Autoridades federales descartan intimidaciones en Sinaloa y ubican operación de “Los Chapitos”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Cae “El Limones”, operador financiero de Los Cabrera; lo vinculan a la red criminal ligada a Los Mayos

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Edgar “N”, conocido como “El Limones”, en el estado de Durango, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero de una célula delictiva dedicada a la extorsión. Las autoridades lo identifican como integrante de alto nivel del grupo de Los Cabrera, organización vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentada con Los Chapitos en una disputa interna.

De acuerdo con información oficial, “El Limones” también ocupa el cargo de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según consta en las redes sociales de la filial estatal. La confederación es encabezada a nivel nacional por el diputado morenista Pedro Haces Barba. El vínculo entre el detenido y la organización sindical ya había sido señalado por distintos sectores productivos de la región lagunera, que en agosto denunciaron extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el detenido operaba como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila. El funcionario afirmó que la captura representa un “golpe directo a las redes de extorsión”, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares vinculados a actividades de extorsión, fraude y lavado de dinero. Entre estas operaciones se encuentran depósitos millonarios sin justificación aparente, transferencias a empresas relacionadas con lavado de dinero y la compraventa de bienes de alto valor, entre ellos inmuebles, automóviles de lujo, joyería, relojes y apuestas.

El gabinete detalló que Edgar “N” se ubicaba en el segundo nivel de la estructura de Los Cabrera, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Como parte de la operación que llevó a su captura, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas adicionales, aunque no se precisó el número. En los aseguramientos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

En los inmuebles cateados se aseguraron cinco armas largas, equipo táctico y una granada. Para las autoridades, estos hallazgos confirman la conexión del implicado con una organización criminal consolidada.

Las denuncias contra la CATEM en la región se intensificaron meses atrás, cuando productores de Durango y Coahuila señalaron la existencia de cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales, asegurando que quienes se negaban eran objeto de amenazas o agresiones. En respuesta, Pedro Haces acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de orquestar una campaña de denuncias falsas, afirmando que buscaban defender “los últimos cotos” del PRI.     

En plataformas oficiales de CATEM Durango aparece Edgar “N” acompañando al morenista José Ramón Enríquez durante su registro como candidato a la alcaldía de Durango, además de participar en abril en actividades de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados.

El operativo secreto que sacudió al Cártel de Sinaloa: Así narró Joaquín Guzmán López la entrega

Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló este lunes una serie de detalles sobre el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, hechos que quedaron asentados en su declaración de culpabilidad ante autoridades estadounidenses. La información, contenida en documentos judiciales consultados por Latinus, describe paso a paso cómo ocurrió la retención del líder histórico del Cártel de Sinaloa el 25 de julio de 2024.

Según el testimonio, Guzmán López citó a “El Mayo” para una reunión en una sala privada en Sinaloa. Una vez dentro, lo invitó a conversar a solas y cerró la puerta con llave. Previamente, el hijo de “El Chapo” había retirado el vidrio de una ventana, lo que permitió el ingreso de varios de sus hombres, quienes entraron al lugar armados. Los sujetos esposaron a Zambada, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo sacaron por esa misma ventana para subirlo a una camioneta que ya esperaba afuera.

De acuerdo con la declaración, el trayecto dentro del vehículo duró aproximadamente 15 minutos hasta llegar a una pista de aterrizaje donde se encontraba lista una avioneta. Allí, los hombres de Guzmán López colocaron a “El Mayo” en el asiento trasero y lo ataron antes de abordar. Junto con ellos subieron “El Güero” y un piloto que, según el testimonio, había sido instruido previamente para volar directamente hacia Estados Unidos.

Durante el vuelo, Guzmán López preparó una bebida con sedantes. Él consumió parte de estos y suministró otra dosis a Zambada mientras avanzaban hacia territorio estadounidense. La aeronave aterrizó en Nuevo México, cumpliendo la ruta que había sido ordenada desde el inicio de la operación.

En los documentos judiciales, Guzmán López indicó que este secuestro tuvo como propósito llamar la atención del gobierno estadounidense respecto a su caso y al de su hermano, Ovidio Guzmán. Afirmó también que la acción no fue coordinada, solicitada ni aprobada por autoridades de Estados Unidos. “Reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro”, señala el expediente. Además, aclara que ni él ni su hermano recibirán beneficios por esta cooperación.

