El proceso legislativo para discutir la legalización de la eutanasia en México avanza en el Senado mientras surgen posicionamientos desde distintos sectores. La Iglesia católica mexicana expresó este domingo su rechazo a la iniciativa que busca redefinir el concepto de “muerte digna”, al considerar que la propuesta abre la puerta a prácticas que implicarían provocar el fallecimiento de personas con enfermedades terminales o degenerativas.

A través de su editorial publicado en el semanario de la Arquidiócesis de México, Desde la fe, el órgano religioso cuestionó que el término “muerte digna” sea utilizado para justificar la eutanasia o el suicidio asistido. Según el texto, esta interpretación supone aceptar que provocar la muerte en casos de padecimientos irreversibles forma parte de la dignidad humana.

La postura surge en medio de la discusión impulsada por la paciente con enfermedad terminal y activista Samara Martínez, quien promueve la llamada “Ley Trasciende” en el Senado de la República (México). La propuesta busca despenalizar la ayuda médica para morir dignamente en casos de padecimientos irreversibles.

El texto difundido por la Iglesia también retomó pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que el concepto de “muerte digna” no implica necesariamente la eutanasia o el suicidio asistido. De acuerdo con el órgano religioso, la Corte ha sostenido que este término se vincula con el “bien morir”, entendido como un proceso natural acompañado, y no como una muerte provocada o anticipada.

Asimismo, citó la postura de la Comisión Nacional de Bioética, que ha señalado que el “bien morir” consiste en brindar cuidados paliativos adecuados para reducir el dolor de pacientes con enfermedades terminales. Bajo esta perspectiva, la Iglesia enfatizó que el enfoque debe centrarse en aliviar el sufrimiento y no en acelerar el fallecimiento.

“Está comprobado que cuando una persona con una enfermedad puede eliminar el sufrimiento y el dolor, en lo que menos piensa es en morir; debemos luchar por eliminar el dolor, no al doliente”, indicó el editorial.

Mientras continúa la discusión, la iniciativa legislativa avanza con fechas definidas. El próximo 16 de abril se realizará un diálogo encabezado por Martínez, y el 23 de abril está programado un conversatorio en el Senado con mesas especializadas en aspectos médicos, jurídicos y la perspectiva de pacientes y cuidadores. La impulsora de la propuesta ha señalado que el objetivo es obtener un dictamen antes del 30 de abril para que el proyecto continúe su proceso legislativo.

En el contexto del debate, datos de 2023 indican que solo el 5% de los pacientes terminales en México tiene acceso a cuidados paliativos. Además, 20 de las 32 entidades del país, incluida la capital, cuentan con leyes de voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas, práctica conocida como eutanasia pasiva.

La Cámara de Diputados definió al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras un proceso legislativo que culminó durante la madrugada de este martes con la votación del pleno. Luego de la revisión de perfiles y la integración de una terna final, los legisladores eligieron con 472 votos a favor a Aureliano Hernández Palacios Cardel como responsable del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales durante el periodo 2026-2034.

El proceso comenzó previamente en la Comisión de Vigilancia de la ASF, instancia que evaluó a los aspirantes y seleccionó a los tres perfiles mejor calificados para enviar la propuesta final a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. La terna quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Con esa propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados inició el procedimiento formal de elección. Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, dio inicio al proceso de votación a las 2:25 de la madrugada mediante el sistema de cédula.

Los legisladores se formaron a un costado del salón de sesiones para emitir su voto individual, el cual fue depositado en una urna transparente instalada en el recinto parlamentario. Uno a uno, los diputados acudieron a registrar su decisión mientras se desarrollaba el conteo correspondiente.

Durante la jornada de votación también se realizaron gestiones políticas dentro del recinto legislativo. El cabildeo de los secretarios de los distintos grupos parlamentarios fue encabezado por Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien operó el respaldo en favor de Hernández Palacios.

Al concluir el escrutinio, la Mesa Directiva informó el resultado final de la elección. Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo 472 votos, cifra que superó ampliamente la mayoría calificada requerida de dos terceras partes de los legisladores presentes.

