Avanza en comisiones la jornada de 40 horas: Aplicación gradual hasta 2030 y choque por días de descanso

Con 61 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El proyecto recibió respaldo unánime, aunque la oposición adelantó que presentará reservas para modificar puntos clave antes de su eventual discusión en el Pleno.

La propuesta establece una disminución progresiva de la jornada, con el objetivo de permitir que sectores productivos y centros de trabajo se adapten de forma escalonada. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en apoyar la reducción, pero marcaron diferencias respecto a su implementación y alcances.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó el dictamen en lo general, pero exigió que se incorpore expresamente el esquema de “cinco días de trabajo por dos de descanso”. Recordó que desde marzo de 2023 existe una minuta sobre el artículo 123 constitucional que señala que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”. Subrayó que esa iniciativa, impulsada por la entonces diputada Susana Prieto, fue apoyada por todas las fuerzas políticas y que, conforme al artículo 288, “no ha precluido, está viva”. También cuestionó por qué no se ha desahogado primero esa propuesta.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes afirmó que la reducción a 40 horas debe implicar dos días de descanso obligatorios, no opcionales ni diferidos hasta 2030. Señaló que omitir ese punto dejaría a más de 20 millones de trabajadores sin certeza plena sobre su derecho al descanso y la desconexión.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, precisó que su bancada no se opone a disminuir la jornada, sino a la forma planteada. Indicó que, como está redactado, se mantienen seis días laborales con un solo día de descanso y se amplían las horas extras de nueve a 12 por semana, lo que —dijo— impediría que la reforma funcione adecuadamente.

Por Morena, la diputada Mirna Rubio defendió el carácter gradual de la iniciativa. Argumentó que la transición escalonada permitirá ajustes ordenados sin afectar la estabilidad laboral ni económica. Aclaró que el dictamen no modifica salarios ni prestaciones y aseguró que se trabajará menos tiempo con el mismo ingreso.

Aunque la votación en comisiones fue unánime en lo general, los grupos de oposición confirmaron que buscarán cambios para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados y para que la reducción a 40 horas entre en vigor de manera inmediata.

Senado aprueba en comisiones reforma para combatir la extorsión y la llevará al pleno

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

Tensión en el Senado por la Reforma Judicial

Con la participación de 37 de los 38 senadores que conforman las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se llevó a cabo una sesión clave en la Cámara Alta para debatir y votar el dictamen de la reforma judicial.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Ricardo Anaya, Marko Cortés, Gustavo Sánchez Vázquez y Mayuli Latifa Martínez, mostraron cautela durante la sesión. Manifestaron su preocupación debido a la existencia de órdenes judiciales que, según señalaron, podrían detener el avance del proceso legislativo de la reforma.

El desarrollo de la sesión siguió un programa previamente acordado: primero, se realizó la lectura o presentación del dictamen. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su postura en un lapso de 10 minutos por partido, en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI, PAN y Morena.

Después de estas exposiciones, inició la discusión en lo general, con un mínimo de tres rondas de debate. Cada ronda contó con intervenciones de hasta cinco minutos, en las que participaron tres senadores a favor y tres en contra de la reforma.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras tuvieron la oportunidad de presentar reservas al dictamen durante la discusión en lo general. Estas propuestas debían entregarse por escrito, respetando las prácticas parlamentarias habituales.

Al concluir las intervenciones, la presidencia de las comisiones consultó si el debate había sido suficiente. Si la mayoría consideraba que no, se abriría una nueva ronda de intervenciones bajo los mismos términos. Si la mayoría afirmaba que el debate había sido exhaustivo, se informaría a los integrantes sobre el siguiente paso.

Finalmente, tras agotar las discusiones, se procedió a votar en lo general el dictamen, junto con los artículos no reservados.