Sheinbaum propone reformas constitucionales para proteger a las mujeres

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de propuestas legislativas para modificar seis artículos de la Constitución con el fin de garantizar la protección y el apoyo a las mujeres.

Durante un evento en Palacio Nacional, acompañada de todas las mujeres que integran su gabinete, Sheinbaum destacó los principales aspectos de estas iniciativas. Según explicó, los cambios se centran en tres temas clave: igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, amplió la información sobre los detalles de la reforma, subrayando que el objetivo es proteger a las mujeres. Las modificaciones abarcarán los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución.

Entre las propuestas específicas se encuentran:

  • Igualdad sustantiva, reconociendo las características especiales de las mujeres.
  • Garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
  • Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
  • Fortalecer las medidas de protección, como la Ley Olimpia.
  • Asegurar una mayor protección contra la violencia vicaria, que es ejercida a través de terceros.
  • Establecer fiscales especializados en delitos de género.
  • Ajustar la actuación de las instituciones de seguridad y justicia con perspectiva de género.
  • Crear un Registro Nacional de Medidas de Protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Estas reformas constitucionales buscan profundizar las acciones del Estado para erradicar la violencia de género y asegurar que las autoridades federales implementen las medidas de protección necesarias.

Trabajadores del Poder Judicial mantienen paro indefinido ante reforma controvertida reforma

El conflicto en el Poder Judicial continúa intensificándose, luego de que los 55 mil trabajadores de los 32 circuitos judiciales del país acordaran extender indefinidamente el paro de labores que iniciaron el pasado 19 de agosto. La decisión fue tomada en respuesta a la controvertida reforma constitucional que propone que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular y por un proceso de tómbola, una iniciativa que ha generado amplio rechazo en los sectores judiciales.

 

La suspensión de actividades, respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal, fue reafirmada en un documento oficial presentado ante dicho órgano. En él, los trabajadores manifestaron su postura de mantenerse en paro hasta obtener una resolución favorable a sus demandas. “Hemos decidido continuar con la suspensión de actividades de manera indefinida”, se lee en el documento, firmado por el comité de diálogo que representa a los 32 circuitos judiciales de la República Mexicana.

 

Este paro no ha estado exento de controversia política. En su primera conferencia de prensa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó de “injustificado” el paro del Poder Judicial, sugiriendo que no existen razones válidas para que los servidores públicos sigan en huelga. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente rechazadas por los trabajadores judiciales, quienes las consideraron “banales” y “sin fundamento”.

 

Carlos Ávila, uno de los voceros del movimiento de trabajadores, expresó durante un mitin realizado frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México su desacuerdo con las afirmaciones de Sheinbaum. “Son declaraciones banales que no tienen fundamento, porque en este mismo momento se siguen atendiendo casos urgentes. El Poder Judicial de la Federación no ha cesado en sus funciones”, señaló Ávila, aclarando que el paro no implica una paralización total, ya que los casos urgentes continúan siendo atendidos, como lo establece la Constitución.

 

El vocero también subrayó que el movimiento cuenta con el respaldo del Consejo de la Judicatura y que el objetivo principal es alcanzar una solución que permita a los trabajadores continuar brindando “una función jurisdiccional de excelencia y calidad”.

 

El conflicto surgió a raíz de la reforma constitucional impulsada por el gobierno, que pretende modificar radicalmente el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Según esta propuesta, los ciudadanos serían quienes, mediante votación, determinen quién ocupará estos cargos, en un sistema de sorteo que ha sido calificado por críticos como una amenaza a la independencia del Poder Judicial.

 

En este contexto, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y recordó que el proceso de renovación del Poder Judicial ya está en marcha. El 15 de octubre se dará inicio a la elección por voto popular de los nuevos ministros, jueces y magistrados, una medida que ha sido vista por los trabajadores como un intento de consolidar el control político sobre el sistema judicial.

