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Durante la inauguración de la nueva aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó el respaldo del Gobierno federal para que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina continúen al frente de la vigilancia y operación de las aduanas del país, al destacar resultados concretos en materia de recaudación, control y seguridad fronteriza.

En el acto oficial, la mandataria subrayó que la administración de las aduanas por parte de las Fuerzas Armadas ha permitido un crecimiento significativo en los ingresos públicos. Detalló que, entre 2024 y 2025, la recaudación aduanera pasó de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 25 por ciento. Este avance, afirmó, es resultado del trabajo coordinado y de la nueva estructura operativa implementada en los puntos de ingreso y salida del país.

Sheinbaum explicó que la titularidad de las aduanas se encuentra distribuida de acuerdo con su ubicación estratégica: la Secretaría de Marina encabeza las aduanas portuarias, mientras que el Ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene bajo su responsabilidad las aduanas terrestres. “Esto no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana del país”, señaló al reconocer el papel de ambas instituciones en la operación cotidiana y el fortalecimiento del sistema aduanero.

Como parte de los objetivos para el año en curso, la presidenta anunció que la meta gubernamental es alcanzar una recaudación de un billón 500 mil millones de pesos, apoyada en la modernización tecnológica, la centralización de procesos y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la relevancia estratégica de Nuevo Laredo, no solo como uno de los principales cruces comerciales del país, sino también como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas. Resaltó que su ubicación es clave tanto para la recaudación fiscal como para la seguridad nacional.

Trevilla Trejo también enfatizó la coordinación permanente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en toda la frontera norte, lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites territoriales de ambos países,“con absoluto respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo, detalló la magnitud del nuevo complejo aduanero de Nuevo Laredo. Indicó que cuenta con más de 29 áreas de extensión, una superficie construida superior a los 320 mil metros cuadrados, capacidad operativa para más de mil 100 personas y 600 viviendas destinadas al personal y sus familias. Además, incluye instalaciones recreativas y deportivas, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de quienes forman parte de la institución.

La inauguración de esta infraestructura refuerza el papel de Nuevo Laredo como punto neurálgico del comercio exterior y como eje del nuevo modelo aduanero impulsado por el Gobierno federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los 39 funcionarios de seguridad que viajaron recientemente a Estados Unidos lo hicieron por invitación directa del Comando Norte de ese país (USNORTHCOM). La aclaración se realizó durante una conferencia de prensa, en la que detalló que este tipo de ejercicios de formación y cooperación no representan una acción extraordinaria, ya que se llevan a cabo desde hace varios años como parte de los mecanismos de coordinación entre ambas naciones.

García Harfuch precisó que los funcionarios pertenecen a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y que participarán en actividades de capacitación con distintas corporaciones de seguridad estadounidenses. El periodo estimado de estos trabajos es de entre 40 y 45 días, tiempo durante el cual se fortalecerán capacidades técnicas y operativas mediante el intercambio de experiencias.

El titular de la SSPC subrayó que cada capacitación cuenta con un respaldo administrativo formal. “Para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así; en este caso fue una invitación”, explicó. Con ello, enfatizó que el procedimiento se ajusta a los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

Asimismo, García Harfuch aclaró que la cooperación y el intercambio de información no implican operaciones conjuntas en territorio mexicano. Señaló que cada país actúa exclusivamente dentro de sus fronteras y negó que agentes estadounidenses se encuentren realizando labores de seguridad en suelo nacional.

La explicación se da en un contexto reciente, luego de que el 18 de enero una aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos arribara a México sin que existiera una autorización previa del Senado. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se trató del ingreso de tropas extranjeras, sino de un vuelo destinado únicamente a recoger a los funcionarios mexicanos, tras la autorización correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró que la relación bilateral en materia de seguridad se sustenta en cuatro ejes centrales: entendimiento, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza, así como cooperación sin subordinación. En ese marco, señaló que Estados Unidos aceptó y comprendió estos principios como base de la coordinación entre ambos países.

La mandataria también destacó que, bajo estos lineamientos, Estados Unidos debe realizar las operaciones que le corresponden dentro de su propio territorio para contribuir a la seguridad regional, en coordinación con México, manteniendo el respeto a la soberanía y a los acuerdos institucionales vigentes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no fue notificado con anticipación sobre la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el espacio aéreo mexicano y de otros países de América Latina. Durante su conferencia matutina, explicó que se trató de una comunicación estrictamente aeronáutica y que ningún país recibió aviso previo.

Tras la emisión de la alerta, la mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores activaron los protocolos correspondientes y establecieron contacto con la embajada de Estados Unidos para conocer con precisión el contenido y alcance de la medida. Señaló que el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones se difundió horas después debido a que se estaba corroborando que no existieran sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.

