Un tribunal colegiado ratificó la decisión que impide al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo el proceso electoral judicial 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros. También se le ordenó abstenerse de emitir acuerdos relacionados con la organización, desarrollo, vigilancia y fiscalización del mismo.
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró improcedentes dos recursos de queja, uno de ellos presentado por el Senado de la República. La semana pasada, Erika Nictehá Flores Gutiérrez, representante legal de la Fundación Iris para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, obtuvo una suspensión provisional emitida por Francisco Javier García Contreras, juez del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima.
El juez concedió esta medida cautelar al considerar que el proceso legislativo que originó el acto impugnado no se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos, vulnerando la garantía de seguridad jurídica. El fallo ordena al Senado no convocar a la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, el tribunal dictaminó que el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México deben abstenerse de realizar modificaciones a las leyes federales y locales para adaptar la reforma judicial, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado acciones decisivas después de descubrir que 87 personas que ocupaban cargos de supervisores o capacitadores electorales están vinculadas a partidos políticos.
Este hallazgo, detectado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), ha motivado la determinación de dar de baja a estos individuos mientras se resuelve de manera definitiva su situación.
La UTCE, al analizar cédulas y expedientes electrónicos proporcionados por los propios partidos políticos involucrados, ha corroborado las afiliaciones de los supervisores electorales.
La presencia de firmas en la documentación, en una primera revisión, sugiere el consentimiento de estos individuos para formar parte de instituciones políticas, desencadenando una respuesta inmediata por parte del INE.
Ante la gravedad de esta situación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha optado por implementar una medida cautelar, que implica la suspensión provisional de los 87 supervisores o capacitadores electorales en cuestión.
Esta acción busca salvaguardar los principios de imparcialidad e independencia que deben prevalecer en la integración de los órganos electorales, asegurando la transparencia y confianza en los procesos electorales.
Mediante un comunicado oficial, el INE ha aclarado que esta medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva definitivamente el fondo de los asuntos, garantizando un proceso adecuado para esclarecer las afiliaciones partidistas de los involucrados.
