Etiqueta: Consejo de la Judicatura Federal

Tras casi tres meses de huelga, el personal del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro regresará a sus actividades el próximo 11 de noviembre, siendo esta la última sede judicial que se mantenía en paro en oposición a la Reforma Judicial. Con esta decisión, el Poder Judicial podrá retomar sus funciones de manera completa.

Este miércoles, un diálogo entre magistrados, jueces y autoridades de los órganos jurisdiccionales que operan en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro concluyó con el acuerdo de reactivar las actividades. “Se reanudará la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales, para preparar adecuadamente el regreso a las labores jurisdiccionales, lo que implica la reanudación de los plazos y términos procesales a partir de esa fecha”, se lee en el comunicado emitido este 6 de noviembre.

Los titulares y trabajadores reiteraron su compromiso de ofrecer “un servicio público que consagre los principios de independencia judicial y división de poderes”. Este acuerdo fue firmado por el Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, la Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales y los jueces Edgar Martín Gasca de la Peña, Virginia Gutiérrez Cisneros, Luis Antonio Hernández Berrios y Esperanza Arias Vázquez.

Esta reanudación de actividades también fue respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desde el pasado 23 de octubre había ordenado el fin del paro en los Tribunales de Distrito y de Circuito, además de sancionar con descuentos salariales a quienes no regresaran a laborar al día siguiente. La decisión del CJF fue aprobada con cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina, mientras que los consejeros Norma Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, encabezada por la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, descartó el proyecto que pretendía frenar la Reforma Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y se encuentra en proceso de implementación.

Encuesta revela respaldo a la elección de ministros por voto popular

Según una encuesta nacional realizada entre el 1 y el 3 de noviembre por Mendoza Blanco & Asociados, el 64 por ciento de los mexicanos apoya la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Además, el 68 por ciento de los entrevistados afirmó conocer la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, promulgada el 15 de septiembre pasado.

Respecto al paro de labores en el Poder Judicial, el 60 por ciento de los encuestados lo desaprueba, mientras que el 30 por ciento lo respalda. Asimismo, un 69 por ciento se opone a la posibilidad de destitución de la Ministra Presidenta si no se suspende la Reforma Judicial. Finalmente, el 83 por ciento de los encuestados rechazó la idea de una pensión vitalicia de 200 mil pesos mensuales para los ministros en retiro, mientras que sólo el 12 por ciento aprueba esta medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado múltiples investigaciones en contra de jueces y magistrados, a raíz de las denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por presunto abuso de autoridad relacionado con las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales que prefirieron mantenerse en el anonimato, la FGR solicitó a los jueces copias de los expedientes correspondientes a las suspensiones a través de correos electrónicos que notifican sobre la investigación en curso. Los magistrados han expresado que estas acciones son tácticas para coaccionar y amedrentar, comparándolas con prácticas utilizadas en regímenes autoritarios.

Para que un juez sea procesado penalmente, se requiere primero que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo desafore, dado que cuentan con fuero orgánico. Aunque se pueden iniciar carpetas de investigación, la consignación ante un juez penal solo es posible si se ha declarado responsabilidad administrativa y se ha levantado dicho fuero.

Los magistrados también han presentado quejas administrativas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que evalúa posibles responsabilidades. En caso de ser consideradas faltas graves, esto podría resultar en destituciones.

Algunos jueces han solicitado medidas cautelares a las Relatorías de Naciones Unidas, exigiendo que el Estado mexicano cese las persecuciones y respete la independencia judicial. En una conferencia de prensa, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, indicó que el gobierno presentará denuncias contra aquellos jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma.

Según fuentes judiciales, hay más de 170 suspensiones otorgadas, y podría haber entre 20 y 30 jueces involucrados. A medida que se acerca el 2025, se prevé que la situación se complique, ya que un nuevo Tribunal de Disciplina tomará el relevo del CJF, lo que podría llevar a un aumento en las persecuciones políticas contra los jueces.

El magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, quien se encontraba de manera interina en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, presentó su renuncia y desistió de su candidatura en el proceso de renovación de más de 850 jueces y magistrados. Esto ocurrió luego de la aprobación de la convocatoria judicial por parte del Senado de la República.

Gómez Fierro, conocido por sus decisiones judiciales que confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, había otorgado suspensiones en contra de la Ley Eléctrica, la entrega de datos biométricos al Gobierno Federal y la Ley de Hidrocarburos. En su carta, dirigida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), justificó su renuncia argumentando que la reforma judicial es contraria a los principios republicanos y la separación de poderes.

En el documento, el magistrado también expresó su agradecimiento al Poder Judicial de la Federación por los 22 años de servicio, de los cuales 10 los desempeñó como juzgador federal. Durante su trayectoria, afirmó haber actuado con lealtad, honestidad e independencia, siempre comprometido con la institución.

Finalmente, Gómez Fierro manifestó su convicción de que la historia reconocerá la labor del Poder Judicial en la defensa de los derechos humanos y el orden constitucional. Añadió que continuará defendiendo esos valores desde la sociedad civil.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo un encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para avanzar en un acuerdo entre los Poderes de la Unión.

