La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo que mantiene abierta una investigación en contra del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Julio Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, en Sonora.
Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la carpeta de investigación está en proceso de integración y será presentada ante los tribunales en las próximas semanas. La indagatoria se centra en la asignación del contrato de concesión para operar dicha vialidad, cuya inversión fue anunciada en noviembre de 2022 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con un presupuesto estimado de 500 millones de pesos.
El proyecto fue adjudicado a la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamez, la cual obtuvo un contrato por más de 30 años para la administración del libramiento. Según los registros oficiales, esta empresa fue constituida el 25 de noviembre de 2022, apenas un día después del anuncio de Durazo sobre la ejecución de la obra. La creación exprés de la compañía y su falta de experiencia en infraestructura carretera son ahora elementos clave dentro de la investigación.
El propietario de Operadora de Caminos Carreteros Nogamez es Julio Aceves, identificado como socio directo de Julio Scherer Pareyón, lo que ha generado fuertes señalamientos por presunto conflicto de interés. Empresas que participaron en la misma licitación denunciaron irregularidades en el proceso y alertaron sobre vínculos familiares y empresariales entre los involucrados.
Además del legislador y su socio, figuran otros nombres dentro de esta posible red: Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer, ambos familiares cercanos del exconsejero presidencial Julio Scherer Ibarra. Todos ellos están incluidos en la carpeta de investigación y, según el fiscal Gertz Manero, se están estableciendo responsabilidades individualizadas.
“El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley”, señaló el fiscal durante su intervención, subrayando que no se tolerarán actos fuera del marco legal, sin importar los vínculos políticos o familiares de los implicados.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de emitir órdenes de aprehensión por este caso, Gertz Manero respondió con contundencia: “Yo espero, pero por supuesto, claro que sí.”
La investigación pone en el foco a figuras públicas cercanas al círculo de poder durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y reabre el debate sobre los mecanismos de asignación de obras públicas y la fiscalización de los procesos licitatorios a nivel federal y estatal.
