Hernán ‘N’, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó someterse a un proceso de extradición simplificada hacia México. Permanecerá bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Paraguay mientras avanza el trámite ordinario de extradición.

La decisión se tomó tras una audiencia telemática celebrada este sábado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal. Durante la comparecencia, el magistrado le informó al detenido que podía optar por una “extradición abreviada”, la cual habría permitido resolver su entrega a México en cuestión de días. Sin embargo, el ex funcionario rechazó esa alternativa, lo que abre paso a un proceso más largo y con mayor carga burocrática, que implica la presentación formal de documentación por parte de las autoridades mexicanas.

“El juez ordenó que guarde prisión preventiva en la Senad durante este proceso de extradición y él, entonces, seguirá en la Senad por una cuestión de seguridad”, señaló un funcionario de la dependencia a la agencia EFE.

Alias El Abuelo o Comandante H fue detenido la madrugada del sábado en una lujosa residencia de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, en el centro del país sudamericano. El operativo fue realizado en coordinación con las autoridades mexicanas, después de que el ex servidor público permaneciera varios meses prófugo.

La Fiscalía paraguaya informó que la captura respondió a una solicitud formal de México, presentada a través de la vía diplomática, en la que se pedía la “detención preventiva con fines de extradición”. El trámite se llevó a cabo conforme al tratado bilateral vigente entre ambas naciones.

En México, Hernán ‘N’ enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Además, es señalado como uno de los principales operadores de La Barredora, célula dedicada al narcomenudeo y la extorsión, presuntamente vinculada al CJNG. Este cártel figura entre los seis grupos del crimen organizado que el gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas en febrero de este año.

La trayectoria política del detenido estuvo ligada a Tabasco. Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador y ex titular de la Secretaría de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó la existencia de una orden de aprehensión y de una ficha roja de Interpol en contra de Hernán ‘N’, lo que permitió su localización e identificación internacional. Desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con su detención en Paraguay, se abre un proceso judicial que podría extenderse en el tiempo debido a la negativa del acusado de acogerse a la extradición abreviada. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia en instalaciones de la Senad, en espera de que las autoridades mexicanas completen los trámites legales para su eventual entrega.

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.