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La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, quedó concluido después de que las personas afectadas aceptaran un mecanismo de reparación integral del daño. De acuerdo con la institución, esta decisión implicó la extinción de la acción penal relacionada con el caso.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el acuerdo fue aceptado por 145 víctimas, quienes recibieron compensaciones de manera inmediata. El grupo está conformado por 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes. La funcionaria explicó que este tipo de mecanismos están contemplados en el marco constitucional y legal, y permiten ofrecer una salida que prioriza la reparación para quienes resultaron afectados.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, dijo.

La fiscal también reiteró que, tras las investigaciones, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy. Asimismo, subrayó que la institución empleó sus capacidades para esclarecer los hechos y atender a las víctimas. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, agregó.

El descarrilamiento ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando el Tren Interoceánico circulaba por la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Marina informó que en el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El convoy estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 13 personas murieron en el lugar, mientras que 93 resultaron heridas. Días después, se reportó el fallecimiento de una persona más que había sido trasladada para recibir atención médica, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 14.

Con la aceptación del acuerdo por parte de las personas afectadas, la Fiscalía señaló que se formalizó la conclusión del procedimiento penal, al considerarse cumplidas las condiciones para la reparación integral del daño derivado del accidente ferroviario.

Las autoridades de Sonora ampliaron la investigación relacionada con la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa, luego de confirmarse dos nuevas muertes vinculadas al mismo tratamiento, con lo que el número total de víctimas ascendió a cuatro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que los casos comparten un antecedente común: todos los pacientes recibieron soluciones administradas y recetadas por el mismo médico en Hermosillo.

El avance más reciente de la indagatoria se dio este jueves, cuando la fiscalía confirmó el fallecimiento de dos personas adicionales, sumándose a los dos casos reportados previamente. El 1 de abril, la institución había anunciado la apertura formal de la investigación tras la muerte de dos hombres, padre e hijo, quienes presuntamente se sometieron a este tipo de tratamiento intravenoso.

Con la actualización del caso, la fiscalía indicó que se han recibido cuatro denuncias formales relacionadas con la muerte de dos hombres y dos mujeres. Según las autoridades, todas las víctimas coincidían en haber recibido sueros vitaminados mezclados y administrados bajo indicación del mismo profesional de la salud.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el caso. Durante esta acción, se aseguraron diversos materiales, entre ellos expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables y otros insumos que ahora forman parte de la evidencia bajo análisis.

La Fiscalía detalló que estos objetos serán examinados con el fin de determinar las circunstancias en las que fueron administrados los sueros y establecer si existió una posible mala práctica médica. En ese sentido, también se informó que se realizarán estudios especializados a las víctimas.

“Las muestras de tejidos de las personas fallecidas serán sometidas a los análisis histopatológicos correspondientes por parte del servicio especializado de patología del sector público en el estado de Sonora, para determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los mencionados sueros”, señaló la FGJES.

Las autoridades sanitarias del estado activaron un sistema de vigilancia para detectar posibles casos adicionales. No obstante, la fiscalía precisó que, hasta el momento, “no existen más personas afectadas” relacionadas con el suministro de estos sueros.

Además, la institución confirmó que ya se tiene identificada a una persona presuntamente involucrada en los hechos. Sin embargo, la identidad no fue revelada debido a que las investigaciones continúan en curso.

La indagatoria sigue abierta mientras las autoridades analizan la evidencia asegurada y esperan los resultados de los estudios especializados que permitirán esclarecer las causas de los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades.

Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

El número de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, aumentó a 14 tras confirmarse la muerte de una pasajera que permanecía hospitalizada desde el día del accidente. La víctima fue identificada como Hilda Alcántara, mujer de 73 años de edad, cuyo deceso se registró la mañana de este jueves 1 de enero, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación.

Tras el siniestro ferroviario, Hilda Alcántara fue trasladada inicialmente a la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En ese centro hospitalario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió la tarde del lunes para sostener un encuentro con familiares de las víctimas del accidente.

Posteriormente, la paciente fue referida a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional del IMSS-Bienestar, donde fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas de urgencia como consecuencia de las heridas provocadas por el descarrilamiento. Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se mantuvo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Marina expresó: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”. La dependencia reiteró que continúa el trabajo conjunto entre instancias federales para brindar acompañamiento a las personas afectadas por este hecho.

De acuerdo con los reportes oficiales, 13 personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que más de 100 resultaron lesionadas. Al 29 de diciembre, se mantenía el registro de 34 personas hospitalizadas, entre ellas Hilda Alcántara, quien se encontraba en estado grave.

Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y adultos mayores. Las autoridades identificaron a Elena, de seis años; Luisa Camila, de 15; así como al periodista Israel Enrique Gallegos Soto. También figuran en la lista de personas fallecidas María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65; Inés Alvarado Rojas, de 57; Amada Rasgado Lázaro, de 70; Patricia Medina Pérez, de 49; María Luisa Pasaron González, de 66; Raúl López Cruz, de 67; Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63, y Honoria Medina Pérez, de 56 años.

En el ámbito de la atención a las víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que se otorgará un apoyo económico inicial de 30 mil pesos tanto a las familias de las personas fallecidas como a quienes resultaron heridas. Asimismo, precisó que el proceso de reparación del daño se llevará a cabo a través de la aseguradora correspondiente al Tren Interoceánico, conforme a los procedimientos establecidos.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

En Tabasco, las declaraciones del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, marcaron un punto de tensión en el análisis oficial sobre la desaparición de personas en la entidad. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario afirmó que algunos de los casos reportados no responden necesariamente a un crimen, sino a situaciones que, según sus palabras, ocurren cuando las víctimas “andaban de parranda”.La frase, expresada literalmente durante su intervención, generó inmediata atención por la forma en que se explicó un fenómeno de alto impacto social.

El secretario presentó ante legisladores el balance actualizado de personas desaparecidas en el estado, donde existe un registro acumulado de 4 mil 807 casos. De ese total, 2 mil 771 personas han sido encontradas a lo largo de distintos periodos administrativos. 

En ese contexto, López Obrador comentó: “Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’”.

Al mismo tiempo, destacó que durante el primer año de gobierno de Javier May Rodríguez se han localizado 215 personas, resultado que el funcionario presentó como uno de los avances más relevantes del periodo. Añadió que, aun cuando las búsquedas no concluyen con vida, los familiares valoran la recuperación de restos. “Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura”, afirmó ante los legisladores.

El panorama actual muestra que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 mil 46 personas permanecen sin ser ubicadas en Tabasco hasta el 18 de noviembre de 2025. En ese mismo periodo, el primer año de la actual administración estatal contabiliza 369 nuevos reportes de desaparición.

El tema de las personas no localizadas adquirió mayor visibilidad tras el hallazgo de dos fosas clandestinas el 27 de marzo, localizadas en un rancho presuntamente abandonado en Macuspana, municipio que también es lugar de origen de los hermanos López Obrador. El hallazgo reforzó la demanda social por investigaciones exhaustivas y mecanismos más sólidos de búsqueda en la región.

El informe ante el Congreso y las expresiones del secretario reactivaron la discusión sobre la manera en que las autoridades abordan la desaparición de personas en Tabasco, un asunto que continúa en el centro del interés público por su complejidad y por el impacto directo en cientos de familias de la entidad.