Etiqueta: política mexicana

La difusión de videos en los que presuntamente se observa una agresión física contra María Felicia Jiménez no sólo derivó en una investigación de la Fiscalía General de Morelos. Ahora, la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, asegura que tras hacer pública la denuncia comenzó a enfrentar acciones para impedir que continúe exponiendo el caso.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jiménez afirmó que durante las últimas 72 horas ha vivido una serie de situaciones que, según su versión, buscan silenciarla. Entre ellas mencionó la desaparición de su cuenta en la red social X, la eliminación de publicaciones donde compartió los videos de la agresión y problemas con su línea telefónica.

“Tenía miedo, miedo de su poder, miedo de la represalia, miedo de todas las consecuencias, aún tengo miedo, en las últimas 72 horas que se ha abierto toda esta polémica, todos los videos que lo hice a la luz, pues han tratado de varias maneras silenciarme”, expresó.

De acuerdo con su relato, publicó el material la noche del jueves en X, pero al día siguiente su cuenta ya no estaba disponible. Posteriormente compartió el mismo contenido en la página del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), donde además señaló a Rodríguez Padilla como violentador; sin embargo, esas publicaciones también fueron retiradas.

La denunciante añadió que durante el fin de semana detectó que su línea telefónica fue cancelada, por lo que únicamente puede mantenerse en contacto cuando cuenta con acceso a internet mediante WhatsApp. También reiteró que teme represalias debido a las relaciones políticas que, afirma, mantiene el exfuncionario con senadores, diputados, gobernadores, altos funcionarios y otras personas con influencia.

Mientras la denunciante asegura enfrentar estas presuntas represalias, la Fiscalía General de Morelos confirmó la apertura de una carpeta de investigación contra Rodríguez Padilla, luego de que los videos difundidos por Jiménez hicieran público el caso de presunta violencia física ocurrido en febrero pasado.

El expediente también coincide con un cambio próximo en el Gobierno federal. Información pública consultada por Latinus señala que Rodríguez Padilla trabajó entre 2022 y 2024 como asesor de Laura Itzel Castillo cuando era consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex.

Castillo dejará el Senado en septiembre para asumir la Secretaría de las Mujeres, dependencia que actualmente mantiene contacto con María Felicia Jiménez y le brinda acompañamiento institucional. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ese respaldo y pidió a la Fiscalía de Morelos que “aplique la ley”.

El arranque de Rafael Marín Mollinedo en la contienda interna de Morena por Quintana Roo estuvo marcado por una serie de cuestionamientos sobre su pasado reciente y sus relaciones políticas, más que por el trámite de su registro como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante su encuentro con medios, el exdirector general de Aduanas tuvo que responder por su reciente visita al exgobernador Mario Villanueva, condenado por delitos relacionados con narcotráfico. Marín confirmó el encuentro y reconoció que mantiene una relación con él.

“Yo lo conozco y pues sí lo fui a visitar. Yo visito a quien me invita y no tengo ningún problema. Platicamos que Quintana Roo, él es un referente en el estado”, declaró.

Cuando una reportera le preguntó si Villanueva le había dado su respaldo para buscar la gubernatura, el aspirante rechazó esa posibilidad. “No, yo no ando buscando bendiciones de nadie para la candidatura. Yo me vengo a inscribir porque tengo el derecho, como fundador de Morena, de participar en este proceso”, respondió.

Otro de los temas que enfrentó fueron los señalamientos surgidos durante su paso por la Agencia Nacional de Aduanas, cargo que dejó para incorporarse de lleno a su proyecto político en Quintana Roo. Marín rechazó cualquier vínculo con el llamado “huachicol” fiscal y aseguró que su gestión dejó resultados.

“Tengo una trayectoria limpia, nadie me puede decir nada”, afirmó. Además, sostuvo que durante su administración la recaudación aumentó en 250 mil millones de pesos de un año al otro. “Eso se debió a que hicimos nuestro trabajo como correspondía”. También negó haber sido citado por la Fiscalía General de la República para aclarar esos señalamientos. “No, nunca. Yo no tengo nada. Al contrario, trabajamos y dimos resultados”.

El morenista rechazó además versiones sobre presuntos privilegios dentro del partido. Aseguró que lleva más de 40 años impulsando el movimiento que dio origen a la Cuarta Transformación y sostuvo que su participación responde a una petición de habitantes de Quintana Roo, no a respaldos políticos.

