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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un grupo empresarial relacionado con Grupo Salinas asumió el compromiso de cubrir un adeudo fiscal por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, como parte de un proceso de regularización con la autoridad hacendaria. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron pagados e ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos posteriores.

De acuerdo con el comunicado oficial del SAT, el ingreso inicial se realizó el mismo día en que se dio a conocer el acuerdo. “Un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, detalló la dependencia.

Casi de manera simultánea al anuncio de la autoridad fiscal, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió un posicionamiento en el que aseguró haber cubierto los montos fiscales solicitados por el SAT. En un mensaje publicado a través de la red social X, el conglomerado afirmó: “Con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024 habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

En el mismo documento, la empresa señaló que, en los últimos 20 años, ha realizado pagos por más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Además, destacó que tanto sus empresas como su presidente fundador buscan enfocar sus esfuerzos en las actividades productivas del grupo, al señalar que es esencial “continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas”.

Este proceso ocurre después de que, una semana antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara públicamente que el empresario debía un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, tras resoluciones judiciales adversas. Dicho adeudo se configuró luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara diversos amparos promovidos por empresas del grupo.

El pasado 13 de noviembre, la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra. Este recurso era el de mayor cuantía interpuesto por la empresa contra el fisco y establecía la obligación de pagar 33 mil 306 millones de pesos. Con los pagos anunciados y el esquema acordado con el SAT, el caso fiscal se encuentra en proceso de cumplimiento conforme a lo informado por ambas partes.

El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que exenta del pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o clasificado para adultos. El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga un estímulo fiscal del 100% al gravamen que estaba previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

La medida se emite tras la reforma a la Ley del IEPS aprobada en noviembre pasado, la cual estableció la aplicación del impuesto a partir de 2026 por la enajenación de videojuegos físicos no aptos para menores de 18 años, así como por los servicios digitales que permitan su acceso o descarga, incluidos aquellos prestados desde el extranjero. Con el decreto, el Ejecutivo federal busca facilitar el cumplimiento fiscal y evitar afectaciones económicas en el sector.

De acuerdo con el texto oficial, el estímulo fiscal equivale al 100% del IEPS que deba pagarse por estas actividades, siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final. El monto del estímulo será acreditable contra el propio IEPS causado, pero no dará lugar a devoluciones ni a compensaciones de ningún tipo.

El beneficio aplica a los vendedores de videojuegos en formato físico, a los residentes en el extranjero que no cuenten con establecimiento permanente en México y a los residentes en el país que ofrezcan estos contenidos mediante servicios digitales. El decreto precisa que el Ejecutivo cuenta con facultades para dictar medidas orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para otorgar subsidios o estímulos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además del estímulo, el decreto libera a los contribuyentes que lo apliquen del cumplimiento de diversas obligaciones fiscales formales previstas en la Ley del IEPS. En el caso específico de los prestadores de servicios digitales, quedarán exentos de las obligaciones contempladas en los artículos 5o.-A Bis y 20-A de dicha ley, lo que implica que no se les aplicará el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos relacionados con este impuesto.

No obstante, la exención no alcanza a las obligaciones vinculadas con el impuesto al valor agregado (IVA). Los proveedores de servicios digitales deberán continuar cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del IVA en materia de prestación de servicios.

El decreto también establece que el estímulo fiscal no será considerado ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, y que los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación del estímulo.

El estímulo entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la misma fecha en que comenzaría a aplicarse el IEPS a estos videojuegos, lo que en la práctica neutraliza el impacto del nuevo gravamen mientras se mantengan las condiciones previstas. La semana pasada, la presidenta Sheinbaum informó que su administración decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos debido a las dificultades para hacer efectiva su aplicación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE) informaron que el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), programado para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, no provocará aumentos en el precio final de la gasolina. Ambas dependencias precisaron que la medida fiscal no tendrá efectos adversos para los consumidores y se mantendrá la estabilidad en el costo del combustible a nivel nacional.

A través de un documento oficial, las autoridades federales detallaron que la actualización del IEPS por inflación aplicable a la gasolina no modificará los elementos de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que se encuentra en operación en todo el país. En ese sentido, subrayaron que el ajuste tributario no se reflejará en incrementos para el usuario final ni alterará el esquema vigente de control y supervisión de precios.

La SHCP y la SE explicaron que esta estrategia permite amortiguar variaciones derivadas de factores fiscales o de mercado, asegurando que los ajustes al impuesto no se traduzcan en afectaciones directas al consumidor. En el mismo contexto, reafirmaron que la política de estabilidad se mantendrá activa sin cambios en sus lineamientos operativos.

Las dependencias recordaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina está vigente desde el 1 de marzo y establece un tope máximo para la gasolina con octanaje menor a 21, cuyo precio no podrá superar los 24 pesos por litro. Este acuerdo continúa aplicándose como referencia para garantizar certidumbre en el mercado de combustibles.

El esquema de estabilización es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas instancias trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a la aplicación del acuerdo y verificar su cumplimiento en los distintos puntos de venta.

A este esfuerzo se suman la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargada de la supervisión y vigilancia de precios al público, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que participa en el control y regulación del sector. Petróleos Mexicanos (Pemex) también forma parte del esquema de coordinación, contribuyendo a la implementación de la estrategia en el ámbito de suministro y distribución.

Con este anuncio, las autoridades federales reiteraron que el ajuste al IEPS previsto para 2026 se realizará sin repercusiones en el precio final de la gasolina, manteniendo las condiciones actuales de estabilidad establecidas en la estrategia nacional y sin afectar a los consumidores en el país.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria solicitara públicamente el pago de adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El posicionamiento del empresario se dio después de que el tema fuera expuesto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En su respuesta, Salinas Pliego afirmó que su intención es concluir el diferendo que mantiene con el gobierno federal. “Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución”, expresó. Añadió que su postura no ha sido la confrontación, sino la búsqueda de certidumbre jurídica y de un marco de legalidad claro que permita resolver de manera definitiva los asuntos pendientes y sus implicaciones.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum exhortó al empresario a cubrir los adeudos fiscales señalados por la autoridad hacendaria. El llamado se realizó en el contexto de las revisiones fiscales y del cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con empresas del grupo empresarial.

A través de su cuenta en la red social X, Salinas Pliego reiteró que cumplirá con las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan. En ese mismo mensaje, sostuvo que durante el periodo en el que se ha desarrollado la controversia, sus empresas han entregado al fisco más de 285 mil millones de pesos. Precisó que las diferencias se centran en la aplicación de pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales, indicó, fueron consideradas improcedentes por jueces.

Este intercambio ocurre en un contexto marcado por recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 19 de septiembre, el máximo tribunal determinó que Elektra del Milenio, empresa vinculada a Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, equivalentes a aproximadamente 3.65 millones de dólares. La decisión se suma a otros fallos adversos para el conglomerado.

Días antes, el Pleno de la SCJN desechó siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, lo que mantiene vigente la obligación de cubrir alrededor de 48 mil millones de pesos. En ese mismo proceso, con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024.

En dicha resolución se estableció que el SAT tiene facultades para fiscalizar de manera directa a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de forma consolidada, criterio que refuerza la capacidad de la autoridad fiscal para revisar y determinar adeudos dentro de grandes conglomerados empresariales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las empresas de Grupo Salinas deberán cubrir los 48 mil millones de pesos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como adeudos fiscales, y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán iniciarse nuevos procedimientos jurídicos para asegurar el pago. La determinación marca la fase más relevante de un conflicto tributario que involucra a varias compañías del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

El señalamiento de la mandataria surge después de que la SCJN validara de forma definitiva diversas sentencias emitidas por tribunales desde antes de 2018, mismas que confirman los créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución del máximo tribunal establece que el monto total a cubrir asciende a 48 mil millones de pesos, resultado de múltiples expedientes acumulados contra empresas del grupo.

Durante una conferencia, Sheinbaum precisó que el proceso no deriva de decisiones discrecionales, sino del cumplimiento estricto de obligaciones tributarias. Al respecto, señaló: “Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios, si es que paga, si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley”.

El caso más reciente analizado por la Corte corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, con el cual se desechó dicho recurso. Este expediente representaba el adeudo individual más elevado de la empresa, por un total de 33 mil 306 millones de pesos.

Tras esa resolución, la SCJN también desechó otros seis recursos de revisión identificados con los números 5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025. En conjunto, estos casos acumulan adeudos por 15 mil 020 millones de pesos correspondientes a obligaciones fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca.

La presidenta añadió que la decisión de la Corte se encuentra plenamente alineada con los fallos previos emitidos por tribunales federales y aclaró textualmente que “sencillamente, lo que dijeron es queda, tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales y colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la corte”.

Sheinbaum también explicó que, si Grupo Salinas opta por no realizar el pago en los plazos establecidos, el proceso legal podría extenderse considerablemente, lo que implicaría un incremento adicional en las obligaciones debido a la acumulación de multas y recargos. El SAT mantiene la facultad de emprender acciones legales complementarias para garantizar el cumplimiento del monto establecido.

