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El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este lunes al Congreso capitalino el primer informe de la administración de Clara Brugada. La entrega formal estuvo a cargo del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien acudió en representación de la jefa de Gobierno a la sede legislativa.

En un acto protocolario breve, Cravioto explicó que este informe da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital y representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Adelantó que será el próximo 12 de octubre cuando Brugada acuda personalmente al recinto legislativo a rendir su informe.

“El informe que hoy se entrega da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital de la transformación. Además de atender esta obligación constitucional, la entrega representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta administración”, declaró Cravioto al subir al estrado.

Tras la entrega, el funcionario subrayó que entre los temas más destacados está la seguridad, donde aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido 60%. Agregó que se han detenido a 500 personas por extorsión y que los homicidios dolosos bajaron de 2.4% el año pasado a 2.1% en lo que va de 2024.

El informe entregado consta de cuatro documentos: el propio informe, un análisis ejecutivo, un compendio estadístico y el reporte de cada una de las alcaldías. Entre los temas centrales se encuentran los programas sociales, como Mercomuna, Desde la Cuna y el apoyo a estudiantes para transporte, así como el avance de proyectos emblemáticos como el Cablebús y las Utopías.

Cravioto reconoció que en tres predios destinados a Utopías persisten conflictos vecinales, aunque descartó retrasos en los proyectos. Añadió que actualmente se atienden los problemas derivados de las lluvias, las más intensas en tres décadas, lo que ha impactado en el bacheo y mantenimiento vial.

“No estamos atorados en nada, bueno, ahora se vino el tema de las lluvias, que es un tema que la verdad, todo lo vemos, nunca lo habíamos percibido así, por lo menos en los últimos 30 años. De todos modos se está trabajando en el bacheo y, pasando las lluvias, estaremos trabajando en el reencarpetamiento”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, señaló que el documento será revisado con rigor, destacando áreas como salud, seguridad, movilidad, atención ciudadana y desarrollo social. “Nuestra labor es analizar estas acciones con responsabilidad institucional y un enfoque ciudadano, para garantizar que cada decisión tomada busque mejorar la vida cotidiana de los capitalinos”, puntualizó.

Con la entrega formal, se inicia el proceso de glosa en el Congreso, en el cual se solicitará la comparecencia de integrantes del gabinete de Brugada para detallar los avances de su primer año de gestión.

En Xalapa, el escritor, poeta y activista Javier Sicilia calificó de “complicidad con el crimen organizado” la respuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ante el asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández Cruz. El caso, ocurrido recientemente, conmocionó a la entidad tras conocerse que la víctima fue atacada presuntamente por rechazar el pago de derecho de piso.

Sicilia reprochó que la mandataria estatal minimizara el hecho al señalar que la muerte fue producto de un infarto. “Decir que murió por infarto era para que la ciudadanía saliera y la destituyera”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, el activista denunció que Veracruz atraviesa un “grado de descomposición atroz” evidenciado en los recientes hechos de violencia y masacres. Sostuvo que el estado refleja la crisis de todo el país, donde, según cifras mencionadas por él, existen cerca de cinco mil fosas descubiertas por madres buscadoras, 130 mil personas desaparecidas y más de 300 mil asesinadas en los últimos años.

En referencia al asesinato de Hernández Cruz, Sicilia subrayó que el método utilizado por los agresores es comparable a los actos de grupos extremistas radicales, aunque motivado por fines de extorsión. “Este tipo de métodos no los habíamos visto más que por los terroristas islámicos radicales. Es atroz y terrible. Esto es la banalidad del mal… y la respuesta de la gobernadora es agitada, es de complicidad”, expresó.

El activista acusó que las autoridades estatales muestran desprecio hacia las víctimas, lo que genera mayor incertidumbre y vulnerabilidad en la población. “Lo que ocurrió con la maestra Irma es el desprecio por las víctimas y el intento de ocultamiento de la realidad. La degradación total del Estado. Un Estado que no puede responder por las víctimas y que no es capaz de darles seguridad”, dijo.

Sicilia también extendió sus críticas a la izquierda mexicana, a la que consideró “fascista” y en manos de “un puñado de ignorantes y criminales para engañar a la gente”. En este contexto, afirmó que el partido Morena “es peor que el PRI” en materia de corrupción y violencia.

