La tragedia de la mina “El Pinabete”, en Coahuila, sigue estremeciendo a las familias y a la comunidad. A más de un año del colapso que dejó atrapados a diez mineros, las autoridades han recuperado los restos de un octavo trabajador, dando un paso más en la búsqueda por cerrar este doloroso capítulo.

El hallazgo ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la recuperación del cuerpo. Este sábado, se dio a conocer que fue el octavo de los mineros atrapados tras el derrumbe en agosto de 2022. Este descubrimiento se produce tras 118 días de labores intensas en la segunda fase de búsqueda subterránea, una misión que no ha cesado en su intento por devolver paz a las familias afectadas.

El procedimiento para recuperar los restos siguió el protocolo establecido por el Mando Unificado, compuesto por la CNPC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC). “Cada acción que tomamos está diseñada para asegurar la integridad de todos los involucrados y, por supuesto, honrar a los mineros que perdieron la vida”, mencionó un vocero de la CNPC.

Este operativo no solo se ha enfocado en encontrar a los mineros, sino también en garantizar que la recuperación se realice bajo estrictas medidas de seguridad. Se llevaron a cabo labores de refuerzo estructural en la zona para evitar más riesgos, algo que ha sido esencial para continuar el proceso sin poner en peligro a los rescatistas.

Cabe destacar que, el 28 de septiembre, se recuperó el cuerpo de otro minero más, sumando un total de seis identificados hasta la fecha. Los restos hallados corresponden a Margarito Rodríguez Palomares y a José Luis Mireles Arguijo, según se informó en un comunicado emitido por las autoridades. La búsqueda de los dos trabajadores restantes no cesa, y el equipo en campo sigue firme en su compromiso.

La recuperación de los mineros ha sido un proceso largo y doloroso para los familiares, pero esta última actualización renueva las esperanzas de que pronto puedan dar un cierre digno a esta tragedia. Como expresaron los rescatistas en su último reporte: “No nos detendremos hasta encontrar a todos.” El dramático acontecimiento de “El Pinabete” sigue siendo un recordatorio de los peligros que enfrentan los trabajadores mineros en México.

A casi 15 años de la tragedia que conmocionó a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que ofrece un respiro de justicia y apoyo a las familias de las víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El 5 de junio de 2009, el país fue testigo de una de las tragedias más devastadoras de su historia reciente, donde 49 menores perdieron la vida y decenas más resultaron con heridas permanentes. El decreto, publicado este sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marca un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las familias afectadas.

El nuevo decreto establece pensiones vitalicias para las madres y los padres de los menores que fallecieron en el incendio, una medida que busca brindarles apoyo financiero de por vida. “Esta es una deuda moral con las familias que, por más de una década, han enfrentado el dolor de una pérdida irreparable”, señaló el mandatario en una conferencia reciente.

El decreto no solo se limita a ofrecer pensiones a los padres de las víctimas, sino que también abarca a los niños y niñas que sufrieron lesiones permanentes en el incidente. Estos sobrevivientes, que ahora han crecido con cicatrices tanto físicas como emocionales, recibirán pensiones vitalicias, además de otros beneficios que les permitan llevar una vida digna y acceder a los recursos necesarios para su rehabilitación. “No solo es un tema de reparación económica, sino de brindarles el soporte que el Estado les debe desde hace mucho tiempo”, declaró un funcionario de alto nivel involucrado en la elaboración del decreto.

Entre las medidas anunciadas se incluye una beca educativa que garantizará el acceso a la educación para los menores que resultaron lesionados o que inhalaron humo y tóxicos en el incidente. Estas becas cubrirán los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior en instituciones oficiales o con reconocimiento oficial. “Es una forma de asegurar que estos niños y niñas, pese a la tragedia, tengan las oportunidades necesarias para un futuro mejor”, explicó el presidente durante la firma del decreto.

Además, las familias de los menores afectados tendrán acceso a la condonación del pago de electricidad en los hogares donde residan, especialmente aquellos que necesiten usar equipos médicos esenciales para el cuidado de la salud de los menores afectados.