“Quiero ser claro: existe un acuerdo para, incluso en los momentos más complicados, mantener el diálogo. Ese es el acuerdo fundamental y, a partir de ahí, construir todo lo que sea posible. Hay disposición tanto de nuestra parte como del Poder Judicial para buscar puntos en común. Veremos si se logra”, afirmó el legislador de Morena.

En la sesión solemne de esta mañana, realizada con motivo del Bicentenario de la instauración del Senado, Piña fue recibida por Fernández Noroña en la Cámara alta.

Según el presidente del Senado, esta participación fue resultado del diálogo que se está estableciendo entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Existe una comunicación constante, encabezada por la secretaria de Gobernación y el compañero Adán Augusto, en representación del Gobierno Federal. Yo, desde el Poder Legislativo, también estoy colaborando. Hay un acuerdo de mantener el diálogo, lo cual considero algo muy positivo y significativo”, expresó Fernández Noroña.

En días previos, se registraron desacuerdos entre el Senado y el Poder Judicial, después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se negó a proporcionar información necesaria para emitir la convocatoria de elección de jueces.

Fernández Noroña señaló en ese momento que esta postura era un reflejo de la resistencia del Poder Judicial ante la reforma constitucional ya aprobada, acusando a la institución de obstruir el proceso con trámites burocráticos. “Si nada pudo frenar la Reforma al Poder Judicial, tampoco lo logrará la reticencia del Poder Judicial para implementar los cambios”, declaró el senador.

Por su parte, el CJF explicó que su negativa se debe a una suspensión vigente que impide compartir dicha información. Esta postura fue respaldada por un juez federal de Monterrey, quien ratificó la suspensión, ordenando detener la elección judicial y prohibiendo al Consejo entregar al Senado las listas para la convocatoria.

Empleados del Poder Judicial de la Federación han decidido desconocer al secretario general del Sindicato del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel, y han anunciado la creación de una nueva coalición llamada “32 Circuitos Unidos”. Este grupo tiene como objetivo defender la independencia judicial, la división de poderes y los derechos laborales de sus integrantes, en respuesta a la reciente aprobación de la reforma judicial.

La coalición está conformada por empleados de base y de confianza, quienes aseguran tener representación en los 32 circuitos judiciales del país, según se detalla en un documento que ha circulado entre el personal.

En dicho comunicado, los trabajadores disidentes solicitan al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que dialogue directamente con “32 Circuitos Unidos” en lo referente a sus condiciones laborales y derechos, ignorando a los dirigentes nacionales de los sindicatos oficiales.

El documento enfatiza que cualquier decisión o mesa de trabajo sobre la revisión de sus derechos y condiciones laborales debe incluir a esta nueva coalición y no a los líderes sindicales reconocidos por el oficialismo. Los miembros de “32 Circuitos Unidos” consideran que González Pimentel, al frente del sindicato mayoritario, ha fallado en representar sus intereses, apoyando la Reforma Judicial sin tener en cuenta las preocupaciones de sus agremiados.

Esta inconformidad ha sido expresada a través de múltiples declaraciones públicas y escritos, en los que los trabajadores del Poder Judicial denuncian que González Pimentel ha adoptado una postura cercana al gobierno, lo que ha generado descontento dentro del sindicato.

Debido a la suspensión de labores en los juzgados y tribunales federales, cerca de 40 mil casos diarios quedarán sin atención, incluyendo algunos de los más relevantes de este sexenio, como los de Ayotzinapa, Mario Aburto, Emilio Lozoya y Carlos Ahumada. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció recientemente, a través de una circular, que los juzgados y tribunales deben atender únicamente casos urgentes, como la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva y decisiones sobre extradición, entre otros.

Sin embargo, audiencias de tipo intermedio, como la del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no se consideran dentro de estas excepciones. Murillo Karam enfrenta dos procesos judiciales relacionados con el caso Ayotzinapa, y aunque la Fiscalía General de la República (FGR) planeaba formalizar las acusaciones el 20 de agosto, la audiencia fue suspendida debido al acuerdo entre jueces y magistrados para detener labores en protesta contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por Morena en la Cámara de Diputados.

En el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), también se ven afectados los procedimientos. Lozoya enfrenta cargos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y el Ministerio Público Federal ha solicitado penas de 46 y 15 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, la apertura del juicio oral no puede proceder debido a que Lozoya promovió amparos y obtuvo suspensiones que deben resolverse primero, lo que, al no ser considerado urgente, retrasa el proceso.

El caso de Mario Aburto Martínez, quien confesó haber asesinado al ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, también se encuentra en pausa. Aburto presentó dos amparos para impedir que la Fiscalía General de la República cierre la investigación contra ex funcionarios que presuntamente lo torturaron tras su arresto. Aunque las demandas fueron aceptadas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el caso no avanza debido a que no se considera urgente.

Por otro lado, el amparo promovido por Carlos Ahumada contra una orden de reaprehensión también está detenido. Ahumada, empresario mexicano de origen argentino, cuenta con una suspensión definitiva que impide su arresto. A pesar de que debe comparecer ante un juez de ejecución de sanciones en el reclusorio Norte el 27 de agosto, no podrá ser detenido debido a la situación actual.

Asimismo, el amparo de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que busca que Pemex le pague las pensiones pendientes, está igualmente suspendido. Además, los casos contra militares involucrados en delitos relacionados con el caso Ayotzinapa también están en espera debido a la suspensión de actividades en los tribunales.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.