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Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

Ernestina Godoy Ramos quedó al frente, de manera provisional, de la Fiscalía General de la República (FGR), en un movimiento que reorganiza la estructura de procuración de justicia a nivel federal tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Su llegada ocurre a partir del cargo que él mismo asignó previamente: la Fiscalía Especial de Control de Competencia, puesto que la facultó para asumir temporalmente la conducción de la institución.

El nombramiento se hizo visible cuando Godoy compartió, en sus redes sociales, una fotografía desde las instalaciones de la FGR acompañada de un mensaje donde confirmó que tomaba la responsabilidad constitucional de dirigir el despacho. 

En ese comunicado público señaló que este nuevo encargo lo asumiría con los mismos principios que han guiado su trayectoria profesional y destacó su compromiso con la ética, la firmeza y la justicia. También expresó agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por la confianza depositada en los diferentes cargos que ha ocupado en el ámbito de la justicia.

La exconsejera jurídica permaneció en ese puesto desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025, día en que concluyó esa etapa para integrarse inmediatamente a la FGR. Al despedirse del cargo anterior, señaló sentirse orgullosa por el trabajo realizado junto a su equipo y afirmó que México continúa avanzando hacia un entorno con mayores derechos y un horizonte más humanizado.

El relevo dentro de la FGR no estuvo exento de tensiones. La renuncia de Gertz Manero generó una ola de reacciones desde la oposición, quienes apuntaron a que el exfiscal habría enfrentado presiones en medio de investigaciones sensibles. Entre los expedientes señalados se encuentran los relacionados con el “huachicol fiscal”, las detenciones vinculadas al Cártel de La Barredora y el caso de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

La trayectoria reciente de Godoy ha sido objeto de constante examen público. Como fiscal de justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2024, encabezó investigaciones de alto impacto, incluyendo la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde murieron 27 personas, así como el caso del Colegio Rébsamen, colapsado durante los sismos de 2017.

En ambos episodios se generaron cuestionamientos debido a las conclusiones que deslindaron de responsabilidades a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ya instalada como encargada del despacho en la FGR, Godoy deberá continuar el seguimiento de casos prioritarios para la institución, entre ellos las indagatorias sobre el huachicol fiscal, las operaciones atribuidas a La Barredora, las líneas de investigación alrededor de Rocha Cantú y los avances sobre el Rancho Izaguirre, además de otros expedientes abiertos que permanecen en curso.

Durante la ceremonia por el 200 aniversario de la Independencia del Mar Nacional, realizada en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto oficial donde reiteró la importancia de la soberanía nacional y cuestionó a los grupos conservadores que, según dijo, buscan apoyo extranjero para recuperar privilegios. En su mensaje, destacó que la historia mexicana ha demostrado que ninguna fuerza triunfa sin el respaldo del pueblo.

La mandataria recordó la gesta del 25 de noviembre de 1825 ocurrida en San Juan de Ulúa, episodio que marcó la expulsión definitiva de las fuerzas españolas del territorio marítimo nacional. Subrayó que este hecho histórico sigue siendo un recordatorio de que la defensa de la autonomía corresponde a la ciudadanía. “La historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión (…) tampoco triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, expresó frente a autoridades civiles y militares presentes en la ceremonia.

Ante la presencia del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángelez; del secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, Sheinbaum hizo un llamado directo a impedir cualquier intento de injerencia externa. Señaló que México continúa siendo observado por otras naciones con respeto y admiración debido a la defensa de su independencia y de la justicia. En ese sentido, sostuvo que cuando prevalece el amor por la patria y por el pueblo, se debilitan el odio y cualquier intento de intervención.

En su discurso, también reconoció el papel de la Marina en la protección del país, así como en tareas sociales y económicas que, afirmó, contribuyen al desarrollo nacional. Señaló su participación en proyectos estratégicos, atención a emergencias y apoyo humanitario. “Las vemos en la inauguración de un tren que une territorios, en los helicópteros que llevan alimento y esperanza, en la estrategia de seguridad que busca la paz para todas y todos”, indicó.

Sheinbaum añadió que, ante fenómenos naturales, las Fuerzas Armadas continúan siendo las primeras en acudir para auxiliar a la población afectada, resaltando el trabajo tanto de marinos como de soldados que brindan apoyo en situaciones críticas. Destacó que estas acciones refuerzan el legado de quienes lucharon hace 200 años por la independencia marítima.

Antes de la ceremonia oficial, la presidenta inauguró la Casa Benito Juárez en el Centro Histórico de Veracruz. De acuerdo con su mensaje, el inmueble tiene la función de resguardar el legado de la reforma liberal y preservar la memoria de quienes defendieron el Estado laico, consolidando así un nuevo espacio dedicado al patrimonio histórico del país.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.

El gobierno federal anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el nuevo Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo social en el estado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa, en el que participaron las principales secretarías del gabinete federal y que pretende atacar de raíz las causas de la violencia en una de las entidades más golpeadas por la inseguridad.

El plan contempla una combinación de acciones sociales, económicas y de seguridad que serán aplicadas de forma coordinada por las dependencias federales en todo el territorio michoacano. Entre los ejes principales se encuentran la expansión de programas sociales, apoyo a la economía local, impulso a la educación, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención directa a comunidades afectadas por la violencia.

Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el proyecto requerirá un “esfuerzo especial” de todo el país, ya que implicará un incremento en las medidas de austeridad republicana. Esto significa que el gobierno reducirá aún más los gastos operativos y administrativos para canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los programas prioritarios, especialmente a los dirigidos al bienestar de la población michoacana.

El Plan Michoacán surge en un contexto particularmente sensible para el estado, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y aceleró la decisión del gobierno federal de reforzar su presencia en la entidad con una estrategia integral que combine atención social y justicia.

Como parte del compromiso presidencial, Sheinbaum instruyó a su gabinete a mantener reuniones constantes con autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales y económicos para coordinar las acciones del plan.

Además, la mandataria anunció que personalmente supervisará los avances cada 15 días y presentará los resultados en sus conferencias matutinas, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia busca convertirse en un modelo de intervención nacional, basado en la idea de que la pacificación duradera solo se alcanza a través de la justicia social y el desarrollo equitativo. 

Con esta estrategia, el gobierno federal pretende reducir los índices de violencia y fortalecer el tejido social, enviando un mensaje claro: la reconstrucción de la paz en Michoacán será una prioridad permanente y supervisada directamente desde la Presidencia de la República.

Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia. Padres de los jóvenes, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles bajo la lluvia, con pancartas y consignas que recordaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

La marcha inició a las 16:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, amurallado y resguardado por elementos de seguridad. La consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” acompañó el avance de los manifestantes. Durante el trayecto, frente al antimonumento dedicado a las víctimas, se realizó un pase de lista en el que se pronunciaron uno a uno los nombres de los desaparecidos.

Mario González, padre de uno de los normalistas, expresó: “Para nosotros no es un día especial, es un día como otro. Es vivir el dolor”. Melitón Ortega, portavoz de las familias, reiteró las demandas al Ejército mexicano para entregar los 800 folios que, aseguran, contienen información clave sobre lo sucedido aquella noche. También solicitaron que el Centro Nacional de Inteligencia se sume a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras los familiares mantenían un acto pacífico en el Zócalo, grupos anarquistas vandalizaron negocios y lanzaron petardos y bombas molotov, informó la policía capitalina. A pesar de estos hechos, la movilización se desarrolló con amplia participación de jóvenes que, con mensajes en cartulinas y altavoces, insistieron en mantener viva la memoria de los 43 estudiantes y en no permitir que se repitan violaciones de derechos humanos.

“Es importante que empecemos a alzar la voz de nuevo, no podemos seguir permitiendo que el Estado nos siga reprimiendo. Si seguimos callados van a volver a pasar este tipo de sucesos (…) Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresó Itai Paulina, de 22 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el inicio de su gobierno nuevas líneas de investigación que conduzcan a conocer el paradero de los estudiantes. Para Ortega, la mandataria es quien puede “cerrar una herida que no se ha cerrado, que sigue abierta”.

Las actividades de protesta comenzaron el 17 de septiembre y culminaron con esta marcha, aunque las familias anunciaron que seguirán saliendo cada día 26 del mes en Ayotzinapa para exigir justicia. Esta semana, cerca de dos mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Asuntos Exteriores para pedir la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de Ulises Bernabé desde Estados Unidos. La desaparición de los 43 fue reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un crimen de Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó por primera vez como mandataria las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre, marcando un momento histórico al convertirse en la primera mujer en asumir la conducción de estas ceremonias tras 65 presidentes varones.

El lunes por la noche, Sheinbaum salió al balcón principal de Palacio Nacional para dar su primer Grito de Independencia, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. Vestida con un atuendo morado y portando la banda presidencial, pronunció arengas que incluyeron a figuras tradicionales de la lucha insurgente, pero también a personajes y sectores pocas veces mencionados en este acto.

Entre los nombres destacados estuvieron Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina. A ellos sumó a mujeres clave como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, además de las “heroínas anónimas”, mujeres indígenas y migrantes. “Vivan las heroínas anónimas, vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria, vivan las mujeres indígenas, vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva la dignidad del pueblo de México, viva la libertad, viva la igualdad, viva la democracia, viva la justicia, viva México independiente, libre y soberano”, exclamó antes de cerrar con tres potentes “¡Viva México!”.

La ceremonia del Grito se desarrolló en la explanada del Zócalo, donde miles de asistentes disfrutaron del espectáculo musical a cargo de La Arrolladora Banda El Limón. A diferencia de otros años, no se observaron personas en los balcones de Palacio Nacional.

Por la mañana de este martes, la presidenta encabezó el desfile militar del 16 de septiembre desde Palacio Nacional, acompañada de los representantes de los tres poderes de la Unión.

Entre ellos se encontraban la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; la del Senado, Laura Itzel Castillo, y el ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar.

La mandataria, junto a Tarriba, pasó revista a las Fuerzas Armadas y presenció el recorrido acompañada también por integrantes de su gabinete, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el fiscal Alejandro Gertz y el secretario de Educación, Mario Delgado. Llamó la atención la ausencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien tampoco estuvo presente en la ceremonia del sábado pasado por el 178 aniversario de los Niños Héroes.

La presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial retomó una práctica iniciada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque interrumpida en 2023 cuando Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte.

Con estas celebraciones, Sheinbaum imprimió un sello particular a las fiestas patrias, integrando a mujeres históricas y sectores sociales en las arengas y encabezando, por primera vez en la historia del país, el desfile militar y el Grito de Independencia como presidenta.