Familias de desaparecidos piden intervención internacional ante la ONU y denuncian recortes

La crisis de desapariciones en México fue planteada directamente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por representantes de cerca de 500 colectivos de familiares y madres buscadoras, quienes solicitaron que el tema sea llevado al pleno de la ONU debido a la magnitud del problema, que supera las 133 mil personas desaparecidas.

El encuentro privado se llevó a cabo en el Centro Cultural de España, donde participaron organizaciones provenientes de 17 estados. La reunión ocurrió días después de que el comité de la ONU difundiera un informe en el que señaló que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas en México que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que fue rechazada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, madres buscadoras independientes y colectivos agrupados en 12 plataformas expusieron los obstáculos que enfrentan ante la falta de apoyo institucional. Indicaron que, en promedio, 45 personas son reportadas como desaparecidas cada día en el país, lo que, señalaron, agrava la crisis humanitaria.

Las familias denunciaron además una reducción de recursos destinados a la búsqueda de personas. Afirmaron que la administración federal ha disminuido presupuestos y personal especializado, y señalaron que la Fiscalía General de la República eliminó 11 plazas de ministerios públicos dedicados a desaparición de personas. Esta situación, explicaron, ha obligado a los propios familiares a realizar labores de rastreo y recopilación de pruebas.

Las críticas también se centraron en la falta de avances en las investigaciones. “Se tiene que reconocer que no han hecho su trabajo como debían desde un inicio. Hoy cada vez hay más personas que desaparecen. Es un delito que se sigue acumulando porque no hay quien realmente investigue los casos. Hay muchas carpetas y muchas familias que no tenemos respuesta”, afirmó Araceli González.

Los colectivos sostuvieron que las omisiones institucionales se han repetido durante décadas. Tita Radilla señaló: “Estos hechos son muy graves. En nuestro país la situación es excesiva; ya podemos hablar de una emergencia nacional. Diariamente desaparecen alrededor de 40 personas, por lo que es necesario que haya un pronunciamiento y, sobre todo, que el Estado atienda”. También se denunciaron fallas en la gestión de expedientes y falta de apoyo a víctimas.

El Alto Comisionado sostendrá este miércoles una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, donde se prevé que exponga los testimonios y preocupaciones recopiladas.

Por su parte, Vanessa Gámez advirtió sobre el incremento de casos: “Las cifras se han disparado en los últimos tres años, con incrementos de hasta 300 por ciento en desapariciones. Es alarmante. Todos los mexicanos debemos ser escuchados, pero también las autoridades deben reconocer que están rebasadas y que no pueden enfrentar solas esta crisis”.

En el campo de batalla: Teatro que confronta dos décadas de violencia en México

La Sala Novo del Teatro La Capilla alberga las últimas funciones de En el campo de batalla, una obra creada por el Colectivo Desde los Huesos que examina el impacto de la violencia en México a dos décadas del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Bajo la dirección de Sergio López Vigueras, la puesta en escena aborda la complejidad de un país marcado por la militarización y la desaparición forzada, y utiliza el teatro como un espacio para indagar en los mecanismos con los que la sociedad intenta nombrar el dolor que persiste.

La obra se presenta los viernes a las 20:00 horas hasta el 12 de diciembre de 2025 en la Sala Novo del Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, colonia Coyoacán. Los boletos están disponibles en taquilla y en la plataforma Boletópolis, con un costo general de 250 pesos. Este montaje llega después de un proceso creativo de dos años que incluyó una primera muestra como work in progress dentro del Festival de Arte y Ciencia El Aleph en 2023 y una residencia artística en Barcelona con la compañía Teatre Un, dentro del programa Finestra al Mon.

La propuesta escénica se desarrolla en una sala de ensayos improvisada, donde dos intérpretes —Alejandra Piastro y Federico Zapata— construyen una obra dentro de la obra. Su exploración aborda temas como la violencia sistemática, la presencia militar en el territorio y la sombra de las desapariciones forzadas. A través de ejercicios creativos, recuerdos personales y dinámicas corporales, el proceso se ve atravesado por noticias, silencios impuestos y el riesgo simbólico que implica representar un contexto dominado por fuerzas que operan desde la clandestinidad.