En la misma votación, Luis Miguel Martínez Anzures obtuvo seis sufragios, mientras que Elizabeth Barba Villafán, funcionaria de la Fiscalía General de la República y única mujer de la terna, recibió menos votos. También se registraron dos votos nulos durante el proceso.

Tras confirmar el resultado, la presidencia de la Cámara de Diputados anunció que Hernández Palacios asumirá el cargo a partir del 15 de marzo, fecha en la que iniciará formalmente su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

El nuevo titular sustituirá a David Colmenares, quien concluye su periodo de ocho años al frente del órgano fiscalizador. Posteriormente, la Mesa Directiva designó una comisión de legisladores encargada de acompañar al funcionario electo para rendir protesta ante el pleno.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es economista y es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México a partir de enero de 2022.

Con esta votación, la Cámara de Diputados definió al funcionario que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante los próximos ocho años, organismo responsable de revisar las cuentas públicas y supervisar el ejercicio del gasto federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estableció que la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con facultades constitucionales para dejar de aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos con contenido violento, al tratarse de una contribución vigente creada mediante ley formal. El legislador precisó que, si el Ejecutivo considera inviable su implementación, la única vía jurídicamente correcta es la modificación o derogación a través del proceso legislativo correspondiente.

Mediante una tarjeta informativa, Monreal explicó que este gravamen no constituye únicamente una previsión contenida en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal plenamente establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En ese sentido, subrayó que “el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.

El diputado recordó que el impuesto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 y que dentro del IEPS se incorporó de manera expresa el concepto de recaudación denominado “Videojuegos con violencia”. Dicho ordenamiento asigna una recaudación estimada de 183 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, cifra incluida dentro de los ingresos aprobados para ese año.

Monreal enfatizó que tanto la Ley del IEPS como la Ley de Ingresos de la Federación fueron avaladas por el Congreso de la Unión y posteriormente promulgadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, reiteró que el impuesto cuenta con una base legal directa y expresa, además de encontrarse reflejado y autorizado en el marco fiscal aplicable al ejercicio 2026.

El líder parlamentario detalló que el hecho imponible está claramente definido en la legislación fiscal sustantiva, que la tasa del 8 por ciento se encuentra determinada y que el impuesto forma parte del sistema tributario vigente a partir del 1 de enero de 2026. Bajo ese contexto, señaló que, pese a la solidez jurídica del gravamen, la presidenta informó en su conferencia matutina de este martes que decidió retirar el impuesto, al considerar que existe una inviabilidad técnica para su aplicación.

De acuerdo con Monreal, dicho anuncio genera un problema jurídico, ya que la ausencia de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la ley. Añadió que posibles deficiencias en el diseño del hecho imponible, como el uso de categorías “violento”, “extremo” o “para adulto”, no facultan al Ejecutivo para dejar sin efectos una norma vigente, sino que obligan al legislador a corregirla.

El coordinador de Morena puntualizó que mientras el inciso K), fracción I, del artículo 2 de la Ley del IEPS permanezca vigente, la autoridad fiscal está obligada a aplicarlo. Como salida jurídica, planteó impulsar una reforma o derogación de dicha disposición, acompañada de un ajuste a la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con el fin de eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia y recalibrar las estimaciones de ingresos aprobadas.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

Con 344 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, una reforma que redefine las facultades y estructura de la institución naval. La iniciativa presidencial busca fortalecer su papel en el combate a las amenazas marítimas, dotarla de herramientas para la ciberdefensa y la ciberseguridad, y autorizar el uso de inteligencia artificial como apoyo en sus operaciones.

El dictamen, que será enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación, plantea una reorganización interna de los niveles de mando de la Armada. Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del Estado Mayor General por la nueva Jefatura de Operaciones Navales, órgano especializado encargado de concentrar la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones marítimas.