Con este decreto, López Obrador culmina su sexenio con una de las medidas más simbólicas de su administración. Aunque quedan muchas preguntas sobre la justicia para los responsables de la tragedia, este acto es visto por muchos como un esfuerzo significativo para reconocer el dolor de las familias y brindarles un apoyo tangible. La madre de una de las víctimas, quien ha luchado incansablemente por justicia, expresó su sentir: “No hay dinero ni medida que pueda borrar el sufrimiento, pero saber que no nos olvidaron y que mis otros hijos tendrán un futuro seguro, nos da un poco de paz”.

El incendio en la Guardería ABC sigue siendo una herida abierta en el corazón de México, y este decreto es un recordatorio de la importancia de no olvidar a las víctimas. Las familias, que durante años han buscado justicia y reconocimiento, finalmente ven algunos frutos en su lucha.

El hallazgo de los restos de un quinto minero atrapado en la mina de El Pinabete ha reavivado la conmoción y el dolor en la región carbonífera de Coahuila, donde hace dos años, el 3 de agosto de 2022, un devastador derrumbe seguido de inundación sepultó a diez trabajadores. La tragedia, que conmocionó al país, ha sido un recordatorio constante de los peligros que enfrentan los mineros en su lucha diaria por subsistir, y de las fallas en las medidas de seguridad en las minas de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este lunes que se encontraron restos óseos que pertenecen a uno de los mineros atrapados en El Pinabete, elevando a cinco el número de cuerpos recuperados desde el desastre. La noticia, aunque dolorosa, ha traído un poco de consuelo a las familias que aún esperan la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, poniendo fin a una angustia que ha durado ya demasiado tiempo.

Inmediatamente después del hallazgo, se desplegó un operativo coordinado por la CNPC en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la fiscalía de Coahuila. Este esfuerzo conjunto, que incluye la colocación de marcos de seguridad y el refuerzo de las estructuras, tiene como objetivo garantizar la extracción segura de los restos humanos, un proceso que sigue siendo delicado y peligroso debido a las condiciones inestables de la mina.

Desde el fatídico día del accidente, el proceso de recuperación ha sido extremadamente complejo. La mina, ubicada en el municipio de Sabinas, se inundó tras el colapso de una mina contigua abandonada, conocida como Conchas Norte, lo que complicó las labores de rescate desde el principio. La magnitud del desastre quedó en evidencia cuando, en diciembre de 2022, más de 500 días después del derrumbe, se encontraron los primeros dos cuerpos. Un tercero fue hallado al día siguiente, y el cuarto en enero de este año, después de casi un mes de trabajos continuos.

A pesar de los esfuerzos realizados, el incidente ha generado una profunda controversia en México sobre las condiciones de trabajo en las minas y la responsabilidad de las empresas mineras. La región carbonífera de Coahuila, en particular, ha sido escenario de múltiples tragedias similares a lo largo de los años. De acuerdo con la organización Familia Pasta de Conchos, que agrupa a los familiares de los mineros fallecidos en el derrumbe de 2006 en esa mina, más de 100 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con la minería en la región. Esta cifra escalofriante ha puesto de relieve la necesidad urgente de revisar y mejorar las condiciones de seguridad en las operaciones mineras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el derrumbe, prometió a las familias afectadas que los cuerpos de los mineros serían recuperados en un plazo de meses. Sin embargo, en junio del año pasado, reconoció que el proceso podría extenderse hasta 2024, un plazo que se ha cumplido parcialmente con el hallazgo de este quinto cuerpo. 

“Las promesas de recuperación rápida se han enfrentado a la cruda realidad de un rescate difícil y peligroso,” han expresado algunos familiares, quienes aún esperan que las palabras del presidente se conviertan en hechos. El dolor y la frustración de las familias han sido constantes a lo largo de estos dos años, marcados por la incertidumbre y la espera interminable.