El texto fue escrito de forma colectiva por Piastro, López Vigueras y Zapata, quienes desarrollaron unlenguaje escénico que combina humor ácido, ironía y un tránsito tonal entre la tragedia y el absurdo. La puesta en escena incorpora fragmentos sonoros, objetos cargados de memoria y gestos que expresan la tensión entre expresarse y protegerse. Con ello, el Colectivo Desde los Huesos plantea un análisis crítico sobre la responsabilidad ética del arte al representar la violencia sin caer en el morbo ni en la indiferencia.

La obra busca abrir un espacio de reflexión sobre el papel de las artes escénicas en un país donde el impacto de la violencia ha transformado la vida social. En el campo de batalla se suma así a las propuestas contemporáneas que utilizan el teatro para comprender procesos históricos recientes y para activar conversaciones sobre los efectos de un conflicto que continúa marcando el territorio mexicano.

27 perfiles avanzan en el proceso para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Un total de 27 aspirantes cumplen con los requisitos para contender por la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), luego de que se registraran 33 de los 75 perfiles propuestos por colectivos y familias de personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que estas candidaturas forman parte de la consulta pública que definirá a quien encabece la institución.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que la lista completa se publicará en el micrositio de la Base de Consulta Pública, aunque de momento se encuentra en mantenimiento. Detalló que entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios y cuestionamientos de colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos sobre cada uno de los perfiles presentados.

El proceso continuará con entrevistas y evaluaciones de idoneidad programadas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Quienes superen estos filtros integrarán una lista final que será entregada por la Secretaría de Gobernación a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que tenga a la vista los perfiles considerados idóneos.

“Hoy vivimos un proceso para encontrar el mejor perfil propuesto por las propias organizaciones y especialistas que cuente con el respaldo de quienes están involucrados en el tema de búsqueda”, declaró Rodríguez.

El relevo en la CNBP ocurre tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto. Reyes Sahagún asumió la titularidad en octubre de 2023 tras la salida de Karla Quintana, pero colectivos de búsqueda cuestionaron su designación al señalar falta de experiencia en materia de desapariciones, además de acusaciones de incapacidad e ineficiencia.

Paralelamente, la Segob informó que se mantiene a la espera de que el Senado designe a las personas que integrarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. El listado deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de septiembre, para que se presente ante el Pleno la propuesta de los 13 integrantes que conformarán el órgano.

El Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas y desapariciones forzadas o cometidas por particulares, además de expertos en investigación y persecución de delitos. Uno de los miembros deberá contar con perfil forense. “Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, puntualizó la titular de Segob.

Hasta que concluya la actualización, el micrositio oficial permanecerá en mantenimiento para integrar los nombres de los aspirantes.

Lista de los 27 aspirantes a la CNBP:

Alan Eduardo Herrera Valadez; Ana Bertha Vázquez Reyna; Arturo Saúl Vargas Rivas; Carlos Treviño Vives; Claudia Téllez Bonilla; Diana Laura Cano Tapia; Everardo Noé Ramírez García; Gonzalo Morales Hernández; Hermilio de Jesús Lares Contreras; Janeth Martínez Mondragón; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; José Luis González Olavarría; José Manuel Guzmán Amador; Juan Enrique Rivera Reyes; Leobardo Aguilar Orihuela; Leonardo René Trujillo Díaz; Lizbeth Eugenia Rosas Montero; Luis Javier Cervantes Gómez; María del Carmen Carabarín Trujillo; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambrosio; Martha Lidia Pérez Gumercindo; Osvaldo Antonio Chávez Wiarco; Raúl Alberto Molina Pereira; Sonia Perea Trejo; Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez.

Un nuevo comienzo con liderazgo femenino para la Frontera Comalapa tras detención

En un momento decisivo para Frontera Comalapa, municipio chiapaneco en la frontera sur de México, Marli Trejo Posada asumió este domingo como presidenta del concejo municipal tras la detención de José Antonio Villatoro Herrera, exalcalde acusado de corrupción, vínculos con el crimen organizado y desapariciones forzadas.