La conferencia de prensa también sirvió como marco para la presentación de su más reciente libro, Crisis o Apocalipsis, en el que reflexiona sobre la situación de violencia, impunidad y complicidad política en México. En su intervención, el autor concluyó que el país “no ha cambiado en nada” y que el panorama actual está marcado por “el horror, las complicidades políticas con el crimen organizado y la polarización social”.

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.

La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.

Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo que mantiene abierta una investigación en contra del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Julio Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, en Sonora.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la carpeta de investigación está en proceso de integración y será presentada ante los tribunales en las próximas semanas. La indagatoria se centra en la asignación del contrato de concesión para operar dicha vialidad, cuya inversión fue anunciada en noviembre de 2022 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con un presupuesto estimado de 500 millones de pesos.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamez, la cual obtuvo un contrato por más de 30 años para la administración del libramiento. Según los registros oficiales, esta empresa fue constituida el 25 de noviembre de 2022, apenas un día después del anuncio de Durazo sobre la ejecución de la obra. La creación exprés de la compañía y su falta de experiencia en infraestructura carretera son ahora elementos clave dentro de la investigación.

El propietario de Operadora de Caminos Carreteros Nogamez es Julio Aceves, identificado como socio directo de Julio Scherer Pareyón, lo que ha generado fuertes señalamientos por presunto conflicto de interés. Empresas que participaron en la misma licitación denunciaron irregularidades en el proceso y alertaron sobre vínculos familiares y empresariales entre los involucrados.

Además del legislador y su socio, figuran otros nombres dentro de esta posible red: Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer, ambos familiares cercanos del exconsejero presidencial Julio Scherer Ibarra. Todos ellos están incluidos en la carpeta de investigación y, según el fiscal Gertz Manero, se están estableciendo responsabilidades individualizadas.

 “El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley”, señaló el fiscal durante su intervención, subrayando que no se tolerarán actos fuera del marco legal, sin importar los vínculos políticos o familiares de los implicados.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de emitir órdenes de aprehensión por este caso, Gertz Manero respondió con contundencia: “Yo espero, pero por supuesto, claro que sí.”

La investigación pone en el foco a figuras públicas cercanas al círculo de poder durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y reabre el debate sobre los mecanismos de asignación de obras públicas y la fiscalización de los procesos licitatorios a nivel federal y estatal.

Beto Quintanilla Jr., intérprete de música norteña y corridos, hizo pública una denuncia por intento de extorsión que habría ocurrido en Reynosa, Tamaulipas. El hecho se dio días después de que se difundiera el posible asesinato de los integrantes del “Grupo Fugitivo”, desaparecidos a finales de mayo.

A través de un video compartido en redes sociales, el cantante mostró la grabación de una llamada que recibió presuntamente de un integrante del Cártel del Golfo. En el audio, la persona al otro lado de la línea lo cuestiona sobre la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar para recibir protección.

“Ya nos tocó a nosotros el día de ayer”, comentó Quintanilla Jr. en el video, al advertir que hay una ola de extorsiones con llamadas falsas dirigidas a músicos. El artista explicó que su número telefónico fue tomado del contacto que usualmente se publica para contrataciones.

El supuesto extorsionador afirma en la llamada que “el gobierno le está pidiendo que lo haga”, e insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se repite con otros artistas de la zona.

La denuncia del cantante se da en medio del clima de tensión que rodea al caso del “Grupo Fugitivo”. La banda fue reportada como desaparecida en Tamaulipas, y el 29 de mayo, la Fiscalía del estado anunció el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un paraje cercano al lugar donde los músicos fueron vistos por última vez. De acuerdo con el informe oficial, las características coinciden con las de los integrantes del grupo.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no han confirmado el fallecimiento y mantienen la postura de que la información difundida sobre su paradero es falsa. Hasta el momento, no se ha realizado una identificación oficial mediante pruebas científicas que confirme que los cuerpos pertenecen a los músicos.