 

Carlos Ávila, en representación de los trabajadores, advirtió que cualquier acción política que busque continuar con este proceso será irregular. “Todos los días escuchamos a políticos mentirosos simulando que no ha pasado nada y que este atropello ya es un acto consumado. Mentira. Todavía falta un largo camino de impugnaciones en sede nacional e internacional”, afirmó con firmeza.

 

Con el paro de labores manteniéndose indefinidamente, el Poder Judicial se enfrenta a una de las mayores crisis en su historia reciente. La resolución del Consejo de la Judicatura, programada para la tarde del miércoles 2 de octubre, será crucial para definir el rumbo de este conflicto. Entretanto, el país observa con atención, consciente de que lo que está en juego es no solo el funcionamiento del sistema judicial, sino su propia independencia frente a las reformas impulsadas desde el poder político.

Llegan líderes internacionales a México para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Este domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a México para asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta electa. El evento, que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, reunirá a importantes figuras políticas de todo el mundo, incluyendo a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Xiomara Castro (Honduras). También estará presente la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, liderando la delegación norteamericana.

Díaz-Canel aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 9:30 de la mañana, siendo recibido por una comitiva oficial encabezada por David Kershenobich, quien será el próximo Secretario de Salud en el gabinete de Sheinbaum. Además, el presidente cubano participará el lunes en una comida privada junto con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y otros mandatarios internacionales que asistirán al acto de investidura.

Aunque López Obrador ha indicado que no acudirá a la cena de gala organizada por Sheinbaum ese mismo día, su encuentro con Díaz-Canel se enmarca dentro de sus últimas actividades diplomáticas como jefe de Estado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también llegó este domingo a la Ciudad de México para participar en los actos relacionados con la toma de posesión de Sheinbaum. Además de asistir al evento principal, Lula se reunirá tanto con Sheinbaum como con López Obrador para tratar temas diplomáticos y comerciales de interés mutuo.

En la agenda del mandatario brasileño destaca una reunión clave el lunes, en la cual se abordará la situación de Venezuela, un tema en el que Brasil, junto con México y Colombia, ha intentado mediar sin éxito hasta el momento. Se espera que este encuentro ayude a definir nuevos pasos en la diplomacia regional. Además, Lula participará en un seminario empresarial que contará con la presencia de más de 150 empresas brasileñas y 250 mexicanas.

Hasta el momento, 16 presidentes han confirmado su asistencia a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, entre los cuales destacan Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Xiomara Castro (Honduras). Asimismo, estarán presentes los mandatarios de Belice, Santa Lucía, Dominica, Haití, Ghana y Libia, así como Christian Wulff, expresidente de Alemania.

Uno de los temas que ha generado controversia es la ausencia de líderes europeos, especialmente la del rey Felipe VI de España, quien no fue invitado debido a tensiones diplomáticas derivadas de una carta enviada por López Obrador en 2019, solicitando un reconocimiento por los abusos durante la conquista. La falta de respuesta a dicha carta llevó al gobierno mexicano a no extender una invitación oficial al monarca. Tampoco asistirán el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ni el papa Francisco, quienes declinaron la invitación al evento.

Senado evalúa dictamen sobre apoyo económico para jóvenes desempleados y sin estudios

El Senado de la República tiene en su poder un dictamen que modifica el artículo 123 de la Constitución Política, con el fin de garantizar un apoyo económico a jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, con 473 votos a favor, sin modificaciones, cumpliendo así con la mayoría calificada requerida.

El dictamen establece que el Estado proporcionará un subsidio mensual, equivalente al menos a un salario mínimo vigente, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren sin empleo y fuera de cualquier nivel de educación formal. El objetivo es que, durante un periodo de hasta 12 meses, estos jóvenes puedan capacitarse en empresas, talleres, tiendas y otros negocios, conforme a las disposiciones de la ley.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, con el respaldo de legisladores de Morena, PT y PVEM, mientras que partidos como PRI, PAN y MC manifestaron su oposición.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva y diputado por Morena, presentó el dictamen enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta surge a partir de una iniciativa del Ejecutivo Federal y varias aportaciones de diputadas y diputados de la Legislatura anterior.

