CNTE frena movilizaciones con promesas de devolución de descuentos y aumento salarial

Las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a una nueva etapa tras alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de casi un mes de movilizaciones y un paro general que afectó a miles de estudiantes en distintas entidades del país. La negociación permitió evitar una nueva jornada de parálisis educativa, luego de que más de 8 mil docentes fueran sancionados con descuentos salariales por no presentarse en sus aulas.

El punto más sensible de las protestas fue la exigencia del aumento salarial del 9% que el gobierno había prometido y cuya ejecución no se reflejaba aún en las nóminas de los maestros. Además, los descuentos aplicados a 8 mil 26 docentes encendieron el malestar entre las bases, con recortes que oscilaron entre 595 y 3 mil 828 pesos.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, informó a más de mil 500 docentes congregados en el Centro Histórico que la SEP, por instrucciones directas del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, se comprometió a devolver los descuentos aplicados y a hacer efectivo el incremento salarial correspondiente.

“La respuesta concreta de Juan Carlos Cummings García, director general de Administración de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, es que, por indicaciones del secretario de Educación, se realizará la devolución de los descuentos que arbitrariamente nos aplicaron”, explicó el dirigente sindical.

El acuerdo se alcanzó tras una jornada de más de ocho horas de protesta, que incluyó la toma de las oficinas centrales de la SEP en Isabel la Católica 165, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aunque los manifestantes señalaron que la ocupación fue pacífica, se reportaron afectaciones menores en dos oficinas del cuarto piso, donde documentos fueron desordenados y esparcidos.

Además del tema salarial, la CNTE reiteró su demanda histórica: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que reformó el sistema de pensiones y, según los docentes, vulnera los derechos de jubilación de miles de trabajadores del sector educativo.

La próxima mesa de diálogo fue agendada para el 10 de julio, y contará con la participación del secretario de Educación. La Coordinadora subrayó que la lucha sigue abierta y que no retrocederán en sus exigencias. “La indignación se convirtió en acción digna, y hoy nos manifestamos miles de docentes nuevamente desde las secciones 9, 10, 11 y 60”, expresó Pedro Hernández.

Durante la jornada, también hubo señalamientos directos por parte de dirigentes como Citlalli Ortiz, de la Sección 22, quien responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum del incumplimiento de los compromisos pactados para levantar el paro. Ortiz subrayó que, si bien Sheinbaum aseguró públicamente que no habría sanciones, los descuentos sí se aplicaron, particularmente en las secciones del área metropolitana, que dependen directamente de la federación.

Con las negociaciones reactivadas y una nueva fecha establecida para continuar el diálogo, la CNTE se mantiene movilizada, a la espera de que las autoridades cumplan los acuerdos alcanzados y resuelvan los pendientes laborales que arrastra el magisterio desde hace años.

Dolor en la UNAM: Cinthia Manrique, una voz silenciada que exige justicia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una profunda conmoción tras confirmar el feminicidio de Cinthia Manrique Miranda, estudiante de posgrado en la Facultad de Economía, reportada como desaparecida desde el 10 de abril. La comunidad universitaria, consternada, ha exigido justicia y castigo para quienes resulten responsables de este crimen.

Desde el momento en que se notificó su desaparición, la Facultad de Economía activó los protocolos establecidos para casos de personas no localizadas. Además de coordinarse con autoridades, la universidad mantuvo contacto constante con la familia de Cinthia, ofreciéndoles acompañamiento y asesoría jurídica.

“Los universitarios expresamos nuestra indignación frente al hecho y firme demanda para que la o las personas responsables de este crimen enfrenten la justicia”, señaló la UNAM en un comunicado difundido este miércoles.

La noticia provocó una inmediata reacción de solidaridad entre las distintas facultades y colectivos estudiantiles. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde Cinthia era egresada en Relaciones Internacionales, también se sumó al duelo y condena.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con su familia, sus amistades y con toda la comunidad que hoy enfrenta con dolor e indignación su pérdida”, manifestó la Facultad de Economía.

En redes sociales, profesores, estudiantes y egresados compartieron mensajes de duelo, enojo y exigencia de justicia. La voz de Cinthia, apagada de forma violenta, ha resonado como símbolo de una lucha que persiste dentro y fuera de las aulas: la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la ficha de búsqueda tras reportarse su desaparición en Naucalpan, Estado de México. Fue vista por última vez en la colonia Alce Blanco. Su caso se suma a los múltiples reportes que encienden las alarmas sobre la seguridad de las mujeres, incluso en contextos académicos.

