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La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, quedó concluido después de que las personas afectadas aceptaran un mecanismo de reparación integral del daño. De acuerdo con la institución, esta decisión implicó la extinción de la acción penal relacionada con el caso.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el acuerdo fue aceptado por 145 víctimas, quienes recibieron compensaciones de manera inmediata. El grupo está conformado por 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes. La funcionaria explicó que este tipo de mecanismos están contemplados en el marco constitucional y legal, y permiten ofrecer una salida que prioriza la reparación para quienes resultaron afectados.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, dijo.

La fiscal también reiteró que, tras las investigaciones, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy. Asimismo, subrayó que la institución empleó sus capacidades para esclarecer los hechos y atender a las víctimas. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, agregó.

El descarrilamiento ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando el Tren Interoceánico circulaba por la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Marina informó que en el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El convoy estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 13 personas murieron en el lugar, mientras que 93 resultaron heridas. Días después, se reportó el fallecimiento de una persona más que había sido trasladada para recibir atención médica, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 14.

Con la aceptación del acuerdo por parte de las personas afectadas, la Fiscalía señaló que se formalizó la conclusión del procedimiento penal, al considerarse cumplidas las condiciones para la reparación integral del daño derivado del accidente ferroviario.

Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

La mañana del domingo 28 de diciembre se registró un grave accidente ferroviario en el estado de Oaxaca, luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico que circulaba por la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el trayecto que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información oficial, en el convoy viajaban aproximadamente 250 personas al momento del accidente. Tras las primeras evaluaciones, se determinó que 139 pasajeros se encuentran fuera de peligro. En tanto, los 98 lesionados presentan distintos niveles de gravedad: una parte sufrió lesiones menores que no comprometen su vida, mientras que decenas requirieron hospitalización. Las autoridades confirmaron que 13 personas perdieron la vida a consecuencia directa del descarrilamiento.

La Semar, a través de un comunicado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el hecho como un lamentable accidente. Asimismo, reiteró su compromiso de brindar atención inmediata a las personas afectadas, actuar con responsabilidad y transparencia, y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Durante las labores de auxilio y rescate, la Secretaría de Marina desplegó un amplio operativo en la zona del accidente. En estas tareas participaron 360 elementos navales, apoyados con 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de ubicar a los pasajeros, brindar atención prehospitalaria y facilitar los traslados médicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, mediante redes sociales, que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se trasladaran al lugar del accidente y atendieran personalmente a las familias de las víctimas. También señaló la participación de delegados del IMSS y del programa IMSS-Bienestar. La mandataria indicó que la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de atención a los afectados y agradeció el respaldo del gobierno de Oaxaca en las tareas de respuesta.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las causas del descarrilamiento ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Detalló que agentes del Ministerio Público Federal, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal trabajan de manera coordinada con autoridades federales y estatales para recabar pruebas, testimonios y dictámenes técnicos.

En el ámbito de la atención médica, el IMSS-Bienestar activó sus protocolos de emergencia y distribuyó a las personas lesionadas en tres hospitales del estado. Un total de 29 pacientes reciben atención en el Hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero; 22 más se encuentran en el Hospital de Juchitán y 11 en el Hospital de Ixtepec, sumando 62 personas hospitalizadas.

La institución proporcionó la identificación de 25 pacientes atendidos en Juchitán e Ixtepec, y señaló que dará seguimiento puntual a la evolución clínica de todas las personas lesionadas que permanecen bajo atención médica en las unidades hospitalarias de Oaxaca.

Ernestina Godoy Ramos presentó los fundamentos de su plan estratégico de procuración de justicia durante su primera intervención como titular de la Fiscalía General de la República en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Frente a autoridades federales y estatales, delineó un conjunto de acciones inmediatas para consolidar una institución que, según expuso, busca responder a las exigencias actuales y mantener a la víctima en el foco de todas las actuaciones.

La fiscal general señaló que su propuesta se sustenta en seis líneas de trabajo articuladas a partir de la coordinación con el Gabinete de Seguridad y del fortalecimiento de las 32 fiscalías estatales. Indicó que el diseño contempla un nuevo modelo de investigación e inteligencia adecuado a los parámetros probatorios que demanda el sistema penal.

