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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

El Senado de la República dio un paso firme en defensa de los consumidores al aprobar por unanimidad una reforma que pone fin a los cobros automáticos injustificados y a los contratos forzosos en servicios como telefonía, televisión, internet o plataformas digitales de streaming. Con esta medida, ahora será posible cancelar cualquier suscripción en el momento que se desee, sin penalizaciones, cargos extra ni trámites interminables.

Con 91 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa, impulsada desde Morena, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Su objetivo central es garantizar que los usuarios tengan la libertad de decidir sobre la permanencia o cancelación de sus servicios, eliminando los obstáculos que antes hacían casi imposible cortar una suscripción sin pagar de más.

La reforma busca erradicar una práctica común: los cobros automáticos que se mantenían activos incluso cuando el usuario ya no utilizaba el servicio. A partir de esta modificación, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si el contrato incluye cargos recurrentes. Desaparecen las letras pequeñas y las cláusulas escondidas que por años han servido para retener a los usuarios sin su consentimiento explícito.

Otro de los puntos clave es que la cancelación deberá realizarse de manera inmediata, por el mismo medio en que se contrató. Si se dio de alta una cuenta o una membresía en línea, podrá darse de baja desde la misma plataforma, con un simple clic y sin necesidad de realizar llamadas, llenar formularios o acudir a sucursales. La medida aplica para todo tipo de servicios digitales, desde telefonía hasta plataformas de entretenimiento o aplicaciones con membresía.

El dictamen también busca equilibrar la relación entre empresas y consumidores, imponiendo reglas más transparentes y accesibles. Las compañías deberán avisar de forma destacada cualquier renovación automática y requerir el consentimiento expreso del usuario antes de aplicarla. De esta forma, se protege el derecho a decidir y se evita que los consumidores sigan pagando por servicios que no desean o no usan.

La reforma representa un cambio significativo en la protección al consumidor en México. Se trata de una respuesta a una queja constante de millones de usuarios: las trabas para cancelar servicios y los cobros que seguían apareciendo mes tras mes sin autorización. Con esta nueva ley, los consumidores tendrán el control de sus suscripciones, poniendo fin a las prácticas abusivas que durante años vulneraron su bolsillo y su libertad de elección.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que garantiza el libre acceso, gratuito y seguro a las playas marítimas y áreas naturales protegidas de México. Durante la sesión de este miércoles se emitieron 465 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones al proyecto impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El dictamen establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción, y no podrá ser restringido ni condicionado, salvo por disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con protección ambiental, seguridad pública o interés nacional. La propuesta también prevé que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios colindantes, establezca un Registro Nacional de Accesos a playas.

Monreal Ávila presentó una reserva para que, a partir de la identificación y validación conjunta derivada de la traza urbana, semiurbana y rural establecida en los programas de desarrollo urbano, así como en los programas de ordenamiento ecológico locales, programas de áreas naturales protegidas y otros instrumentos aplicables, se realice dicho registro. Esta disposición también contempla los convenios con propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo-terrestre.

En la adición al artículo 127 se estableció que la Semarnat procurará que en centros de población y asentamientos humanos con concesiones de zona federal distintas a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales.

La reserva de Monreal Ávila se extendió al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Semarnat “debe garantizar” el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia por lo menos un día a la semana, además de domingos y días festivos, así como el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Durante la sesión, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, expresó su inconformidad por la forma en que se realizó la votación, argumentando que la reserva presentada modificaba términos que alteran el sentido del dictamen. Señaló que “el proyecto original, garantizará. Y lo cambia por: debe garantizar. Entre garantizar y deber garantizar hay buenas intenciones, y en los hechos puede ser prácticamente nada”.

Añadió que “no hagamos de la ley un supositorio, porque ya sabemos en dónde terminan los supositorios, y mejor hagamos una ley que genere derechos efectivos, con enunciados claros, con obligaciones concretas, para la ciudadanía”.

