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El arribo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a un evento en Tijuana derivó en una exigencia directa de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes la interceptaron al finalizar su gira en Baja California para pedir la eliminación de la retroactividad incluida en la reforma al artículo 127 constitucional.

El grupo se aproximó a la camioneta en la que se trasladaba la mandataria tras concluir una actividad pública. En ese punto se concentraron las inconformidades relacionadas con la modificación legal aprobada entre marzo y abril de este año por el Congreso a propuesta del Ejecutivo.

Los ex trabajadores insistieron en que la aplicación retroactiva de la reforma afecta derechos ya adquiridos. Uno de ellos planteó frente a la presidenta: “Seguimos pidiendo la certeza jurídica, y no la retroactividad. Confiamos en usted”. La respuesta de Sheinbaum fue breve mientras continuaba el movimiento del vehículo: “Ya se está atendiendo”.

Instantes después, una mujer identificada como jubilada de la CFE reiteró la solicitud directamente a la mandataria. En su mensaje sostuvo: “Sí, queremos por favor que nos dé certeza jurídica. Nosotros tenemos nuestros derechos. Son íntegramente ganados y legales. Trabajamos 25, 30 o más años, somos de las empresas estratégicas del Estado, de la Comisión Federal, de Pemex, de esas a las que tanto les echa flores. Lo único que le estamos pidiendo es que se quite, se elimine la retroactividad del artículo 127 constitucional”.

La reforma al artículo 127 constitucional fue impulsada por el gobierno federal bajo el argumento de corregir lo que se ha descrito como “pensiones doradas” en distintas instituciones públicas, entre ellas Pemex, CFE, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro. Las pensiones señaladas en ese esquema alcanzaban rangos de 100 mil hasta 1 millón de pesos, según los criterios expuestos durante su discusión legislativa.

Aunque el ajuste normativo se dirigió principalmente a altos mandos, trabajadores jubilados de estas dependencias han señalado que su alcance también impacta a otros sectores del personal retirado.

Durante la misma jornada en Tijuana, la presidenta fue cuestionada por medios de comunicación sobre el desalojo del Centro Histórico de la Ciudad de México de integrantes de la Sección 22 de la CNTE, tras un acuerdo relacionado con recursos federales. La mandataria evitó profundizar y señaló que el tema será explicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Previo a estos hechos, Sheinbaum encabezó la inauguración de un plantel de bachillerato nacional en la ciudad fronteriza, donde informó que entre 2025 y 2026 su administración ha realizado 500 acciones para ampliar el horario de secundarias y transformar turnos vespertinos en preparatorias, además de la construcción de nuevos planteles educativos.

La fiscalización de los principales contribuyentes del país entrará en una nueva etapa con la llegada de Jennifer Krystel Castillo Madrid a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), área desde la que buscará acelerar devoluciones, reducir tiempos de revisión y modificar la forma en que se realizan las auditorías.

Durante su comparecencia ante legisladores, la funcionaria delineó una estrategia enfocada en hacer mas eficientes los procedimientos fiscales y fortalecer la comunicación entre la autoridad tributaria y los contribuyentes sujetos a revisión.

Entre las medidas que presentó se encuentra la disminución de los tiempos para resolver devoluciones de impuestos, auditorías, consultas y autorizaciones, así como la aplicación de mecanismos que permitan concentrar los esfuerzos de fiscalización en operaciones consideradas de alto riesgo.

Castillo Madrid sostuvo que las revisiones no deben traducirse en cargas innecesarias para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. “No se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”, afirmó ante los integrantes de la Comisión Permanente.

Su propuesta contempla evitar auditorías simultáneas sobre un mismo contribuyente, limitar los requerimientos de información a muestras representativas de documentos y establecer criterios uniformes en los procesos de fiscalización para otorgar mayor certeza jurídica.

También planteó garantizar el cumplimiento de los plazos legales, respetar los procedimientos establecidos y observar los tratados internacionales relacionados con la doble tributación. Asimismo, señaló que las revisiones se realizarán bajo criterios homogéneos y sin efectos retroactivos derivados de nuevas interpretaciones o disposiciones.

La agenda presentada fue respaldada durante su proceso de ratificación. Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Tercera Comisión: Asuntos Económicos, destacó que la funcionaria acreditó contar con el perfil requerido gracias a su preparación académica y a una trayectoria de 18 años en el servicio público.

Tras analizar su candidatura, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta obtuvo 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y ocho en contra de legisladores de oposición.

Con la aprobación legislativa, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, le tomó protesta como nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del SAT.

Castillo Madrid sustituye a Armando Ramírez Sánchez. Antes de incorporarse al SAT se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y ha ocupado diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México y del gobierno federal.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

Con el respaldo de la mayoría de los congresos locales, el Senado de la República formalizó la validez de la reforma constitucional que habilita al Congreso de la Unión a emitir una ley general enfocada en el combate al feminicidio en todo el país.

La Cámara Alta confirmó haber recibido los votos aprobatorios provenientes de entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México, entre otras, lo que permitió completar el proceso requerido para su declaratoria constitucional.

Tras este paso, el documento fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, con lo que entrará en vigor el mandato para que el Poder Legislativo federal desarrolle un marco normativo integral sobre este delito.

