La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Amparo, asegurando que el dictamen avalado es “prácticamente la misma propuesta” que ella envió al Congreso. La iniciativa fue aprobada durante la madrugada del miércoles, tras más de 15 horas de discusión en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se realizaron algunos ajustes al texto original.

Pese a las modificaciones, la mandataria subrayó que los cambios no alteran el sentido principal de la propuesta y destacó que podrían realizarse ajustes adicionales ahora que el proyecto regrese al Senado de la República para su revisión. “Es prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro Zaldívar”, declaró Sheinbaum, al referirse a la participación del actual coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quien fue impulsor inicial de esta iniciativa.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con jurisprudencia que delimita los casos en los que pueden aplicarse nuevas leyes procesales. En ese sentido, detalló que el artículo transitorio aprobado en la Cámara baja se basó en esos criterios de la Corte, para definir “a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, y qué casos se aplica la ley anterior”.

La presidenta enfatizó además que las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados se centraron en mantener la posibilidad de la suspensión provisional, con el objetivo de conservar la estructura vigente de la ley en ese aspecto. “Se hicieron cambios para que se quedara como está actualmente”, señaló, al tiempo que descartó la aplicación retroactiva de la reforma, una preocupación que había generado debate en días anteriores.

El pasado 3 de octubre, Arturo Zaldívar participó en la conferencia matutina del Gobierno federal, donde instó a los legisladores a clarificar el artículo transitorio para evitar interpretaciones erróneas. “El precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas”, advirtió en ese momento.

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo marca un nuevo paso en el proceso legislativo impulsado por el Ejecutivo, en busca de ajustar los alcances de este instrumento jurídico. Ahora, el proyecto volverá al Senado para su análisis final, donde se podrían incorporar precisiones adicionales antes de su eventual promulgación.

La Cámara de Diputados recibió este lunes la minuta de la reforma a la Ley de Amparo cinco días después de su aprobación en el Senado. La presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, informó en sus redes sociales que instruyó la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria y que mañana dará cuenta al pleno para turnarla a una comisión para su análisis. En su mensaje, López Rabadán añadió una fotografía de la carátula de la minuta.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó este mismo día la remisión de la minuta a la Cámara de Diputados tras varios días de retraso. “Para continuar con el procedimiento legislativo, hoy enviaremos a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el Senado quedamos atentos al análisis y discusión de esta modificación que busca agilizar el derecho de amparo, así como garantizar los derechos de las y los mexicanos”, expresó la legisladora de Morena.

El jueves pasado, el pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo, acompañada de una controvertida reserva presentada de última hora por el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que ordena aplicar los cambios de manera retroactiva. Esta modificación afecta directamente a más de 700 mil juicios de amparo en trámite y ha sido señalada como contraria al artículo 14 de la Constitución, que establece que ninguna ley tendrá efectos retroactivos.

La reserva de Huerta Ladrón de Guevara agregó un artículo transitorio que ha generado críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que este artículo transitorio significó una violación a la Constitución y solicitó a los legisladores realizar la modificación correspondiente.

Pese a ello, el senador Huerta ha defendido su propuesta y ha insistido en que la reserva aprobada por la mayoría de los senadores de Morena —con excepción de Javier Corral y Enrique Inzunza— no representa retroactividad. Sin embargo, diversos sectores han señalado que esta reforma restringe los procedimientos del juicio de amparo, mecanismo al que tradicionalmente recurren ciudadanos y organizaciones sociales como defensa ante posibles abusos del poder.

Con la llegada de la minuta a la Cámara de Diputados, el proceso legislativo continuará en comisiones, donde se revisará la reforma junto con los cambios al Código Fiscal Federal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la espera de su discusión en el pleno de San Lázaro.

El Senado de la República dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se realizara el segundo día de audiencias públicas para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante estas jornadas, expertos y especialistas discutieron modificaciones en temas como la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la iniciativa busca evitar abusos en el juicio de amparo, conservando figuras fundamentales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva. Subrayó la importancia de armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general.