Con esta determinación, el caso entra en una nueva etapa en la que las autoridades fiscales esperan que el conglomerado empresarial acate la resolución definitiva del máximo tribunal del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para resolver uno de los capítulos más relevantes en los litigios fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En la sesión del próximo 13 de noviembre, el máximo tribunal discutirá cuatro proyectos de sentencia relacionados con amparos promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, en los que se propone negar los recursos a favor del empresario.

Los asuntos que llegarán al pleno corresponden a los amparos directos en revisión 5654/2024, 5608/2025, 5154/2025 y 5731/2025, bajo las ponencias de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González y Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Corte. Tres de estos casos fueron promovidos por Grupo Elektra y uno por TV Azteca, todos en torno a la disputa por créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con los proyectos publicados, las ministras y ministros proponen rechazar los recursos de las empresas al considerar que no existe un tema de constitucionalidad que justifique la intervención del máximo tribunal. 

Los documentos señalan que los planteamientos de las compañías no presentan un “interés excepcional” que amerite que la Corte entre al fondo del asunto, por lo que quedarían firmes las resoluciones de los tribunales colegiados que previamente negaron los amparos.

Esta etapa llega después de que la SCJN desechara la semana pasada los impedimentos promovidos por Grupo Salinas contra la nueva integración del pleno, con lo que se despejó el camino para que los proyectos pudieran ser enlistados y discutidos. 

Junto con los cuatro amparos, la Corte también incluyó en el orden del día varios recursos de reclamación e impedimentos solicitados tanto por las empresas como por la Secretaría de Hacienda, los cuales se prevé que también sean desechados.

A pesar de este avance, el caso más relevante aún no tiene fecha de resolución. Se trata del amparo directo en revisión 6321/2024, a cargo del ministro Arístides Guerrero García, considerado el de mayor cuantía económica en la serie de litigios fiscales de Grupo Elektra frente al SAT. Este asunto permanece pendiente de enlistarse, aunque su desenlace será determinante para definir el alcance financiero de la disputa.

Si el pleno de la Suprema Corte aprueba los cuatro proyectos en discusión, el SAT quedará en posición de exigir el pago de los créditos fiscales controvertidos por las empresas de Salinas Pliego, lo que marcaría un paso importante en la conclusión de una larga batalla legal entre el grupo empresarial y la autoridad tributaria.

Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó sin modificaciones la miscelánea fiscal 2026, que establece incrementos en impuestos a refrescos, sueros, cigarros, museos y videojuegos, además de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales como Facebook, Amazon, Netflix, Uber y Airbnb.

Durante una sesión que se prolongó por casi seis horas, el pleno lució semivacío durante gran parte de la discusión, con apenas 16 legisladores presentes. No fue sino hasta después de las 7:00 de la noche cuando la mayoría regresó para votar los dictámenes.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor y 38 en contra en el caso del Código Fiscal, 75 a favor y 35 en contra en la Ley de Derechos, y 75 votos a favor y 37 en contra en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El nuevo paquete fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

En materia de impuestos, el IEPS contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en bebidas azucaradas como jugos, refrescos y sueros. Los tabacos labrados tendrán un incremento del 30%, por lo que el precio de las cajetillas de cigarros podría alcanzar los 100 pesos. Además, los videojuegos con alto contenido violento pagarán 8% más de impuesto.

La Ley de Derechos también sufrió modificaciones que afectarán los costos de entrada a museos y zonas turísticas. Los nuevos precios serán de 209 pesos para ingresar a Palenque, Chiapas y al Museo de Antropología de la Ciudad de México; 156 pesos en el Museo del Carmen; 143 pesos en el Fuerte de Guadalupe y el Museo Virreinal Acolman; y 104 pesos por visitar Chichén Itzá.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma al artículo 30 del Código Fiscal, que permitirá al SAT monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas digitales. La propuesta generó fuerte oposición tanto de legisladores oficialistas como de oposición, quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.

En tribuna, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el incremento en refrescos “representa el inicio del control por parte del gobierno sobre lo que los ciudadanos pueden consumir” y calificó la reforma al Código Fiscal como una medida que “abre la puerta a la vigilancia sin límites, la censura administrativa y la inseguridad digital”.

Desde el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que “nos prometieron que no habría más impuestos, y hoy los mexicanos pagan más por todo, por comer, por fumar, por jugar y hasta por respirar”. Criticó que el gobierno “disfrace de impuesto a la salud” los aumentos en productos como refrescos y cigarros, acusando que “han desmantelado el sistema de salud sin medicinas y sin vacunas”.