Gutiérrez Luna explicó que el propósito de esta reforma es ofrecer un subsidio mensual a los jóvenes desempleados, con el salario mínimo actual fijado en 248 pesos diarios, para que puedan adquirir habilidades laborales en diferentes tipos de unidades económicas durante un plazo máximo de un año.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, también de Morena, destacó la importancia de esta reforma, subrayando que ayudará a combatir el estigma que históricamente ha afectado a los jóvenes etiquetados como “ninis”. Considera que la medida representa un avance significativo en los derechos juveniles.

Por su parte, la diputada del PAN, Abril Ferreyro Rosado, opinó que la iniciativa es insuficiente, argumentando que el apoyo no debería limitarse a quienes no trabajan ni estudian. En su lugar, sugirió que el subsidio sea universal y accesible para toda la juventud.

A pesar de las reservas presentadas por diputadas y diputados de diversas bancadas, estas no fueron aceptadas ni discutidas en el Pleno, por lo que el dictamen fue aprobado sin modificaciones adicionales.

Senado sesionará hoy para aprobar reforma de la Guardia Nacional

El Senado de la República realizará una sesión este domingo, en la cual participarán únicamente legisladores del bloque oficialista, para aprobar la declaratoria de dos importantes reformas constitucionales: una sobre la Guardia Nacional y otra que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Estas serán las últimas reformas que entrarán en vigor antes del final del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, subrayó que la reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha sido avalada por 21 congresos estatales hasta el viernes, al igual que la reforma relacionada con los derechos de los pueblos indígenas.

Gutiérrez Escalante desestimó las críticas de la oposición, las cuales argumentan que la reforma de la Guardia Nacional implica una militarización del país, afirmando que dichas opiniones carecen de fundamentos sólidos. La senadora señaló que la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena no significa una militarización, sino una mejora en la capacitación y el mando para proteger mejor a la ciudadanía.

La legisladora del Estado de México también recordó que estas reformas forman parte de las 20 iniciativas que el presidente López Obrador envió en febrero. Hasta ahora, dos de ellas han recibido la declaratoria de reforma constitucional.

Finalmente, la senadora adelantó que la próxima semana se aprobará otra reforma de gran relevancia, que garantizará que el incremento del salario mínimo nunca sea inferior a la tasa de inflación anual, una medida que ya fue avalada por la Cámara de Diputados.

Ordenan suspensión de publicación de la reforma judicial por riesgo de daños irreparables

Un Tribunal Colegiado decidió suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mientras un juez de Distrito evalúa si concede una suspensión definitiva a una organización civil que impugnó el dictamen aprobado por el Congreso. Esta decisión responde a un recurso de queja interpuesto por dicha organización, que se opone a la entrada en vigor de la reforma.

Los magistrados, en una votación unánime, declararon procedente la queja presentada por la Fundación Iris, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. El recurso fue presentado como parte de un amparo que buscaba detener la discusión y aprobación de la reforma en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ante esto, el Tribunal consideró necesario modificar la resolución emitida previamente por el juez de Distrito, otorgando una medida cautelar a la asociación. La razón es que la publicación y aplicación de la reforma judicial podría causar daños irreversibles. Según los magistrados, es indispensable que las autoridades se abstengan de continuar con los procedimientos legislativos relacionados con la reforma, tanto en las cámaras federales como en las legislaturas estatales, especialmente en lo que respecta al Poder Judicial.

Además, en caso de que el proceso de reforma constitucional continúe y sea aprobado, el Tribunal ha ordenado que el decreto correspondiente no sea publicado en el DOF. Los magistrados argumentaron que la intención de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar el Poder Judicial de la Federación tal como fue establecido originalmente en la Constitución.

Por otro lado, el Tribunal desestimó la solicitud de la Fundación Iris de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que interviniera en el caso, ya que consideraron que el asunto debía resolverse dentro del plazo legal de 48 horas y no requería la atracción de la SCJN.