Guzmán López sostuvo que todo el operativo fue realizado por cuenta propia y con la participación exclusiva de sujetos cercanos a él, sin intervención oficial de ningún gobierno. La declaración ofrece una de las versiones internas más detalladas sobre un episodio que reconfiguró el equilibrio dentro del Cártel de Sinaloa y abrió un nuevo capítulo judicial en torno a Los Chapitos.

México suma 13 mil 219 desaparecidos en 11 meses del gobierno de Sheinbaum

Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.

10 mdd por captura de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de “El Chapo”: ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que permita capturar o condenar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Las autoridades lo consideran “armado y peligroso” por su papel dentro de la facción conocida como “Los Chapitos”, que asumió el control de parte del Cártel de Sinaloa tras la caída de su padre.

Nacido en 1983 y apodado “El Alfredillo”, es medio hermano de Ovidio Guzmán y hermano de Iván Archivaldo Guzmán, con quien forma el núcleo de Los Chapitos. Es uno de los diez hijos reconocidos de Guzmán Loera con distintas parejas; en su caso, es fruto del matrimonio con María Alejandrina Salazar.

El nombre de Jesús Alfredo Guzmán fue incluido en 2018 en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de conspiración para poseer, importar y exportar sustancias controladas con fines de distribución. Su papel, de acuerdo con investigaciones judiciales, fue clave en la coordinación de cargamentos de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, así como en el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México producto de la venta de drogas.

En 2016, documentos judiciales revelaron que Guzmán Salazar, entonces encargado de coordinar entregas de droga y flujos de dinero, fue pieza clave para que la DEA obtuviera información inédita sobre su padre. Sin percatarse, facilitó la primera grabación de Joaquín Guzmán a la agencia antidrogas y a la Fiscalía de Illinois, luego de presionar a los hermanos Pedro y Margarito Flores para que eligieran trabajar con el Cártel de Sinaloa o con el de los Beltrán Leyva. Los gemelos, en cambio, decidieron colaborar con las autoridades estadounidenses.

Ese mismo año, Jesús Alfredo volvió a ser noticia tras ser secuestrado en Puerto Vallarta por un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 15 de agosto, hombres armados irrumpieron en el restaurante “La Leche” y privaron de la libertad a seis personas, entre ellos Guzmán Salazar, Juan Daniel Calva Tapia, Víctor Galván Ureña y Josias Nahuali Rábago Borgolla. Tras las investigaciones, se confirmó que el hijo de El Chapo estaba entre los capturados, lo que evidenció la confrontación entre cárteles en México.

Poco después, circuló una fotografía en la que aparecía Guzmán Salazar junto a la actriz Kate del Castillo. La periodista Denisse Maerker dio a conocer la imagen en televisión, aunque nunca se confirmó su origen. El fiscal estatal de Jalisco señaló que la foto pudo haberse filtrado de alguno de los seis teléfonos celulares encontrados en el estacionamiento del restaurante tras el secuestro.

Actualmente, Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanece como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, quienes reiteraron que la recompensa millonaria busca incentivar información verificada que permita su detención.

Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

Juez ordena que Julio César Chávez Jr. no permanezca incomunicado tras denunciar incomunicación

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, tramitó un juicio de amparo en el que denunció “privación ilegal de la libertad e incomunicación” luego de ser entregado a México por autoridades de Estados Unidos. El caso ahora está en manos del Poder Judicial de la Federación.

La jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Sonora, concedió una suspensión de plano con la que ordenó a las autoridades que la “incomunicación cese de inmediato”, garantizando así el acceso del boxeador a comunicación y contacto con el exterior mientras permanece en una prisión de Hermosillo.

De acuerdo con documentos judiciales, el recurso fue presentado el miércoles 20 de agosto, un día después de que Chávez Jr. fuera trasladado a territorio mexicano desde Los Ángeles, California. La detención en Estados Unidos ocurrió en julio, cuando agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas lo arrestaron tras considerarlo relacionado con actividades del Cártel de Sinaloa.

La aprehensión se realizó días después del combate que el pugilista sostuvo contra el youtuber Jake Paul. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, desde diciembre del 2024 existía una denuncia en su contra que lo clasificaba como una “amenaza para la seguridad pública”, aunque en ese momento no fue prioridad para las autoridades estadounidenses.

