La controvertida ausencia del empresario argentino Carlos Ahumada en los Juzgados

La controvertida ausencia del empresario argentino Carlos Ahumada en los Juzgados

Carlos Ahumada, empresario argentino nacionalizado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras su ausencia en una cita judicial en México. Este 16 de julio, Ahumada no se presentó ante el juez de Ejecución en el Reclusorio Norte, a pesar de su reciente extradición desde Argentina. Sin embargo, su ausencia no fue una violación a la ley, sino una respuesta a la “invitación” extendida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la cual no conllevaba obligación legal alguna. 

Ahumada enfrenta una sentencia condenatoria por el delito de fraude genérico, con una pena pendiente de 10 años y 23 días. A pesar de esto, su abogado, Enrique Ostos, asegura que han presentado un escrito en el juzgado para que se fije una fecha de audiencia, con el objetivo de solicitar la cancelación del proceso penal por prescripción.

 

La extradición de Ahumada desde Argentina, ocurrida la mañana del 16 de julio, fue un proceso marcado por la controversia. Según Ostos, Ahumada fue sometido a casi 30 días de detención en “condiciones inhumanas” en una cárcel preventiva de la Interpol en Argentina, lo que añade una capa de complejidad a su situación legal. “El juez lo privó de su libertad injustamente, pero ahora está descansando en casa”, afirmó el abogado.

 

La extradición de Ahumada y su llegada a México fueron seguidas de cerca por la FGJ y la Fiscalía General de la República (FGR), entidades responsables de coordinar su traslado y posterior disposición ante las autoridades mexicanas. “Después de cumplir con los protocolos necesarios, fue remitido al lugar de la FGR y posteriormente puesto a disposición de la FGJ, la autoridad que requirió su extradición”, explicó Ostos.

 

La defensa de Ahumada no solo se centra en cuestionar las condiciones de su detención en Argentina, sino también en buscar la prescripción de la pena impuesta en 2009, de la cual aún le resta cumplir un año y 11 meses. Además, existe un monto económico pendiente para saldar los daños ocasionados por su cliente, un punto crucial en la estrategia de defensa.

 

Ahumada ha sido una figura controvertida en México, no solo por sus problemas legales, sino también por su implicación en escándalos políticos. A principios de junio, una juez federal concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura en México, tras la reactivación de una orden de reaprehensión dictada en su contra en octubre de 2019. Esta medida impide que Ahumada sea detenido nuevamente mientras se resuelven los recursos legales presentados por su defensa.

 

El empresario argentino ya había sido detenido en agosto de 2019 en Argentina, a solicitud de la FGR, por presunta defraudación, aunque fue liberado poco después. La orden de captura internacional y su posterior liberación solo añadieron más controversia a su ya turbulenta historia legal.

 

Enrique Ostos enfatiza que su cliente está comprometido a cumplir con cualquier requerimiento legal. “Carlos se comprometió a presentarse ante cualquier autoridad que se requiriese. Ya cumplió con esa formalidad en el aeropuerto y se informó al juez del cumplimiento de esa orden”, afirmó.

 

El caso de Carlos Ahumada continúa generando interés y controversia, no solo por las implicaciones legales, sino también por su conexión con figuras políticas de alto perfil. A principios de junio, una juez federal le concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura, lo que añade una capa adicional de protección a su ya compleja situación.

 

El futuro legal de Carlos Ahumada sigue siendo incierto. La fecha de su próxima audiencia se fijará en los próximos días, y será crucial para determinar si su sentencia por fraude genérico será finalmente cancelada por prescripción. Mientras tanto, el empresario y su defensa continuarán luchando por demostrar la injusticia de su detención y buscar la exoneración definitiva.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Empresario Carlos Ahumada Detenido en Panamá Pese a Amparo

Antes de ser detenido en Panamá, el empresario Carlos Ahumada había solicitado un amparo para evitar la reactivación de una orden de captura emitida en 2007 por fraude. Este amparo le otorgaba una medida que impedía su arresto por ese caso específico.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Proceso que Ahumada fue arrestado por agentes de migración en el aeropuerto de Panamá, siguiendo una ficha roja de Interpol basada en órdenes de aprehensión de México, tanto del fuero común como del federal.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha presentado una solicitud formal de extradición a Panamá.

El amparo de Ahumada, admitido el 3 de mayo por el juez Cuarto de Distrito en la Ciudad de México, está relacionado con el caso del fuero común. En su demanda, Ahumada argumentó que el 31 de octubre de 2019, el juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio Norte ordenó reactivar la orden de aprehensión de 2007 por fraude. El juez le concedió una suspensión provisional de este acuerdo, sin invalidarlo completamente.

“Debido a que el solicitante pidió expresamente la suspensión de las consecuencias del acto reclamado, consistente en su reaprehensión, y dado que esta medida no perjudica el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, se concede a Carlos Ahumada una suspensión provisional para evitar su detención,” señaló el juez.

Ahumada presentó una garantía de 795 mil pesos para mantener vigente esta medida, la cual no impide su detención con fines de extradición, que fue la base para su arresto en Panamá.

El juez fijó el 11 de junio para la audiencia incidental donde decidirá si se otorga la suspensión definitiva, basándose en los informes recibidos del juez de ejecución señalado por Ahumada.

Exfuncionario de la CNBV detenido en España por solicitud de extradición

El ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Eduardo Fernández García, ha sido detenido en España luego de que Interpol emitiera una ficha roja a petición de México, que busca su extradición.

Fernández García fue arrestado en la mañana de hoy viernes al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en un vuelo procedente de Estados Unidos, según confirmó Proceso.

Tras su detención, Fernández García se puso en contacto con su esposa, Florencia Méndez, para comunicarle que había sido apresado en el aeropuerto de Madrid bajo una acusación inicial de “amenazas”, según informó Aristegui Noticias. Sin embargo, más tarde se le notificó que la detención se llevó a cabo con el propósito de su extradición por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Hasta las 19:00 hora local de Madrid (12:00 en CDMX), Fernández García permanecía en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y se espera que comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional en su primera audiencia este sábado.

La detención de Fernández García está relacionada con una denuncia presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en la que se acusa a ejecutivos de Televisa, incluyendo a Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de llevar a cabo “transacciones ilegales y maniobras furtivas” para lavar presuntamente 40 millones de dólares, fondos que el denunciante sugiere como “sobornos procedentes de las arcas públicas de México u otras actividades ilícitas”, según reporta Aristegui Noticias.

Fernández García y sus abogados presentaron esta denuncia ante la SEC el 6 de octubre de 2022, mencionando eventos supuestamente ocurridos entre 2008 y 2011. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución sobre el caso.

Los hechos denunciados por Fernández García están relacionados con una carta anónima publicada en mayo de 2016 en The Wall Street Journal, en la que se implicaba a ejecutivos de Televisa en actividades ilícitas. Televisa ha contratado despachos legales que concluyeron que las acusaciones eran falsas, desacreditando así las afirmaciones de actos indebidos.

Fernández García asegura que en México se llevó a cabo una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos descritos en la carta anónima publicada por el WSJ.