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A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia. Padres de los jóvenes, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles bajo la lluvia, con pancartas y consignas que recordaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

La marcha inició a las 16:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, amurallado y resguardado por elementos de seguridad. La consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” acompañó el avance de los manifestantes. Durante el trayecto, frente al antimonumento dedicado a las víctimas, se realizó un pase de lista en el que se pronunciaron uno a uno los nombres de los desaparecidos.

Mario González, padre de uno de los normalistas, expresó: “Para nosotros no es un día especial, es un día como otro. Es vivir el dolor”. Melitón Ortega, portavoz de las familias, reiteró las demandas al Ejército mexicano para entregar los 800 folios que, aseguran, contienen información clave sobre lo sucedido aquella noche. También solicitaron que el Centro Nacional de Inteligencia se sume a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras los familiares mantenían un acto pacífico en el Zócalo, grupos anarquistas vandalizaron negocios y lanzaron petardos y bombas molotov, informó la policía capitalina. A pesar de estos hechos, la movilización se desarrolló con amplia participación de jóvenes que, con mensajes en cartulinas y altavoces, insistieron en mantener viva la memoria de los 43 estudiantes y en no permitir que se repitan violaciones de derechos humanos.

“Es importante que empecemos a alzar la voz de nuevo, no podemos seguir permitiendo que el Estado nos siga reprimiendo. Si seguimos callados van a volver a pasar este tipo de sucesos (…) Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresó Itai Paulina, de 22 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el inicio de su gobierno nuevas líneas de investigación que conduzcan a conocer el paradero de los estudiantes. Para Ortega, la mandataria es quien puede “cerrar una herida que no se ha cerrado, que sigue abierta”.

Las actividades de protesta comenzaron el 17 de septiembre y culminaron con esta marcha, aunque las familias anunciaron que seguirán saliendo cada día 26 del mes en Ayotzinapa para exigir justicia. Esta semana, cerca de dos mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Asuntos Exteriores para pedir la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de Ulises Bernabé desde Estados Unidos. La desaparición de los 43 fue reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un crimen de Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado conocido por encabezar la defensa legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como nuevo integrante del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el directorio disponible en la página oficial de la Corte, Rosales ocupa ahora el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de Presidencia. En esta posición, su responsabilidad principal será analizar expedientes para proponer a los ministros las determinaciones jurídicas a seguir, además de participar en las sesiones donde se resuelven los casos.

El salario bruto asignado al puesto es de aproximadamente 168 mil pesos mensuales; sin embargo, después de las deducciones fiscales correspondientes, su ingreso neto asciende a 118 mil 138 pesos al mes. A este monto se suman diversas prestaciones otorgadas a los funcionarios de este nivel en el Poder Judicial.

Entre los beneficios laborales se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y quinquenal. También incluye seguros de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado, cobertura del ISSSTE, así como apoyo económico para lentes graduados. En el apartado de estímulos destacan el bono por el Día del Padre, estímulo por antigüedad y por jubilación. Además, cuenta con licencias prejubilatorias, ayuda por incapacidad médica, gastos funerales y pago por defunción.

Este nuevo nombramiento ocurre semanas después de que, a finales de agosto, Rosales anunciara públicamente su salida de la representación legal del caso Ayotzinapa. En ese momento, no precisó hacia dónde dirigiría su carrera profesional, únicamente adelantó que continuaría su labor en defensa de los derechos humanos desde otros espacios.

En un posicionamiento compartido entonces, expresó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

Con este movimiento, Rosales deja atrás casi una década de acompañamiento legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y pasa a integrarse a la estructura más alta del sistema judicial en México, con un cargo que combina tareas técnicas de análisis jurídico con beneficios laborales de amplio alcance.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y ofreció crear un nuevo equipo de investigación basado en elementos científicos para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, detalló que durante la reunión, que duró casi dos horas, la presidenta también mencionó la posibilidad de llamar a testificar al expresidente Enrique Peña Nieto si el nuevo equipo encuentra pruebas que lo involucren. “Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, afirmó Rosales.

El nuevo equipo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Su propósito será aplicar una metodología científica, incluyendo el análisis de telefonía celular y otros datos tecnológicos, con el fin de obtener avances significativos en la investigación. Sin embargo, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa continuará operando paralelamente.

Rosales también destacó que la relación con la presidenta ha permitido construir bases de confianza mutua. No obstante, insistió en la necesidad de que el gobierno federal exija la entrega de expedientes militares que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha proporcionado. 

“El Ejército lo ha negado, la posición que el Ejército tiene es la que ya conocemos, entonces ella nos dice que el Ejército refiere ya entregó toda la información. Sin embargo, hemos insistido que esa información, básicamente la que se refiere a los 16 jóvenes trasladados de barandilla y de una conversación del día 26 de septiembre del 2014 y una del 4 de octubre del 2014, no se han dado”, explicó.

Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Sheinbaum reconoció que hay dificultades para que Israel conceda la extradición, pero dejó abierta la posibilidad de buscar alternativas, como la intervención de un tribunal internacional.

El encuentro reafirma el compromiso del gobierno actual con la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, aunque los familiares continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas que garanticen el esclarecimiento del caso.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha presentado una iniciativa de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años en el estado. La medida busca proteger a la infancia de los peligros que pueden surgir en plataformas digitales, como el ciberacoso y el acoso sexual. 

Kuri explicó que semanalmente el gobierno estatal atiende un promedio de 36 denuncias de ciberacoso, bullying y abuso en línea, especialmente contra niñas y mujeres jóvenes. En este contexto, la iniciativa propone impedir que las empresas de redes sociales permitan el acceso a menores de 14 años, con el objetivo de reducir estos riesgos.

Además, la propuesta establece que los adolescentes de entre 15 y 17 años solo podrán acceder a redes sociales con autorización expresa de sus padres o tutores. De igual forma, plantea restringir el uso de teléfonos inteligentes en el sistema educativo estatal para fomentar la interacción social en el entorno escolar.

Otra de las medidas destacadas en la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra pederastas y acosadores digitales, reforzando el castigo a quienes cometan delitos en línea contra menores de edad. “Quiero que nuestros niños cambien la pantalla por sus amigos”, declaró el gobernador en su cuenta de X.

El senador local Agustín Dorantes, quien recibió la propuesta, la denominó “Ley Kuri” y agradeció al gobernador por su compromiso con la infancia. Dorantes resaltó que el Senado trabaja en un marco legal que garantice un entorno digital seguro para los menores.

Esta iniciativa ha generado un debate sobre el acceso a la tecnología y la seguridad en línea. Mientras algunos sectores consideran que la regulación ayudará a proteger a los menores, otros argumentan que la educación digital y la supervisión parental son clave para enfrentar estos desafíos. En los próximos meses, el Congreso local analizará la propuesta y determinará su viabilidad para convertirla en ley.