legal y económica.

Cuestiones de Política 

Directorio

Ignacio Mier Aclara que Delitos Graves Quedan Fuera de la Reforma a la Ley de Amnistía

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, subrayó que los delitos graves, tal como se enumeran en el Artículo 19 de la Constitución, no son elegibles para la amnistía. Esta aclaración llega tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amnistía el 24 de abril, que introdujo cambios significativos.

El legislador explicó que para que se conceda amnistía, se necesitan nuevos elementos que el juez original no haya tenido al momento de analizar el caso. Aseguró que la reforma respeta el Estado de derecho y los derechos humanos, manteniendo un equilibrio en el sistema legal.

La adición del Artículo 9 a la Ley de Amnistía permite otorgar amnistía de manera directa en ciertas circunstancias. Según Mier Velazco, esta modificación es un paso importante hacia un país más justo, asegurando que no se abra la puerta a violaciones a la libertad de las personas. “Lo más relevante es que siempre queda una alternativa, una posibilidad, que, sin violentar la ley, le dé la oportunidad al país de que tengamos verdaderamente un país con plena justicia”, declaró el legislador.

En el pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen el 24 de abril, Mier Velazco recordó las “etapas negras” de la historia de México, como el movimiento estudiantil de 1968, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Dijo que la reforma busca evitar que situaciones similares se repitan y garantizar que el Estado de derecho prevalezca, siempre con respeto a los derechos fundamentales.

Xóchitl Gálvez Solicita Observadores Internacionales para Elecciones 2024

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, ha solicitado la cooperación del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para observar el proceso electoral del 2 de junio en México.

En una carta dirigida a Almagro, Gálvez expresó su preocupación por el debilitamiento institucional y la creciente violencia en el país, que podrían convertir las próximas elecciones en las más violentas de la historia, con seis aspirantes a cargos públicos asesinados hasta el momento.

Desde Washington, Gálvez alertó sobre la violencia política digital, destacando 85 agresiones contra diversos actores políticos. En su comunicación, subrayó la necesidad de la observación electoral de la OEA en coordinación con las autoridades mexicanas, antes del día de las elecciones.

La precandidata también resaltó el riesgo de intervención de servidores públicos en el proceso electoral y la inadecuada conformación de las autoridades electorales, enfatizando la importancia de prevenir cualquier intervención que ponga en riesgo la integridad electoral y el Estado de derecho.

Además de su encuentro con Almagro, Gálvez se reunió con el congresista Michael McCaul y miembros de la Cámara de Comercio de EE. UU. Asimismo, mantuvo un diálogo con estudiantes de la Universidad de Georgetown, quienes expresaron su preocupación por el aumento de la delincuencia en México.

En redes sociales, Gálvez anunció que una vez iniciadas las campañas electorales, presentará propuestas concretas para combatir la delincuencia y recuperar la seguridad en el país. También criticó las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal, calificándolas como un intento de distraer la atención de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana.