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El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

Ernestina Godoy Ramos presentó los fundamentos de su plan estratégico de procuración de justicia durante su primera intervención como titular de la Fiscalía General de la República en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Frente a autoridades federales y estatales, delineó un conjunto de acciones inmediatas para consolidar una institución que, según expuso, busca responder a las exigencias actuales y mantener a la víctima en el foco de todas las actuaciones.

La fiscal general señaló que su propuesta se sustenta en seis líneas de trabajo articuladas a partir de la coordinación con el Gabinete de Seguridad y del fortalecimiento de las 32 fiscalías estatales. Indicó que el diseño contempla un nuevo modelo de investigación e inteligencia adecuado a los parámetros probatorios que demanda el sistema penal.

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, afirmó. De igual modo, insistió en la continuidad de esfuerzos para erradicar cualquier forma de corrupción o prácticas negligentes dentro de la institución.

Entre los puntos centrales de su plan también figura la reestructuración, modernización y robustecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Godoy Ramos explicó que esta instancia será orientada de manera más directa a atender delitos de alto impacto, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa de la FGR en investigaciones complejas. Añadió que la presentación formal del plan se realizará en los plazos previstos por la legislación vigente.

La sesión del Consejo contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y los gobernadores de las 32 entidades. En este encuentro se avaló el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, instrumento impulsado para enfrentar uno de los delitos con mayor presencia en distintas regiones del país. García Harfuch destacó que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio, se han registrado más de 102 mil llamadas al número de denuncia anónima 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas en aproximadamente 22 estados.

El secretario subrayó la relevancia de reforzar la profesionalización policial, consolidar la coordinación institucional y mejorar los sistemas de información con el fin de ofrecer respuestas más ágiles y efectivas a la población. Sheinbaum coincidió en que la extorsión representa uno de los retos más urgentes en materia de seguridad y sostuvo que es esencial continuar avanzando en su eliminación, apoyándose en la nueva legislación en la materia.

Antes de la aprobación de esta ley, la extorsión correspondía al fuero común y requería la denuncia de la persona afectada para que pudiera abrirse una carpeta de investigación. Con la reforma vigente, la FGR tiene la facultad de perseguir el delito aun sin la presentación formal de denuncia, lo que amplía la capacidad de intervención de la autoridad federal.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a ocho personas, mientras que 67 permanecen hospitalizadas.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que del total de 94 lesionados, 22 se encuentran en estado crítico, seis están graves, 39 en condición delicada y 19 ya fueron dados de alta. Entre los hospitalizados, la mayoría presenta quemaduras de segundo y tercer grado, así como cuadros de intoxicación derivados del accidente ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Brugada anunció que el gobierno capitalino implementará un programa de apoyo económico especial dirigido a las familias de los afectados. “Vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos a los que les corresponden, daremos puntual seguimiento para ello, a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia que garantice que ellos se puedan mover, que puedan estar atendiendo a sus familiares, vamos a profundizar el censo con las familias, para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles”, explicó.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó que el chofer de la pipa se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud, en estado crítico. “Con respecto al chofer, no se encuentra en calidad de detenido en este momento, pero como ya mencionó la jefa, está bajo custodia en el centro de salud donde se encuentra. Según su estado de salud, determinaremos cuándo y si se va a judicializar el caso”, indicó.

Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan la posibilidad de que el vehículo circulara a exceso de velocidad. Los peritajes siguen en curso para establecer las causas exactas del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, en la intersección del Puente de la Concordia con la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades más transitadas del oriente capitalino. La magnitud de la explosión generó un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia que atendieron a decenas de personas lesionadas en la zona.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte del Grupo Tomza, uno de los principales distribuidores de gas en el país.

Con la cifra de víctimas mortales en aumento y decenas de personas aún en estado crítico, las autoridades mantienen bajo vigilancia médica a los heridos, al tiempo que avanzan las investigaciones para definir responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en el país no existe ninguna investigación ni evidencia que vincule al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó al mandatario venezolano de colaborar con organizaciones criminales internacionales.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, aseguró la mandataria. Añadió que, como en otros casos, si alguna autoridad extranjera tiene pruebas, “que la muestren”.

Las declaraciones se dan después de que el gobierno estadounidense anunciara un incremento histórico en la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares. La noticia fue difundida a través de canales oficiales del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado.

Pam Bondi, en un mensaje en video, calificó esta cifra como “histórica” y reiteró que Maduro es considerado “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una “amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Según la fiscal, el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, así como dos aviones privados y nueve vehículos. También señaló que Maduro habría utilizado redes delictivas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traficar drogas y generar violencia en distintos países.