Sheinbaum reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le informó sobre esta alerta durante la llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos que sostuvieron la semana pasada. La advertencia de la FAA se dio a conocer horas después de que el gobierno estadounidense solicitara a México resultados tangibles en el combate al narcotráfico. En el aviso, la FAA pidió “tener precaución” en el espacio aéreo de México y de países del sur del continente debido a actividades militares previstas del 16 de enero al 17 de marzo.

En otro tema, la presidenta se refirió al aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y aseguró que dicha operación no requería autorización del Senado, ya que no implicó el ingreso de tropas. “No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, declaró ante la prensa.

Explicó que este tipo de autorizaciones se otorgaron desde octubre del año pasado y que las actividades estaban relacionadas con capacitación previamente programada. Añadió que aeronaves estadounidenses han ingresado al país en otras ocasiones y que, en este caso, la diferencia fue únicamente el aeropuerto de arribo.

La aeronave, identificada como RCH149, despegó el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y aterrizó en Toluca alrededor de las 14:40 horas por motivos logísticos. No obstante, el domingo se difundió la llegada de un avión Hércules C-130, lo que generó cuestionamientos en el Senado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece la Constitución. En respuesta, el gabinete de seguridad federal confirmó que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y correspondió a actividades de capacitación, precisando que la solicitud presidencial contemplaba el ingreso de 19 elementos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Edgar “N”, conocido como “El Limones”, en el estado de Durango, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero de una célula delictiva dedicada a la extorsión. Las autoridades lo identifican como integrante de alto nivel del grupo de Los Cabrera, organización vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentada con Los Chapitos en una disputa interna.

De acuerdo con información oficial, “El Limones” también ocupa el cargo de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según consta en las redes sociales de la filial estatal. La confederación es encabezada a nivel nacional por el diputado morenista Pedro Haces Barba. El vínculo entre el detenido y la organización sindical ya había sido señalado por distintos sectores productivos de la región lagunera, que en agosto denunciaron extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el detenido operaba como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila. El funcionario afirmó que la captura representa un “golpe directo a las redes de extorsión”, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares vinculados a actividades de extorsión, fraude y lavado de dinero. Entre estas operaciones se encuentran depósitos millonarios sin justificación aparente, transferencias a empresas relacionadas con lavado de dinero y la compraventa de bienes de alto valor, entre ellos inmuebles, automóviles de lujo, joyería, relojes y apuestas.

El gabinete detalló que Edgar “N” se ubicaba en el segundo nivel de la estructura de Los Cabrera, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Como parte de la operación que llevó a su captura, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas adicionales, aunque no se precisó el número. En los aseguramientos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

En los inmuebles cateados se aseguraron cinco armas largas, equipo táctico y una granada. Para las autoridades, estos hallazgos confirman la conexión del implicado con una organización criminal consolidada.

Las denuncias contra la CATEM en la región se intensificaron meses atrás, cuando productores de Durango y Coahuila señalaron la existencia de cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales, asegurando que quienes se negaban eran objeto de amenazas o agresiones. En respuesta, Pedro Haces acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de orquestar una campaña de denuncias falsas, afirmando que buscaban defender “los últimos cotos” del PRI.     

En plataformas oficiales de CATEM Durango aparece Edgar “N” acompañando al morenista José Ramón Enríquez durante su registro como candidato a la alcaldía de Durango, además de participar en abril en actividades de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados.

La noche del sábado, el ambiente festivo en el centro de Uruapan, Michoacán, se transformó en caos. Eran alrededor de las 8:10 p. m. cuando un sujeto vestido con sudadera blanca y pantalón negro se acercó al alcalde Carlos Manzo y le disparó en plena vía pública, justo después de concluir un evento del Festival de Velas. En segundos, el ataque desató una intensa movilización de seguridad. El agresor fue abatido en el lugar, y las autoridades aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros junto con siete casquillos percutidos.

Manzo fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció minutos después, alrededor de las 8:50 p. m., a causa de las heridas. En el atentado también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien, según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, tras el tiroteo fueron detenidas dos personas más que habrían participado en la agresión. El arma utilizada podría estar relacionada con otros dos ataques entre grupos delictivos en la región, por lo que las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha identificado al agresor abatido, pues no portaba documentación.

Trece horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el asesinato y asegurando que el alcalde contaba con protección federal. Según informó, tanto la Defensa Nacional como la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con Manzo antes del ataque.

Sheinbaum convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, en una reunión de emergencia para revisar las circunstancias del atentado y coordinar acciones. También informó que se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las medidas que se implementarán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que Manzo tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad periférica, mientras que su seguridad inmediata era proporcionada por policías municipales y personal de confianza. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que desde el 10 de diciembre el edil contaba con seis elementos federales y un vehículo, cifra que posteriormente se reforzó con ocho agentes más y una unidad adicional.

