Etiqueta: Mesa Directiva

La Cámara de Diputados definió al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras un proceso legislativo que culminó durante la madrugada de este martes con la votación del pleno. Luego de la revisión de perfiles y la integración de una terna final, los legisladores eligieron con 472 votos a favor a Aureliano Hernández Palacios Cardel como responsable del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales durante el periodo 2026-2034.

El proceso comenzó previamente en la Comisión de Vigilancia de la ASF, instancia que evaluó a los aspirantes y seleccionó a los tres perfiles mejor calificados para enviar la propuesta final a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. La terna quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Con esa propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados inició el procedimiento formal de elección. Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, dio inicio al proceso de votación a las 2:25 de la madrugada mediante el sistema de cédula.

Los legisladores se formaron a un costado del salón de sesiones para emitir su voto individual, el cual fue depositado en una urna transparente instalada en el recinto parlamentario. Uno a uno, los diputados acudieron a registrar su decisión mientras se desarrollaba el conteo correspondiente.

Durante la jornada de votación también se realizaron gestiones políticas dentro del recinto legislativo. El cabildeo de los secretarios de los distintos grupos parlamentarios fue encabezado por Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien operó el respaldo en favor de Hernández Palacios.

Al concluir el escrutinio, la Mesa Directiva informó el resultado final de la elección. Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo 472 votos, cifra que superó ampliamente la mayoría calificada requerida de dos terceras partes de los legisladores presentes.

En la misma votación, Luis Miguel Martínez Anzures obtuvo seis sufragios, mientras que Elizabeth Barba Villafán, funcionaria de la Fiscalía General de la República y única mujer de la terna, recibió menos votos. También se registraron dos votos nulos durante el proceso.

Tras confirmar el resultado, la presidencia de la Cámara de Diputados anunció que Hernández Palacios asumirá el cargo a partir del 15 de marzo, fecha en la que iniciará formalmente su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

El nuevo titular sustituirá a David Colmenares, quien concluye su periodo de ocho años al frente del órgano fiscalizador. Posteriormente, la Mesa Directiva designó una comisión de legisladores encargada de acompañar al funcionario electo para rendir protesta ante el pleno.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es economista y es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México a partir de enero de 2022.

Con esta votación, la Cámara de Diputados definió al funcionario que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante los próximos ocho años, organismo responsable de revisar las cuentas públicas y supervisar el ejercicio del gasto federal.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fijó una postura crítica frente a la posibilidad de impulsar una reforma electoral que concentre la vida política del país en un solo partido. De manera directa, afirmó que un esquema en el que México “quepa bajo el manto de una sola sigla” constituye “simple y sencillamente un planteamiento autoritario”.

Tras sostener una reunión privada con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Córdova subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe partir del reconocimiento de que México es “un país plural y diverso” y que las instituciones democráticas deben ser “la casa de todas y todos”. En ese sentido, sostuvo que una reforma construida bajo esos principios representa la principal garantía para que la democracia continúe desarrollándose.

El ex titular del INE precisó que, aunque forma parte de una comisión impulsada por la organización Somos México, no milita ni ha militado en partido político alguno. Aclaró que su participación se da desde una posición independiente y reiteró que, como expresidente del órgano electoral, considera que no debe integrarse a ninguna fuerza partidista.

Durante su intervención, Córdova volvió a señalar que la asignación de diputaciones plurinominales realizada el año pasado derivó en una mayoría que calificó como artificial. Recordó que, desde la reforma electoral de 1996, se estableció que las modificaciones constitucionales debían ser producto del consenso entre distintas fuerzas políticas y no de una sola.

En contraste, afirmó que por primera vez en tres décadas se configuró una mayoría calificada que permite a las fuerzas oficialistas modificar la Constitución sin acuerdos amplios, situación que atribuyó a cambios en los criterios de asignación de legisladores de representación proporcional.

En el mismo espacio, el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, planteó la necesidad de revisar el modelo de representación en el Congreso de la Unión bajo el principio de proporcionalidad directa: “tantos votos, tantos lugares en la Cámara”. Como ejemplo, expuso que una coalición que obtuvo alrededor del 54 por ciento de los votos terminó ocupando cerca del 75 por ciento de las curules, mientras que el bloque opositor, con aproximadamente 44 por ciento de la votación, quedó reducido a una cuarta parte de la representación legislativa.

