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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos meses comenzará el proceso de aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como “Ley Telecom”, la cual fue publicada el año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras su aprobación en el Congreso de la Unión. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria informó que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, acudirá próximamente a la conferencia presidencial para explicar de manera detallada cómo se implementarán las disposiciones de esta legislación. Señaló que esta presentación permitirá dar a conocer el proceso de aplicación de la ley y su alcance dentro del nuevo marco normativo.

Sheinbaum explicó que la reforma tiene como uno de sus ejes principales garantizar el derecho de las audiencias y fortalecer el acceso a información adecuada. Indicó que la legislación contempla mecanismos para que los ciudadanos puedan manifestar cuando consideren que no están recibiendo información correcta. “Ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información (…) ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo”, afirmó.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el DOF en medio de un debate público en el que se expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos de censura y espionaje. Uno de los puntos más controvertidos durante la discusión fue el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Ante los señalamientos realizados por diversos sectores, dicho artículo fue eliminado del texto final de la ley. La presidenta explicó que este ajuste respondió a las críticas surgidas durante el proceso legislativo y reiteró que su gobierno no tiene intención de aplicar medidas de censura ni de espionaje.

Sheinbaum subrayó que la reforma busca actualizar el marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con énfasis en la protección del derecho a la información y de las audiencias. Añadió que la próxima explicación por parte de la Agencia de Transformación Digital permitirá conocer las etapas previstas para la implementación de la Ley Telecom en los próximos meses.

Norma Lucía Piña Hernández presentó su último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje final destacó que, durante su gestión, la Corte ejerció los recursos públicos con estricto apego a la ley, priorizando la disciplina presupuestaria, la transparencia, la eficiencia y la austeridad, lo que permitió generar ahorros anuales al operar con un gasto menor al autorizado.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la transferencia de recursos derivada de la reforma judicial de 2024, que establece la entrada en funciones de nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 2025.

Piña subrayó que el grupo de trabajo encargado de la transición mantuvo informado al Tribunal Pleno y a la Comisión de Transición en cinco momentos clave, asegurando un proceso ordenado en lo material, humano, presupuestal y financiero.

La ministra también resaltó avances inéditos en el levantamiento de inventarios de bienes muebles bajo metodologías actualizadas, conciliados con la contabilidad institucional. Este ejercicio, dijo, aportará certeza y precisión en el proceso de entrega de recursos previsto en la reforma, además de constituir un ejemplo de administración eficiente apoyada en personal capacitado y tecnologías avanzadas.

En una sesión solemne marcada por ausencias significativas —como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— Piña sostuvo que, pese al asedio, las calumnias y la desinformación, la Corte respondió siempre con sentencias y no con estridencias. “No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, afirmó, al tiempo que recalcó que la Judicatura trabajó sin descanso en un entorno de adversidad sin precedentes.

El informe también estuvo acompañado de las intervenciones de los presidentes de la Primera y Segunda Sala. Loretta Ortiz Ahfl enfatizó que “la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora”, mientras que Javier Laynez Potisek presentó cifras de productividad, señalando que solo quedaron 47 asuntos pendientes de resolución, la mayoría en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Entre los asistentes destacaron ex presidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales, así como la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. También estuvieron presentes consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña y representantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, organización que se opuso a la reforma judicial.

El acto representó el cierre de una era de 30 años iniciada con la reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo, y el inicio de una nueva etapa en la que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, tras la reforma aprobada en septiembre de 2024.

Más allá del balance administrativo, la trayectoria de Piña en la Corte ha estado marcada por un compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la defensa del Estado laico. Formó parte de la mayoría que en 2021 declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. En ese mismo fallo enfatizó la necesidad de reconocer la pluralidad de creencias y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo.

Su independencia también se reflejó en su voto contra la Ley de la Industria Eléctrica, por considerarla contraria a los principios constitucionales, y en proyectos pioneros como el que permitió la explotación legal de la fibra de cannabis con fines industriales, sentando un precedente económico y regulatorio.

En casos mediáticos, defendió la igualdad de género, como en el amparo relacionado con expresiones discriminatorias contra la periodista Flor Rubio.

