En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.
El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.
A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.
El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.
En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.
El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.
“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.
Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.
El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.
Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.