El alto mando, encabezado por el titular de la Secretaría de Marina, contará con tres órganos asesores clave: la Jefatura de Operaciones Navales, el Consejo del Almirantazgo y la Unidad de Inteligencia Naval, los cuales proporcionarán elementos técnicos y estratégicos para la toma de decisiones de alto nivel.

Durante la sesión, el diputado panista Agustín Rodríguez presentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el proceso legislativo había incurrido en violaciones a los plazos establecidos. Criticó la falta de análisis profundo y acusó a la mayoría oficialista de actuar con “prisas e improvisación”, lanzando irónicos comentarios sobre las actividades sociales de legisladores de Morena en los días previos.

En contraste, el morenista y presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss, defendió la iniciativa al señalar que representa un paso hacia la modernización del sector marítimo. “Con su voto a favor reafirmamos nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su Armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro”, afirmó el legislador y almirante en retiro.

La nueva ley otorga a la Armada atribuciones directas para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y en altamar, en cumplimiento de tratados internacionales contra delitos en el mar. Asimismo, consolida su papel como Guardia Costera, con facultades para implementar el derecho de visita y persecución, así como coordinar la entrega de presuntos responsables y objetos asegurados ante la autoridad competente, conforme al protocolo naval.

La propuesta también incorpora la participación de la institución en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en la elaboración e implementación de políticas de defensa que instruya el Mando Supremo. De igual forma, prevé el uso de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares y el fortalecimiento de la seguridad marítima nacional.

Otro de los puntos centrales es la colaboración de la Armada con la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente, además de su apoyo en tareas de seguridad y protección aeroportuaria, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca que la institución naval mantenga actualizada la política nacional de defensa marítima, asegurando su capacidad de respuesta ante amenazas contemporáneas tanto en el ámbito físico como digital. Con esta nueva legislación, la Armada de México se perfila para asumir un papel más amplio y estratégico en la seguridad del país y en la protección de sus intereses marítimos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primera sesión pública con la nueva integración tras los comicios judiciales, celebrados el 1 de septiembre. El arranque estuvo marcado por una jornada de cuatro horas en la que sólo se resolvieron tres de los 15 asuntos agendados, pese a la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de agilizar los trabajos.

La sesión comenzó con un saludo en lengua originaria por parte de Aguilar Ortiz, quien asumió el liderazgo del pleno con la expectativa de hacer las deliberaciones más comprensibles y dinámicas para la sociedad. Como parte de este propósito, la SCJN publicó un reglamento que establece tiempos para las intervenciones de cada ministro y ordena que los miércoles y jueves se dediquen a discutir amparos. Sin embargo, en este primer encuentro se abordaron únicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

El tema central fue una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de salud mental de Chihuahua. Durante la discusión, varios ministros excedieron los minutos fijados en el nuevo reglamento, lo que impidió que se avanzara con la totalidad de la lista prevista.

Previo al análisis del primer proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa tomó la palabra para agradecer a los votantes que le permitieron continuar en el máximo tribunal, destacando la legitimidad del nuevo mecanismo de elección democrática.

Otros ministros, como Giovanni Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, subrayaron el inicio de una etapa distinta en la Corte, en la que resaltaron cambios como el recorte a sus salarios.

En su intervención, la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó su visión sobre los litigios en contra de leyes aprobadas por el Congreso. “Debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades. Si el Legislativo ha emitido nuevas normas, es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso”, expuso.

La primera división de criterios entre los ministros surgió al analizar si debía declararse la invalidez de una norma por no haberse consultado a grupos vulnerables afectados durante el proceso legislativo.

Las ministras Lenia Batres y Ríos González se pronunciaron por mantener la vigencia de la ley, al considerar que el beneficio para los grupos vulnerables es mayor que la omisión de consulta. Batres calificó como “una perversión” el criterio anterior de la Corte y defendió que la consulta debe entenderse como un medio, no un fin.

Finalmente, el resto de los ministros se inclinó por la propuesta de Yasmín Esquivel, que planteó invalidar diversos artículos de la Ley de salud mental de Chihuahua.