La UNAM reafirmó su disposición a colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes y reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

La pérdida de Cinthia se convierte en un recordatorio urgente de la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México. La comunidad universitaria se mantiene en pie, unida por la memoria, la exigencia de justicia y el compromiso de no permitir que su historia quede impune.

Alzan la voz por la trágica muerte de fotoperiodistas en el incidente del Festival Ceremonia

Una tarde marcada por la memoria, la indignación y la exigencia de justicia se vivió el domingo 6 de abril en el Parque Bicentenario. Alrededor de las 17:30 horas, familiares, colegas y simpatizantes se reunieron en una protesta pacífica para rendir homenaje a los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández, quienes perdieron la vida tras el colapso de una estructura metálica durante el Festival Axe Ceremonia 2025. 

El trágico incidente ocurrió el sábado 5 de abril, durante el primer día de actividades del festival. Una figura metálica en forma de oso, instalada como parte del decorado, se desplomó cerca de las 18:00 horas. A pesar de los esfuerzos de los organizadores y los servicios de emergencia, las lesiones de los jóvenes periodistas resultaron fatales. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó el fallecimiento de ambos.

 

La explanada del parque se llenó de veladoras, flores, fotografías y pancartas con mensajes que exigían justicia y denunciaban condiciones laborales precarias para quienes ejercen el periodismo. Las voces del gremio y los familiares convergieron en una misma línea: negligencia por parte de la organización del evento y una preocupante falta de empatía y respuesta institucional.

 

Luis Javier, primo de Miguel Ángel, aseguró que los cuerpos de las víctimas aún no han sido vistos por sus familiares y denunció que la empresa Mr Indie, para la que trabajaban los fotoperiodistas, no ha tenido contacto directo con ellos, a pesar de haber publicado mensajes públicos de solidaridad.

 

La alcaldía Miguel Hidalgo, sede del evento, fue señalada también por omitir acciones inmediatas y eficaces tras el accidente. La falta de supervisión y de protocolos de seguridad adecuados generó un ambiente de frustración y desconfianza entre los asistentes y participantes del festival.

 

Compañeros de las víctimas subrayaron la urgencia de establecer normas claras para proteger a los trabajadores de prensa en espacios de alto riesgo como conciertos y festivales masivos. Se cuestionó la práctica de adaptar recintos no especializados para eventos multitudinarios, en lugar de utilizar espacios diseñados para garantizar la seguridad de todos.

 

La comunidad universitaria también se sumó al luto. La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, donde ambos cursaron la carrera de Comunicación y Periodismo, emitió un comunicado lamentando la pérdida y destacando la calidad humana y profesional de los jóvenes.

 

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. A más de 24 horas del suceso, Grupo ECO —empresa organizadora del festival— no ha emitido una declaración oficial, salvo un breve mensaje en redes. Su fundador, Diego Jiménez Labora, cerró su cuenta de Instagram y no ha hecho aparición pública desde entonces.

 

En el aire quedaron palabras que resonaron con fuerza en la protesta: “No es posible que por venir a cubrir una oportunidad o un sueño, uno no pueda regresar a casa.”

Exigen justicia ante nuevas fosas clandestinas y una crisis de desapariciones en México

La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado indignación y movilizaciones en todo el país. En el sitio se encontraron al menos 400 pares de zapatos y restos humanos, lo que ha intensificado el reclamo por justicia y acción gubernamental frente a la crisis de desapariciones en México.

En la Ciudad de México, manifestantes se congregaron en el Zócalo, donde realizaron un conteo de 400 en memoria de las víctimas y trazaron con velas un mapa simbólico del rancho. En otras ciudades, como Monterrey y Cancún, se llevaron a cabo vigilias y protestas. En esta última, madres buscadoras denunciaron la existencia de al menos siete cementerios clandestinos vinculados al crimen organizado, donde las lluvias han dejado expuestos restos humanos.

 

María Dolores Patrón Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que estos cementerios han sido identificados en Chetumal, Bacalar, Tulum, Bonfil, Villas Otoch, Leona Vicario y Kantunilkín. “Solo de dos fosas sabemos la cantidad exacta de personas encontradas: son 24”, afirmó.

