La Fiscalía General de la República (FGR) oficializó una serie de movimientos en su estructura directiva con la formalización de 11 nuevos nombramientos, a poco más de un mes del arribo de Ernestina Godoy Ramos a la institución. Los ajustes abarcan áreas estratégicas y se realizan conforme a la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR, de acuerdo con la información difundida por la propia dependencia.

Los cambios incluyen la designación de nuevos titulares en áreas que previamente estaban encabezadas por funcionarios cercanos al exfiscal Alejandro Gertz Manero. Entre los nombramientos que destacan se encuentra el de Ulises Lara López, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, una de las instancias con mayor peso en la atención de casos de alto impacto.

La reconfiguración también contempla la llegada de Raúl Armando Jiménez Vázquez como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como el nombramiento de David Boone de la Garza al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). En materia de derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa quedó designada como responsable de la Fiscalía Especializada en esta área (FEMDH).

En el ámbito administrativo, Laura Ángeles Gómez fue nombrada Oficial Mayor de la FGR, mientras que Maribel Bojorges Beltrán asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia clave en la atención de delitos con perspectiva de género y protección a sectores vulnerables.

Otros movimientos relevantes incluyen la designación de Richard Urbina Vega como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, así como la incorporación de Julio César Bonilla Gutiérrez a la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. Estas áreas están vinculadas con los mecanismos de control interno y el acceso a la información dentro de la institución.

A través de un comunicado oficial, la FGR también dio a conocer nombramientos adicionales que completan la lista de ajustes. Claudia Luengas Escudero fue designada como nueva Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez quedó al frente de la Unidad de Comunicación Social.

Cabe recordar que el 28 de noviembre del año pasado el medio Latinus adelantó parte de estos movimientos, entre ellos la llegada de Héctor Elizalde Mora a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el contexto de los cambios que comenzaron a perfilarse tras la transición en la titularidad de la FGR.

Con estas designaciones, la Fiscalía General de la República formaliza una nueva etapa organizativa, con relevos en áreas sustantivas y administrativas que ya operan bajo la actual conducción institucional.

Con 344 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, una reforma que redefine las facultades y estructura de la institución naval. La iniciativa presidencial busca fortalecer su papel en el combate a las amenazas marítimas, dotarla de herramientas para la ciberdefensa y la ciberseguridad, y autorizar el uso de inteligencia artificial como apoyo en sus operaciones.

El dictamen, que será enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación, plantea una reorganización interna de los niveles de mando de la Armada. Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del Estado Mayor General por la nueva Jefatura de Operaciones Navales, órgano especializado encargado de concentrar la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones marítimas.

El alto mando, encabezado por el titular de la Secretaría de Marina, contará con tres órganos asesores clave: la Jefatura de Operaciones Navales, el Consejo del Almirantazgo y la Unidad de Inteligencia Naval, los cuales proporcionarán elementos técnicos y estratégicos para la toma de decisiones de alto nivel.

Durante la sesión, el diputado panista Agustín Rodríguez presentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el proceso legislativo había incurrido en violaciones a los plazos establecidos. Criticó la falta de análisis profundo y acusó a la mayoría oficialista de actuar con “prisas e improvisación”, lanzando irónicos comentarios sobre las actividades sociales de legisladores de Morena en los días previos.

En contraste, el morenista y presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss, defendió la iniciativa al señalar que representa un paso hacia la modernización del sector marítimo. “Con su voto a favor reafirmamos nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su Armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro”, afirmó el legislador y almirante en retiro.

La nueva ley otorga a la Armada atribuciones directas para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y en altamar, en cumplimiento de tratados internacionales contra delitos en el mar. Asimismo, consolida su papel como Guardia Costera, con facultades para implementar el derecho de visita y persecución, así como coordinar la entrega de presuntos responsables y objetos asegurados ante la autoridad competente, conforme al protocolo naval.

La propuesta también incorpora la participación de la institución en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en la elaboración e implementación de políticas de defensa que instruya el Mando Supremo. De igual forma, prevé el uso de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares y el fortalecimiento de la seguridad marítima nacional.

Otro de los puntos centrales es la colaboración de la Armada con la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente, además de su apoyo en tareas de seguridad y protección aeroportuaria, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca que la institución naval mantenga actualizada la política nacional de defensa marítima, asegurando su capacidad de respuesta ante amenazas contemporáneas tanto en el ámbito físico como digital. Con esta nueva legislación, la Armada de México se perfila para asumir un papel más amplio y estratégico en la seguridad del país y en la protección de sus intereses marítimos.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México que redefine las funciones de esta institución naval, incorporando nuevas tareas vinculadas con la persecución en altamar, la ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial frente a amenazas a la seguridad nacional.

La propuesta establece que la Armada tendrá la facultad de garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas mexicanas, actuando por sí o en coordinación con otras autoridades en el combate al terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, pesca ilegal, tráfico de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos.

Entre los puntos centrales del documento destaca la eliminación del párrafo contenido en el inciso II del artículo 2 de la actual ley, en el que se indica que la Armada deberá “cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos”. El proyecto sustituye esa referencia por un enfoque operativo centrado en la defensa nacional y en la ejecución de políticas de seguridad marítima.

De acuerdo con la iniciativa, la Armada participará en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, con el propósito de conducir operaciones militares dentro del ciberespacio, en colaboración con otras instituciones del Estado. También se contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan comprometer la integridad y estabilidad del país.