Por su parte, Melissa Ayala señaló que la reforma contiene “cosas buenas, malas y preocupantes“, como la ampliación de la demanda y los cambios en el cumplimiento y ejecución de sentencias. Según su análisis, ambas figuras se acotan, lo que implica que la reforma no simplifica el proceso de amparo ni lo hace más ágil, pero sí puede representar un costo mayor para el Estado.

El ex magistrado y abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro señaló que, aunque el juicio de amparo en línea es un acierto, existen cuatro aspectos preocupantes: el interés legítimo podría perjudicar a la población de menores recursos; se restringe la posibilidad de suspensión si no se advierte una inconstitucionalidad; ciertas autoridades obtienen inmunidad respecto de las suspensiones; y se niega la ampliación de la demanda.

Ivette Galván, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el juicio de amparo debería acercarse a la gente. No obstante, explicó que la reforma delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que se considera regresivo, ya que acota el efecto del amparo en materia de derechos colectivos.

El magistrado de Circuito en Materia Civil y Administrativa, Arturo González Ferreiro, indicó que si bien la reforma busca evitar abusos, es crucial que el interés legítimo no se vuelva estrecho y que los juzgadores analicen cada caso de manera individual, sin imponer cargas que dificulten el ejercicio de los derechos de las personas.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que las comisiones dictaminadoras evaluarán durante las próximas horas las propuestas vertidas en las audiencias y considerarán algunos ajustes a la iniciativa. “Los compañeros integrantes de la comisión, sobre todo Javier Corral e Inzunza, están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, adelantó López Hernández, quien señaló que los cambios podrían reflejarse en la versión final que será dictaminada y votada este miércoles.

Con estas audiencias y la revisión de los ajustes propuestos, el Senado se prepara para definir los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, que plantea modificaciones importantes en la protección de los derechos individuales y colectivos en el país.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes ante el Senado de la República dos iniciativas que buscan fortalecer la justicia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

Ambas propuestas se espera que sean recibidas formalmente por el pleno en su sesión del próximo miércoles, momento en el que las comisiones correspondientes iniciarán su análisis y dictamen.

La primera iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley de Amparo, la legislación que regula el juicio de amparo, una garantía constitucional fundamental que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. La propuesta también contempla cambios en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.

Entre los ajustes destacados en la propuesta está la inclusión del término “interés legítimo” en los trámites de amparo, además de regular los efectos de la suspensión en casos relacionados con órdenes de aprehensión y actos privativos de libertad. La reforma también establece plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento, además de impulsar la implementación del juicio de amparo digital, para facilitar y modernizar los procedimientos judiciales.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de ampliar la demanda y armonizar las normativas fiscales y administrativas relacionadas con el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de garantizar mayor eficiencia en los procesos y protección a los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con un enfoque especial en la transferencia de tecnología y la protección de patentes y registros. La iniciativa busca simplificar los procesos para acreditar el registro de marcas, permitiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) responder en plazos máximos establecidos respecto a trámites de patentes, registros y publicaciones.

Entre las novedades, se faculta al IMPI para recibir reclamos relacionados con la titularidad de patentes o registros y se regula el uso de inteligencia artificial en todo tipo de creaciones industriales, alineándose con los avances tecnológicos y los tratados internacionales. La propuesta también incluye establecer límites temporales para las respuestas del instituto, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la protección de innovaciones y signos distintivos.

Ambas iniciativas reflejan una voluntad de modernizar y fortalecer el marco legal en áreas clave para el desarrollo del país. Se espera que en la próxima sesión del Senado, las propuestas sean sometidas a análisis y discusión para su eventual aprobación y puesta en marcha, con miras a un sistema más eficiente y justo en materia de justicia constitucional y protección de la propiedad intelectual.

