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Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

El número de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, aumentó a 14 tras confirmarse la muerte de una pasajera que permanecía hospitalizada desde el día del accidente. La víctima fue identificada como Hilda Alcántara, mujer de 73 años de edad, cuyo deceso se registró la mañana de este jueves 1 de enero, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación.

Tras el siniestro ferroviario, Hilda Alcántara fue trasladada inicialmente a la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En ese centro hospitalario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió la tarde del lunes para sostener un encuentro con familiares de las víctimas del accidente.

Posteriormente, la paciente fue referida a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional del IMSS-Bienestar, donde fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas de urgencia como consecuencia de las heridas provocadas por el descarrilamiento. Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se mantuvo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Marina expresó: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”. La dependencia reiteró que continúa el trabajo conjunto entre instancias federales para brindar acompañamiento a las personas afectadas por este hecho.

De acuerdo con los reportes oficiales, 13 personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que más de 100 resultaron lesionadas. Al 29 de diciembre, se mantenía el registro de 34 personas hospitalizadas, entre ellas Hilda Alcántara, quien se encontraba en estado grave.

Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y adultos mayores. Las autoridades identificaron a Elena, de seis años; Luisa Camila, de 15; así como al periodista Israel Enrique Gallegos Soto. También figuran en la lista de personas fallecidas María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65; Inés Alvarado Rojas, de 57; Amada Rasgado Lázaro, de 70; Patricia Medina Pérez, de 49; María Luisa Pasaron González, de 66; Raúl López Cruz, de 67; Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63, y Honoria Medina Pérez, de 56 años.

En el ámbito de la atención a las víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que se otorgará un apoyo económico inicial de 30 mil pesos tanto a las familias de las personas fallecidas como a quienes resultaron heridas. Asimismo, precisó que el proceso de reparación del daño se llevará a cabo a través de la aseguradora correspondiente al Tren Interoceánico, conforme a los procedimientos establecidos.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

En Tabasco, las declaraciones del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, marcaron un punto de tensión en el análisis oficial sobre la desaparición de personas en la entidad. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario afirmó que algunos de los casos reportados no responden necesariamente a un crimen, sino a situaciones que, según sus palabras, ocurren cuando las víctimas “andaban de parranda”.La frase, expresada literalmente durante su intervención, generó inmediata atención por la forma en que se explicó un fenómeno de alto impacto social.

El secretario presentó ante legisladores el balance actualizado de personas desaparecidas en el estado, donde existe un registro acumulado de 4 mil 807 casos. De ese total, 2 mil 771 personas han sido encontradas a lo largo de distintos periodos administrativos. 

En ese contexto, López Obrador comentó: “Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’”.

Al mismo tiempo, destacó que durante el primer año de gobierno de Javier May Rodríguez se han localizado 215 personas, resultado que el funcionario presentó como uno de los avances más relevantes del periodo. Añadió que, aun cuando las búsquedas no concluyen con vida, los familiares valoran la recuperación de restos. “Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura”, afirmó ante los legisladores.

El panorama actual muestra que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 mil 46 personas permanecen sin ser ubicadas en Tabasco hasta el 18 de noviembre de 2025. En ese mismo periodo, el primer año de la actual administración estatal contabiliza 369 nuevos reportes de desaparición.

El tema de las personas no localizadas adquirió mayor visibilidad tras el hallazgo de dos fosas clandestinas el 27 de marzo, localizadas en un rancho presuntamente abandonado en Macuspana, municipio que también es lugar de origen de los hermanos López Obrador. El hallazgo reforzó la demanda social por investigaciones exhaustivas y mecanismos más sólidos de búsqueda en la región.

El informe ante el Congreso y las expresiones del secretario reactivaron la discusión sobre la manera en que las autoridades abordan la desaparición de personas en Tabasco, un asunto que continúa en el centro del interés público por su complejidad y por el impacto directo en cientos de familias de la entidad.

Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa aún no ha comenzado, pues dependerá del tiempo que tomen las negociaciones entre los afectados y la empresa propietaria del vehículo.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal detalló que el proceso de compensación se encuentra en etapa de análisis y que la institución ha asignado personal especializado para acompañar y asesorar a las víctimas en los diálogos con los representantes legales de la compañía.

“Esto va a depender de la salida por la que opten las víctimas en este caso. Estamos investigando delitos culposos, tanto homicidios culposos, lesiones culposas y daños materiales culposos. Estos delitos permiten, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas salidas; una de ellas, efectivamente, es la mediación y los acuerdos reparatorios”, explicó Alcalde Luján.

El siniestro dejó hasta el momento 31 personas fallecidas y 53 lesionadas, de las cuales nueve permanecen hospitalizadas. Además, decenas de viviendas y vehículos resultaron afectados por la explosión y el incendio posterior.

La fiscal indicó que el monto de la reparación económica se definirá con base en estudios psicológicos, peritajes sociales y evaluaciones del daño moral realizado a cada una de las víctimas, así como en los casos de fallecimiento o discapacidad permanente. “El daño moral se calcula también en relación con las periciales en psicología, lo que tiene que ver con el proyecto de vida, cómo fue afectado el proyecto de vida y, muy importante, con el lucro cesante”, señaló.

