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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró un acuerdo con los productores de maíz del Bajío que busca fortalecer al sector, garantizar precios justos y mejorar la competitividad nacional. El pacto, alcanzado tras una larga jornada de negociaciones que culminó la madrugada de este miércoles, incluye apoyos económicos, créditos preferenciales y un nuevo esquema de comercialización.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, informó que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, medida que beneficiará directamente a 90 mil productores de la región. Este incentivo surge ante la caída del 21 por ciento en el precio internacional del grano, con el objetivo de brindar estabilidad a los agricultores.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional, Berdegué explicó que el programa “Cosechando Soberanía” será ampliado para ofrecer créditos con una tasa de interés preferencial del 8.5 por ciento anual, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores. Además, se establecerá un sistema nacional de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de venta, reglas públicas y acceso a información oficial.

El funcionario subrayó que la prioridad será la cosecha nacional y confirmó que los liderazgos locales se comprometieron a liberar los cortes de carretera que habían afectado la distribución del grano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los apoyos se entregarán sin intermediarios, para evitar prácticas del pasado donde los recursos quedaban en manos de organizaciones y no llegaban a los productores. “Antes de la transformación, había organizaciones que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor. Eso no va a regresar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la estrategia busca fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, considerando al maíz como un cultivo estratégico para el país. “En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.

En la misma reunión, la Sader y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron aumentar 100 pesos adicionales al apoyo gubernamental por tonelada. Durante la negociación, que se extendió por casi cinco horas, se determinó eliminar el precio de garantía de 5 mil 200 pesos, permitiendo a los agricultores vender su producto de forma libre a los industriales.

El productor Mauricio Pérez, de Pénjamo, explicó que esta medida permitirá a los campesinos buscar mejores oportunidades de mercado. “Dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una mejor oportunidad de precio; con una base fija ya se tasa y es difícil que repunte”, señaló.

Los agricultores continuarán este medio día las mesas de diálogo con autoridades federales para definir las reglas de operación de los nuevos apoyos, que pasarán de 850 a 950 pesos por tonelada. Con el impulso de estos recursos y el libre mercado, se estima que el precio final de la tonelada de maíz alcance hasta 6 mil 700 pesos, fortaleciendo al campo mexicano y generando un nuevo horizonte de estabilidad para los productores.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su nueva integración, comenzó la reasignación de los asuntos que quedaron pendientes de resolución y que fueron devueltos a la Secretaría General de Acuerdos para su distribución entre las nuevas ponencias. Entre ellos destacan litigios de gran relevancia política y económica, como los promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra Lenia Batres Guadarrama recibió dos amparos directos en revisión relacionados con compañías del empresario. Se trata de recursos presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay en contra de créditos fiscales, a pesar de que en otros procesos Batres había sido declarada impedida para conocer de los asuntos vinculados con Salinas Pliego.

Uno de los casos más significativos es el amparo directo en revisión 6321/2024, con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos. Este expediente, que estaba bajo análisis del ministro Alberto Pérez Dayán, fue reasignado al ministro Arístides Guerrero García. Además de este litigio fiscal, Guerrero también tendrá a su cargo la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra las reformas legales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en 2020 bajo el mecanismo fast track.

En el mismo despacho del ministro Guerrero recayó la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, que cuestiona el proceso de remoción de su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, derivado de presuntas irregularidades en el manejo de más de 900 millones de pesos cuyo destino no habría sido comprobado.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se encargará de resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena. Dicha modificación eliminó la posibilidad de que jueces y magistrados decretaran la suspensión de normas generales mientras se analiza la constitucionalidad de las mismas.

A la ministra Sara Irene Herrerías se le turnó la impugnación contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría de Estado.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo asumirá quince controversias constitucionales interpuestas por municipios gobernados por la oposición. Estas acciones van dirigidas contra la nueva Ley de Transparencia y fueron presentadas por administraciones municipales de ciudades como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán y Hermosillo, entre otras.