El grupo musical Los Alegres del Barranco ha obtenido un amparo federal que les permite continuar con sus presentaciones en el estado de Michoacán, a pesar del decreto estatal que prohíbe espectáculos donde se promueva la apología del delito. La resolución ha generado una inmediata reacción del gobierno estatal, que anunció una queja formal ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación.

El conflicto se desató tras la publicación del decreto el pasado 16 de abril en el Diario Oficial del Estado de Michoacán. Dicho documento restringe las presentaciones de artistas que, a juicio de las autoridades, fomenten la violencia o engrandezcan figuras del crimen organizado en eventos públicos, como fiestas populares, jaripeos o palenques.

El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, otorgó la suspensión provisional del decreto exclusivamente a Los Alegres del Barranco, en el juicio de amparo 518/2025. El juez argumentó que la medida estatal carece de un análisis contextual suficiente para justificar su aplicación generalizada en los 113 municipios del estado.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, expresó su inconformidad con la decisión judicial. Desde su perspectiva, la suspensión no solo contradice la Ley de Amparo, sino que además representa un riesgo para la seguridad y el bienestar social al permitir espectáculos que podrían alentar indirectamente la cultura del crimen.

“Vamos a presentar una queja ante esta suspensión provisional que emite este juez, porque expresamente va contra el interés popular y porque quieren que siga haciéndose apología del delito”, puntualizó el funcionario estatal.

Aunque la medida judicial representa un revés temporal para el gobierno michoacano, no extingue el debate de fondo sobre la regulación de los contenidos musicales en eventos masivos. La situación se complica aún más debido a las investigaciones abiertas contra Los Alegres del Barranco en el estado de Jalisco. 

La Fiscalía General del Estado mantiene cuatro carpetas activas por presunta apología del delito, tras presentaciones en las que se proyectaron imágenes y se interpretaron letras alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La banda sinaloense ha anunciado su intención de actuar el próximo 30 de mayo en Maravatío, Michoacán. Hasta ahora, Mario Pérez Flores, alcalde del municipio y militante de Morena, no ha emitido comentarios oficiales sobre el evento ni sobre el cumplimiento del decreto estatal.

La confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal marca un episodio más en la compleja discusión sobre libertad de expresión, seguridad pública y cultura popular en el país.

La Cámara de Diputados aprobó con 338 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención la nueva Ley de Amparo, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta reforma tiene el objetivo de actualizar la legislación y armonizarla con la reciente reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada en septiembre pasado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la actualización de esta ley permitirá un acceso más ágil, equitativo y efectivo a la justicia. Entre los principales cambios, se encuentra la modificación en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el número de votos necesarios para que una decisión sea vinculante se reduce de ocho a seis ministras o ministros, lo que agilizará la consolidación de jurisprudencia y la declaración de inconstitucionalidad de normas generales.

La reforma establece que, hasta que los ministros electos tomen protesta el 1 de septiembre de 2025, la SCJN seguirá operando bajo las reglas de votación de la Ley de Amparo vigente antes de este decreto. Además, se estipula que el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno, eliminando las atribuciones de las Salas en sus decisiones.

Otro aspecto relevante de la reforma es que el juicio de amparo ya no procederá contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se actualizan términos en la legislación, sustituyendo “Distrito Federal” por “Ciudad de México” y “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), con el fin de estandarizar criterios para sanciones y montos.

El lenguaje de la ley también ha sido modificado para promover la inclusión y la equidad de género. Expresiones como “grupos vulnerables” han sido reemplazadas por “grupos en situación de vulnerabilidad”, buscando fomentar el respeto y la igualdad.

Moreno Rivera subrayó que la reforma cumple con el mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo a los cambios recientes en la Carta Magna. También afirmó que estas modificaciones fortalecen la democracia y consolidan un Poder Judicial más eficiente, justo y transparente. Con esta actualización, el país avanza hacia una justicia más accesible y moderna para todas y todos los ciudadanos.