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El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, sostuvo que permanecerá en su cargo pese a las acusaciones en su contra por parte de una Fiscalía en Nueva York, que lo señala por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El legislador afirmó que enfrentará el proceso sin separarse del Senado y que utilizará el fuero constitucional para su defensa legal.

A través de su cuenta en X, Inzunza negó los señalamientos relacionados con posesión de armamento y vínculos con la facción de “Los Chapitos”, por los cuales autoridades estadounidenses han solicitado su detención y extradición. También aseguró que acudirá ante instancias mexicanas si es requerido. 

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, publicó.

Su postura contrasta con la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes solicitaron licencias temporales mientras se desarrollan las investigaciones.

El senador también vinculó las acusaciones con su oposición a la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Según explicó, su postura derivó en una solicitud de juicio por presunta “traición a la patria” contra la gobernadora María Eugenia Campos. “Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas…”, expresó, al tiempo que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de soberanía nacional. Hasta ahora, se desconoce el paradero de Inzunza, quien no ha sido visto desde la última sesión ordinaria del Senado el miércoles pasado.

En paralelo, el caso ha puesto atención sobre su entorno familiar. Su esposa, Claudia Meza Avendaño, fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en noviembre de 2021, tras la salida de Inzunza de ese mismo órgano. Además, varios de sus hermanos han ocupado cargos dentro del Poder Judicial estatal.

Aída Inzunza es magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa desde diciembre de 2020. Lorena Inzunza fue nombrada jueza civil en septiembre de 2024 y actualmente encabeza el Juzgado Tercero Civil en Culiacán. Javier Inzunza, por su parte, se integró en noviembre de 2024 como secretario de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 

Otro de sus hermanos, Santiago Inzunza, fue designado director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa durante la administración estatal en la que el ahora senador se desempeñó como secretario general. Las acusaciones en Estados Unidos se remontan a ese periodo, cuando Inzunza formaba parte del gabinete estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar insuficientes las pruebas enviadas para sustentar la solicitud.

De acuerdo con Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención provisional con fines de extradición en el marco de una investigación en curso. 

Sin embargo, la FGR determinó que los elementos proporcionados por el gobierno estadounidense no cumplen con los requisitos necesarios para ejecutar una captura.

En paralelo a este posicionamiento, Rocha Moya anunció este viernes que solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso local. En un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario explicó que su decisión busca facilitar las indagatorias en su contra.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

El gobernador también afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.

La medida ocurre dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. En ese mismo documento, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen acciones para favorecer su llegada al poder.

Según la acusación, dicho grupo habría intervenido en el proceso electoral mediante el robo de urnas con votos de sus opositores, así como la intimidación y el secuestro de rivales políticos.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa fue convocado a una sesión extraordinaria la noche del viernes para dar trámite al documento y definir quién asumirá el Ejecutivo estatal de manera interina. Entre las opciones, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, sea designada para ocupar el cargo temporalmente.

La posibilidad de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea enviado a Estados Unidos enfrenta un filtro clave: la presentación de pruebas y el cumplimiento del marco legal mexicano, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de este viernes, la mandataria subrayó que cualquier solicitud de extradición deberá evaluarse conforme al tratado bilateral, la Constitución y las leyes nacionales, proceso que corresponde interpretar a la Fiscalía General de la República. En ese contexto, insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios vinculados al mismo caso deben sustentarse con evidencia suficiente antes de avanzar.

“Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano”, afirmó.

La presidenta también cuestionó que los implicados hayan sido señalados públicamente sin que exista una investigación concluida. Reiteró que la relación con Estados Unidos se rige por principios como respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El posicionamiento ocurre después de que el 29 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una investigación formal contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario estatal enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento, delitos que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua o 40 años de prisión.

En paralelo, el caso ha generado actividad en plataformas de apuestas como PolyMarket, donde usuarios especulan sobre escenarios políticos y judiciales. Al 1 de mayo, existen tres mercados abiertos sobre el futuro del gobernador. Las proyecciones sitúan entre 30 y 45% la probabilidad de que deje el cargo antes de que termine mayo, mientras que estiman en 4% la posibilidad de extradición para el 15 de mayo y en 11% para junio. También se calcula en 14% la probabilidad de un arresto durante el mismo mes.

