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La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

Una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal. Entre los cambios propuestos se incluye permitir que el propio mandatario pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de abrir la posibilidad de que la consulta se realice en 2027 junto con otras elecciones.

La propuesta forma parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que la mandataria envió al Congreso. En el proyecto se plantea modificar el artículo 35 de la Constitución para redefinir la forma en que se organiza y desarrolla este mecanismo de participación ciudadana.

El documento establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial y únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del mandato. Bajo ese esquema, el proceso podría realizarse en 2026 o en 2027.

De concretarse en 2027, la consulta coincidiría con el proceso electoral federal en el que se elegirán diputaciones federales, además de cargos locales. También se empalmaría con la segunda etapa del proceso de elección de jueces y magistrados.

Uno de los cambios centrales de la iniciativa se refiere a la participación directa del titular del Ejecutivo durante el proceso. El proyecto propone que la persona sujeta a revocación pueda intervenir públicamente en la difusión del mecanismo y llamar al voto. El texto de la iniciativa señala: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

En caso de aprobarse la reforma, la presidenta podría promover el voto durante eventos públicos o incluso en sus conferencias matutinas realizadas en Palacio Nacional. La propuesta implicaría modificar el esquema vigente que limita la promoción institucional en este tipo de procesos. Actualmente, el artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además, el artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, así como a los partidos políticos y sus candidatos.

El tema de la intervención del Ejecutivo en procesos de revocación ya había generado controversia en el pasado. Durante el ejercicio realizado en 2021, la participación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral, que en ese momento emitió medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos relacionado con la promoción del proceso.

La iniciativa presentada por Sheinbaum busca establecer nuevas reglas constitucionales para la revocación de mandato y definir el momento en que podría realizarse durante el sexenio.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La próxima semana, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional orientada a establecer una jornada laboral de 40 horas semanales para todos los trabajadores en México. La iniciativa plantea que la duración de la jornada diaria sea de ocho horas y mantiene como obligación del empleador otorgar al menos un día de descanso por cada semana laborada. El tema ha generado posiciones encontradas entre el gobierno federal y los partidos de oposición, que cuestionan el alcance real de los cambios propuestos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expresó su confianza en que, aun cuando el dictamen establece como mínimo un día de descanso semanal, los empresarios otorgarán dos días de descanso a sus empleados. De acuerdo con el funcionario, la reforma busca dejar asentado a nivel constitucional el límite de 40 horas semanales, lo que, dijo, abre la puerta a esquemas más flexibles que beneficien directamente a las personas trabajadoras. Bolaños señaló que el objetivo central es que los propios trabajadores puedan definir cómo se distribuye su jornada laboral, siempre dentro del marco de ocho horas diarias.

La propuesta será analizada en comisiones unidas del Senado, donde el secretario del Trabajo comparecerá el próximo martes para explicar los alcances de la iniciativa. Está previsto que ese mismo día el dictamen sea votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno para su discusión.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como una simulación. Afirmó que se generó una expectativa entre los trabajadores al anunciarse la reducción de 48 a 40 horas semanales, lo que llevó a muchos a asumir que tendrían fines de semana completos de descanso. Sin embargo, señaló que el dictamen no modifica el artículo 123 constitucional en lo referente a los días de descanso, por lo que, en su opinión, no se garantiza un cambio sustancial en ese aspecto.

En la misma línea crítica, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su rechazo a la iniciativa al advertir que Morena plantea una implementación gradual de la jornada de 40 horas hasta el año 2030. La legisladora sostuvo que, bajo este esquema, las condiciones laborales permanecerían prácticamente iguales y alertó sobre posibles riesgos de abuso, al considerar que se permitiría un mayor número de horas extra, lo que podría afectar a los trabajadores.

El debate en torno a la reforma se centra en si la reducción de la jornada semanal se traducirá en beneficios inmediatos y claros para la fuerza laboral o si, como señalan los partidos de oposición, el cambio será más limitado de lo que se ha comunicado públicamente. Con la comparecencia del titular de la STPS y la discusión legislativa programada, el Senado se prepara para un análisis que será clave para el futuro de las condiciones laborales en el país.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso. Con 106 votos a favor de todos los partidos políticos, se avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución y el proyecto fue turnado a las legislaturas locales, donde al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la gravedad del delito de extorsión y en la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentarlo. La senadora María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que se trata de un fenómeno criminal que afecta de manera indiscriminada a negocios de todos tamaños. “Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos absolutamente pueden ser víctimas”, señaló.

Corona subrayó que el mensaje que envían los grupos delincuenciales es brutal: “No me pagas, te quemo tu negocio”. Aseguró que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día” y que en muchos lugares es un secreto a voces. “Aquí no caben tibiezas, México necesita mano dura”, expresó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que una legislación específica en la materia permitirá una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que será indispensable que estados y municipios cuenten con presupuestos adecuados para cumplir con las nuevas responsabilidades que la reforma implicará.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presentó datos que muestran el crecimiento sostenido de este delito en los últimos años. Recordó que en 2015 se registraban entre 400 y 500 carpetas de investigación por extorsión, mientras que para 2025 la cifra supera las 850.