El texto enviado por el Ejecutivo precisa que la institución conducirá el control naval del tráfico marítimo, protegerá las zonas marítimas mexicanas y podrá actuar en otras áreas cuando así lo ordene el mando supremo. Además, se le otorgará la atribución de regular y vigilar las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes.

La reforma también establece que la Armada ejercerá funciones de guardia costera, con capacidad para realizar acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México en materia de combate a actos ilícitos en el mar. En caso de detectar delitos, el personal naval deberá poner a disposición de las autoridades competentes a las personas, objetos o productos relacionados, siguiendo el Protocolo de Actuación del Personal Nacional en Funciones de Guardia Costera.

Asimismo, se le encomienda proteger instalaciones estratégicas y prioritarias del país, tanto por sí misma como en coordinación con otras dependencias, cuando así lo disponga el mando supremo. La propuesta también faculta a la institución para elaborar e implementar políticas de defensa derivadas de las instrucciones presidenciales y disponer del poder naval ante escenarios que amenacen la seguridad nacional.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca actualizar el marco jurídico de la Armada de México para adecuarlo a los nuevos contextos de seguridad marítima, tecnológica y territorial que enfrenta el país.

La Cámara de Diputados recibió este lunes la minuta de la reforma a la Ley de Amparo cinco días después de su aprobación en el Senado. La presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, informó en sus redes sociales que instruyó la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria y que mañana dará cuenta al pleno para turnarla a una comisión para su análisis. En su mensaje, López Rabadán añadió una fotografía de la carátula de la minuta.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó este mismo día la remisión de la minuta a la Cámara de Diputados tras varios días de retraso. “Para continuar con el procedimiento legislativo, hoy enviaremos a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el Senado quedamos atentos al análisis y discusión de esta modificación que busca agilizar el derecho de amparo, así como garantizar los derechos de las y los mexicanos”, expresó la legisladora de Morena.

El jueves pasado, el pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo, acompañada de una controvertida reserva presentada de última hora por el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que ordena aplicar los cambios de manera retroactiva. Esta modificación afecta directamente a más de 700 mil juicios de amparo en trámite y ha sido señalada como contraria al artículo 14 de la Constitución, que establece que ninguna ley tendrá efectos retroactivos.

La reserva de Huerta Ladrón de Guevara agregó un artículo transitorio que ha generado críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que este artículo transitorio significó una violación a la Constitución y solicitó a los legisladores realizar la modificación correspondiente.

Pese a ello, el senador Huerta ha defendido su propuesta y ha insistido en que la reserva aprobada por la mayoría de los senadores de Morena —con excepción de Javier Corral y Enrique Inzunza— no representa retroactividad. Sin embargo, diversos sectores han señalado que esta reforma restringe los procedimientos del juicio de amparo, mecanismo al que tradicionalmente recurren ciudadanos y organizaciones sociales como defensa ante posibles abusos del poder.

Con la llegada de la minuta a la Cámara de Diputados, el proceso legislativo continuará en comisiones, donde se revisará la reforma junto con los cambios al Código Fiscal Federal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la espera de su discusión en el pleno de San Lázaro.

El Senado de la República dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se realizara el segundo día de audiencias públicas para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante estas jornadas, expertos y especialistas discutieron modificaciones en temas como la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la iniciativa busca evitar abusos en el juicio de amparo, conservando figuras fundamentales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva. Subrayó la importancia de armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general.

Por su parte, Melissa Ayala señaló que la reforma contiene “cosas buenas, malas y preocupantes“, como la ampliación de la demanda y los cambios en el cumplimiento y ejecución de sentencias. Según su análisis, ambas figuras se acotan, lo que implica que la reforma no simplifica el proceso de amparo ni lo hace más ágil, pero sí puede representar un costo mayor para el Estado.

El ex magistrado y abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro señaló que, aunque el juicio de amparo en línea es un acierto, existen cuatro aspectos preocupantes: el interés legítimo podría perjudicar a la población de menores recursos; se restringe la posibilidad de suspensión si no se advierte una inconstitucionalidad; ciertas autoridades obtienen inmunidad respecto de las suspensiones; y se niega la ampliación de la demanda.

Ivette Galván, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el juicio de amparo debería acercarse a la gente. No obstante, explicó que la reforma delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que se considera regresivo, ya que acota el efecto del amparo en materia de derechos colectivos.

El magistrado de Circuito en Materia Civil y Administrativa, Arturo González Ferreiro, indicó que si bien la reforma busca evitar abusos, es crucial que el interés legítimo no se vuelva estrecho y que los juzgadores analicen cada caso de manera individual, sin imponer cargas que dificulten el ejercicio de los derechos de las personas.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que las comisiones dictaminadoras evaluarán durante las próximas horas las propuestas vertidas en las audiencias y considerarán algunos ajustes a la iniciativa. “Los compañeros integrantes de la comisión, sobre todo Javier Corral e Inzunza, están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, adelantó López Hernández, quien señaló que los cambios podrían reflejarse en la versión final que será dictaminada y votada este miércoles.

Con estas audiencias y la revisión de los ajustes propuestos, el Senado se prepara para definir los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, que plantea modificaciones importantes en la protección de los derechos individuales y colectivos en el país.