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, afirmó. De igual modo, insistió en la continuidad de esfuerzos para erradicar cualquier forma de corrupción o prácticas negligentes dentro de la institución.

Entre los puntos centrales de su plan también figura la reestructuración, modernización y robustecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Godoy Ramos explicó que esta instancia será orientada de manera más directa a atender delitos de alto impacto, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa de la FGR en investigaciones complejas. Añadió que la presentación formal del plan se realizará en los plazos previstos por la legislación vigente.

La sesión del Consejo contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y los gobernadores de las 32 entidades. En este encuentro se avaló el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, instrumento impulsado para enfrentar uno de los delitos con mayor presencia en distintas regiones del país. García Harfuch destacó que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio, se han registrado más de 102 mil llamadas al número de denuncia anónima 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas en aproximadamente 22 estados.

El secretario subrayó la relevancia de reforzar la profesionalización policial, consolidar la coordinación institucional y mejorar los sistemas de información con el fin de ofrecer respuestas más ágiles y efectivas a la población. Sheinbaum coincidió en que la extorsión representa uno de los retos más urgentes en materia de seguridad y sostuvo que es esencial continuar avanzando en su eliminación, apoyándose en la nueva legislación en la materia.

Antes de la aprobación de esta ley, la extorsión correspondía al fuero común y requería la denuncia de la persona afectada para que pudiera abrirse una carpeta de investigación. Con la reforma vigente, la FGR tiene la facultad de perseguir el delito aun sin la presentación formal de denuncia, lo que amplía la capacidad de intervención de la autoridad federal.

El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión que se desarrolló en menos de tres horas y en la que legisladores de oposición señalaron que el proceso fue “simulado”. Tras recibir 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra, la exconsejera jurídica de la Presidencia rindió protesta y ocupará el cargo hasta 2034.

Durante la votación se distribuyeron 127 cédulas, con la única ausencia del panista Gustavo Sánchez. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 85 votos. En el pleno, algunos legisladores mostraron públicamente sus boletas: la panista Lilly Téllez exhibió su cédula con la leyenda “no a la mafiocracia”, mientras que los 13 senadores del PRI marcaron “en contra”. También mostraron su voto el panista Marko Cortés y los morenistas Félix Salgado, Nora Ruvalcaba y Mariela Gutiérrez. En contraste, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, emitió su voto de manera cerrada.

El escrutinio confirmó que Godoy superó ampliamente la cifra necesaria para presidir la FGR, dejando sin votos a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el nombramiento y ordenó comunicarlo a la titular del Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a las fiscalías de todo el país.

Previo a la votación, Godoy compareció ante el pleno. Ahí afirmó que durante su gestión “no se fabricarán culpables ni habrá perseguidos políticos” y aseguró que la institución aplicará “cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”. Añadió que cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos será investigado y sancionado “con la misma severidad”.

La trayectoria de Ernestina Godoy incluye más de cuatro décadas en el servicio público y en organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la UNAM y fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). También creó la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en 2015.

En el gobierno capitalino fue directora jurídica, coordinadora de asuntos legales y titular de áreas delegacionales entre 2000 y 2012. En el ámbito legislativo se desempeñó como diputada local y federal, presidenta de comisiones, integrante de la Mesa Directiva y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En materia de procuración de justicia, encabezó la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital, primero como procuradora (2018-2020) y luego como fiscal general de la CDMX (2020-2024). Ha recibido reconocimientos como la Medalla Emilio Krieger (2023), la Presea Benito Juárez (2019) y la Presea Tepantlato (2019).

Su llegada a la FGR ocurre después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien comunicó al Senado que dejaría el cargo tras recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México. Más tarde se confirmó que el país destino será Alemania.

Con la toma de protesta de Ernestina Godoy, la Fiscalía General inicia un nuevo periodo que se extenderá durante la próxima década, enmarcado por su promesa de fortalecer protocolos, combatir la impunidad y garantizar apego a los derechos humanos.

