El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil y nacido en la comunidad de Chichelalhó, municipio de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros esta mañana mientras transitaba entre las calles Peras y Manzanas, en el barrio de Cuxtitali, ubicado al oriente de San Cristóbal de las Casas. El ataque fue perpetrado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

El pasado 13 de septiembre, durante una marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que participaron las tres diócesis del estado, el padre Marcelo Pérez Pérez declaró que la violencia en Chiapas había alcanzado niveles alarmantes. “Ya no se aguanta, y cuando la Iglesia se expresa de esta manera es un mensaje de esperanza, en el que tenemos que actuar en favor de la paz”, expresó en aquella ocasión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares a favor del sacerdote desde el 1 de septiembre de 2015, bajo la medida 506-14. Sin embargo, también enfrentaba una orden de aprehensión por la desaparición forzada de 21 hombres en Pantelhó, ocurrida el 26 de julio de 2021. “Es contradictorio que el gobierno me brinde protección cuando al mismo tiempo emite una orden de aprehensión en mi contra”, afirmó el sacerdote el pasado 13 de septiembre.

La orden de captura contra Pérez Pérez fue emitida por la Fiscalía General de Chiapas el 21 de junio de 2022, dirigida al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de San Cristóbal de las Casas, casi un año después de la desaparición de los 21 hombres en Pantelhó. Los pobladores de esa comunidad criticaron al sacerdote por no haber evitado el secuestro, atribuido a un grupo paramilitar conocido como “El Machete”, que llevó a las víctimas a la comunidad de San José Tercero, donde desaparecieron.

Marcelo Pérez Pérez había trabajado previamente en Simojovel, encabezando peregrinaciones contra la drogadicción y el alcoholismo durante diez años. También había sido párroco en San Pedro Chenalhó, una comunidad indígena tzotzil, durante dos años, hasta que en 2011 fue trasladado a Simojovel. Actualmente, era párroco de la iglesia en el barrio de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas. El ataque tuvo lugar en la iglesia de Cuxtitali, situada en la calle Magnolia número 5.

El cuerpo del sacerdote fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Minutos después del atentado, las campanas de la parroquia de Guadalupe sonaron en señal de luto, mientras un grupo de mujeres rezaba en el lugar donde yacía Pérez Pérez.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, confirmó el asesinato, explicando que el sacerdote fue atacado tras salir de misa en Cuxtitali. El obispo informó que el cuerpo será velado en la iglesia de Guadalupe una vez que la Fiscalía lo entregue a la comunidad.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, condenó el asesinato a través de sus redes sociales: “Condeno y lamento el cobarde asesinato del padre Marcelo Pérez. Colaboraremos con las autoridades para que los responsables enfrenten la justicia y su muerte no quede impune”.

En la escena del crimen, peritos y agentes del Ministerio Público continúan las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en la calle Peras, en Cuxtitali. La Fiscalía General de Chiapas anunció que se abrió una carpeta de investigación por homicidio contra los responsables del ataque. “Esta Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y reitera su compromiso de garantizar el Estado de derecho, asegurando que ninguna acción fuera de la ley quede impune”.

Tras los violentos sucesos ocurridos este fin de semana en el municipio de Huitzilac, la candidata a la gubernatura de la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”, Lucy Meza, exigió tomar medidas drásticas y la destitución o renuncia de José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Esto debido a la evidente falta de resultados en materia de seguridad, que han rebasado no solo al municipio, sino al Estado de Morelos en general.

“Se comprueba que estamos en este abandono y desprecio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco con las familias morelenses, terrible lo que estamos viviendo, pedimos ayuda, pedimos auxilio a la federación de que vengan a poner orden”, declaró Lucy Meza.

De manera respetuosa, la candidata al Gobierno de Morelos se solidarizó con los familiares de las ocho víctimas que perdieron la vida en el ataque armado registrado en un establecimiento en el municipio de Huitzilac.

“Un inepto que ha llenado a la Comisión Estatal de corrupción, necesitamos que ese señor salga, se vaya, necesitamos hacer algo y el Gobierno del Estado debe de dar muestras de que realmente quiere recuperar, quiere hacer algo en este último trayecto que les queda”, señaló la candidata.

Lucy Meza señaló que ya falta poco para que a Morelos le vaya bien, ya se va el futbolista, ya se va lo sucio de morena, que lo más importante para esto nunca más se repita es salir a votar este 2 de junio.

En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.

En un hecho que pone en alerta a la sociedad y a las autoridades electorales, el aspirante a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, por el partido Morena, Erick Catalán, fue objeto de un ataque armado este sábado 3 de febrero. A pesar de la gravedad del incidente, Catalán y sus escoltas resultaron ilesos gracias al blindaje de la camioneta en la que se desplazaban y a la rápida respuesta de los agentes de seguridad.

El candidato se trasladaba por la carretera Iguala-Taxco de Alarcón cuando su vehículo fue interceptado por un grupo armado, quienes abrieron fuego, impactando en el parabrisas de la camioneta. La respuesta decidida de los dos escoltas, habilitados como policías, logró repeler el ataque, obligando a los agresores a retirarse. A pesar de la tensión del momento, Catalán salió ileso, aunque sus escoltas sufrieron algunas lesiones cuya gravedad aún no ha sido detallada.

Este acto de violencia no sólo pone en peligro la integridad de los candidatos, sino que también genera preocupación sobre la seguridad durante el proceso electoral. El dirigente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, emitió un llamado a las autoridades estatales para establecer protocolos de seguridad efectivos que protejan a los candidatos durante sus campañas. Este llamado se dio en el contexto del reciente asesinato del precandidato a la alcaldía de Mascota, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien fue atacado a balazos el 1 de febrero en Zapopan.

Padilla expresó su preocupación por la aparente falta de prioridad del gobierno estatal en abordar temas de seguridad, destacando la importancia de establecer mesas de diálogo para abordar estos problemas de manera efectiva.

En un esfuerzo por contrarrestar la creciente inseguridad en el contexto electoral, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) han acordado establecer un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatos y partidos políticos relacionadas con la seguridad. La Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala explicó que este protocolo ofrecerá servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos en zonas de riesgo con niveles de incidencia delictiva alta, media y baja.

La implementación de este protocolo es una respuesta directa a la preocupación creciente por la seguridad de los candidatos en el proceso electoral 2023-2024. La Consejera Presidenta subrayó que el INE será responsable de hacer solicitudes formales a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para eventos que requieran servicios de seguridad a nivel federal, como los debates.