La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impulsadas por Morena y sus aliados, con el argumento de proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida contempla un aumento de impuestos a cigarros, bebidas azucaradas, refrescos y sueros no avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de ajustes en juegos con apuestas digitales y videojuegos con contenido violento o para adultos, que entrarán en vigor en 2026.

Durante la sesión, Daniel Murguía Lardizábal, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el objetivo es “actualizar, fortalecer y modernizar el IEPS” para desincentivar el consumo de productos nocivos y “proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano”. Citó investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, que respaldan que los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas han contribuido a reducir su consumo y, por ende, a prevenir enfermedades como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares.

El dictamen también incorporó una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fija impuestos a electrolitos orales que no cumplan con los estándares de la OMS. Se especificó que no se aplicará IEPS a los productos que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

La oposición, sin embargo, calificó la medida como una estrategia recaudatoria. Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar criticó que Morena haya incumplido su promesa de no crear ni aumentar impuestos. “Cuando Morena pidió tu voto, prometió no aumentar impuestos. Este es el impuesto de la desesperación fiscal de Morena. Se acabó su caja chica, ahora van por la tuya”, señaló.

Por el PAN, Paulo Gonzalo Martínez López llevó refrescos y sobres de bebidas en polvo a la tribuna para ejemplificar el impacto del incremento. “Este gobierno intenta aumentar el IEPS en 87 %, llegando a más de tres pesos por litro. Un sobre de bebida que hoy cuesta siete pesos podría alcanzar los 14 o 15 pesos”, explicó. Añadió que una botella familiar de refresco “pasará de 44 a 53 pesos, golpeando directamente el bolsillo de quienes menos tienen”.

El panista también recordó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la recaudación por este impuesto superó un billón de pesos, sin destinarse, según dijo, recursos a la atención de la salud.

Desde Morena, la diputada Paola Tenorio Adame defendió los ajustes al IEPS como una medida de prevención que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la exposición a contenidos violentos. “No se trata de restringir la diversión, sino de cuidar su mente y emociones”, afirmó.

En contraste, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, lamentó que el incremento afecte a las familias mexicanas. “Le suben al refresco, a la gasolina y al entretenimiento. Castigan a los jóvenes y vacían poco a poco la cartera de las familias”, declaró. Añadió que “Morena habla muy bonito, pero miente bien feo”, al considerar que no existe una estrategia de salud real detrás de los aumentos.

Con la aprobación del dictamen, México se prepara para un nuevo ajuste fiscal en 2026, con impacto directo en productos de consumo masivo y en el entretenimiento digital.

Con un tono directo y sin rodeos, el senador Gerardo Fernández Noroña dejó clara su postura frente a la participación ciudadana en la inédita elección judicial que se llevará a cabo este domingo. Afirmó que votar utilizando un acordeón ajeno equivale a copiar en un examen y que cada persona debe asumir la responsabilidad de su voto de manera informada y consciente.

Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena y actual presidente del Senado, anunció que ejercerá su voto después del mediodía en una casilla ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Explicó que, ante la complejidad de esta jornada electoral —en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros— es comprensible llevar una guía personal, ya que memorizar todos los nombres es prácticamente imposible.

El senador comparó la práctica de votar con listas ajenas con las viejas artimañas de compra de votos por parte de partidos como el PRI y el PAN, una práctica que, según él, persiste en estados como Durango. “Es un delito, no sólo no es correcto”, sentenció.

Frente a los señalamientos sobre la distribución masiva de listas prediseñadas por simpatizantes de Morena, Fernández Noroña desestimó que esto empañe el proceso. Subrayó que lo verdaderamente importante es acudir a las urnas, pues los cargos se asignarán con base en los votos emitidos, independientemente del nivel de participación ciudadana.

“Votes o no votes, las personas juzgadoras que de ahí salgan, esas van a ser”, expresó. En este sentido, reiteró que la abstención no detiene la democracia, pero la participación activa puede influir de forma significativa en los resultados. Señaló que no involucrarse en los procesos políticos no evita que se tomen decisiones, y recordó que los espacios vacíos en política siempre terminan siendo ocupados.

La elección del domingo representa un momento inédito en la historia democrática del país. Nunca antes la ciudadanía había tenido la oportunidad de participar directamente en la elección de perfiles del Poder Judicial. Para Fernández Noroña, esto requiere de preparación previa y compromiso individual, más allá de las tendencias políticas o las recomendaciones externas.

Su mensaje final fue claro: cada voto cuenta y debe ejercerse con convicción y responsabilidad. El proceso no se detendrá, pero quienes participen pueden dejar huella en un momento clave para la vida pública del país.

La Cámara de Diputados aprobó con 338 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención la nueva Ley de Amparo, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta reforma tiene el objetivo de actualizar la legislación y armonizarla con la reciente reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada en septiembre pasado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la actualización de esta ley permitirá un acceso más ágil, equitativo y efectivo a la justicia. Entre los principales cambios, se encuentra la modificación en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el número de votos necesarios para que una decisión sea vinculante se reduce de ocho a seis ministras o ministros, lo que agilizará la consolidación de jurisprudencia y la declaración de inconstitucionalidad de normas generales.

La reforma establece que, hasta que los ministros electos tomen protesta el 1 de septiembre de 2025, la SCJN seguirá operando bajo las reglas de votación de la Ley de Amparo vigente antes de este decreto. Además, se estipula que el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno, eliminando las atribuciones de las Salas en sus decisiones.

Otro aspecto relevante de la reforma es que el juicio de amparo ya no procederá contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se actualizan términos en la legislación, sustituyendo “Distrito Federal” por “Ciudad de México” y “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), con el fin de estandarizar criterios para sanciones y montos.

El lenguaje de la ley también ha sido modificado para promover la inclusión y la equidad de género. Expresiones como “grupos vulnerables” han sido reemplazadas por “grupos en situación de vulnerabilidad”, buscando fomentar el respeto y la igualdad.

Moreno Rivera subrayó que la reforma cumple con el mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo a los cambios recientes en la Carta Magna. También afirmó que estas modificaciones fortalecen la democracia y consolidan un Poder Judicial más eficiente, justo y transparente. Con esta actualización, el país avanza hacia una justicia más accesible y moderna para todas y todos los ciudadanos.