Explicó que el lucro cesante corresponde al monto que las víctimas o sus familiares dejaron de percibir a causa del accidente. “En el caso sobre todo de los fallecimientos o donde hay lesiones que invalidan por completo a las personas y ya no pueden trabajar, se hace un cálculo a partir de lo que la persona fallecida hubiera ganado en su vida laboral”, puntualizó.

Bertha Alcalde agregó que los acuerdos reparatorios pueden alcanzarse durante la etapa inicial de la investigación, sin necesidad de que exista una imputación formal ante un juez. “En los acuerdos reparatorios no es necesario ni siquiera que se haga como tal una imputación frente a un juez, sino que, en la etapa de investigación inicial, se puede llegar a un acuerdo a partir de lo que decidan las partes”, subrayó.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la empresa propietaria de la pipa y de los operadores involucrados en el siniestro, mientras continúa el acompañamiento psicológico y legal a los afectados.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la ceremonia solemne en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. A las 07:15 horas salió de Palacio Nacional para dirigirse a la plancha del Zócalo capitalino, donde se realizó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.

En punto de las 07:19 horas, hora exacta en la que inició el terremoto de 1985, se desarrolló el acto oficial en presencia de integrantes del gabinete federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Morales; y el de Seguridad, Omar García Harfuch. También asistieron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La ceremonia incluyó el Canto a la Bandera interpretado por la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguido del toque militar Silencio en memoria de quienes perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre. Posteriormente, se rindieron honores al lábaro patrio.

Tras concluir el acto, Sheinbaum regresó a Palacio Nacional para encabezar su conferencia de prensa matutina. Este 19 de septiembre marcó el 40 aniversario del sismo de 1985 y el octavo del de 2017.

Como parte de la conmemoración, a las 12:00 horas se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2025, cuyo objetivo fue fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante una emergencia. El escenario planteado fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que activó protocolos de evacuación en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la capital participaron 8.1 millones de personas, con el registro de 25,354 inmuebles: 16,872 privados y 8,482 públicos, la cifra más alta en estos ejercicios. Señaló además que el 99.06% de los 13,992 postes del C5 operaron de manera correcta para activar la alerta sísmica. Iztapalapa fue la alcaldía con más fallas en altavoces (18), mientras que Milpa Alta reportó solo una.

El simulacro movilizó a 75,250 brigadistas, cinco helicópteros cóndores, 1,500 vehículos y 33 motocicletas. También participaron los 16 consejos de protección civil de las alcaldías y 72 coordinaciones territoriales. En el ámbito educativo, 4,500 escuelas sumaron a 2.5 millones de personas. El Metro detuvo su servicio durante tres minutos y otros sistemas de transporte evacuaron a 545 mil usuarios.

El sector salud participó con cientos de hospitales y 398 clínicas. Se registró una persona lesionada y tres con crisis nerviosas, sin necesidad de traslados hospitalarios.

Brugada adelantó que para 2026 se realizarán tres simulacros: el 28 de enero, a finales de mayo y el 19 de septiembre. Destacó que de cara al Mundial, se trabaja en garantizar que los protocolos de protección civil sean accesibles a visitantes de otros países.

La mandataria capitalina informó además que la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo de 2017 está casi concluida, y anunció la instalación de un memorial en Álvaro Obregón 286, inmueble colapsado hace ocho años y que ahora es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a ocho personas, mientras que 67 permanecen hospitalizadas.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que del total de 94 lesionados, 22 se encuentran en estado crítico, seis están graves, 39 en condición delicada y 19 ya fueron dados de alta. Entre los hospitalizados, la mayoría presenta quemaduras de segundo y tercer grado, así como cuadros de intoxicación derivados del accidente ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Brugada anunció que el gobierno capitalino implementará un programa de apoyo económico especial dirigido a las familias de los afectados. “Vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos a los que les corresponden, daremos puntual seguimiento para ello, a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia que garantice que ellos se puedan mover, que puedan estar atendiendo a sus familiares, vamos a profundizar el censo con las familias, para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles”, explicó.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó que el chofer de la pipa se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud, en estado crítico. “Con respecto al chofer, no se encuentra en calidad de detenido en este momento, pero como ya mencionó la jefa, está bajo custodia en el centro de salud donde se encuentra. Según su estado de salud, determinaremos cuándo y si se va a judicializar el caso”, indicó.

Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan la posibilidad de que el vehículo circulara a exceso de velocidad. Los peritajes siguen en curso para establecer las causas exactas del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, en la intersección del Puente de la Concordia con la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades más transitadas del oriente capitalino. La magnitud de la explosión generó un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia que atendieron a decenas de personas lesionadas en la zona.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte del Grupo Tomza, uno de los principales distribuidores de gas en el país.

Con la cifra de víctimas mortales en aumento y decenas de personas aún en estado crítico, las autoridades mantienen bajo vigilancia médica a los heridos, al tiempo que avanzan las investigaciones para definir responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.