Este lunes 9 de septiembre, el Estado de México se prepara para un día complicado en las carreteras. Transportistas y taxistas locales de Jilotepec han anunciado protestas y bloqueos en las autopistas Arco Norte, México-Querétaro y Jilotepec-Atlacomulco. Su objetivo es claro: que las autoridades escuchen sus demandas y atiendan sus problemas.

Los manifestantes han expresado su hartazgo por la falta de atención a sus quejas sobre extorsiones, abusos de autoridad y la intromisión de rutas ajenas que, según ellos, afectan su trabajo diario. “Nos han dejado sin opciones. Llevamos años denunciando y no hemos visto ningún cambio”, comentó uno de los líderes de la protesta.

El conflicto principal gira en torno a una nueva ruta que transporta trabajadores de la empresa Truper, lo que ha afectado a los taxistas locales al reducir sus ingresos. Pero ese no es el único problema. También se enfrentan a casos de extorsión y la quema de unidades, lo que ha puesto en riesgo no solo sus ingresos, sino también su seguridad.

“Pedimos a las autoridades que nos escuchen y atiendan nuestras denuncias, ya no podemos seguir trabajando en estas condiciones”, declararon en un comunicado. Los transportistas han solicitado la intervención del gobierno estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con la esperanza de una pronta solución a sus demandas. Aunque no han especificado la hora exacta de los bloqueos, en ocasiones anteriores han iniciado desde las 5:30 de la mañana.

Las autoridades de Movilidad reconocieron que el problema de concesiones y el reordenamiento del transporte ha generado inconformidades en diversas regiones del estado, y Jilotepec no es la excepción. Sin embargo, los taxistas insisten en que no han recibido la atención necesaria, y ahora amenazan con paralizar importantes vías de comunicación hasta ser escuchados.

Estas protestas buscan presionar para lograr una reunión con la FGJEM, el gobierno estatal y las autoridades de Movilidad, y así alcanzar acuerdos que resuelvan sus problemas de extorsión y competencia desleal. Los transportistas están decididos a hacer escuchar su voz: “No es solo un tema de trabajo, es nuestra forma de vida y la de nuestras familias lo que está en juego”.

La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.

Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.

“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.

El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.

La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.

En un acto que resonó con fuerza en las calles de Ciudad de México, cientos de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) salieron a las calles este lunes para alzar la voz contra la controvertida reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo el lema “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”, los jóvenes marcharon desde el icónico Águila de la Facultad de Derecho hasta el edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), marcando una clara postura de rechazo hacia los cambios propuestos que, aseguran, ponen en riesgo la independencia judicial del país.

El movimiento comenzó a las 12:30 del mediodía en Ciudad Universitaria, con una nutrida asistencia de estudiantes que portaban banderas, pancartas y lonas en las que se leían mensajes contundentes: “UNAM-CJF ¡Unidos!”, “Defender la justicia es nuestro derecho”, “Sin independencia judicial, no hay democracia”. A lo largo de su recorrido por Avenida Insurgentes Sur, la manifestación generó cortes intermitentes en el tránsito, atrayendo la atención de medios de comunicación, ciudadanos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La movilización no se limitó a la comunidad de la UNAM. Con un llamado abierto a la solidaridad, los estudiantes invitaron a sus pares de la Universidad Panamericana (UP) y de la Universidad Iberoamericana (Ibero) a sumarse a la protesta. “No se trata solo de defender a la UNAM o a nuestras universidades; se trata de proteger el Estado de derecho, de asegurarnos que nuestras instituciones sean realmente autónomas”, expresó Javier Ramírez, estudiante de quinto semestre de Derecho en la UNAM.

La reforma al Poder Judicial, incluida en el paquete de medidas del Plan C del presidente López Obrador, ha generado un intenso debate en el país. La propuesta establece, entre otros puntos, que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, y que se considere la carrera judicial como un requisito obligatorio para quienes aspiren a estos cargos. Según los estudiantes y varios expertos, estas medidas podrían debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a la politización del sistema de justicia.

El pasado 26 de agosto, representantes de nueve facultades y escuelas de derecho de México emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por la reforma. “Nos preocupa que se pierda la imparcialidad que debe caracterizar a los jueces y magistrados”, señaló Valeria Gómez, representante de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Si los jueces son elegidos por voto popular, estaríamos abriendo la puerta a intereses partidistas que pueden comprometer la justicia en nuestro país”.

Para muchos de los manifestantes, la protesta no es solo una respuesta a una iniciativa gubernamental; es un llamado a la reflexión y a la acción por parte de la sociedad civil. “Esta es una reforma que afecta a todos, no solo a los abogados o estudiantes de Derecho. Si perdemos la independencia del Poder Judicial, todos perdemos”, comentó Carlos Morales, alumno de la Universidad Iberoamericana, quien se unió al contingente frente al edificio del CJF.

El apoyo a la protesta se ha extendido a otras instituciones académicas, incluyendo el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad La Salle, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta unidad entre las principales casas de estudio del país destaca la magnitud del desafío que representa esta reforma para el sistema democrático mexicano.

Aunque la manifestación concluyó de manera pacífica frente al CJF, los estudiantes dejaron en claro que esta es solo una de muchas acciones que están dispuestos a tomar para defender la justicia y la legalidad en México. “Esta marcha es solo el principio. Vamos a seguir informando a la ciudadanía, haciendo foros, discutiendo y exigiendo que se respete la autonomía del Poder Judicial”, añadió Daniela Pérez, integrante del comité organizador de la marcha.