 

Los colectivos de búsqueda han denunciado la omisión de las autoridades en la investigación de estos crímenes. La Red TDT exigió la apertura de expedientes para identificar los restos hallados en Teuchitlán y en otras fosas a nivel nacional. “No podemos seguir normalizando estos crímenes de lesa humanidad”,afirmaron. También alertaron que, desde 2011, al menos 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México por su labor de búsqueda.

 

En las manifestaciones, familiares de desaparecidos expresaron su desesperación y exigieron respuestas. Aurora Corona Rodríguez, madre de un joven desaparecido en Nuevo León, declaró: “Vivimos en un país de horror. Sufrimos su ausencia y nadie nos escucha”. Por su parte, Patricia de la Cruz, madre de otro desaparecido en Tamaulipas, criticó la postura gubernamental: “La presidenta dice que no han encontrado muchas cosas, pero no ha ido a ver la realidad”.

 

Según Amnistía Internacional, en México desaparecen alrededor de 30 personas diariamente. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la oposición de magnificar el hecho y ha prometido que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionará información sobre el caso en los próximos días.

 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de 120 mil personas desaparecidas desde la década de 1960, reflejando una crisis de derechos humanos que sigue sin resolverse.

México responde a Trump: tensión y unidad en el Congreso

La reciente imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump contra México desató una fuerte reacción en la Cámara de Diputados. En una sesión marcada por la tensión y la confrontación, legisladores de Morena y sus aliados tomaron la tribuna en defensa de la soberanía nacional y en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante la votación del dictamen para declarar el 2025 como el “Año de la Mujer Indígena”, diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) irrumpieron con pancartas y entonaron consignas de resistencia, manifestando su rechazo a las acciones de Trump. En la tribuna se desplegó una manta con la frase: “Trump, a México se la pelas”, en una clara muestra de indignación y desafío.

 

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, enfatizó que las medidas impuestas por Trump violan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y convocó a la unidad nacional para hacer frente a esta situación. Además, anunció que buscará el respaldo de parlamentos internacionales que también se vean afectados por este tipo de medidas comerciales.

 

Mientras tanto, diputados de la oposición expresaron su desacuerdo con la manifestación de Morena, lo que generó un ambiente de polarización en el recinto legislativo. Entre gritos de “narcogobierno”, algunos legisladores de la oposición decidieron abandonar el pleno, rompiendo el acuerdo previo de fijar posturas sobre los aranceles de Trump.

 

La sesión tomó un tono de mitin político cuando Monreal recordó que la división interna en el pasado permitió que “el traidor Victoriano Huerta” llegara al poder, llamando a evitar errores similares en la actualidad. En un gesto de respaldo a la mandataria mexicana, los legisladores de la 4T corearon “¡No estás sola!” y entonaron el himno nacional.

 

Monreal también reafirmó que la próxima medida del gobierno será la aplicación del llamado “Plan B”, una política arancelaria contra Estados Unidos en respuesta a las sanciones de Trump. “Respaldaremos todas las decisiones que tome la presidenta Sheinbaum”, concluyó el líder de Morena en medio de un ambiente de fervor patrio.

 

Este episodio refleja la creciente tensión entre México y Estados Unidos en el ámbito comercial y político, así como la determinación del Congreso mexicano por defender la soberanía nacional ante presiones externas.

¡Con los niños No! Protestas en Sinaloa escalan por el asesinato de la familia Sarmiento Ruiz

En Culiacán, Sinaloa, la indignación por el asesinato de Gael y Alexander Sarmiento Ruiz, de 12 y 9 años, respectivamente, junto a su padre, Antonio de Jesús Sarmiento, ha generado intensas protestas que este jueves derivaron en la irrupción al Palacio de Gobierno estatal. La movilización comenzó con una marcha pacífica organizada por colectivos, estudiantes, padres de familia y habitantes de la región, quienes portaban globos blancos, velas y pancartas con mensajes como “No más violencia” y “Con los niños no”. 

El asesinato de los menores ocurrió el pasado 19 de enero de 2025, cuando sujetos armados intentaron despojar a la familia de su vehículo. Antonio y su hijo Gael fallecieron en el lugar, mientras que Alexander, herido gravemente, murió días después en un hospital. Este hecho ha sido un punto de quiebre para los habitantes de Sinaloa, quienes han alzado la voz contra la creciente violencia en la entidad.