Acosta Naranjo también se refirió a la propuesta de reforma electoral impulsada por la llamada Cuarta Transformación y expresó su preocupación por la intención de contar con un árbitro electoral identificado con una sola fuerza política. Recalcó que el árbitro debe ser imparcial y ajeno a ideologías partidistas, guiado únicamente por valores democráticos universales.

Finalmente, criticó que la discusión sobre temas electorales se haya planteado desde la Secretaría de Gobernación y no desde el Poder Legislativo. Reafirmó que la Cámara de Diputados es el espacio natural para ese debate y adelantó que la próxima semana entregarán formalmente un documento con su propuesta de reforma electoral a la presidencia de la Cámara.

La sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso estuvo marcada por la exclusión del debate sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Con el respaldo de su mayoría, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) determinaron que la agenda se limitara a un pronunciamiento sobre la relación Venezuela–Estados Unidos, dejando fuera cualquier discusión relacionada con la tragedia ferroviaria.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, informó que la Mesa Directiva aprobó abordar “única y exclusivamente” el tema internacional, decisión que impidió presentar un posicionamiento institucional sobre el accidente. La propuesta para emitir dicho pronunciamiento había sido planteada previamente por la propia legisladora en una reunión privada, sin que prosperara.

Ante la negativa, legisladores de oposición presentaron por separado puntos de acuerdo para exigir investigaciones formales. El diputado del PAN, Daniel Chimal, propuso la creación de una comisión especial “para que se investigue hasta el último funcionario que tenga las manos manchadas de sangre de parte de las víctimas de esta tragedia”. En la misma línea, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, solicitó una indagatoria “autónoma, independiente e imparcial” que permita conocer con precisión lo ocurrido y garantice justicia para las víctimas.

Desde el PRI, el diputado Samuel Palma adelantó que su bancada impulsará la comparecencia de los funcionarios involucrados en la construcción del Tren Interoceánico. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado anomalías en el proyecto y subrayó la necesidad de que esos señalamientos se ventilen públicamente.

Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó un punto de acuerdo para manifestar el rechazo a acciones unilaterales que contravengan el derecho internacional, con énfasis en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, en referencia al contexto venezolano.

En tribuna, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, reiteró que su bancada defiende la soberanía de México, pero rechazó cualquier respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que la postura panista es impulsar elecciones libres y democráticas en Venezuela para que sea la voluntad popular la que defina a su gobierno.

En el mismo discurso, Anaya vinculó el debate internacional con la exigencia de responsabilidades por el descarrilamiento. Exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “dé la cara” a las familias de las 14 víctimas y explique presuntos señalamientos de corrupción y supervisión en la obra del Tren Interoceánico, incluidos dichos atribuidos a familiares relacionados con la calidad de los materiales utilizados.

La sesión también evidenció tensiones adicionales cuando el senador priista Ángel García cuestionó la falta de una convocatoria a sesión extraordinaria para autorizar el ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras del territorio mexicano a partir del 12 de enero.

La bancada mayoritaria guardó silencio ante la exigencia de aclarar si dichos movimientos cuentan con autorización del Senado, conforme al orden constitucional y la división de poderes.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.

El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.

La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.

Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

Con 435 votos a favor y apenas 4 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año de la LXVI Legislatura. La legisladora de Acción Nacional rindió protesta en medio de aplausos y gritos de “¡presidenta, presidenta!” por parte de su bancada.

La elección de López pone fin a dos días de incertidumbre legislativa, luego de que Morena retirara el veto que había sostenido en su contra y aceptara respaldar su nombramiento. Con ello, se disipó el riesgo de una crisis constitucional en San Lázaro.

En su primer mensaje desde la tribuna, la nueva presidenta agradeció el apoyo de los seis grupos parlamentarios y adelantó que su gestión estará basada en la “institucionalidad republicana”. Aseguró que respetará las mayorías y las minorías, y que representará la unidad en la pluralidad.

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

• Presidencia: Kenia López Rabadán (PAN)
• Primera Vicepresidencia: Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena)
• Segunda Vicepresidencia: Paulina Rubio Fernández (PAN)
• Tercera Vicepresidencia: Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM)
• Como secretarios fueron designados Julieta Villalpando (Morena), Alan Sahir Márquez (PAN), Nayeli Arlen Fernández (PVEM), Magdalena Núñez Monreal (PT), Fuensanta Guerrero (PRI) y Laura Ballesteros (MC).