Una vez entregado a México, la Fiscalía General de la República confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con organizaciones criminales. La FGR documentó que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 se intervinieron teléfonos de presuntos integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas, vinculada a la facción conocida como “Los Chapitos”.

En esas conversaciones, de acuerdo con la investigación, se mencionaba a Chávez Carrasco en supuestos actos de violencia contra integrantes del Cártel de Sinaloa. Los testimonios señalan que era utilizado para castigar a miembros de la organización, a quienes presuntamente golpeaba como si fueran costales de boxeo, siguiendo instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”. Este último fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El juicio de amparo interpuesto por el exboxeador busca frenar actos que considera violatorios de sus derechos fundamentales, particularmente la incomunicación dentro del penal de Hermosillo. La orden de la jueza Nava Ortega obliga a las autoridades a garantizar que tenga acceso a sus abogados y a establecer contacto con familiares, en tanto se resuelve el fondo del caso.

Ovidio Guzmán acepta su culpa y desata una tormenta judicial en Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, ha dado un giro inesperado a su historia al declararse culpable ante la Corte de Chicago por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. En una audiencia encabezada por la jueza Sharon Coleman, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán reconoció haber liderado una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Esta confesión lo convierte en el primer miembro de los Guzmán en aceptar su responsabilidad penal ante un tribunal estadounidense.

La declaración de culpabilidad forma parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, mediante el cual se busca reducir su condena a cambio de asistencia sustancial a las autoridades. Aunque aún no se ha detallado el alcance de la información que ofrecerá, el pacto ya incluye el compromiso de pagar 80 millones de dólares. Vestido con el clásico uniforme naranja de prisión y encadenado de pies y manos, Guzmán también reconoció sufrir depresión, aunque aseguró a la jueza que la medicación que recibe no interfiere con su testimonio.

A principios de julio, Guzmán López solicitó el traslado de su caso desde la Corte de Nueva York a la Corte de Illinois, donde actualmente se encuentra procesado. En ese momento ya había firmado su aceptación de culpa por seis cargos. A ellos se suman otros cinco en Chicago y uno más en el Distrito de Columbia, que inicialmente lo enfrentaban a una posible cadena perpetua.

Este cambio de estrategia ocurre en un contexto judicial cada vez más tenso para los herederos del Cártel de Sinaloa. La presión sobre Ovidio ha sido constante desde su detención en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, tras un operativo que dejó un saldo trágico de diez militares muertos. Su captura fue un episodio clave en la historia del narcotráfico en México, especialmente tras el fallido intento de arresto en 2019, conocido como el “Culiacanazo”.

La familia Guzmán enfrenta múltiples procesos judiciales en Estados Unidos. Sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín también están en la mira del gobierno estadounidense por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. A esta presión legal se suma la reciente entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades, organizada por Joaquín Guzmán, alias “El Güero”, quien supuestamente lo secuestró y lo trasladó en avión a territorio estadounidense. Ambos permanecen bajo custodia.

Este movimiento desató una guerra interna entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, dos facciones del narcotráfico con profundo arraigo en Sinaloa. En medio de esta lucha, los tribunales estadounidenses se convierten en un nuevo campo de batalla. Se espera que Joaquín Guzmán comparezca el 15 de septiembre, en una audiencia clave que podría confirmar su cooperación con la justicia, al igual que su hermano Ovidio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su inconformidad ante la postura de Estados Unidos, cuestionando la aparente contradicción entre declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y, al mismo tiempo, negociar con sus líderes. También ha recordado el sacrificio de los soldados que murieron en el operativo que capturó a Guzmán López, y ha solicitado mayor coordinación bilateral: “Es importante para nuestro país”.

Mientras se definen los acuerdos judiciales, el destino de los principales líderes del narcotráfico mexicano se juega en las cortes estadounidenses. Las alianzas, traiciones y confesiones configuran un escenario en el que las decisiones legales ya tienen consecuencias más allá de los juzgados, afectando directamente la estructura del crimen organizado en México.

Se aplaza de nuevo la audiencia de Joaquín Guzmán López, “El Güero”, en EE.UU.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

“El Ratón” se rinde: Ovidio Guzmán pacta con EU y evita juicio a toda costa

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.