 

La protesta inicial, que partió desde la escuela primaria Sócrates, donde Alexander cursaba el cuarto año, culminó frente al Palacio de Gobierno. Entre consignas como “El pueblo unido jamás será vencido” y “¡Fuera Rocha!”, los manifestantes exigieron justicia por la familia Sarmiento Ruiz y reclamaron al gobernador Rubén Rocha por su supuesta omisión ante la violencia.

 

Una vez en el recinto gubernamental, un grupo de manifestantes rompió los vidrios de la entrada principal y, al avanzar al tercer piso, encontró una barricada que les bloqueaba el paso a las oficinas del mandatario. Durante el caos, un hombre golpeó una pared hasta perforarla, acción que fue celebrada por los presentes.

 

“¡Asesino, asesino, fuera Rocha!” gritaron los manifestantes al gobernador, a quien acusaron de ser indiferente ante la inseguridad que ha cobrado las vidas de niños inocentes. Estas expresiones se intensificaron luego de que el director de la escuela Sócrates, Víctor Aispuro, calificara al gobierno como “inepto” y “omiso”.

 

Horas antes de los disturbios, profesores y alumnos de la primaria Sócrates rindieron un homenaje a Alexander, llevando a cabo una ceremonia solemne en la que los niños portaron globos blancos en señal de luto. Posteriormente, marcharon por las calles principales de la ciudad exigiendo paz y justicia.

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de este acto violento que ha conmocionado a la sociedad sinaloense.

 

Esta escalada de protestas refleja un reclamo profundo de los ciudadanos hacia las autoridades: el fin de la violencia que ha arrebatado la tranquilidad de sus hogares y, sobre todo, la vida de sus hijos. “No podemos callar la violencia nos arranca a nuestros hijos”, se leía en uno de los carteles que sintetizaban el sentir de una comunidad herida.

Oaxaca exige justicia tras el asesinato del entrenador de los niños triquis, Rigoberto Martínez

La comunidad oaxaqueña y el ámbito deportivo de todo el país están de luto y consternación tras el asesinato del profesor y entrenador Rigoberto Martínez Sandoval, una figura emblemática que dedicó su vida a la formación de jóvenes indígenas triquis en el deporte y la educación. Este trágico suceso ha provocado indignación y un llamado urgente a la justicia en un estado donde la violencia se ha vuelto una alarmante constante.

 

El homicidio de Martínez Sandoval ocurrió el lunes frente a la escuela normal Lázaro Cárdenas en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el entrenador fue encontrado sin vida con heridas de bala cerca de las instalaciones escolares, donde día tras día dedicaba su tiempo y esfuerzo a formar a los jóvenes triquis, conocidos en todo el país por su disciplina en el baloncesto, un deporte en el que muchos de ellos destacaron bajo su guía.

 

Rigoberto Martínez Sandoval no solo fue un entrenador de baloncesto; fue el creador e impulsor del proyecto “Niños descalzos de la montaña”, una iniciativa que buscaba ofrecer a los jóvenes indígenas una alternativa de vida a través del deporte y la educación. Este programa promovía el lema “Primero la escuela, segundo el basquetbol“, destacando la importancia de la formación académica junto al desarrollo deportivo.

 

El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, así como la estancia infantil Carrusel del Istmo, expresaron su dolor por la pérdida de Martínez en redes sociales. “Hoy despedimos a un gran mentor y amigo, recordando su legado de compromiso y amor por la educación y el deporte”, compartió la institución educativa. Este mensaje resume el impacto de su labor en una comunidad en la que Martínez era una figura respetada y admirada.

 

La FGE desplegó un equipo multidisciplinario en Putla Villa de Guerrero para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen. Sin embargo, el temor y la incertidumbre crecen en la región, donde los homicidios se han convertido en un alarmante problema de seguridad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca registró 1,726 homicidios de enero a septiembre de 2024, una cifra que revela la grave situación de violencia que afecta a esta entidad.

 

En señal de protesta y para exigir justicia, miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) se congregaron frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca, clamando por el esclarecimiento de este homicidio y otros que han afectado a su comunidad. “No podemos permitir que sigan arrebatándonos a nuestros líderes y compañeros. Rigoberto no solo era un entrenador, era un guía para nuestros niños”, expresó uno de los manifestantes.