El ataque, ejecutado durante un evento público, expuso la vulnerabilidad de las autoridades locales pese a los dispositivos de protección. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que no habrá impunidad, mientras la investigación continúa para determinar el móvil y las posibles conexiones criminales detrás del atentado que arrebató la vida al presidente municipal de Uruapan.

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las intensas lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la gravedad de los daños ocasionados por las precipitaciones y desbordamientos registrados en los últimos días.

La mandataria informó que aún existen comunidades aisladas, carreteras dañadas y puentes colapsados, especialmente en los municipios de Poza Rica y Álamo, donde también se reportan personas no localizadas.

Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle y por los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales, la presidenta encabezó una reunión del centro de comando permanente instalado en Poza Rica para coordinar las labores de emergencia. Desde ahí, anunció que a partir de este lunes comenzará el censo de daños en el estado, así como las acciones de limpieza de calles y viviendas, a cargo de elementos del Ejército y la Marina.

“Hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas, que afortunadamente el día de hoy se pudieron hacer puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua y atender a cualquier persona enferma. Incluso se pudieron hacer varios traslados; se está trabajando en varias carreteras para que pueda haber acceso. En algunas de ellas hubo varios daños, incluso puentes colapsados”, declaró Sheinbaum Pardo durante su visita.

La presidenta señaló que diversas empresas privadas han ofrecido apoyo con maquinaria para abrir caminos dañados por las lluvias, mientras que los esfuerzos de reconstrucción se concentran en Poza Rica y Álamo, los municipios con mayores afectaciones. 

En Poza Rica, explicó, las aguas han comenzado a descender, lo que permitirá intensificar las labores de limpieza a partir de este lunes, coordinadas entre el Ejército, la Marina, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En el caso de Álamo, Sheinbaum informó que los trabajos de atención se dividieron en cinco regiones para acelerar la recuperación. “Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación, los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso”,aseguró la mandataria.

Asimismo, anunció que la Secretaría de Bienestar iniciará el censo casa por casa para registrar los daños y canalizar apoyos a las familias afectadas.En respuesta a denuncias sobre estudiantes desaparecidos de la Universidad Veracruzana en Poza Rica, Sheinbaum pidió a la ciudadanía reportar cualquier caso de persona no localizada al número 079.

La presidenta adelantó que regresará a Veracruz la próxima semana para supervisar los avances en la atención a las comunidades afectadas y evaluar los resultados de las primeras acciones de apoyo federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la ceremonia solemne en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. A las 07:15 horas salió de Palacio Nacional para dirigirse a la plancha del Zócalo capitalino, donde se realizó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.

En punto de las 07:19 horas, hora exacta en la que inició el terremoto de 1985, se desarrolló el acto oficial en presencia de integrantes del gabinete federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Morales; y el de Seguridad, Omar García Harfuch. También asistieron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La ceremonia incluyó el Canto a la Bandera interpretado por la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguido del toque militar Silencio en memoria de quienes perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre. Posteriormente, se rindieron honores al lábaro patrio.

Tras concluir el acto, Sheinbaum regresó a Palacio Nacional para encabezar su conferencia de prensa matutina. Este 19 de septiembre marcó el 40 aniversario del sismo de 1985 y el octavo del de 2017.

Como parte de la conmemoración, a las 12:00 horas se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2025, cuyo objetivo fue fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante una emergencia. El escenario planteado fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que activó protocolos de evacuación en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la capital participaron 8.1 millones de personas, con el registro de 25,354 inmuebles: 16,872 privados y 8,482 públicos, la cifra más alta en estos ejercicios. Señaló además que el 99.06% de los 13,992 postes del C5 operaron de manera correcta para activar la alerta sísmica. Iztapalapa fue la alcaldía con más fallas en altavoces (18), mientras que Milpa Alta reportó solo una.

El simulacro movilizó a 75,250 brigadistas, cinco helicópteros cóndores, 1,500 vehículos y 33 motocicletas. También participaron los 16 consejos de protección civil de las alcaldías y 72 coordinaciones territoriales. En el ámbito educativo, 4,500 escuelas sumaron a 2.5 millones de personas. El Metro detuvo su servicio durante tres minutos y otros sistemas de transporte evacuaron a 545 mil usuarios.

El sector salud participó con cientos de hospitales y 398 clínicas. Se registró una persona lesionada y tres con crisis nerviosas, sin necesidad de traslados hospitalarios.

Brugada adelantó que para 2026 se realizarán tres simulacros: el 28 de enero, a finales de mayo y el 19 de septiembre. Destacó que de cara al Mundial, se trabaja en garantizar que los protocolos de protección civil sean accesibles a visitantes de otros países.