Ante estas versiones, tanto Sheinbaum como aliados políticos han rechazado los señalamientos al considerar que carecen de pruebas sólidas. La presidenta incluso planteó que, de no presentarse evidencia, el caso podría responder a motivaciones políticas.

Por su parte, Rocha Moya ha declarado que no teme a las acusaciones y sostuvo que estas también están dirigidas contra el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría comprometer un eventual proceso de extradición.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que el señalamiento emitido por el gobierno de Donald Trump carece de elementos probatorios suficientes. Subrayó que hacer pública esa información con fines distintos a los legales puede vulnerar la confidencialidad de los procesos penales en Estados Unidos y contravenir sus normas procesales.

“Solamente se conducirá la extradición si se termina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida en ese caso de nuestro país”, indicó. Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que cualquier procedimiento de extradición dependerá de la existencia de pruebas y de un juicio político previo contra el mandatario estatal.

Las declaraciones de la FGR se dan en el contexto de una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el Cártel de Sinaloa —en particular el grupo conocido como Los Chapitos— habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante el robo de boletas para favorecer al entonces candidato de Morena, hoy gobernador. El documento también sostiene que integrantes del grupo criminal secuestraron e intimidaron a aspirantes de oposición.

“A cambio (de estas acciones) en múltiples ocasiones, antes y después de asumir el cargo de gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes del cártel”, señala el escrito. En esos encuentros, añade, el mandatario se habría comprometido a respaldar operaciones relacionadas con el narcotráfico como parte de un supuesto acuerdo.

“Tal como prometió, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en el estado”, afirma el documento. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones policiales.

Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos vinculados al partido Morena.

Hernán ‘N’, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó someterse a un proceso de extradición simplificada hacia México. Permanecerá bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Paraguay mientras avanza el trámite ordinario de extradición.

La decisión se tomó tras una audiencia telemática celebrada este sábado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal. Durante la comparecencia, el magistrado le informó al detenido que podía optar por una “extradición abreviada”, la cual habría permitido resolver su entrega a México en cuestión de días. Sin embargo, el ex funcionario rechazó esa alternativa, lo que abre paso a un proceso más largo y con mayor carga burocrática, que implica la presentación formal de documentación por parte de las autoridades mexicanas.

“El juez ordenó que guarde prisión preventiva en la Senad durante este proceso de extradición y él, entonces, seguirá en la Senad por una cuestión de seguridad”, señaló un funcionario de la dependencia a la agencia EFE.

Alias El Abuelo o Comandante H fue detenido la madrugada del sábado en una lujosa residencia de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, en el centro del país sudamericano. El operativo fue realizado en coordinación con las autoridades mexicanas, después de que el ex servidor público permaneciera varios meses prófugo.

La Fiscalía paraguaya informó que la captura respondió a una solicitud formal de México, presentada a través de la vía diplomática, en la que se pedía la “detención preventiva con fines de extradición”. El trámite se llevó a cabo conforme al tratado bilateral vigente entre ambas naciones.

En México, Hernán ‘N’ enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Además, es señalado como uno de los principales operadores de La Barredora, célula dedicada al narcomenudeo y la extorsión, presuntamente vinculada al CJNG. Este cártel figura entre los seis grupos del crimen organizado que el gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas en febrero de este año.

La trayectoria política del detenido estuvo ligada a Tabasco. Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador y ex titular de la Secretaría de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó la existencia de una orden de aprehensión y de una ficha roja de Interpol en contra de Hernán ‘N’, lo que permitió su localización e identificación internacional. Desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con su detención en Paraguay, se abre un proceso judicial que podría extenderse en el tiempo debido a la negativa del acusado de acogerse a la extradición abreviada. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia en instalaciones de la Senad, en espera de que las autoridades mexicanas completen los trámites legales para su eventual entrega.

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

 

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

 

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

 

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

 

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

 

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

 

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

 

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

 

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

 

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.