Sobre su patrimonio, afirmó que sus propiedades son producto de su trabajo como empresario y que toda su información patrimonial está reflejada en sus declaraciones ante la Función Pública y en sus declaraciones fiscales.

Al concluir su registro en el World Trade Center, Marín se reunió con simpatizantes que lo esperaban con música y carteles. Posteriormente abandonó el lugar acompañado por su equipo en tres camionetas blindadas con rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México para regresar a Quintana Roo.

El mapa político nacional podría cambiar este jueves. Cinco organizaciones buscan obtener el registro oficial como partidos políticos y será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de decidir si podrán competir por primera vez en las elecciones federales de 2027.

La resolución llegará durante la segunda sesión programada por el organismo electoral para este jueves, en la que los consejeros discutirán una por una las solicitudes de las agrupaciones que aspiran a incorporarse al sistema de partidos.

Entre los casos que concentran la atención se encuentra Construyendo Sociedades de Paz, A.C., organización que tuvo que modificar su nombre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganara una impugnación ante el Tribunal Electoral por el uso de sus iniciales. Además, es la agrupación que registra el mayor número preliminar de afiliados entre las cuatro Asociaciones Políticas Nacionales que buscan convertirse en partido. 

El proyecto es encabezado por Armando González y por el diputado federal de Morena Hugo Éric Flores, expresidente de los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos aliados del partido gobernante.

Otra de las organizaciones que espera la decisión del INE es Somos México, impulsada a partir de la Marea Rosa de 2024 y encabezada actualmente por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. La lista también incluye a México Tiene Vida, organización promovida por evangélicos de Nuevo León que se define ideológicamente como conservadora.

Asimismo, el Consejo General analizará la solicitud de Que Siga la Democracia, encabezada por Édgar Francisco Garza Ancira, exconsejero nacional de Morena y pareja de la diputada federal Gabriela Jiménez Godoy.

El quinto expediente corresponde a Interacción y Empatía para Todos, A.C., organización cuya petición también será sometida a votación durante la sesión.

Con estas resoluciones, el INE definirá cuáles de las cinco organizaciones cumplen con los requisitos para obtener el registro como partidos políticos nacionales y participar por primera vez en los comicios federales de 2027.

Una conversación telefónica difundida por el periodista Héctor de Mauleón colocó nuevamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en el centro de la atención pública al exhibir los movimientos que realiza para atender su situación ante autoridades de Estados Unidos tras la cancelación de su visa.

En el audio, la mandataria reconoce que busca resolver cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra mediante canales legales y con la intervención de un abogado estadounidense al que contrató específicamente para llevar su caso.

La grabación muestra el diálogo de Ávila con un grupo de personas que, según la información difundida, mantienen contacto con agencias de inteligencia de Estados Unidos y han sido identificadas como “asesores externos del FBI”. Durante la conversación, estos interlocutores le plantean la posibilidad de reunirse junto con su equipo jurídico en una oficina privada del consulado estadounidense en Tijuana.

“Puede traer a sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana y aparte de eso ayudarla con los términos, sanciones y cargos, ahorita, señora gobernadora, estamos muy muy a tiempo de poderlo de poderlo lograr bien”, se escucha en la llamada.

La propuesta ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con lo revelado por De Mauleón, existiría preocupación por posibles sanciones que el gobierno estadounidense pudiera presentar próximamente.

Ante ello, Marina del Pilar señala que ya ha sostenido encuentros con agencias de ese país después de haber sido buscada por dichas autoridades. Sin embargo, deja claro que cualquier gestión futura deberá canalizarse mediante su representante legal.

“Yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara, pues de todos los trámites legales y jurídicos, que me pudiera explicar exactamente este pues toda la situación”, afirma.

La gobernadora identifica a su defensor como Michael Nadler. En la misma conversación destaca que el litigante estuvo relacionado, como fiscal, con el caso de Alex Saab, señalado como prestanombres de Nicolás Maduro.

Ávila también explica por qué decidió buscar representación fuera de México. Según relata, al inicio optó por contratar a un abogado alejado de Baja California para reducir el riesgo de filtraciones sobre el caso, aunque asegura que el jurista viaja regularmente a la entidad cuando su presencia es necesaria.

Después de una investigación que incluyó la búsqueda de domicilios en cuatro estados, la revisión de cuentas bancarias y el análisis de material audiovisual, el Instituto Nacional Electoral se encamina a cerrar uno de los expedientes más polémicos relacionados con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes, el Consejo General del INE discutirá un proyecto que propone exonerar a Morena y a Martín Jesús López Obrador de presuntas irregularidades vinculadas con recursos entregados por David León Romero en 2015.

