Jueza federal mantiene bloqueo financiero a Hernán Bermúdez mientras avanza proceso judicial

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena continuarán congeladas luego de que una jueza federal rechazó conceder la suspensión provisional solicitada por el ex funcionario, quien buscaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberara sus recursos. La resolución fue emitida por Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco.

La juzgadora dio trámite a la demanda de garantías promovida por Bermúdez, conocido como El Abuelo, en cumplimiento de una determinación previa de un Tribunal Colegiado. No obstante, resolvió negar la medida cautelar solicitada, por lo que el bloqueo financiero impuesto por la UIF permanece vigente.

En el escrito presentado ante el juzgado, Bermúdez Requena expuso que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco y aseguró que ha sido vinculado de manera injusta con el grupo criminal conocido como La Barredora. En el mismo documento señaló que existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, la cual calificó como ilegal. También afirmó que tanto él como su familia enfrentan una persecución política derivada de estas acusaciones.

El ex funcionario indicó que tuvo conocimiento del bloqueo de sus cuentas bancarias y de su inclusión en la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano el 25 de julio de 2025, medida ordenada por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Será el próximo 2 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia en la que la jueza definirá si procede o no otorgar la suspensión definitiva solicitada por Bermúdez Requena.

El 18 de septiembre, el ex servidor público fue entregado a autoridades mexicanas por el gobierno de Paraguay, país en el que había sido detenido. En el ámbito del fuero común enfrenta un proceso penal por los delitos antes mencionados. A nivel federal, existe una orden de aprehensión concedida a la Fiscalía General de la República por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro, la cual aún no ha sido ejecutada.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Bermúdez Requena es señalado como fundador de La Hermandad o Cártel Policiaco, organizaciones vinculadas con actividades como tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas y control de centros nocturnos en Tabasco.

Tras una disputa con el Cártel del Golfo y una posterior alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en 2023 se produjo una ruptura interna que derivó en la conformación de La Barredora, grupo que actualmente disputa el control territorial para diversas actividades delictivas.

FGR va con todo: Busca anular protección judicial que impide detener a Silvano Aureoles

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un nuevo paso legal contra Silvano Aureoles Conejo, al solicitar la revocación de la suspensión provisional que impide su detención. Esta medida fue concedida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, pero ahora la FGR considera que dicha protección es improcedente.

En el expediente 348/2025, se indica que fue el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos quien presentó el incidente de revocación. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción fundamenta esta acción con base en presuntas irregularidades en la decisión judicial que inicialmente favoreció al exgobernador de Michoacán.

Silvano Aureoles enfrenta acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas imputaciones están ligadas a la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, proyecto que presuntamente implicó el desvío de recursos públicos.

La situación legal del exmandatario se vuelve más tensa tras la reciente vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios estatales, quienes fueron señalados como responsables en el mismo caso. La resolución fue emitida el 7 de marzo por Patricia Sánchez Nava, jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio, al término de una extensa audiencia que se prolongó por más de 21 horas.

La FGR sostiene que la compra de cuarteles involucró una operación financiera irregular por más de 4 mil millones de pesos, monto que ha captado la atención tanto de autoridades federales como de la opinión pública. Las investigaciones continúan abiertas y se prevé que se sigan acumulando elementos en el expediente.

El proceso legal sigue su curso, y el próximo 4 de junio está programada una audiencia clave en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. En esta sesión se espera que se determinen nuevos pasos para las partes implicadas, lo que podría influir directamente en el estatus legal de Aureoles Conejo.

La revocación de la suspensión sería un movimiento determinante, al abrir la puerta para una eventual acción directa de la FGR. Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades refuerzan su postura frente a un tema que ha escalado a nivel nacional.

Silvano Aureoles pone freno a su captura… por ahora

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una suspensión provisional que frena temporalmente una orden de aprehensión en su contra. El beneficio legal fue otorgado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, luego de que el político presentara una solicitud de amparo el pasado 21 de abril.

La decisión judicial establece que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, evitando que se haga efectiva la orden de arresto mientras se analiza la solicitud de suspensión definitiva. Como parte del proceso, el juez impuso una garantía económica de 52 mil pesos, la cual deberá ser cubierta en un plazo de cinco días para mantener vigente la medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa el procedimiento legal contra Aureoles, a quien señala por delitos graves como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de instalaciones para la Guardia Civil durante su administración.

De forma paralela, el caso involucra a varios exfuncionarios de su gestión. El pasado 7 de marzo, luego de una audiencia de más de 21 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza del Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, vinculó a proceso a cuatro excolaboradores por un presunto desvío de recursos que supera los 4 mil millones de pesos.

La situación legal del exgobernador se mantiene en suspenso. Será hasta el próximo 4 de junio cuando se lleve a cabo una nueva audiencia que podría definir el rumbo del proceso. La resolución judicial no exime de responsabilidad ni cancela la investigación, pero sí otorga una pausa en el avance inmediato de las acciones judiciales en su contra.

El caso ha captado la atención pública por el volumen del recurso involucrado y el perfil del exmandatario estatal, quien ha estado presente en distintas esferas políticas del país. La medida judicial forma parte del mecanismo de defensa previsto por la ley, mientras se continúa con el análisis de fondo del expediente.

Aureoles Conejo, anteriormente afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), permanece en libertad bajo este recurso legal, en espera de lo que determine la justicia federal en las próximas semanas. La trama continúa abierta y en constante desarrollo.

Tribunal confirma suspensión del proceso electoral judicial 2024-2025

Un tribunal colegiado ratificó la decisión que impide al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo el proceso electoral judicial 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros. También se le ordenó abstenerse de emitir acuerdos relacionados con la organización, desarrollo, vigilancia y fiscalización del mismo.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró improcedentes dos recursos de queja, uno de ellos presentado por el Senado de la República. La semana pasada, Erika Nictehá Flores Gutiérrez, representante legal de la Fundación Iris para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, obtuvo una suspensión provisional emitida por Francisco Javier García Contreras, juez del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima.

El juez concedió esta medida cautelar al considerar que el proceso legislativo que originó el acto impugnado no se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos, vulnerando la garantía de seguridad jurídica. El fallo ordena al Senado no convocar a la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el tribunal dictaminó que el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México deben abstenerse de realizar modificaciones a las leyes federales y locales para adaptar la reforma judicial, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

INE toma medidas contra afiliaciones partidistas en supervisores electorales

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado acciones decisivas después de descubrir que 87 personas que ocupaban cargos de supervisores o capacitadores electorales están vinculadas a partidos políticos.

Este hallazgo, detectado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), ha motivado la determinación de dar de baja a estos individuos mientras se resuelve de manera definitiva su situación.

La UTCE, al analizar cédulas y expedientes electrónicos proporcionados por los propios partidos políticos involucrados, ha corroborado las afiliaciones de los supervisores electorales.

La presencia de firmas en la documentación, en una primera revisión, sugiere el consentimiento de estos individuos para formar parte de instituciones políticas, desencadenando una respuesta inmediata por parte del INE.

Ante la gravedad de esta situación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha optado por implementar una medida cautelar, que implica la suspensión provisional de los 87 supervisores o capacitadores electorales en cuestión.

Esta acción busca salvaguardar los principios de imparcialidad e independencia que deben prevalecer en la integración de los órganos electorales, asegurando la transparencia y confianza en los procesos electorales.

Mediante un comunicado oficial, el INE ha aclarado que esta medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva definitivamente el fondo de los asuntos, garantizando un proceso adecuado para esclarecer las afiliaciones partidistas de los involucrados.