Con estos turnos, la Corte redistribuye expedientes que marcan el rumbo de batallas fiscales, políticas y legales de gran trascendencia para el país, ahora bajo la responsabilidad de los ministros recién incorporados al máximo tribunal.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

Con el respaldo de 86 votos a favor, el Senado aprobó este miércoles el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales para 30 entidades del país. La decisión fue impulsada por Morena y sus aliados, quienes defendieron los perfiles elegidos pese al rechazo frontal de las bancadas opositoras.

Durante la sesión, marcada por momentos de tensión, los nuevos magistrados rindieron protesta ante el pleno, dando cierre a una jornada intensa en el recinto legislativo. La mayoría oficialista avanzó con la designación luego de que la Junta de Coordinación Política validara por la mañana la lista de aspirantes.

Horas más tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso para permitir la incorporación de seis cambios en la propuesta inicial. Las modificaciones se aplicaron a las magistraturas correspondientes a Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Yucatán, tras la intervención del coordinador morenista Adán Augusto López.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, lanzó críticas directas a la bancada de Morena. Desde tribuna, afirmó que los perfiles seleccionados no fueron sometidos a elección popular para beneficiar a los gobernadores.“Hay perfiles que están totalmente cuestionados, porque ustedes los dejaron para los gobernadores como un premio”, acusó.

En el mismo tono, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo lamentó que no se hayan considerado los señalamientos presentados previamente. “Nosotros desde el día de ayer dimos a conocer que algunos perfiles no cumplían con (los requisitos), pero Morena y sus aliados lo que decidieron fue poner a sus cuates y sus cuotas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió sobre los riesgos de avanzar con designaciones presuntamente alineadas con el partido en el poder. “Vamos a ir a partidos de fútbol con el árbitro comprado, con el árbitro vendido, con el árbitro comprometido”, declaró, en alusión al papel de los magistrados en procesos electorales.

En respuesta, la morenista Lucía Trasviña defendió los nombramientos, argumentando que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer su filiación política, credo e ideología. “¿Por qué vamos a suprimirles esos derechos?”, cuestionó desde su escaño, rechazando los señalamientos de parcialidad.

La votación y protesta de los magistrados se da en un contexto preelectoral, donde las tensiones entre oficialismo y oposición se agudizan. Con estos nombramientos, se completa una pieza clave en el aparato electoral estatal, a pocos meses del inicio formal de los próximos comicios.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.

Este domingo por la noche, una tragedia sacudió a la comunidad de San José de Mendoza, en Salamanca, Guanajuato, donde siete jóvenes fueron asesinados en un ataque armado. Las víctimas, miembros de la Pastoral Juvenil Diócesis de Irapuato, estaban vinculados a un grupo católico que busca promover valores entre los jóvenes de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Bruno Jesús, Miguel Ángel, Daniel, Juan Flavio, Fernando, y dos adolescentes más. De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche cerca de un templo y en las inmediaciones de una cancha, donde se escucharon disparos que terminaron con la vida de los jóvenes.

La Parroquia de San José de Mendoza lamentó profundamente los hechos a través de sus redes sociales, expresando su dolor por la pérdida de estos jóvenes que formaban parte de la pastoral juvenil. La Iglesia Católica, desde su cuenta de Facebook, pidió justicia por las víctimas y se solidarizó con sus familias, pidiendo por su eterno descanso y ofreciendo oraciones por los afectados.

“Pedimos se haga justicia, hoy ante todos los acontecimientos que están pasando en todo el país”,manifestaron desde la parroquia. También hicieron un llamado a la paz y a la unidad de los pueblos, destacando la importancia de construir un mejor México basado en la justicia y la solidaridad.

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto, también se pronunció respecto al multihomicidio, calificándolo como un “atroz hecho” que le arrebató la vida a personas inocentes. Expresó su compromiso con la lucha por la paz en la región, afirmando que los responsables del crimen no quedarán impunes. “Salamanca merece vivir en paz, nuestros hijos merecen un futuro mejor, y no descansaremos hasta lograrlo”,agregó el alcalde.

El multihomicidio ha generado una gran conmoción tanto en la comunidad local como en el ámbito nacional, donde los hechos de violencia siguen siendo un tema de preocupación. Se espera que las autoridades locales intensifiquen las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable suceso.