La indagatoria tuvo como punto de partida un video difundido por el medio periodístico Latinus en 2021. En las imágenes aparece Martín López Obrador reunido con David León en una vivienda de Tuxtla Gutiérrez. Durante el encuentro, León cuenta dinero en efectivo y separa una parte del monto antes de colocar 150 mil pesos en un sobre amarillo que entrega al hermano del entonces mandatario federal.

En la grabación también se escucha que los recursos eran para su hermano, hoy expresidente de México. Asimismo, David León comenta que conservará 16 mil pesos y entregará únicamente los 150 mil restantes.

A partir de esa difusión pública, la autoridad electoral abrió una investigación para determinar si el dinero tuvo algún vínculo con el financiamiento de Morena. Sin embargo, el proyecto que será sometido a votación sostiene que no fue posible acreditar que esos recursos llegaran al partido o fueran utilizados en actividades relacionadas con éste.

Según el documento, las pruebas disponibles no permitieron establecer una conexión suficiente entre la entrega observada en el video y un eventual beneficio para Morena. La autoridad también concluyó que no obtuvo elementos que le permitieran reconstruir con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar una infracción electoral.

Durante las diligencias, la Unidad Técnica de Fiscalización intentó localizar a Martín López Obrador en seis domicilios ubicados en Yucatán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa, sin éxito. Paralelamente, con apoyo de autoridades financieras, identificó siete cuentas bancarias vinculadas a él y otras siete relacionadas con David León.

Morena rechazó haber recibido recursos para campañas electorales o haber incurrido en financiamiento indebido. Por separado, el partido y David León argumentaron ante el INE que la denuncia presentada en 2021 por el senador panista Juan Antonio Martín del Campo fue promovida más de tres años después de los hechos investigados, por lo que plantearon la prescripción del caso. La resolución será analizada por los consejeros electorales durante la sesión de este viernes.

Antes de que inicie formalmente la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para fijar las reglas que regirán la competencia interna y evitar confrontaciones entre quienes busquen una candidatura.

La principal definición alcanzada por las dirigencias nacionales fue que los procesos deberán desarrollarse sin divisiones públicas entre aspirantes. Además, acordaron que la comunicación oficial relacionada con las candidaturas quedará concentrada en la mesa nacional de los tres partidos, mientras que las dirigencias estatales serán llamadas a moderar sus posicionamientos.

Durante la presentación de los lineamientos, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dejó claro el objetivo político de esta estrategia. “No queremos que el proceso interno sea un pleito interno, sino que nos pongamos hacia afuera a hablar de la transformación, a caminar y construir territorialmente con su liderazgo, y luego ya será una encuesta la que defina al candidato”, señaló.

Con las reglas ya definidas, el siguiente paso será el registro de aspirantes. Quienes busquen convertirse en coordinadores estatales de la defensa de la transformación podrán inscribirse del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. La selección final se realizará mediante encuestas que serán levantadas después del Mundial de Futbol.

Los participantes deberán cumplir una serie de condiciones: separarse de cargos públicos, dedicarse de tiempo completo a tareas organizativas, evitar campañas ostentosas, no utilizar espectaculares y abstenerse de recurrir a programas sociales para promover su imagen.

También tendrán que comprometerse a respetar los resultados de las encuestas, aceptar ese mecanismo como definitivo, evitar conflictos internos y acreditar una trayectoria sin procesos judiciales pendientes.

Otro de los acuerdos alcanzados entre Morena, PT y Verde fue respetar las normas internas de cada fuerza política. Bajo ese criterio, los partidos aliados conservarán la posibilidad de postular a familiares de gobernantes en funciones si sus estatutos lo permiten.

En ese contexto, Hernández afirmó que el senador Félix Salgado Macedonio está en posibilidad de registrarse como aspirante, al igual que cualquier otro militante de Morena, aunque será la Comisión de Elección la que determine posteriormente si cumple los requisitos para continuar en el proceso.

La conferencia concluyó sin respuesta a una pregunta sobre las medidas para impedir que el crimen organizado influya en la selección de candidatos. Tras la interrupción de la sesión, los dirigentes de los tres partidos optaron por una fotografía conjunta para mostrar unidad rumbo a la contienda interna.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco dio un nuevo paso en el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, al solicitar una sentencia de 154 años de prisión contra quien fuera secretario de Seguridad estatal y a quien las autoridades identifican como líder de “La Barredora”. La petición fue presentada por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada, según información confirmada por autoridades estatales.