El nombramiento se dio tras un acuerdo alcanzado en la Junta de Coordinación Política, donde los líderes de todas las bancadas celebraron la decisión unánime. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, destacó que se trató de un ejercicio político que envía un mensaje de unidad al país.

La legisladora encabezará los trabajos de la Cámara de Diputados del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, en línea con la rotación anual de la presidencia que marca el reglamento. Durante este periodo tendrá la responsabilidad de conducir las sesiones del pleno, coordinar comisiones, representar a la Cámara ante otros poderes y supervisar el funcionamiento del recinto legislativo.

La panista Kenia López Rabadán, nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dejó en claro que ella representará con institucionalidad su nuevo encargo en San Lázaro.

“Me toca a mi hoy representar a la Cámara de Diputados y lo haré de manera legal institucional y por supuesto honorable”, expresó López Rabadán.

La nueva presidencia llega en un momento clave para la agenda legislativa. En la próxima sesión ordinaria se discutirá la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca facultar al Congreso para expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión. Esta legislación homologaría el tipo penal en todo el país y endurecería las sanciones contra modalidades como el “cobro de piso”.

La elección también garantiza la continuidad de los trabajos legislativos tras el cierre del periodo encabezado por Sergio Gutiérrez Luna. La alternancia en la Mesa Directiva permite que distintas fuerzas políticas conduzcan la Cámara, lo que fortalece la pluralidad democrática y promueve acuerdos en un escenario de diversidad parlamentaria.

Kenia López Rabadán inició su trayectoria política en el PAN en 1996, después de haber trabajado como capacitadora electoral en el entonces Instituto Federal Electoral. A los 17 años tuvo su primera experiencia laboral vendiendo aspiradoras, empleo en el que pronto destacó por su desempeño. Dentro de Acción Nacional ha sido consejera nacional y miembro del Consejo Técnico de Cultura del CEN.

La diputada tendrá la misión de conducir la LXVI Legislatura en un año con una agenda intensa en materia política, económica y social, asegurando la coordinación entre los distintos grupos parlamentarios y la representación institucional de la Cámara de Diputados frente al país y al exterior.

La bancada de Morena llega dividida a la votación de este domingo en la Cámara de Diputados para elegir a la nueva presidencia de la Mesa Directiva, mientras crece la tensión por el veto a figuras del PAN y el riesgo de un posible bloqueo legislativo.

Tras una discusión de más de tres horas, los legisladores de Morena aceptaron por mayoría que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupe la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, el ala dura del partido guinda vetó a seis diputados panistas, encabezados por Kenia López Rabadán, propuesta rechazada por Dolores Padierna bajo el argumento de evitar “que ofenda a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La lista de vetados también incluyó al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien había sido considerado para permanecer como vicepresidente en la Mesa Directiva de Morena. Según relataron diputados, la dirigencia nacional del partido pidió directamente a Padierna y a otros inconformes, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, que Gutiérrez Luna quedara fuera de cualquier cargo en la nueva mesa.

Al cierre de la plenaria, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “la bancada está muy sensata”, después de escuchar a más de 60 oradores que defendieron y cuestionaron la entrega de la presidencia al PAN. Explicó que el acuerdo consiste en respetar al blanquiazul, pero todavía no hay definición sobre la persona que encabezará la mesa: “El acuerdo es respetar al PAN en la Mesa Directiva, pero la persona que encabece, o la persona que se proponga es lo que estamos revisando, en una amigable relación”.

Durante las negociaciones, Monreal sostuvo encuentros individuales con más de 100 diputados de Morena en el Auditorio Aurora Jiménez, acompañado del coordinador de operación política, Pedro Haces Barba. Por su parte, el coordinador panista, José Elías Lixa, consultó con el dirigente nacional Jorge Romero, quien respaldó la postulación de López Rabadán, al recordar que ya había ocupado la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

“Para evitar confusiones, sostengo personalmente que se debe respetar la ley, y en este sentido sostengo que la presidencia debe quedar en manos del PAN, como segunda fuerza”, afirmó Lixa.

Monreal adelantó que todavía faltan acuerdos para lograr la mayoría calificada que garantice la elección, al advertir que la indefinición podría extenderse. “No se ha definido, todavía no hay la definición sobre la presidencia de la mesa directiva, será mañana un día pesado también”, comentó.

