El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han confirmado su asistencia a los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, organizados por el Congreso de la Unión.

En un comunicado, sin especificar nombres ni fechas, se destacó que la participación busca promover un diálogo abierto sobre un tema de gran importancia. Los ministros y ministras de la SCJN, junto con los integrantes del CJF, se unirán a estos diálogos para discutir la Reforma del Poder Judicial, subrayando la necesidad de escuchar las voces de los jueces y magistrados federales en un asunto de tal envergadura.

El primero de los nueve foros convocados por el Poder Legislativo para analizar la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevará a cabo este jueves 27 de junio. A estos foros han sido invitados especialistas y abogados, y se ha confirmado la participación de los ministros del Pleno y jueces de diferentes niveles del PJF.

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.