El penalista Juan Velázquez advirtió que el gobierno probablemente publicará la reforma a pesar de la orden de suspensión del Tribunal, lo cual implicaría desobedecer el mandato judicial y acarrearía consecuencias legales, como la posible remoción de funcionarios responsables. Velázquez subrayó que nunca había presenciado una situación similar en sus más de 50 años de carrera.

Desde su perspectiva, el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la reforma fue apresurado y careció de análisis. Criticó que los legisladores no leyeron ni revisaron adecuadamente el contenido de la reforma antes de votarla, lo cual pone en riesgo la imparcialidad y profesionalismo del sistema judicial.

El INAI defiende su modernización ante iniciativa de eliminación de organismos autónomos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se pronunció este martes a favor de una modernización en lugar de su desaparición. Esto luego del avance en la Cámara de Diputados de la reforma que busca eliminar organismos autónomos.

Según un comunicado de esta entidad, la eliminación del INAI sería un retroceso significativo para la democracia y los derechos humanos en México.

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que avala reformas para eliminar siete órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI, en respuesta a esta iniciativa, el INAI enfatizó que los derechos humanos son progresivos y requieren un compromiso integral del Estado mexicano, además de la creación de obligaciones legales para las instancias públicas, para que dichos derechos puedan ser protegidos y exigidos por cualquier persona, en lugar de su eliminación.

El Pleno del INAI propuso trabajar en su modernización, resaltando la importancia de instituciones reguladoras independientes y autónomas para la salud de la democracia, destacó que la historia de México demuestra que la construcción de la nación no se ha hecho con prisa, sino con diálogo y la inclusión de diversas opiniones, subrayando que el trabajo conjunto ha permitido superar adversidades económicas, políticas y sociales, reiterando su llamado a los próximos legisladores, a las nuevas autoridades federales lideradas por la futura presidenta Claudia Sheinbaum, y a la sociedad en general.

El INAI pidió hacer una pausa, dialogar y trazar un nuevo camino para la transparencia y la privacidad en México.

Marea Rosa convoca a protesta en Congresos locales contra el autoritarismo

Ana Lucía Medina, miembro de la Marea Rosa, informó a este medio que están organizando una convocatoria a nivel nacional para que más estados se sumen a la manifestación en los Congresos locales, debido a su papel en el constituyente permanente. La protesta está programada para el próximo 8 de septiembre, donde expresarán su rechazo al autoritarismo.

Medina enfatizó que el objetivo principal de esta convocatoria es defender la democracia, manifestando su oposición al autoritarismo que, según ellos, se refleja en el “plan C”, especialmente en la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Además, la protesta también abordará el rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, la desaparición de órganos autónomos y la eliminación de los legisladores de representación proporcional, quienes representan la diversidad y las minorías en la sociedad.

La marcha comenzará el 8 de septiembre en el Ángel de la Independencia y culminará en el Senado de la República, donde esperan una lucha significativa para impedir la aprobación de estas reformas. Medina subrayó que en el Senado, el oficialismo no tiene la mayoría calificada necesaria para aprobar dichas reformas, y exigirán a los senadores de oposición que no traicionen el mandato de sus electores.

La reforma para Pueblos Indígenas y Afromexicanos que divide opiniones

En un acontecimiento que muchos califican como histórico, la Cámara de Diputados de México aprobó con 37 votos a favor y cero en contra una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, el consenso no fue sin controversia, y mientras algunos celebran la decisión como un gran paso hacia la justicia histórica, otros insisten en que la reforma se queda corta en su alcance y profundidad.

 

Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados dieron luz verde a la iniciativa presidencial que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento legal es considerado por muchos como un avance significativo en la lucha de estas comunidades por la autonomía y el respeto a sus derechos ancestrales.