 

La captura de Villatoro, ocurrida el pasado 5 de enero, marcó el inicio de un cambio en la administración del municipio, que durante más de tres años estuvo bajo la sombra de la violencia provocada por el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este periodo trajo consigo la desaparición de personas, desplazamientos forzados y una economía paralizada por el miedo.

 

Trejo Posada, ingeniera civil de profesión y residente de Frontera Comalapa, asumió el cargo con un firme compromiso por devolver la paz y el desarrollo al municipio. “Este concejo es la representación de un pueblo que demanda paz y justicia. Trabajaré con amor y responsabilidad para lograr la seguridad que nuestros habitantes merecen”, expresó en su mensaje de toma de protesta.

 

El acto de instalación del concejo municipal contó con la presencia del presidente del Congreso estatal, Luis Ignacio Avendaño, quien entregó la constancia oficial a la nueva presidenta. Además, la ingeniera tomó protesta a los cuatro integrantes del concejo: Francisco Escobedo Villanueva, Heber Yens Armas Rosario, Verónica Guadalupe García Roblero y Martha Carolina Arévalo Rivera.

 

La fiscalía del estado destacó la importancia de esta transición como un paso hacia la recuperación de la confianza ciudadana. Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, señaló que Frontera Comalapa debe ser un lugar donde las familias vivan sin miedo, libres de la zozobra que las enfrentaron a dejar sus hogares durante los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en 2023.

 

Chiapas, con sus 700 kilómetros de frontera con Guatemala, sigue siendo un punto estratégico en la geografía mexicana. Sin embargo, el compromiso del nuevo concejo busca transformar esa realidad, devolviendo al municipio su identidad como un lugar de convivencia y desarrollo.

 

Este cambio de mandos simboliza un nuevo capítulo para Frontera Comalapa. En palabras de Trejo Posada, se trata de un esfuerzo colectivo por reconstruir no solo un municipio, sino también la esperanza de un pueblo que se ha mantenido fuerte en medio de la adversidad.

Operativo en Chiapas: Caen policías por presunta desaparición forzada de personas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha dado un golpe contundente contra la impunidad con la detención de 11 elementos policiales, señalados por su presunta participación en desapariciones forzadas que han estremecido a la entidad. Nueve de los detenidos son policías municipales y dos agentes de investigación.

 

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que las aprehensiones son el resultado de meses de indagatorias intensas. Tres carpetas de investigación, llenas de pruebas y testimonios, han sido clave para desenmascarar a quienes traicionaron su deber de proteger a la ciudadanía.

 

El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en marzo de 2023, cuando Christian y José Luis desaparecieron tras ser vistos por última vez en el Centro de Reclusión por Faltas Administrativas de Tuxtla Gutiérrez. La fiscalía demostró que los detenidos, entre ellos un alcalde y varios jueces, mintieron al negar su presencia en el lugar.

 

En marzo de 2024, otro caso sacudió Palenque: Félix “N”, un policía de investigación, desapareció sin dejar rastro. Esta semana, Rodrigo “N”, excomandante regional de la zona selva, fue capturado como parte de las investigaciones.

 

El tercer caso tiene un desenlace menos sombrío, pero igual de perturbador. Miguel “N” fue localizado con vida tras 10 días en los separos de la policía de investigación en Tonalá, donde sufrió torturas y abusos. Efraín “N”, uno de los responsables, ya enfrenta la justicia.

 

El gobernador Eduardo Ramírez, a través de redes sociales, expresó que estas acciones forman parte de un compromiso firme con la justicia y la verdad. Mientras tanto, el fiscal aseguró que hay más órdenes de aprehensión en curso, ejecutadas bajo una estricta estrategia de sigilo.

 

Este operativo, aunque solo un paso inicial, representa una señal clara de que Chiapas está dispuesto a enfrentar a quienes abusan de su poder. La indignación social se mezcla con una tenue esperanza de que estos casos marquen el inicio de un cambio profundo en las instituciones que deben garantizar la seguridad y los derechos de todos.

Protesta purépecha genera bloqueos en Michoacán por justicia y memoria de desaparecidos

La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.

 

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.

 

Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.

 

“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.

 

El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

 

Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.

 

La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.