En su mensaje, Bondi afirmó que Washington mantiene un compromiso firme para desmantelar las operaciones internacionales de narcotráfico y que la recompensa busca incentivar la cooperación de informantes en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Sheinbaum subrayó que en México no hay procesos abiertos contra Maduro ni investigaciones que lo relacionen con el crimen organizado nacional. Las autoridades mexicanas, dijo, trabajan con información confirmada y no con acusaciones sin sustento dentro del territorio nacional.

El anuncio de la recompensa y la postura del gobierno mexicano marcan un nuevo episodio en la tensión política y judicial entre Estados Unidos y Venezuela, con México manteniendo una posición de distancia frente a las acusaciones internacionales.

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.

Este fin de semana, la tranquilidad del municipio de Teuchitlán, Jalisco, se quebró con la sorpresiva detención de su alcalde, José Murguía Santiago. La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), según confirmaron fuentes federales a un medio de comunicación.

La detención se relaciona directamente con las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro clave en las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar del hermetismo de las autoridades sobre los detalles precisos, los primeros informes apuntan a que Murguía Santiago estaría implicado en actividades delictivas vinculadas a ese lugar.

El rancho Izaguirre, ubicado en el mismo municipio que encabezaba el ahora detenido alcalde, fue identificado por la FGR como un sitio de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, declaró recientemente que “ya está totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación” del grupo criminal.

Murguía Santiago, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue trasladado a la Ciudad de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. Su nombre ahora se suma a una investigación de alto perfil que mantiene en alerta a diversas instituciones de seguridad del país.

El rancho saltó a la atención pública el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de lo que consideraron un “campo de exterminio”. Entre los restos localizados, se encontraron al menos 400 pares de zapatos. Aunque la FGR ha descartado que en el lugar funcionara un crematorio, las pruebas genéticas en curso buscarán determinar si las pertenencias encontradas están relacionadas con personas reportadas como desaparecidas.

Las labores del colectivo Guerreros Buscadores han sido fundamentales para permitir que las investigaciones sigan avanzando. Apenas este viernes, recibieron autorización para ingresar nuevamente a la zona en compañía de peritos y personal de la Fiscalía.

La situación actual mantiene encendidas las alarmas sobre la posible existencia de más “narcorranchos” en el estado y sus alrededores. La FGR, por su parte, ha trazado una línea de investigación paralela que buscará esclarecer si el caso del rancho Izaguirre es apenas una pieza más en una red mucho más amplia.

El caso de Murguía Santiago marca un giro delicado en la política local de Jalisco y abre un capítulo más en la lucha por desmantelar estructuras criminales infiltradas en el poder público.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.

La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.

El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.

Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.

Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.

Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.

El Congreso de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado tras una votación mayoritaria. Con 16 votos a favor y cuatro en contra, los diputados determinaron su remoción en respuesta a una solicitud formal del Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia.

Carmona Gándara enfrentó múltiples procesos penales y fue acusado de desviar recursos, proteger figuras políticas y encubrir delitos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo señaló como un obstáculo para la pacificación de Morelos y lo acusó de manipular pruebas en el caso de Ariadna Fernanda ‘N’.

Durante su gestión, también fue señalado por encubrimiento de crímenes, persecución judicial contra periodistas y creación de una red de influencia con nexos políticos y criminales. Su permanencia en el cargo fue defendida por fracciones parlamentarias del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, lo que había impedido su destitución en intentos previos.

En la sesión ordinaria del Congreso estatal, se abrió un receso para analizar la solicitud de destitución enviada por el Ejecutivo a través de su jefe de oficina, Javier García. Rafael Reyes Reyes, presidente de la Junta Política del Congreso, convocó a una reunión urgente para discutir el caso. Finalmente, la decisión fue tomada y aprobada por la mayoría legislativa.

Esta no fue la primera solicitud de remoción. Anteriormente, la gobernadora ya había enviado un documento a la presidenta del Congreso, Jazmín Solano, reiterando la necesidad de su destitución.

El ahora exfiscal calificó su destitución como “inconstitucional” e “ilegal”. Afirmó que no había sido notificado formalmente y que se enteró a través de los medios de comunicación. Según Carmona, la decisión violó su derecho a audiencia, un principio fundamental del debido proceso.

“Este procedimiento exige que se me dé la oportunidad de defenderme y no lo hicieron, se saltaron la garantía de audiencia”, declaró en una entrevista. También acusó que la decisión fue una represalia por haber anunciado una solicitud de desafuero contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Uriel Carmona enfrentó tres procesos penales relacionados con el caso de Ariadna Fernanda, lo que lo llevó a estar en prisión preventiva por casi dos meses, incluyendo un período en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Además, se le imputó su presunta participación en la tortura de un individuo conocido como “El Diablo”.

La gobernadora Margarita González Saravia insistió en la necesidad de su remoción, señalando no solo su prolongada permanencia en el cargo, sino también su inacción en casos de alto perfil. Con la salida de Carmona Gándara, se espera una reestructuración en la fiscalía y un nuevo rumbo en la procuración de justicia en Morelos.