 

El asesinato de Rigoberto Martínez Sandoval representa una profunda pérdida para su comunidad, donde su dedicación y pasión no solo inspiraron a jóvenes atletas, sino también a las familias y maestros que veían en él un ejemplo a seguir. Su legado queda marcado por una enseñanza basada en el respeto y la disciplina, y su muerte deja un vacío difícil de llenar en el proyecto que con tanto esfuerzo construyó.

Protesta purépecha genera bloqueos en Michoacán por justicia y memoria de desaparecidos

La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.

 

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.

 

Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.

 

“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.

 

El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

 

Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.

 

La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.

Familias de los 43 de Ayotzinapa se Reúnen con AMLO, Persisten Demandas de Justicia

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La reunión estuvo marcada por la persistente tensión respecto a la participación del Ejército en el caso.

Durante el último año, López Obrador ha defendido consistentemente que no hay pruebas que impliquen a las fuerzas armadas en la desaparición de los estudiantes, reiterándolo en sus conferencias mañaneras y en un informe entregado a los padres la semana pasada.

Sin embargo, los familiares de los estudiantes volvieron a expresar su frustración por la falta de resultados claros y la ausencia de una investigación exhaustiva sobre la actuación de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“El gobierno y el presidente siguen protegiendo al Ejército, y eso nos indigna porque no se está investigando a las fuerzas armadas; siguen sin entregar toda la documentación del caso”, declaró una de las madres al término de la reunión.

Un punto clave para los familiares es la exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue 800 documentos de inteligencia militar identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) antes de su salida del país el verano pasado. Estos documentos no han sido entregados bajo el argumento de que algunos son irrelevantes, otros clasificados, y algunos no están fechados antes de la desaparición.

“El presidente se ha burlado de nosotros. Él firmó un decreto presidencial comprometiéndose a resolver el caso Ayotzinapa, y hasta hoy no sabemos la verdad ni hay justicia. Está dejando el caso en la impunidad”, acusó otra de las madres.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, comentó que no tenían grandes expectativas en el encuentro con el presidente, dado que López Obrador ha mantenido su postura de que el Ejército no participó en el caso.

El pasado viernes, en su habitual conferencia, López Obrador reiteró que no hay pruebas que impliquen a los militares. “Si no hay pruebas, no las voy a inventar”, dijo.

Las esperanzas ahora están puestas en Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, quien se reunió con los padres a las 3 de la tarde en el Museo de la Ciudad de México. Los familiares entregaron un documento de 8 páginas refutando el informe de López Obrador y insistiendo en la necesidad de investigar la participación del Ejército.

“Esperamos que Claudia tenga más empatía con los padres y madres del caso Ayotzinapa, y que también tenga más credibilidad que López Obrador y quiera investigar a fondo el caso”, expresó Mario, padre de uno de los 43 normalistas, durante un evento cultural el pasado viernes.

Normalistas Protestan Ante la Fiscalía Tras Fuga de Policía y Generan Caos en Guerrero

Una situación de caos y tensión se ha desatado frente a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, donde un grupo de normalistas ha protagonizado una protesta tras la confirmación de la fuga de un policía implicado en un caso de homicidio. Reportes preliminares indican que los manifestantes han lanzado artefactos explosivos, provocando incendios en vehículos estacionados.

La protesta surge como respuesta al escape de un miembro de la Policía Estatal de Guerrero, quien se encontraba bajo arresto administrativo por su presunta participación en el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, un joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresan su indignación y exigen justicia frente a la impunidad que rodea este caso. Según medios locales, la presencia de los normalistas desencadenó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, obligando al desalojo de las oficinas de la Fiscalía y del Palacio de Gobierno para resguardar la integridad de los servidores públicos.

En medio de la protesta, varios vehículos estacionados en la Fiscalía fueron consumidos por el fuego, producto de las detonaciones de artefactos explosivos lanzados por los manifestantes. Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de humo y llamas que se elevan desde el lugar de los disturbios.

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones, los reportes señalan que los agentes se replegaron ante el avance de los manifestantes, lo que dejó a las instalaciones de la Fiscalía en un estado de vulnerabilidad.

La situación continúa siendo fluida y en evolución, con la llegada de más autobuses con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para sumarse a la protesta. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre los acontecimientos y no se han reportado heridos como resultado de los enfrentamientos.

El clima de tensión y la incertidumbre persisten en Guerrero, donde la sociedad civil demanda respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas. La protesta de los normalistas es un recordatorio del profundo malestar y la desconfianza que prevalecen en la región frente a la falta de seguridad y la impunidad que amenazan el tejido social.