El avance judicial representa uno de los episodios más recientes de un caso que se remonta a la búsqueda y captura de Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”. Antes de ser detenido, el exfuncionario abandonó el país y llegó a Paraguay, mientras en Tabasco ya era requerido por la justicia.

Cuando fue localizado y arrestado en septiembre de 2025, enfrentaba una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Desde entonces permanece sujeto a proceso penal.

Actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país. El complejo penitenciario está ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concentra a personas acusadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.

Por sus instalaciones han pasado figuras como Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara; Amado Carrillo Fuentes, identificado como “El Señor de los Cielos”; y Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esa misma prisión también se encuentra recluido “Don Rodo”, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades señalan a Bermúdez Requena como líder de “La Barredora” en Tabasco, una organización vinculada al CJNG. Mientras permanece en El Altiplano, la fiscalía estatal busca que reciba una condena acumulada de 154 años de cárcel por los delitos que le atribuye.

Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la administración estatal encabezada por Adán Augusto.

Más de siete semanas después de la salida de Citlalli Hernández del gabinete federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum finalmente confirmó quién asumirá de manera permanente la conducción de la Secretaría de las Mujeres.

La designación recayó en Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien se incorporará a la administración federal una vez que concluya sus responsabilidades legislativas.

La vacante se abrió el pasado 16 de abril, cuando Hernández dejó la dependencia para convertirse en presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Desde entonces, la Secretaría permaneció sin una titular formal mientras continuaban las actividades institucionales.

Durante ese periodo, la operación de la dependencia quedó bajo la responsabilidad de la subsecretaria Ingrid Gómez, quien mantuvo el funcionamiento de los programas y tareas vinculadas a la atención de las mujeres.

Fue este lunes cuando Sheinbaum puso fin a la incertidumbre sobre el relevo y adelantó que Castillo será la encargada de encabezar la Secretaría una vez que finalice su gestión en el Senado.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, informó la mandataria.

La futura integrante del gabinete asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 30 de agosto para un periodo de un año, por lo que aún deberá concluir ese encargo antes de trasladarse al Ejecutivo federal. De acuerdo con la presidenta, faltan alrededor de mes y medio para que se concrete el cambio.

Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que las actividades de la dependencia no se han detenido durante el proceso de transición.

“Siguen avanzando las compañeras que están en la secretaría, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y en el momento en que se pueda incorporar —Laura Itzel Castillo—, ya se incorpora como secretaria de las Mujeres”, señaló.

Con este anuncio, el gobierno federal define la sustitución de Hernández y establece la ruta para que Castillo se integre al gabinete una vez concluida su responsabilidad al frente del Senado.

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, anunciada durante la semana por autoridades federales y estatales, finalmente no se llevará a cabo este domingo. La modificación quedó reflejada en la agenda oficial distribuida a medios de comunicación, donde la mandataria aparece sin actividades públicas programadas para la jornada.

La presencia de Sheinbaum en la entidad había sido dada a conocer desde el jueves pasado durante su conferencia matutina. En esa ocasión, la titular del Ejecutivo federal adelantó que realizaría una gira de fin de semana que incluía una actividad en Colima el viernes y una visita a Zacatecas el domingo.

Tras ese anuncio, la expectativa creció en el estado. Un día después, el gobernador David Monreal confirmó públicamente que la presidenta acudiría a territorio zacatecano. Aunque no se detallaron los proyectos, obras o temas que formarían parte de la agenda, la visita fue presentada como un encuentro relevante para la entidad.

La información también fue difundida por la dirigencia estatal de Morena. Roxana Muñoz, presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en Zacatecas, compartió en redes sociales el anuncio de la gira presidencial y destacó los posibles beneficios que representaría para la población.

“Su visita representa más avances, proyectos y oportunidades para el bienestar de las familias zacatecanas”, escribió.

La llegada de la mandataria incluso motivó pronunciamientos de distintos sectores. Entre ellos, la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aprovechó el contexto para solicitar la atención de diversas demandas relacionadas con el magisterio.

Sin embargo, la visita quedó descartada antes de concretarse. La agenda oficial del Gobierno de México para este domingo ya no contempla actividades en Zacatecas ni eventos públicos encabezados por la presidenta. Hasta ahora, no se ha informado la razón por la que fue suspendido el recorrido que había sido anunciado previamente para el estado.

La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.