Ernestina Godoy Ramos quedó al frente, de manera provisional, de la Fiscalía General de la República (FGR), en un movimiento que reorganiza la estructura de procuración de justicia a nivel federal tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Su llegada ocurre a partir del cargo que él mismo asignó previamente: la Fiscalía Especial de Control de Competencia, puesto que la facultó para asumir temporalmente la conducción de la institución.

El nombramiento se hizo visible cuando Godoy compartió, en sus redes sociales, una fotografía desde las instalaciones de la FGR acompañada de un mensaje donde confirmó que tomaba la responsabilidad constitucional de dirigir el despacho. 

En ese comunicado público señaló que este nuevo encargo lo asumiría con los mismos principios que han guiado su trayectoria profesional y destacó su compromiso con la ética, la firmeza y la justicia. También expresó agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por la confianza depositada en los diferentes cargos que ha ocupado en el ámbito de la justicia.

La exconsejera jurídica permaneció en ese puesto desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025, día en que concluyó esa etapa para integrarse inmediatamente a la FGR. Al despedirse del cargo anterior, señaló sentirse orgullosa por el trabajo realizado junto a su equipo y afirmó que México continúa avanzando hacia un entorno con mayores derechos y un horizonte más humanizado.

El relevo dentro de la FGR no estuvo exento de tensiones. La renuncia de Gertz Manero generó una ola de reacciones desde la oposición, quienes apuntaron a que el exfiscal habría enfrentado presiones en medio de investigaciones sensibles. Entre los expedientes señalados se encuentran los relacionados con el “huachicol fiscal”, las detenciones vinculadas al Cártel de La Barredora y el caso de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

La trayectoria reciente de Godoy ha sido objeto de constante examen público. Como fiscal de justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2024, encabezó investigaciones de alto impacto, incluyendo la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde murieron 27 personas, así como el caso del Colegio Rébsamen, colapsado durante los sismos de 2017.

En ambos episodios se generaron cuestionamientos debido a las conclusiones que deslindaron de responsabilidades a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ya instalada como encargada del despacho en la FGR, Godoy deberá continuar el seguimiento de casos prioritarios para la institución, entre ellos las indagatorias sobre el huachicol fiscal, las operaciones atribuidas a La Barredora, las líneas de investigación alrededor de Rocha Cantú y los avances sobre el Rancho Izaguirre, además de otros expedientes abiertos que permanecen en curso.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó a legisladores de Morena que el paquete económico 2026 incluirá modificaciones en los impuestos a empresas refresqueras, como parte de las medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en México.

Durante la plenaria de la bancada guinda, Godoy señaló que el ajuste responde a la estrategia nacional contra el consumo excesivo de azúcar, ya que está vinculado con padecimientos como la diabetes y la hipertensión. “Viene la Ley General de Salud. Bueno, en el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expresó.

El anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal mantiene activa una cruzada para reducir los riesgos a la salud derivados de bebidas industrializadas. El planteamiento de nuevos gravámenes busca reforzar esa política pública desde la perspectiva fiscal.

Además, la consejera jurídica recordó que aún está pendiente la regularización de los vapeadores dentro de la Ley General de Salud. “Hay que sacar ya la reforma secundaria. Pero también es una reforma importante porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión”, indicó.

Godoy también destacó que el rediseño del sistema nacional de salud avanza hacia un modelo en el que las instituciones como ISSSTE e IMSS Bienestar trabajen de manera coordinada, incluyendo un esquema de compensaciones entre ellas. Subrayó que el objetivo es garantizar el acceso sin importar a qué institución pertenezca cada derechohabiente.

En su mensaje, la funcionaria detalló que los cambios legislativos se articulan con otros temas en curso dentro del Congreso. Entre ellos, mencionó los avances de la Reforma a la Guardia Nacional, la Ley sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Protección y Bienestar Animal.

A través de su cuenta de X, Godoy informó que también están en puerta iniciativas de gran calado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, el paquete económico 2026 perfila ajustes fiscales dirigidos a la industria refresquera, mientras que en paralelo avanza la agenda de reformas en materia de salud, seguridad, derechos indígenas y bienestar animal.