Un golpe al corazón del Cártel de Sinaloa: Detención de ‘El Chavo Félix’

En un operativo conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, llevado a cabo el sábado 18 de enero, se concretó la captura de Juan Carlos ‘N’, conocido como ‘El Chavo Félix’. Este individuo, vinculado a la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, fue aprehendido en Quilá, una sindicatura al sur de Culiacán, considerada un bastión histórico de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

 

La operación, desarrollada en la calle Lázaro Cárdenas, entre las vialidades 12 de Octubre y Guadalupe Victoria, culminó con el traslado de ‘El Chavo Félix’ a la Ciudad de México bajo un dispositivo de seguridad robusto. Se le señala como un generador clave de violencia y hombre de confianza dentro de la estructura criminal, debido a su relación familiar con Zambada: está casado con Teresa Zambada Ortiz, hija del capo.

 

Esta conexión lo colocaba en una posición estratégica dentro de la organización criminal, otorgándole acceso y responsabilidad en actividades de alto nivel. Su captura no solo representa un golpe simbólico, sino una interrupción operativa para la facción liderada por Zambada, quien junto con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, forjó uno de los cárteles más poderosos del mundo.

 

La detención de ‘El Chavo Félix’ llega en un contexto de pugnas internas dentro del Cártel de Sinaloa, protagonizadas por los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y los seguidores de ‘El Mayo’. Este enfrentamiento ha intensificado los niveles de violencia en la región, pero según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los operativos recientes han debilitado significativamente estas organizaciones.

 

Harfuch destacó que la captura de objetivos prioritarios y el aseguramiento de armas y vehículos han reducido la violencia. “Definitivamente ha habido un avance”, afirmó, señalando días recientes con cifras de homicidios notablemente bajas en el estado.

 

Aunque la Fiscalía General de la República aún no ha emitido un comunicado oficial sobre los cargos que enfrentará Juan Carlos ‘N’, su detención refuerza la estrategia de debilitamiento contra los grupos delictivos más violentos.

 

Con ‘El Chavo Félix’ bajo custodia, la facción de ‘Los Mayos’ enfrenta una nueva incertidumbre en su estructura de poder. Este golpe reafirma el compromiso del gobierno por combatir la violencia y reducir la influencia de los grupos criminales en México.

 

Queda por verse cómo esta captura influirá en la dinámica del Cártel de Sinaloa y en el equilibrio de poder entre sus facciones, pero una cosa es clara: los bastiones de antaño ya no son invulnerables.

Incendios en una semana en refinerías de Pemex preocupan a Veracruz y Oaxaca

En un preocupante inicio de semana, dos refinerías de Pemex han sido escenario de incendios que, aunque controlados sin víctimas reportadas, despiertan dudas sobre la seguridad operativa en las instalaciones petroleras del país. Este jueves, la refinería “Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, Veracruz, fue protagonista del segundo incidente, mientras que el martes pasado, Salina Cruz, Oaxaca, enfrentó un “conato de incendio”.

 

En redes sociales, Protección Civil de Veracruz compartió imágenes que muestran una espesa columna de humo negro elevándose desde la planta ubicada junto al río Coatzacoalcos y cerca de la carretera principal. “Se están llevando a cabo las maniobras necesarias para controlar el fuego. Afortunadamente, no hay reportes de personas lesionadas”, informaron las autoridades.

 

El incendio en Minatitlán sigue al evento registrado en la refinería de Salina Cruz, una instalación con capacidad para procesar 330 mil barriles diarios. El pasado martes, un fuego en el área de afluentes movilizó a equipos de emergencia, aunque Protección Civil calificó el incidente como un “conato” que no requirió evacuación del personal.

 

Imágenes captadas en ambos incidentes muestran llamas y humo negro visibles desde varios puntos, evocando cuestionamientos sobre los protocolos de prevención y mantenimiento en las refinerías de la empresa estatal.

 

Los incendios en instalaciones de Pemex no son eventos inéditos, pero su frecuencia comienza a levantar cejas. Con una infraestructura envejecida y bajo constante presión para aumentar la producción de combustibles, los riesgos operativos parecen estar alcanzando niveles críticos.

 

Especialistas en energía han señalado que estas situaciones son un llamado de atención para reforzar la inversión en seguridad industrial. “Un incidente puede ser fortuito, pero dos en una semana muestran posibles fallas sistémicas que deben abordarse de inmediato”, opinó un analista en seguridad energética.

 

A pesar de la ausencia de evacuaciones, los incendios en refinerías no solo ponen en riesgo a los trabajadores, sino también al entorno natural y a las comunidades aledañas. La liberación de humo negro en la atmósfera y la proximidad al río Coatzacoalcos plantean interrogantes sobre el impacto ambiental y las medidas de mitigación.

 

Aunque la paraestatal no ha emitido declaraciones oficiales sobre los incendios, la opinión pública y los especialistas esperan respuestas claras y acciones contundentes. Las refinerías son el corazón de la estrategia energética nacional, pero garantizar su seguridad es imprescindible para evitar tragedias mayores.

 

En una semana marcada por llamas y humo, los ojos están puestos en Pemex para implementar medidas que devuelvan la confianza en sus operaciones y protejan a las comunidades que las rodean.

La Sedena se renombra como “Defensa” para reforzar su misión de protección nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional adoptará oficialmente el acrónimo “Defensa” en lugar de “Sedena” a partir de hoy, según informó el Ejército Mexicano. Esta decisión fue aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tiene como objetivo reforzar la identificación de la institución con su propósito fundamental: la defensa y seguridad de México.

La institución explicó que el nuevo acrónimo, “Defensa”, refleja de manera más directa y precisa su misión principal. “La palabra ‘Defensa’ comunica mejor la razón de ser de la institución, tal como lo establece el artículo 89, Fracción VI de la Constitución Mexicana, el cual destaca la responsabilidad de la Secretaría en la defensa de la nación”, detalló la institución en un comunicado.

Asimismo, el artículo 29, Fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a esta dependencia la responsabilidad de planear y ejecutar estrategias de defensa en situaciones que amenacen la seguridad del país.

Este cambio también responde a una intención comunicativa: al adoptar el término “Defensa”, la institución busca que la sociedad mexicana y la comunidad internacional comprendan de manera más clara su función de resguardar la soberanía y seguridad de la nación. “Con esta modificación, tanto la población como los aliados internacionales podrán entender con mayor claridad nuestras responsabilidades y acciones en beneficio de los mexicanos”, añadió la dependencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue creada en 1937 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque en sus primeros años se le conocía como Secretaría de Guerra y Marina. En 1940, tras la separación de funciones de defensa terrestre y marítima, se fundó la Secretaría de Marina, quedando la defensa terrestre a cargo de la Sedena, nombre que ha mantenido hasta la fecha.

Con esta reciente modificación, el nombre completo de la institución permanece como Secretaría de la Defensa Nacional, pero el uso del acrónimo “Defensa” subraya su compromiso con la misión central de proteger al país.

Protesta purépecha genera bloqueos en Michoacán por justicia y memoria de desaparecidos

La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.

 

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.

 

Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.

 

“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.

 

El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

 

Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.

 

La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.