El contenido de la reforma establece que el Congreso podrá expedir una legislación que refuerce las acciones en materia de prevención, investigación, sanción y reparación del feminicidio. En el texto se subraya que este delito constituye “uno de los más dolorosos y de máxima gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural”.

Asimismo, el documento describe al feminicidio como “la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres”.

Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, enfatizó la dimensión del problema al señalar que este crimen “representa el mayor grado de discriminación contra el género femenino”.

La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, con su validación, se establece la obligación para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados elaboren y aprueben la ley general correspondiente en el próximo periodo ordinario de sesiones, previsto para iniciar en septiembre.

Este nuevo marco legal buscará homologar criterios y fortalecer la respuesta institucional frente al feminicidio a nivel nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un evento en Morelos donde combinó anuncios sobre vivienda con la celebración de recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Durante su gira, la mandataria destacó la eliminación de pensiones elevadas a exfuncionarios, la aprobación del llamado “plan B” electoral y la implementación de un programa de condonación de créditos del Fovissste que, aseguró, ha beneficiado a millones de familias.

En el acto, realizado junto a la gobernadora Margarita González Saravia y miembros del gabinete federal, la presidenta entregó certificados de condonación, reducción o quita de créditos de vivienda a 825 familias morelenses. La medida forma parte de un programa nacional que, según explicó, ha alcanzado a cinco millones de hogares en el país con el objetivo de facilitar la obtención de escrituras y aliviar deudas acumuladas.

Sheinbaum señaló que muchos trabajadores adquirieron viviendas mediante créditos del Infonavit o Fovissste con condiciones que terminaron generando deudas crecientes. Como ejemplo, mencionó casos de financiamientos a diez años por 70 mil pesos que, con el paso del tiempo, se transformaron en adeudos de hasta 700 mil pesos.

“Y se pagaba, y se pagaba, y cada vez se debía más. ¿Cómo va a haber un crédito de una institución del Estado que cada vez se debe más? Lo hicieron de tal manera que hay cinco millones de familias en México que tienen este tipo de créditos, que los adquirieron de buena fe y al final se convirtieron en deudas impagables”, sostuvo.

La mandataria también explicó que el gobierno federal acordó un plan conjunto con el director del ISSSTE, Martí Batres; el titular del Infonavit, Octavio Romero; la directora del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza; y la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega. El acuerdo contempla disminuir montos, eliminar adeudos o reducir plazos para quienes ya cubrieron una parte considerable de sus créditos. “Porque ya pagaron lo suficiente, porque ya pagaron lo justo”, afirmó Sheinbaum al explicar el alcance del programa.

Durante el mismo evento, la presidenta también destacó la aprobación del “plan B” de la reforma electoral, al considerar que permitirá reducir gastos en instituciones como congresos estatales, el Instituto Nacional Electoral, sindicaturas y el Senado. Según indicó, los recursos ahorrados se destinarán a mejorar servicios en los municipios.

Además, celebró la reforma que elimina las llamadas “pensiones doradas” para exfuncionarios de alto nivel en organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de México y Luz y Fuerza del Centro.

La gira en Morelos combinó así anuncios en materia de vivienda con la promoción de cambios legislativos que, de acuerdo con la presidenta, buscan redirigir recursos públicos y aliviar la situación financiera de millones de trabajadores que adquirieron vivienda mediante créditos institucionales.

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo participación en la salida de Adán Augusto López como coordinador del grupo parlamentario de Morena, y precisó que dicha determinación fue tomada de manera interna por la propia bancada. Las declaraciones se realizaron en entrevista con medios de comunicación, en el contexto del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual concluirá el próximo 30 de abril.

Velasco subrayó que la decisión sobre la coordinación parlamentaria de Morena respondió a un acuerdo entre los integrantes del grupo legislativo y no a una instrucción del Poder Ejecutivo. Al abordar el ambiente legislativo para los próximos meses, el senador destacó que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas se ha mantenido como una práctica constante dentro de la Cámara Alta.

“Siempre hemos estado abiertos a generar acuerdos con la oposición y los demás grupos parlamentarios”, expresó el legislador, al tiempo que aseguró que el Senado de la República continuará funcionando bajo un esquema de comunicación plural. “Siempre en el Senado ha habido un diálogo abierto y plural y eso va a continuar”, añadió.

En relación con la iniciativa presidencial de reforma electoral, Manuel Velasco informó que el proceso de análisis se encuentra en una etapa de conversaciones formales. Detalló que se han realizado al menos tres reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como encuentros con el presidente de la comisión correspondiente y con Pablo Gómez, como parte del intercambio de puntos de vista en torno a la propuesta.

El coordinador del PVEM enfatizó que su grupo parlamentario no ha cerrado la puerta a respaldar la iniciativa, al señalar que el diálogo permanece activo. “Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a dar los votos desde el momento que estamos dialogando”, puntualizó, al referirse a la disposición del Partido Verde para continuar en la mesa de negociación.

Asimismo, Velasco reiteró que la apertura al diálogo incluye a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, entre ellas Movimiento Ciudadano. Indicó que el objetivo de estas mesas es construir un proceso incluyente, en el que se puedan presentar planteamientos y propuestas por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador hizo un llamado a que las bancadas interesadas participen de manera activa en el proceso de discusión, con el propósito de enriquecer el debate legislativo en torno a la reforma electoral y otros temas relevantes que serán abordados durante el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar.