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El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

• Abuso o violencia sexual contra menores.
• Delincuencia organizada.
• Extorsión.
• Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
• Contrabando.
• Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

Con 33 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Chiapas avaló la despenalización del aborto, eliminando el reconocimiento constitucional de la vida desde la concepción.

En una sesión ordinaria, se aprobó la reforma al artículo cuarto de la Constitución estatal, modificando el texto que anteriormente protegía la vida desde el momento de la concepción. Este cambio fue propuesto por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Salud, y presentado tras un análisis detallado.

El nuevo artículo establece: “El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en la legislación penal del estado de Chiapas”.

El texto anterior especificaba: “El estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la Ley y se reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal”.

La discusión de esta reforma generó un debate intenso en el pleno, con la participación de legisladores a favor y en contra. Además, estuvieron presentes activistas que respaldaban la iniciativa, así como grupos que se oponían a la despenalización.

Diversos colectivos celebraron la aprobación, destacando que la nueva ley garantiza a las mujeres y personas gestantes el derecho de decidir sobre su cuerpo, reconociéndolo como un derecho humano fundamental.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está cerca de su desaparición. Luego de la reunión que sostuvieron los comisionados del instituto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se alcanzaron los resultados esperados. Las propuestas presentadas por el INAI, incluyendo una reducción presupuestal de 300 millones de pesos y un plan de reingeniería, no fueron suficientes y han llegado “demasiado tarde”, indicó Sheinbaum en la conferencia de este martes.

Sheinbaum ha puesto fin a la esperanza de los comisionados de evitar la desaparición del INAI, argumentando que su existencia como organismo autónomo carece de sentido. La reforma constitucional que prevé la eliminación de siete organismos y entes autónomos, incluido el INAI, sigue en curso. La mandataria sugirió que el papel de garantizar la transparencia podría ser asumido por la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este cambio, sin embargo, plantea dudas sobre la imparcialidad, ya que concentraría la responsabilidad de supervisar al gobierno en manos del propio Estado. “La clave es garantizar la transparencia no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Poder Judicial”, enfatizó.

El pasado 16 de octubre, tras la reunión entre Gobernación y el INAI, la Administración de Sheinbaum solicitó un ajuste mayor al presupuesto del organismo, sobrepasando los 300 millones de pesos propuestos originalmente. Sin embargo, la mandataria descartó cualquier ajuste en los gastos del instituto, señalando que la propuesta de desaparición ya ha sido presentada en el Congreso.

La desaparición del INAI forma parte de una serie de reformas constitucionales heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que buscan la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. El argumento del gobierno para esta extinción masiva se basa en que estos organismos son prescindibles, cuentan con prácticas cuestionables y los recursos destinados a ellos podrían redirigirse a otras necesidades prioritarias. Según Sheinbaum, la función de transparencia recaerá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, confirmó que el pleno del organismo sostendrá una reunión este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para discutir la propuesta legislativa que busca la desaparición de los organismos autónomos, la cual ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

“He recibido con agrado la confirmación de la oficina de la Secretaría de Gobernación de que este miércoles 16 de octubre tendremos una reunión de trabajo. Celebro esta apertura para establecer un diálogo respetuoso”, publicó Alcalá en sus redes sociales.

En una entrevista con Imagen Radio, Alcalá adelantó que, durante la reunión con la funcionaria federal, insistirán en la necesidad de que los derechos de acceso a la información y protección de datos sean garantizados por una institución autónoma, aunque reconoció que podrían considerarse algunos ajustes.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que antes de diciembre se espera que desaparezcan siete organismos autónomos contemplados en la iniciativa que ya fue votada en comisiones, entre ellos se encuentran el INAI.

El INAI ha alertado en diversas ocasiones que la reforma constitucional que propone eliminar este instituto representa un retroceso significativo para la transparencia y afectará de manera grave el ejercicio de los derechos humanos en el país.

En un llamado urgente, el organismo invitó a los legisladores y a la ciudadanía a dialogar y reconsiderar esta iniciativa, ya que pone en riesgo la calidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.

“Eliminar al INAI no es un asunto técnico o administrativo, sino que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger nuestra privacidad son logros que hemos alcanzado como sociedad”, afirmó el INAI.

El instituto también advirtió que la propuesta de transferir sus funciones a otras entidades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, podría comprometer la imparcialidad y aumentar el riesgo de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser evaluados por quienes ejercen el poder.

La reunión, que se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será de carácter privado y se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo un encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para avanzar en un acuerdo entre los Poderes de la Unión.

“Quiero ser claro: existe un acuerdo para, incluso en los momentos más complicados, mantener el diálogo. Ese es el acuerdo fundamental y, a partir de ahí, construir todo lo que sea posible. Hay disposición tanto de nuestra parte como del Poder Judicial para buscar puntos en común. Veremos si se logra”, afirmó el legislador de Morena.

En la sesión solemne de esta mañana, realizada con motivo del Bicentenario de la instauración del Senado, Piña fue recibida por Fernández Noroña en la Cámara alta.

Según el presidente del Senado, esta participación fue resultado del diálogo que se está estableciendo entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Existe una comunicación constante, encabezada por la secretaria de Gobernación y el compañero Adán Augusto, en representación del Gobierno Federal. Yo, desde el Poder Legislativo, también estoy colaborando. Hay un acuerdo de mantener el diálogo, lo cual considero algo muy positivo y significativo”, expresó Fernández Noroña.

En días previos, se registraron desacuerdos entre el Senado y el Poder Judicial, después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se negó a proporcionar información necesaria para emitir la convocatoria de elección de jueces.

Fernández Noroña señaló en ese momento que esta postura era un reflejo de la resistencia del Poder Judicial ante la reforma constitucional ya aprobada, acusando a la institución de obstruir el proceso con trámites burocráticos. “Si nada pudo frenar la Reforma al Poder Judicial, tampoco lo logrará la reticencia del Poder Judicial para implementar los cambios”, declaró el senador.

Por su parte, el CJF explicó que su negativa se debe a una suspensión vigente que impide compartir dicha información. Esta postura fue respaldada por un juez federal de Monterrey, quien ratificó la suspensión, ordenando detener la elección judicial y prohibiendo al Consejo entregar al Senado las listas para la convocatoria.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de propuestas legislativas para modificar seis artículos de la Constitución con el fin de garantizar la protección y el apoyo a las mujeres.

Durante un evento en Palacio Nacional, acompañada de todas las mujeres que integran su gabinete, Sheinbaum destacó los principales aspectos de estas iniciativas. Según explicó, los cambios se centran en tres temas clave: igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, amplió la información sobre los detalles de la reforma, subrayando que el objetivo es proteger a las mujeres. Las modificaciones abarcarán los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución.

Entre las propuestas específicas se encuentran:

• Igualdad sustantiva, reconociendo las características especiales de las mujeres.
• Garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
• Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
• Fortalecer las medidas de protección, como la Ley Olimpia.
• Asegurar una mayor protección contra la violencia vicaria, que es ejercida a través de terceros.
• Establecer fiscales especializados en delitos de género.
• Ajustar la actuación de las instituciones de seguridad y justicia con perspectiva de género.
• Crear un Registro Nacional de Medidas de Protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Estas reformas constitucionales buscan profundizar las acciones del Estado para erradicar la violencia de género y asegurar que las autoridades federales implementen las medidas de protección necesarias.

Este domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a México para asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta electa. El evento, que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, reunirá a importantes figuras políticas de todo el mundo, incluyendo a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Xiomara Castro (Honduras). También estará presente la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, liderando la delegación norteamericana.