Monreal Ávila aceptó el cambio planteado por el coordinador panista, por lo que la asamblea siguió con la discusión y aprobó en lo particular con 470 votos en pro, uno en contra emitido por Juan Armando Ruiz Hernández de Movimiento Ciudadano y cero abstenciones. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso. Con 106 votos a favor de todos los partidos políticos, se avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución y el proyecto fue turnado a las legislaturas locales, donde al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la gravedad del delito de extorsión y en la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentarlo. La senadora María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que se trata de un fenómeno criminal que afecta de manera indiscriminada a negocios de todos tamaños. “Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos absolutamente pueden ser víctimas”, señaló.

Corona subrayó que el mensaje que envían los grupos delincuenciales es brutal: “No me pagas, te quemo tu negocio”. Aseguró que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día” y que en muchos lugares es un secreto a voces. “Aquí no caben tibiezas, México necesita mano dura”, expresó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que una legislación específica en la materia permitirá una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que será indispensable que estados y municipios cuenten con presupuestos adecuados para cumplir con las nuevas responsabilidades que la reforma implicará.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presentó datos que muestran el crecimiento sostenido de este delito en los últimos años. Recordó que en 2015 se registraban entre 400 y 500 carpetas de investigación por extorsión, mientras que para 2025 la cifra supera las 850.

Agregó que el problema es aún más grave si se toma en cuenta la llamada “cifra negra”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, menos del 1% de los casos se denuncian formalmente.

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su discusión en los congresos estatales. De obtener el respaldo de al menos 17 de ellos, se dará un paso más en la ruta de establecer un marco legal uniforme a nivel nacional para enfrentar un delito que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas en México.

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca frenar los cobros excesivos y facilitar la cancelación de servicios contratados a través de plataformas digitales. El proyecto, presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue discutido como de obvia y urgente resolución y recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios con 438 votos a favor.

Desde tribuna, Monreal compartió su experiencia personal para ejemplificar la problemática. Relató que, tras rentar un departamento, intentó cancelar un servicio de entretenimiento, pero enfrentó múltiples obstáculos. “Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo porque no aceptan cartas poder. Fui, me formé y me citaron a la siguiente semana. Y fui a la siguiente semana y tampoco se pudo cancelar. Y me siguieron cobrando en la tarjeta. Cancelé la tarjeta solo para no pagar algo indebido. Y me mandaron a buró de crédito. Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, señaló.

El legislador morenista denunció que alrededor de 62 millones de ciudadanos están expuestos a penalizaciones y a procesos complicados para cancelar sus suscripciones. “Es impresionante, porque es muy fácil contratarlos. Basta un clic para contratar una tecnología de la información. Aprietas el clic y de inmediato quedas sujeto al contrato que te expiden y que te obligan a cumplir. Pero si quieres cancelar una de esas suscripciones, imposible. Sea telefónica, de entretenimiento, música o videojuegos, es un calvario”, advirtió.

La iniciativa establece que las empresas deberán notificar al consumidor al menos cinco días antes de renovar automáticamente un servicio, con el fin de cerrar la puerta a cobros sorpresivos y reforzar el consentimiento informado.

Durante la sesión, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, presentó una reserva que fue aceptada y aprovechó para exigir que también se dé salida a las propuestas de su bancada, las cuales, dijo, muchas veces quedan “en la congeladora”. Expresó solidaridad con quienes terminan en buró de crédito por cargos indebidos en tarjetas de crédito y señaló que también ocurre con pagos domiciliados en tarjetas de débito.

“Más tarda en caer su sueldo, que ya se lo están arrebatando por servicios que ni siquiera están recibiendo”,subrayó. Recordó además que en abril de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir las comisiones por pago con tarjeta, pendiente aún en el Senado.

Lixa adelantó que el PAN presentará una iniciativa para eliminar los cobros por consultas de saldo bancario, que calificó como excesivos. También enlistó propuestas en curso: eliminar el IVA en cualquier presentación de agua, exentar de ISR los aguinaldos, garantizar medicamentos, deducir el pago de colegiaturas y sancionar a funcionarios coludidos con el crimen organizado.

En medio de los cruces parlamentarios, Monreal logró el aval de todos los partidos a su propuesta, que busca poner un alto a lo que calificó como un “calvario” en los procesos de cancelación y cobros indebidos de plataformas digitales.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La senadora Laura Itzel Castillo fue elegida por unanimidad como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, cargo que asumirá a partir del 1 de septiembre de 2025. El nombramiento se realizó durante la Tercera Sesión Plenaria de Senadores de Morena, llevada a cabo en la histórica casona de Xicoténcatl, en el centro de la Ciudad de México.

