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Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado recibirán este martes a las 21 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar magistraturas en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las comparecencias se llevarán a cabo por la mañana y forman parte del proceso de evaluación previo a la votación del dictamen en el pleno.

La lista enviada por la mandataria federal incluye perfiles provenientes de distintos ámbitos profesionales. Entre los nombres propuestos se encuentran Jorge Muñoz Barrett; Miguel Ernesto Pompa Corella; Jorge Enrique Mata Gómez; Ana María Chávez Nava; Mayra Alvarado Cruz; Fernando Cruz Ventura; Sandra González Castañeda; María Elena Montero García; Rodrigo Escalante Ramírez y Yamil Villalba Villarreal.

También fueron postulados Olimpia Girón Hernández; Jesús Sánchez Sánchez; Ricardo Malina Arias; Edgar Guerrero Flores; Idubina Nañez Bugarin; Miguel Guizado Jaimes; Elizabeth Bautista Velasco; Luis González Macías; Marco Carballo Calva; María Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Todos participarán en las comparecencias como parte del procedimiento legislativo establecido para la designación de magistrados regionales.

Una vez concluidas las exposiciones ante las comisiones, se prevé que, en caso de conseguir dictamen favorable, Morena y sus aliados del PVEM y PT lleven la propuesta al pleno para su discusión. El proceso se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que los magistrados regionales pueden ejercer el cargo hasta por diez años, con posibilidad de ser considerados para nuevos nombramientos. La designación formal recae en la persona titular de la Presidencia de la República, mientras que la ratificación corresponde a la mayoría de los senadores presentes.

La sesión de comparecencias se realiza pocas semanas después de que el 10 de octubre el Senado ratificara a cinco magistrados del TFJA también propuestos por la presidenta Sheinbaum. Aquella votación generó debate, pues la oposición sostuvo que los perfiles no garantizaban independencia por presuntas vinculaciones con Morena. Aun así, la mayoría legislativa aprobó las designaciones.

Entre quienes fueron ratificados en esa ocasión se encuentra José Ramón Amieva, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, quien asumió como magistrado del TFJA por un periodo de 15 años a partir del 1 de noviembre. Esa resolución marcó el inicio de un nuevo ciclo de nombramientos dentro del tribunal y anticipó el proceso que ahora continúa con las 21 propuestas que serán revisadas este martes.

El avance de estas comparecencias definirá el siguiente paso en la integración de las Salas Regionales del TFJA, un órgano clave en la resolución de controversias fiscales y administrativas en el país.

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

“Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.

Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un decreto que impulsa cambios fundamentales en el sector energético de México. Con 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, el dictamen ahora será discutido por el pleno de la Cámara Alta, con una posible votación programada para este miércoles.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer las empresas públicas del Estado, proporcionar certeza a agentes privados y mejorar la regulación del sector desde un enfoque técnico. Además, se pretende establecer un marco jurídico claro para la transición energética y los sectores eléctrico e hidrocarburos.

De acuerdo con el decreto, la reforma permitirá que México recupere el control de su sector energético, priorizando la seguridad nacional, el bienestar de la población y la sustentabilidad de los recursos. Para lograr estos objetivos, se expedirán ocho nuevas leyes y se reformarán tres normativas vigentes.

Las nuevas leyes incluyen la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles, la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Asimismo, se proponen modificaciones a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Durante la discusión, legisladores de los partidos PAN, PRI y MC pidieron que las leyes y reformas fueran votadas de manera separada en lugar de un solo bloque. Ante la negativa de esta solicitud, optaron por abstenerse y anunciaron que insistirán en su petición durante la votación en el pleno.

Este debate es crucial para el futuro del sector energético del país, pues su aprobación podría redefinir el papel del Estado en la gestión de los recursos energéticos, así como el nivel de participación de las empresas privadas. Se espera que en los próximos días continúen las discusiones y que el Senado tome una decisión definitiva sobre esta reforma estructural.