La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Amparo, asegurando que el dictamen avalado es “prácticamente la misma propuesta” que ella envió al Congreso. La iniciativa fue aprobada durante la madrugada del miércoles, tras más de 15 horas de discusión en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se realizaron algunos ajustes al texto original.

Pese a las modificaciones, la mandataria subrayó que los cambios no alteran el sentido principal de la propuesta y destacó que podrían realizarse ajustes adicionales ahora que el proyecto regrese al Senado de la República para su revisión. “Es prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro Zaldívar”, declaró Sheinbaum, al referirse a la participación del actual coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quien fue impulsor inicial de esta iniciativa.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con jurisprudencia que delimita los casos en los que pueden aplicarse nuevas leyes procesales. En ese sentido, detalló que el artículo transitorio aprobado en la Cámara baja se basó en esos criterios de la Corte, para definir “a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, y qué casos se aplica la ley anterior”.

La presidenta enfatizó además que las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados se centraron en mantener la posibilidad de la suspensión provisional, con el objetivo de conservar la estructura vigente de la ley en ese aspecto. “Se hicieron cambios para que se quedara como está actualmente”, señaló, al tiempo que descartó la aplicación retroactiva de la reforma, una preocupación que había generado debate en días anteriores.

El pasado 3 de octubre, Arturo Zaldívar participó en la conferencia matutina del Gobierno federal, donde instó a los legisladores a clarificar el artículo transitorio para evitar interpretaciones erróneas. “El precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas”, advirtió en ese momento.

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo marca un nuevo paso en el proceso legislativo impulsado por el Ejecutivo, en busca de ajustar los alcances de este instrumento jurídico. Ahora, el proyecto volverá al Senado para su análisis final, donde se podrían incorporar precisiones adicionales antes de su eventual promulgación.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.