El coordinador priista Manuel Añorve recordó que en 2018, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle prometieron eliminar el IEPS a las gasolinas, proyectando un video en el pleno como evidencia.

Por su parte, el morenista Homero David defendió que las reformas buscan “combatir la evasión y la simulación fiscal”, mientras que Raúl Morón subrayó que la recaudación permitirá financiar programas sociales que consumen 1.2 billones de pesos anuales. “Es un paquete económico pensando en México y en el bienestar de las familias que menos tienen”, afirmó.

En contraste, Gina Campuzano, senadora del PAN, calificó la miscelánea como “un atraco legalizado al bolsillo de los mexicanos”, argumentando que el gobierno pasa la factura de sus “proyectos faraónicos inconclusos y hospitales sin medicamentos” directamente a los ciudadanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego respecto al adeudo fiscal que mantiene Grupo Salinas, y aseguró que si realmente tuvieran la intención de pagar, ya lo habrían hecho.

Durante su conferencia matutina de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que no hubo ningún convenio con el empresario. “Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, afirmó.

Sheinbaum hizo referencia a una carta que el propio Salinas Pliego difundió en redes sociales, en la que el empresario aseguró que Grupo Salinas sí tiene la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”. En el documento, el grupo empresarial explicó que la carta fue enviada a la entonces jefa de Gobierno en octubre de 2024, donde expresaba su disposición a pagar “lo que es legal y correcto” y mencionaba las mesas de negociación sostenidas con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio anterior.

En la misma carta, Salinas Pliego señaló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, había llegado a un supuesto acuerdo con la empresa durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, Sheinbaum aclaró que pidió a Medina presentarse para explicar los hechos y puntualizó que “nunca se llegó a ningún acuerdo”.

Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, señaló que el grupo empresarial no ha obtenido respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la forma en que suele litigar. Explicó que Grupo Salinas acostumbra presentar recursos legales para frenar el cobro y extender los procesos judiciales, por lo que el SAT ha optado por esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de actuar.

Galeano subrayó que las empresas involucradas pueden realizar el pago de sus adeudos en cualquier momento sin necesidad de una cita o autorización especial. “Es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción”, declaró.

Con ello, tanto la Presidencia como la Procuraduría Fiscal reafirmaron que no existe negociación ni trato especial con el empresario, y que el cumplimiento de las obligaciones fiscales depende exclusivamente de la decisión de Grupo Salinas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, impulsado por la mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones. La reforma busca ajustar cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, así como modernizar y simplificar trámites en diversos sectores gubernamentales.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la propuesta “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores”, además de actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas recientes “garantizando la coherencia normativa”.

Michel López explicó que la nueva legislación contempla ajustes a las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, e incluye un descuento del 50% en casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas laborales o invitaciones de carácter cultural. También destacó revisiones en las tarifas de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, ajustadas por factores económicos o en términos inflacionarios.

La legisladora subrayó que los nuevos cobros no afectarán directamente a la población con menores recursos, y mencionó ejemplos como los pagos por autorizaciones para embarcaciones turísticas de altura, servicios migratorios extraordinarios en vuelos no regulares o permisos para aeronaves privadas sin fines de lucro. En contraste, aclaró que seguirán exentas las aeronaves destinadas a protección civil y ambulancias aéreas.

Otro punto relevante de la reforma es la adecuación de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades que aún carecen de estos servicios.

Durante la discusión, la oposición expresó su rechazo al dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, acusó al gobierno de Morena de contradecir su lema de “primero los pobres”. “Lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar”, afirmó. Señaló que el proyecto incrementa hasta 100% las cuotas en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y eleva costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, sin garantizar beneficios a las comunidades más vulnerables.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Eduardo Gaona Domínguez advirtió que los nuevos cobros afectarán a empresas de telecomunicaciones y negocios generadores de empleo, calificándolo como “una estocada en los bolsillos de todos los mexicanos”. Añadió que la iniciativa elimina exenciones en el cobro del agua, lo que podría impactar en zonas rurales y de bajos recursos.

Por su parte, la diputada morenista Claudia Rivera resaltó que la reforma mantiene exenciones para las PyMES que busquen inscripción simplificada en el Registro Nacional de Valores, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento y fomentar el desarrollo económico local. 

También precisó que parte de los recursos recaudados se destinarán a fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante tecnología de vigilancia, marbetes y precintos, “principalmente para combatir la falsificación, la evasión y el comercio ilegal”.

Tras su aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos pasó a la discusión en lo particular, donde los legisladores continuaron el análisis de artículos específicos y reservas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.