Díaz-Canel aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 9:30 de la mañana, siendo recibido por una comitiva oficial encabezada por David Kershenobich, quien será el próximo Secretario de Salud en el gabinete de Sheinbaum. Además, el presidente cubano participará el lunes en una comida privada junto con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y otros mandatarios internacionales que asistirán al acto de investidura.

Aunque López Obrador ha indicado que no acudirá a la cena de gala organizada por Sheinbaum ese mismo día, su encuentro con Díaz-Canel se enmarca dentro de sus últimas actividades diplomáticas como jefe de Estado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también llegó este domingo a la Ciudad de México para participar en los actos relacionados con la toma de posesión de Sheinbaum. Además de asistir al evento principal, Lula se reunirá tanto con Sheinbaum como con López Obrador para tratar temas diplomáticos y comerciales de interés mutuo.

En la agenda del mandatario brasileño destaca una reunión clave el lunes, en la cual se abordará la situación de Venezuela, un tema en el que Brasil, junto con México y Colombia, ha intentado mediar sin éxito hasta el momento. Se espera que este encuentro ayude a definir nuevos pasos en la diplomacia regional. Además, Lula participará en un seminario empresarial que contará con la presencia de más de 150 empresas brasileñas y 250 mexicanas.

Hasta el momento, 16 presidentes han confirmado su asistencia a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, entre los cuales destacan Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Xiomara Castro (Honduras). Asimismo, estarán presentes los mandatarios de Belice, Santa Lucía, Dominica, Haití, Ghana y Libia, así como Christian Wulff, expresidente de Alemania.

Uno de los temas que ha generado controversia es la ausencia de líderes europeos, especialmente la del rey Felipe VI de España, quien no fue invitado debido a tensiones diplomáticas derivadas de una carta enviada por López Obrador en 2019, solicitando un reconocimiento por los abusos durante la conquista. La falta de respuesta a dicha carta llevó al gobierno mexicano a no extender una invitación oficial al monarca. Tampoco asistirán el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ni el papa Francisco, quienes declinaron la invitación al evento.

El Senado de la República tiene en su poder un dictamen que modifica el artículo 123 de la Constitución Política, con el fin de garantizar un apoyo económico a jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, con 473 votos a favor, sin modificaciones, cumpliendo así con la mayoría calificada requerida.

El dictamen establece que el Estado proporcionará un subsidio mensual, equivalente al menos a un salario mínimo vigente, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren sin empleo y fuera de cualquier nivel de educación formal. El objetivo es que, durante un periodo de hasta 12 meses, estos jóvenes puedan capacitarse en empresas, talleres, tiendas y otros negocios, conforme a las disposiciones de la ley.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, con el respaldo de legisladores de Morena, PT y PVEM, mientras que partidos como PRI, PAN y MC manifestaron su oposición.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva y diputado por Morena, presentó el dictamen enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta surge a partir de una iniciativa del Ejecutivo Federal y varias aportaciones de diputadas y diputados de la Legislatura anterior.

Gutiérrez Luna explicó que el propósito de esta reforma es ofrecer un subsidio mensual a los jóvenes desempleados, con el salario mínimo actual fijado en 248 pesos diarios, para que puedan adquirir habilidades laborales en diferentes tipos de unidades económicas durante un plazo máximo de un año.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, también de Morena, destacó la importancia de esta reforma, subrayando que ayudará a combatir el estigma que históricamente ha afectado a los jóvenes etiquetados como “ninis”. Considera que la medida representa un avance significativo en los derechos juveniles.

Por su parte, la diputada del PAN, Abril Ferreyro Rosado, opinó que la iniciativa es insuficiente, argumentando que el apoyo no debería limitarse a quienes no trabajan ni estudian. En su lugar, sugirió que el subsidio sea universal y accesible para toda la juventud.

A pesar de las reservas presentadas por diputadas y diputados de diversas bancadas, estas no fueron aceptadas ni discutidas en el Pleno, por lo que el dictamen fue aprobado sin modificaciones adicionales.