Otro episodio destacado fue su negativa a otorgar un amparo al juez Efraín Cázares López, involucrado en el “Michoacanazo”, reafirmando su postura de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al concluir su gestión, Piña enfatizó que la misión de la Suprema Corte y los derechos que protege la Constitución permanecen vigentes, y que el rumbo del país debe construirse con trabajo conjunto y con apego al proyecto nacional plasmado en la Carta Magna. Con su salida, inicia un capítulo inédito en la vida judicial mexicana bajo el esquema de elección popular de sus integrantes.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a los militantes y funcionarios de Morena para que actúen con humildad, austeridad y congruencia, tras la polémica generada por los recientes viajes internacionales de figuras del partido, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia del 28 de julio, Sheinbaum se dirigió con claridad al movimiento que representa: “El poder se debe ejercer con humildad, esa es mi posición y siempre va a ser”. La mandataria puntualizó que, si bien cualquier persona tiene derecho a viajar, quienes ocupan cargos públicos tienen una doble responsabilidad: actuar con ética y representar los principios que sustentan a la Cuarta Transformación.

La controversia más reciente surgió tras la difusión de imágenes de López Beltrán en el lujoso hotel Okura de Tokio, Japón. En la fotografía aparece acompañado por el diputado de Morena Daniel Asaf Manjarrez, quien previamente había trabajado como jefe de la Ayudantía presidencial. La escena en el buffet del hotel generó cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del movimiento y las acciones de algunos de sus miembros más visibles.

Sheinbaum enfatizó que la imagen pública de los representantes políticos debe reflejar los valores del movimiento, recordando que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, un principio heredado de la ideología lópezobradorista. La presidenta también subrayó que quienes hoy están en el servicio público tienen la posibilidad de ser recordados no solo por sus logros, sino también por su comportamiento ante la ciudadanía.

A lo largo de las últimas semanas, otros integrantes de Morena han sido señalados por vacacionar en destinos exclusivos, principalmente en Europa. Ante las críticas, varios legisladores han aclarado que sus viajes fueron costeados con recursos propios y que ocurrieron durante el actual receso legislativo, periodo en el que no asisten a sesiones salvo quienes forman parte de la Comisión Permanente.

Uno de ellos fue Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, quien también fue cuestionado por un viaje a Portugal. En la misma conferencia matutina, respondió: “Efectivamente, salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades”.

Este tipo de situaciones ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la coherencia entre los principios fundacionales de la 4T y el comportamiento de sus integrantes. Con su posicionamiento, Sheinbaum busca marcar un rumbo claro hacia una congruencia entre el discurso y las acciones del gobierno que encabeza.

La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que modifican el marco jurídico nacional en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y registro poblacional. Con 438 votos a favor y 38 en contra, se avaló la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro de Personas Desaparecidas, operando en tiempo real mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa también contempla la implementación de una CURP biométrica, con huellas dactilares y fotografía, aprobada por separado con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Este documento, de acuerdo con el dictamen, podrá usarse en formato físico o digital, y será una herramienta nacional de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las reformas obligan a instituciones públicas y privadas que manejan datos biométricos —incluidos bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y otros— a proporcionar acceso a esta información a dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.

El dictamen se votó por separado respecto a la Ley General de Población. En conjunto, ambas reformas buscan reforzar la capacidad del Estado mexicano para realizar búsquedas integrales mediante una coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión en San Lázaro, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y ex buscadora de personas desaparecidas, señaló que “el tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política”. Añadió que la lucha de los colectivos no puede continuar de forma aislada.

Desde la bancada de Morena, la diputada Irma Juan Carlos argumentó que las reformas fueron producto del diálogo con víctimas y personas buscadoras. “A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias”.

Otras posturas se manifestaron en desacuerdo. La diputada Martha Amalia Moya, del PAN, cuestionó la utilidad real de la plataforma tecnológica frente al contexto nacional, donde más de 72 mil cuerpos continúan sin identificar y se reporta una baja inversión en servicios forenses. Recordó además el asesinato de al menos 22 madres buscadoras.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, consideró inadmisible el uso de datos personales con fines de control social. “El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación”, señaló, argumentando que no responde a las exigencias de los familiares de personas desaparecidas, ni garantiza una reparación del daño ni mecanismos de no repetición.

Las reservas de los grupos parlamentarios continuarán en análisis dentro del proceso legislativo.