El líder morenista recordó además que la ley no contempla una salida clara si, después de cinco días, no se alcanza la votación de dos terceras partes del pleno. En ese escenario, advirtió, podría detonarse una crisis constitucional: “Después de ese día, todo lo que apruebe la Cámara de Diputados no tendrá validez”.

La senadora Laura Itzel Castillo fue elegida por unanimidad como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, cargo que asumirá a partir del 1 de septiembre de 2025. El nombramiento se realizó durante la Tercera Sesión Plenaria de Senadores de Morena, llevada a cabo en la histórica casona de Xicoténcatl, en el centro de la Ciudad de México.

En su primer mensaje como presidenta electa del Senado, Castillo aseguró que trabajará “con institucionalidad y sin declinar a mis principios”, al tiempo que refrendó su compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con las iniciativas que enviará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora enfatizó que su labor estará marcada por el respeto al reglamento de la Cámara Alta, y confió en que la oposición también se sujete a las reglas para construir consensos en beneficio del país. “Yo considero que la política debe de ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y que puede haber discusiones muy fuertes, pero lo importante es que haya respeto”, afirmó.

Castillo subrayó que no renunciará a su trayectoria de izquierda, y destacó que la conducción del Senado será institucional, sin perder de vista los principios que la han acompañado en su vida política. “Yo voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, reiteró.

Uno de los aspectos que celebró durante la plenaria fue la integración de la nueva Mesa Directiva del Senado, compuesta en su totalidad por mujeres. Morena propuso a la presidencia, vicepresidencia y las dos secretarías para ser ocupadas exclusivamente por legisladoras, lo que consideró un logro histórico. “Con mucho orgullo somos puras mujeres la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de Morena, porque somos la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías integradas por puras mujeres, por lo que orgullosamente podemos decir que efectivamente es tiempo de mujeres”, destacó.

La senadora también expresó su agradecimiento por el respaldo y reconocimiento que recibió tras su elección, especialmente por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien comparte una trayectoria de lucha social. “Agradezco mucho las palabras de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, la conozco desde hace muchos años porque venimos del propio movimiento que se gestó ahora con el movimiento, somos luchadoras sociales. Te agradezco en todo lo que vale las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum por lo que representa”, señaló.

Con su nombramiento, Laura Itzel Castillo se prepara para encabezar los trabajos legislativos en un periodo que estará marcado por debates clave y la definición de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado.

Tras medio año de espera desde el término del periodo de sus anteriores integrantes, el Senado de la República abrió finalmente la convocatoria para elegir a las 13 personas que conformarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este Consejo se compone por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas reconocidos en derechos humanos, búsqueda de personas o persecución de delitos, y cuatro representantes de organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Esta distribución está respaldada por el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Desde diciembre del año pasado, concluyeron sus funciones Juan Bautista Andalón, Juan Carlos Lozada Delgadillo, Maribel Enciso Olguín, Virginia Garay Cázares, Martín Villalobos Valencia, Álvaro Hartos, Liliana Candelario Cardoso, Roxana Enríquez Parias, Zoraida García Castillo, Rafael Heredia Aguilar, Sonia Josefina Torres Hernández, Brayan Alberto Jove Vázquez y Valentina Peralta Puga, dejando vacantes los espacios en este órgano clave.

En respuesta, el Senado lanzó un llamado a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, activistas, instituciones académicas y ciudadanía en general para proponer a quienes podrían integrar este Consejo Nacional. El proceso busca reunir perfiles con experiencia, compromiso y solvencia moral para enfrentar una de las problemáticas más sensibles del país.

La recepción de postulaciones se realizará del lunes 21 al viernes 25 de julio, a través de un micrositio en la página oficial del Senado. Los documentos requeridos incluyen currículum, carta de petición, carta de idoneidad, acta de nacimiento, identificación oficial y constancia de no haber sido sancionado ni estar en proceso administrativo o penal.

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos serán responsables de publicar las versiones públicas de los documentos de cada candidatura en la Gaceta del Senado, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

El 30 de julio se definirá el formato y la metodología para la evaluación de las candidaturas, y el viernes 15 de agosto se presentará el dictamen correspondiente ante la Junta de Coordinación Política. Este dictamen incluirá a quienes cumplan con los requisitos y sean considerados elegibles para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará un acuerdo que será enviado a la Mesa Directiva, para que la propuesta final sea sometida a votación nominal en el pleno del Senado. La designación requerirá mayoría absoluta de los senadores presentes.