Agregó que el problema es aún más grave si se toma en cuenta la llamada “cifra negra”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, menos del 1% de los casos se denuncian formalmente.

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su discusión en los congresos estatales. De obtener el respaldo de al menos 17 de ellos, se dará un paso más en la ruta de establecer un marco legal uniforme a nivel nacional para enfrentar un delito que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas en México.

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

“Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la próxima distribución de la Cartilla de las Mujeres, un documento que será entregado a los 131 millones de habitantes del país con el objetivo de dignificar el papel de las mujeres, reconocer sus derechos y prevenir la violencia machista en todos los ámbitos de la sociedad.

El anuncio se realizó desde Calakmul, Campeche, donde la mandataria destacó que la cartilla no será exclusiva para las mujeres, sino que se dirigirá principalmente a los hombres, con el fin de fomentar nuevas relaciones de respeto, corresponsabilidad y equidad dentro de los hogares y las comunidades. La cartilla también será traducida a diversas lenguas indígenas para garantizar su alcance en todo el territorio nacional, incluidas las comunidades que se rigen bajo usos y costumbres.

“Este es un asunto de dos, no nada más es que las mujeres nos empoderemos, los hombres deben saber que se debe establecer una relación distinta con la pareja, con las hijas y las madres, de respeto, reconocimiento y compartir las tareas del hogar”, afirmó Sheinbaum.

Durante el acto, la presidenta inauguró el Centro Libre para las Mujeres, acompañada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. En este espacio se ofrecerán servicios de psicología, trabajo social y asesoría jurídica, además de apoyo para garantizar el cumplimiento de pensiones alimenticias.

En cuanto al contenido de la cartilla, Sheinbaum subrayó que integra derechos fundamentales de todas las mexicanas, entre ellos: la posibilidad de estudiar libremente cualquier carrera, acceder a empleos sin discriminación, aspirar a ser policías o bomberas, y gozar de derechos a la salud, a una vivienda digna, a la tierra y, sobre todo, a vivir sin violencia. “Tenemos derecho a desarrollarnos y tenemos derecho a ser libres”, enfatizó.

La presidenta también recordó que su gobierno ya impulsó la reforma constitucional que establece la igualdad salarial entre mujeres y hombres. “Nada de que a las mujeres nos paguen menos; no sólo se trata del símbolo de que llegó una mujer a la presidencia, sino de prevenir la violencia y reconocer que debemos sentirnos orgullosas de ser mujeres”, señaló.

En su visita a Campeche, Sheinbaum resaltó otro logro reciente: la firma del acuerdo trinacional para la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que integrará 5.7 millones de hectáreas de selva tropical entre México, Guatemala y Belice. Este corredor se convierte en el segundo más grande del continente, después de la Amazonia, y busca preservar el patrimonio natural y cultural de la región maya.

“Sin exagerar, hoy enviamos un mensaje al mundo: México, Guatemala y Belice nos unimos por el bienestar de nuestros pueblos y la conservación de la naturaleza”, expresó la presidenta en sus redes sociales.

Con estas acciones, el gobierno mexicano combina políticas de igualdad de género con compromisos ambientales, proyectando un mensaje de respeto, corresponsabilidad y futuro compartido.

Con el objetivo de fortalecer su papel como garante de la transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso firme al aprobar su reestructura interna en esta materia. Este cambio llega tras la reciente reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ahora, el INE no solo conserva su responsabilidad como árbitro electoral, sino que amplía sus funciones y se convierte en una pieza clave en la defensa de los derechos relacionados con la información pública y los datos personales.

El Consejo General del instituto definió que el Órgano Interno de Control (OIC) asumirá la autoridad en lo relativo a la información institucional del INE. Este órgano será el encargado de recibir, revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información, así como con los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Las resoluciones emitidas por el OIC serán definitivas, vinculatorias e inapelables dentro del instituto.

En paralelo, el Consejo General del INE tomará el rol de autoridad garante en lo que respecta a los partidos políticos nacionales. Esto implica supervisar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, así como asegurar el acceso a la información que generan y detentan, sin dejar de lado la protección de datos personales.

Este cambio institucional está diseñado para garantizar que cada resolución, cada decisión tomada, se ajuste a los principios que rigen no solo la función electoral, sino también el acceso a la información y el derecho a la privacidad.

Con esta reestructura, el INE también pone en marcha la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que será la responsable directa de operar como autoridad garante en el nuevo esquema organizativo.

“Este acuerdo fortalece la capacidad institucional del INE en el cumplimiento de sus nuevas atribuciones legales. Y garantiza que la transparencia y protección de datos personales continúen siendo derechos vigentes y accesibles para toda la ciudadanía”, afirmó Guadalupe Taddei, presidenta del organismo.

El nuevo modelo de operación busca responder a la necesidad de mantener viva la transparencia en la administración pública, aún en contextos de cambio legislativo. La reestructura representa un ajuste sustancial en el andamiaje institucional del INE, sin perder su esencia como garante de la equidad, la legalidad y la confianza ciudadana.

La transformación está en marcha y el INE asume una nueva dimensión de responsabilidad mientras la transparencia no se detiene.