La situación ha generado preocupación entre artistas locales y ha puesto en foco los riesgos que enfrentan los músicos en algunas regiones del país. Para Beto Quintanilla Jr., el incidente sirve como una advertencia a otros colegas del gremio: “No caigan”, expresó al referirse a quienes podrían recibir llamadas similares.

El caso del intento de extorsión y la desaparición del “Grupo Fugitivo” continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales, mientras las familias esperan confirmaciones oficiales y la comunidad musical de la región permanece en alerta ante posibles nuevos incidentes.

Una operación encubierta encabezada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca culminó con la detención de José Benito “T”, alias “Tláloc”, identificado como líder de una célula criminal con operaciones en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. La organización mantenía un esquema de extorsión, cobro de piso y presunto lavado de dinero, valiéndose de negocios aparentemente legales.

Los informes oficiales revelan que esta red criminal camuflaba sus actividades ilícitas mediante la administración de hoteles, bodegas y una empresa de extracción y venta de grava. Estas fachadas comerciales no solo servían para aparentar legalidad, sino que permitían el movimiento encubierto de recursos obtenidos mediante la venta de hidrocarburos de manera ilegal.

El grupo utilizaba las ganancias para financiar sus operaciones, mantener su estructura y ampliar su control territorial, según indicó la Fiscalía. Las actividades eran respaldadas por una dinámica de intimidación constante en contra de comerciantes y empresarios locales, quienes eran obligados a pagar cuotas bajo amenaza de represalias.

Las autoridades estatales confirmaron que el grupo también se encontraba involucrado en el tráfico ilegal de combustible, uno de los pilares financieros de la organización. Esta actividad, sumada a los ingresos generados por extorsión, colocó a “Tláloc” como figura clave en el panorama delictivo regional.

La presencia de la célula en Matías Romero no pasó desapercibida para los habitantes de la zona, quienes durante años convivieron con la sombra del miedo. El uso de la violencia como método de control y la diversificación de actividades ilícitas fueron parte de una estrategia sostenida por la organización para consolidar su influencia en el Istmo.

La captura de José Benito “T” representa un golpe importante para las estructuras criminales que operan en la entidad, y marca un avance en las investigaciones que buscan erradicar redes que, como ésta, mezclan actividades legales con operaciones delictivas de alto impacto.

La Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes para ubicar a otros posibles implicados, así como rastrear los recursos obtenidos a través de esta red. Las investigaciones apuntan a un sistema organizado, con operaciones financieras complejas y nexos con otras actividades delictivas que aún se encuentran bajo análisis.

Con esta detención, se refuerza el mensaje de que las autoridades estatales mantienen su estrategia para desmantelar estructuras criminales que operan en el sur del país, y devuelven, poco a poco, la tranquilidad a zonas afectadas por el crimen.

Los productores de limón en Apatzingán, Michoacán, han anunciado el cierre temporal de sus oficinas debido a amenazas de grupos criminales. La decisión fue tomada para salvaguardar su seguridad, según informó la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en un comunicado oficial. 

Bernardo Bravo, productor limonero, denunció a través de redes sociales que las amenazas han sido recurrentes en el Tianguis Limonero de Apatzingán, lo que ha generado preocupación en el sector. Como medida preventiva, la asociación ha determinado mantener cerradas sus oficinas administrativas durante la última semana de febrero.

“Esta decisión se toma con el objetivo de proteger nuestra integridad y, sobre todo, nuestro bien más valioso: la vida”, declaró Bravo. Pese a la preocupación por la seguridad, los productores continuarán operando en las instalaciones del tianguis limonero, las cuales se encuentran resguardadas por las autoridades.

En un esfuerzo por combatir la extorsión en la región, los citricultores han solicitado a las autoridades mayores avances en materia de seguridad. “Continuaremos exigiendo acciones concretas para erradicar la extorsión al limón”, aseguró la asociación.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo de seguridad en la zona limonera de Michoacán para proteger a los productores y mantener estable el precio del producto. “Gracias a estas acciones, las empacadoras y los tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica continúan operando con normalidad”, señaló el gobierno federal en su momento.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los productores de limón siguen enfrentando una situación crítica debido a la inseguridad en la región. El cierre de las oficinas administrativas refleja la preocupación del gremio y su determinación de priorizar la seguridad ante la persistente amenaza del crimen organizado.