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue enfático en su discurso al señalar que “la reforma al artículo 2 de la Carta Magna incluye una Constitución muy completa a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Según Robledo Ruiz, este dictamen es el resultado de un proceso inclusivo que incorporó diversas propuestas de distintos grupos parlamentarios, y añadió que “se salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

 

No obstante, no todos compartieron el optimismo del diputado Robledo Ruiz. Paulina Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), fue contundente al expresar su desacuerdo. “No puedo sostener ese tono de algarabía que escucho en todos nuestros compañeros”, señaló Rubio, argumentando que “esta reforma está mocha, incompleta”. Rubio reveló que, en reuniones con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, surgieron preocupaciones respecto a que la reforma no abarca todos los puntos necesarios para satisfacer las demandas de estas comunidades.

 

La diputada Rubio reconoció que el PAN tenía la obligación de apoyar esta iniciativa, al considerar que es “un pequeño paso”, pero insistió en que no es suficiente. En su intervención, hizo un llamado al grupo mayoritario para que, en el futuro, se incluyan más puntos que fueron consensuados con los pueblos indígenas. “Es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades”, subrayó con firmeza.

 

El debate se tornó aún más emotivo cuando el diputado Iran Santiago Manuel, maestro rural y representante de Morena, habló en su lengua materna zapoteca antes de compartir su perspectiva en español. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Santiago Manuel declaró: “Es un día histórico porque es un avance trascendental, no hay una lucha más prolongada que la de los pueblos originarios”. Además, destacó que la discriminación hacia sus paisanos sigue presente en muchas instituciones del país y que “la lucha sigue hasta que la dignidad sea costumbre”.

 

A pesar de las divergencias, la reforma representa un esfuerzo por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco legal mexicano. Según el proyecto aprobado, se busca reformar de manera integral e intercultural el artículo 2 de la Constitución para reconocer los sistemas normativos propios de estas comunidades y un conjunto de derechos colectivos, en un intento por preservar la diversidad cultural que enriquece a la nación.

 

Sin embargo, las palabras de la diputada Rubio dejan claro que, para muchos, el camino hacia la verdadera inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos aún está lejos de completarse. La expectativa es que, en futuros debates, se retomen las propuestas que fueron excluidas en esta primera reforma, para que el reconocimiento legal venga acompañado de acciones concretas que garanticen el respeto y la autonomía de estas comunidades.

 

En este escenario, el desafío persiste: cómo traducir las promesas de la ley en realidades tangibles para los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que sus voces no solo sean escuchadas, sino también reflejadas en las decisiones que moldean el futuro del país.

Diputado propone ampliar el mandato de alcaldes de la CDMX

El diputado Miguel Torruco Garza, perteneciente a Morena, ha presentado una propuesta de reforma constitucional con el objetivo de extender el período de los presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México a seis años, duplicando la duración actual de tres años.

Esta modificación constitucional también se aplicaría a los integrantes del Ayuntamiento, sin permitir la opción de reelección inmediata para un período adicional.

Actualmente, el artículo 115 constitucional establece que los presidentes municipales y alcaldes pueden ser reelegidos por un período adicional, siempre y cuando el mandato de los ayuntamientos no exceda los tres años.

La iniciativa busca brindar mayor estabilidad y confianza a los alcaldes y presidentes municipales, permitiéndoles planificar estratégicamente con una visión a largo plazo de seis años desde el inicio de su mandato, en lugar de solo tres años, como sucede actualmente, según lo mencionado en el proyecto.

En las elecciones de 2021, 305 presidentes municipales y seis alcaldes de la Ciudad de México lograron su reelección en 25 de las 30 entidades donde se eligieron ayuntamientos y alcaldías. El porcentaje de ediles que buscaban su reelección es de 26.8% de los mil 923 presidencias municipales y alcaldías del país, mientras que el porcentaje de alcaldes que lo lograron es de 60.1% respecto a los 517 munícipes que se registraron para la reelección.

En la Ciudad de México, seis alcaldes fueron reelectos para un nuevo periodo hasta 2024, por lo que en el actual proceso no pueden participar para el mismo cargo; ellos son: Santiago Taboada, de Benito Juárez; Clara Brugada, de Iztapalapa; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Francisco Chiguil, de Gustavo A. Madero; Armando Quintero, de Iztacalco y José Carlos Acosta, de Xochimilco.