En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.