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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un grupo empresarial relacionado con Grupo Salinas asumió el compromiso de cubrir un adeudo fiscal por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, como parte de un proceso de regularización con la autoridad hacendaria. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron pagados e ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos posteriores.

De acuerdo con el comunicado oficial del SAT, el ingreso inicial se realizó el mismo día en que se dio a conocer el acuerdo. “Un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, detalló la dependencia.

Casi de manera simultánea al anuncio de la autoridad fiscal, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió un posicionamiento en el que aseguró haber cubierto los montos fiscales solicitados por el SAT. En un mensaje publicado a través de la red social X, el conglomerado afirmó: “Con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024 habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

En el mismo documento, la empresa señaló que, en los últimos 20 años, ha realizado pagos por más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Además, destacó que tanto sus empresas como su presidente fundador buscan enfocar sus esfuerzos en las actividades productivas del grupo, al señalar que es esencial “continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas”.

Este proceso ocurre después de que, una semana antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara públicamente que el empresario debía un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, tras resoluciones judiciales adversas. Dicho adeudo se configuró luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara diversos amparos promovidos por empresas del grupo.

El pasado 13 de noviembre, la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra. Este recurso era el de mayor cuantía interpuesto por la empresa contra el fisco y establecía la obligación de pagar 33 mil 306 millones de pesos. Con los pagos anunciados y el esquema acordado con el SAT, el caso fiscal se encuentra en proceso de cumplimiento conforme a lo informado por ambas partes.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las empresas de Grupo Salinas deberán cubrir los 48 mil millones de pesos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como adeudos fiscales, y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán iniciarse nuevos procedimientos jurídicos para asegurar el pago. La determinación marca la fase más relevante de un conflicto tributario que involucra a varias compañías del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

El señalamiento de la mandataria surge después de que la SCJN validara de forma definitiva diversas sentencias emitidas por tribunales desde antes de 2018, mismas que confirman los créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución del máximo tribunal establece que el monto total a cubrir asciende a 48 mil millones de pesos, resultado de múltiples expedientes acumulados contra empresas del grupo.

Durante una conferencia, Sheinbaum precisó que el proceso no deriva de decisiones discrecionales, sino del cumplimiento estricto de obligaciones tributarias. Al respecto, señaló: “Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios, si es que paga, si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley”.

El caso más reciente analizado por la Corte corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, con el cual se desechó dicho recurso. Este expediente representaba el adeudo individual más elevado de la empresa, por un total de 33 mil 306 millones de pesos.

Tras esa resolución, la SCJN también desechó otros seis recursos de revisión identificados con los números 5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025. En conjunto, estos casos acumulan adeudos por 15 mil 020 millones de pesos correspondientes a obligaciones fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca.

La presidenta añadió que la decisión de la Corte se encuentra plenamente alineada con los fallos previos emitidos por tribunales federales y aclaró textualmente que “sencillamente, lo que dijeron es queda, tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales y colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la corte”.

Sheinbaum también explicó que, si Grupo Salinas opta por no realizar el pago en los plazos establecidos, el proceso legal podría extenderse considerablemente, lo que implicaría un incremento adicional en las obligaciones debido a la acumulación de multas y recargos. El SAT mantiene la facultad de emprender acciones legales complementarias para garantizar el cumplimiento del monto establecido.

Con esta determinación, el caso entra en una nueva etapa en la que las autoridades fiscales esperan que el conglomerado empresarial acate la resolución definitiva del máximo tribunal del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego respecto al adeudo fiscal que mantiene Grupo Salinas, y aseguró que si realmente tuvieran la intención de pagar, ya lo habrían hecho.

Durante su conferencia matutina de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que no hubo ningún convenio con el empresario. “Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, afirmó.

Sheinbaum hizo referencia a una carta que el propio Salinas Pliego difundió en redes sociales, en la que el empresario aseguró que Grupo Salinas sí tiene la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”. En el documento, el grupo empresarial explicó que la carta fue enviada a la entonces jefa de Gobierno en octubre de 2024, donde expresaba su disposición a pagar “lo que es legal y correcto” y mencionaba las mesas de negociación sostenidas con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio anterior.

En la misma carta, Salinas Pliego señaló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, había llegado a un supuesto acuerdo con la empresa durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, Sheinbaum aclaró que pidió a Medina presentarse para explicar los hechos y puntualizó que “nunca se llegó a ningún acuerdo”.

Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, señaló que el grupo empresarial no ha obtenido respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la forma en que suele litigar. Explicó que Grupo Salinas acostumbra presentar recursos legales para frenar el cobro y extender los procesos judiciales, por lo que el SAT ha optado por esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de actuar.

Galeano subrayó que las empresas involucradas pueden realizar el pago de sus adeudos en cualquier momento sin necesidad de una cita o autorización especial. “Es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción”, declaró.

Con ello, tanto la Presidencia como la Procuraduría Fiscal reafirmaron que no existe negociación ni trato especial con el empresario, y que el cumplimiento de las obligaciones fiscales depende exclusivamente de la decisión de Grupo Salinas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su nueva integración, comenzó la reasignación de los asuntos que quedaron pendientes de resolución y que fueron devueltos a la Secretaría General de Acuerdos para su distribución entre las nuevas ponencias. Entre ellos destacan litigios de gran relevancia política y económica, como los promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra Lenia Batres Guadarrama recibió dos amparos directos en revisión relacionados con compañías del empresario. Se trata de recursos presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay en contra de créditos fiscales, a pesar de que en otros procesos Batres había sido declarada impedida para conocer de los asuntos vinculados con Salinas Pliego.

Uno de los casos más significativos es el amparo directo en revisión 6321/2024, con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos. Este expediente, que estaba bajo análisis del ministro Alberto Pérez Dayán, fue reasignado al ministro Arístides Guerrero García. Además de este litigio fiscal, Guerrero también tendrá a su cargo la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra las reformas legales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en 2020 bajo el mecanismo fast track.

En el mismo despacho del ministro Guerrero recayó la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, que cuestiona el proceso de remoción de su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, derivado de presuntas irregularidades en el manejo de más de 900 millones de pesos cuyo destino no habría sido comprobado.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se encargará de resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena. Dicha modificación eliminó la posibilidad de que jueces y magistrados decretaran la suspensión de normas generales mientras se analiza la constitucionalidad de las mismas.

A la ministra Sara Irene Herrerías se le turnó la impugnación contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría de Estado.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo asumirá quince controversias constitucionales interpuestas por municipios gobernados por la oposición. Estas acciones van dirigidas contra la nueva Ley de Transparencia y fueron presentadas por administraciones municipales de ciudades como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán y Hermosillo, entre otras.

Con estos turnos, la Corte redistribuye expedientes que marcan el rumbo de batallas fiscales, políticas y legales de gran trascendencia para el país, ahora bajo la responsabilidad de los ministros recién incorporados al máximo tribunal.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.

Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.

Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.

Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.

La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.

El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.

La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.