La mandataria capitalina informó además que la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo de 2017 está casi concluida, y anunció la instalación de un memorial en Álvaro Obregón 286, inmueble colapsado hace ocho años y que ahora es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública con 445 votos a favor y 37 en contra, en una sesión decisiva que consolidó el respaldo mayoritario de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. El dictamen fue avalado con múltiples cambios respecto a su versión original y generó reacciones diversas dentro del recinto legislativo.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la definición expresa sobre el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La versión anterior establecía que estas serían disciplinadas, profesionales y civiles, y que su actuación debía regirse bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. Ese fragmento fue suprimido en la nueva redacción, mientras se ratificó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad federal, bajo adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque con formación basada en doctrina policial civil.

Además, el dictamen retiró la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, lo cual fue señalado por legisladores como una concesión menor. A pesar de esa eliminación, continúa la preocupación entre diputados por la posibilidad de acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, sin requerimiento de orden judicial, prevista en el proyecto paralelo de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que se debatirá próximamente.

La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública facultades adicionales, entre ellas, la capacidad de suspender recursos en materia de seguridad a estados y municipios que incumplan los acuerdos de coordinación. Esta medida fue calificada por algunos legisladores como una centralización excesiva del poder y como un instrumento que podría someter a las entidades a decisiones federales de manera unilateral.

Durante la sesión, representantes de diversas bancadas fijaron postura. El diputado César Damián, del PAN, expresó que su grupo parlamentario votaría a favor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero rechazaría la del Sistema de Inteligencia, debido a preocupaciones por posibles mecanismos de vigilancia sin control judicial. Advirtió sobre el fortalecimiento de lo que denominó “el monstruo del espionaje”.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu cuestionó la aparente eliminación del registro de usuarios de líneas telefónicas, señalando que la Agencia de Transformación Digital mantiene el control de la información. También subrayó que el acceso sin restricciones a datos sigue contemplado en la ley de inteligencia próxima a discutirse.

Por parte del PRI, el legislador Alejandro Domínguez fundamentó el voto en contra de su bancada, señalando como grave la eliminación del carácter civil en la definición de seguridad pública, así como las modificaciones de última hora al dictamen. Consideró que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fue dotado de un poder que va más allá de su función articuladora, al poder incluso condicionar los recursos a gobiernos locales.

En la misma sesión se anticipó que la discusión sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia tendría lugar ese mismo día. Las implicaciones de ambos proyectos continúan generando análisis entre legisladores, especialistas y organizaciones civiles, por su posible impacto en derechos ciudadanos y equilibrios institucionales.

La aprobación se da en un contexto político clave, marcado por la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y podría reconfigurar la estructura y funciones de seguridad en el país de forma profunda.

Un nuevo hallazgo en Reynosa, Tamaulipas, ha puesto en evidencia la existencia de un sitio de exterminio donde se localizaron múltiples restos humanos. El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas descubrió 14 concentraciones de restos óseos humanos con signos de exposición térmica, lo que sugiere que los cuerpos fueron sometidos a altas temperaturas.

El sitio, ubicado en la colonia Colinas del Real, cerca de la carretera a Monterrey, fue identificado tras una denuncia anónima. Según informaciones difundidas por el colectivo en redes sociales, en la zona también se hallaron casquillos de bala y llantas abandonadas en las inmediaciones de un inmueble en ruinas que presentaba huellas de disparos.

El hallazgo se realizó con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras la localización del sitio, las autoridades comenzaron el proceso de investigación y recolección de evidencia para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer los hechos.

El colectivo Amor por los Desaparecidos hizo un llamado urgente a los familiares de personas desaparecidas para que acudan a las autoridades una vez que la zona sea procesada, con el fin de obtener información sobre los restos encontrados. La organización también ha insistido en la necesidad de reforzar las labores de búsqueda y justicia en el estado.

Este hallazgo se suma a otro reciente ocurrido en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió crematorios clandestinos en un rancho ubicado en Teuchitlán. En dicho lugar se encontraron huesos calcinados y triturados, así como cientos de prendas de vestir y zapatos, lo que apunta a la existencia de un patrón de desapariciones y ejecuciones en diversas regiones del país.

El descubrimiento en Tamaulipas ha generado preocupación entre activistas y familiares de víctimas, quienes exigen una respuesta eficaz de las autoridades. La crisis de desapariciones en México sigue en aumento, y colectivos de búsqueda continúan desempeñando un papel fundamental en la localización de sitios de exterminio y en la demanda de justicia para las víctimas.

Las investigaciones continúan en el sitio hallado en Reynosa, mientras que la sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la atención en el desarrollo del caso y en las acciones que las autoridades tomen para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la población.