En su primer mensaje como presidenta electa del Senado, Castillo aseguró que trabajará “con institucionalidad y sin declinar a mis principios”, al tiempo que refrendó su compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con las iniciativas que enviará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora enfatizó que su labor estará marcada por el respeto al reglamento de la Cámara Alta, y confió en que la oposición también se sujete a las reglas para construir consensos en beneficio del país. “Yo considero que la política debe de ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y que puede haber discusiones muy fuertes, pero lo importante es que haya respeto”, afirmó.

Castillo subrayó que no renunciará a su trayectoria de izquierda, y destacó que la conducción del Senado será institucional, sin perder de vista los principios que la han acompañado en su vida política. “Yo voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, reiteró.

Uno de los aspectos que celebró durante la plenaria fue la integración de la nueva Mesa Directiva del Senado, compuesta en su totalidad por mujeres. Morena propuso a la presidencia, vicepresidencia y las dos secretarías para ser ocupadas exclusivamente por legisladoras, lo que consideró un logro histórico. “Con mucho orgullo somos puras mujeres la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de Morena, porque somos la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías integradas por puras mujeres, por lo que orgullosamente podemos decir que efectivamente es tiempo de mujeres”, destacó.

La senadora también expresó su agradecimiento por el respaldo y reconocimiento que recibió tras su elección, especialmente por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien comparte una trayectoria de lucha social. “Agradezco mucho las palabras de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, la conozco desde hace muchos años porque venimos del propio movimiento que se gestó ahora con el movimiento, somos luchadoras sociales. Te agradezco en todo lo que vale las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum por lo que representa”, señaló.

Con su nombramiento, Laura Itzel Castillo se prepara para encabezar los trabajos legislativos en un periodo que estará marcado por debates clave y la definición de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado.

El Congreso mexicano actuó con contundencia. Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata de 14 mexicanos recluidos en el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.

El documento aprobado advierte que esta reclusión viola los derechos humanos más elementales. El acuerdo parlamentario califica como inaceptable que se envíe a migrantes a una prisión que impone el terror, vulnera la dignidad humana y funciona al margen de las leyes y la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores de distintos partidos, las condiciones dentro del centro son alarmantes y representan un peligro para la vida de quienes ahí se encuentran. La Comisión Permanente remarcó que este tipo de instalaciones han sido proscritas desde la Segunda Guerra Mundial, y exigió no sólo la liberación de los mexicanos detenidos, sino de todos los migrantes privados de su libertad en ese centro. También demandó el cierre definitivo de “Alligator Alcatraz”, al que calificaron como una cárcel infamante.

El senador Homero Davis Castro, del partido Morena, hizo énfasis en los múltiples testimonios y reportes emitidos por organismos de derechos humanos que denuncian las pésimas condiciones de vida en el lugar. Los informes hablan de alimentos en mal estado, baños sin funcionar, escasez de agua potable, falta de atención médica, detenciones prolongadas y ausencia de procesos legales claros.

Desde la tribuna, el diputado del PRI, Rubén Moreira, urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir activamente para lograr la liberación de los connacionales. Además, alertó sobre el debilitamiento presupuestal del Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. Recordó que en 2018 este fondo contaba con 836 millones de pesos, mientras que para 2025 se contempla apenas una asignación de 524 millones.

Por su parte, Margarita Zavala, diputada del PAN, denunció las condiciones en las que Estados Unidos deporta a migrantes mexicanos. Relató que aviones los trasladan por la noche a Tabasco y que, ya en territorio nacional, son transportados en autobuses hasta la Ciudad de México, abandonados con apenas unos pesos o un bono.

Pablo Vázquez Ahued, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que el tema del centro de detención es conocido desde junio. Lamentó que la Comisión Permanente lo esté abordando apenas ahora y advirtió sobre el riesgo de que este asunto sea utilizado como distractor ante otros temas graves, como la penetración de la delincuencia organizada en instituciones públicas.

El Congreso mexicano dejó clara su postura: no más omisiones ni silencio frente al trato indigno de los migrantes.