En un esfuerzo por blindar a la industria textil mexicana y proteger 400 mil empleos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que impone un arancel temporal del 35% a productos textiles importados. La medida, anunciada en conferencia matutina desde Palacio Nacional, busca frenar las importaciones que eluden impuestos bajo programas de importación temporal.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que esta decisión afecta a 138 fracciones arancelarias. Empresas que se amparaban en el programa de la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) introducían productos como prendas de vestir y calzado alegando que eran insumos para exportación, pero estos terminaban vendiéndose en el mercado interno.

“Las empresas Immex deben devolver el 80% de las mercancías importadas temporalmente, pero casi la mitad de estas importaciones no cumple con el retorno”, señaló Ebrard. Esta práctica ha ocasionado que el PIB del sector textil caiga un 4.8% anual, lo que equivale a una pérdida de mil 229 millones de pesos cada año.

La medida ha recibido el respaldo del sector empresarial. Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), afirmó que el arancel ayudará a frenar las importaciones desleales. “China ofrece incentivos fiscales que distorsionan los precios y afectan a nuestra industria”, puntualizó.

Por su parte, Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), destacó que la industria aporta el 1.8% del PIB y que esta medida “refuerza la competitividad del sector y protege a miles de familias que dependen de él”.

La decisión también ocurre en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos. Ebrard denunció que el gobierno estadounidense justifica sus aranceles del 25% a productos mexicanos con información falsa. “En México no se ensamblan autos chinos; la única planta de ese tipo en Norteamérica está en California”,aclaró.

Con esta medida, el gobierno busca proteger no solo a los trabajadores y empresarios del sector textil, sino también garantizar que las reglas del comercio sean justas. La industria nacional tiene un respiro y una oportunidad para recuperarse y competir en igualdad de condiciones.

En un esfuerzo por garantizar una reforma integral y libre de corrupción, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la revisión a la Ley del Infonavit se llevará a cabo en un parlamento abierto a inicios de 2025. Este proceso pretende escuchar a todos los sectores involucrados para asegurar que la nueva legislación sea justa, funcional y transparente.

“Queremos una ley que derrote la corrupción y las malas prácticas, y que garantice viviendas dignas y adecuadas para las y los trabajadores de México”, declaró Monreal en una entrevista reciente.

La decisión de posponer la discusión de la reforma se debe a la necesidad de reflexionar y escuchar propuestas de sindicatos, empresarios e industriales. Morena y sus aliados buscan asegurar que la ley proteja a los derechohabientes y evite los abusos.

“Estamos haciendo una pausa para revisar a fondo. No queremos que haya desinformación ni aprovechamiento por parte de vivales que intentan engañar a los trabajadores”, afirmó el legislador.

La iniciativa de parlamento abierto arrancará después del 6 de enero y será un espacio crucial para debatir las modificaciones a la ley. La Comisión de Vivienda y la de Trabajo y Previsión Social jugarán un papel esencial en este proceso de diálogo y construcción de consenso.

Monreal hizo un llamado a la calma, garantizando que los ahorros y aportaciones de los trabajadores están seguros. “Ni un solo centavo de los derechohabientes está en riesgo. Antes de aprobar la reforma, escucharemos a todos los sectores y actuaremos con responsabilidad”, puntualizó.

Este esfuerzo legislativo no solo busca mejorar el acceso a una vivienda digna, sino también cerrar las puertas a posibles actos de corrupción. La pausa en la aprobación no significa retroceso, sino una oportunidad para construir una ley que beneficie realmente a los trabajadores y al desarrollo del país.

Con un 2025 a la vuelta de la esquina, el futuro de la Ley del Infonavit se perfila hacia una transformación que promete justicia, transparencia y eficiencia en el derecho a la vivienda. La “Cuarta Transformación”, una vez más, apuesta por el diálogo y la participación ciudadana para consolidar un cambio real en beneficio de millones de mexicanos.