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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes una campaña nacional centrada en la prevención de la violencia contra las mujeres, acompañada de una propuesta legislativa para homologar el artículo 260 del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. La iniciativa incorpora mensajes audiovisuales, materiales impresos y actividades formativas dirigidas al personal público de todo el país.

Durante el anuncio, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la modificación jurídica busca que el abuso sexual se persiga de oficio en las 32 entidades del país. Actualmente, 22 estados ya tienen iniciativas ingresadas en sus congresos locales; uno de ellos la aprobó en comisión y otros 10 presentarán sus propuestas este mismo martes. Señaló que el objetivo es cerrar brechas legales y garantizar un procedimiento uniforme en la atención de víctimas.

La campaña federal contempla la difusión de spots dedicados a la prevención de diversas formas de violencia, así como la realización de talleres y charlas dirigidas a servidores públicos e integrantes de fiscalías locales. Estas acciones se desplegarán como parte de una estrategia permanente que busca ampliar el alcance institucional y fortalecer la capacidad de respuesta frente a casos de violencia de género.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en la que la presidenta Sheinbaum había anticipado que presentaría esta iniciativa, días después de haber sufrido una agresión mientras caminaba en calles de la Ciudad de México. El contexto reforzó el mensaje oficial sobre la urgencia de iniciativas de prevención y educación en todo el país.

Como parte del plan, la secretaria Hernández resaltó que también se incorporará un llamado dirigido a los hombres para promover prácticas de respeto y erradicar conductas violentas. “Es tiempo de mujeres sin violencia, pero también es tiempo de hombres que respetan, de hombres que no abusan (…) de hombres que no violentan y de hombres que no acosan”, afirmó durante la presentación.

En la conferencia matutina, los 32 gobernadores del país participaron de manera remota y asumieron diez compromisos para fortalecer la implementación de la estrategia. Entre ellos destacan la difusión de la campaña en sus entidades, el acompañamiento al proceso de homologación del delito de abuso sexual, la creación de senderos seguros, la capacitación continua a servidores públicos y la realización de actividades mensuales en escuelas —cada día 25— para impulsar el respeto y el trato igualitario. Además, se acordó establecer una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías estatales.

La reforma federal propuesta redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas. El proyecto establece penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA y la obligación de los agresores de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario. También incluye agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, exista violencia o haya complicidad.

La propuesta para legalizar la eutanasia en México abrió un nuevo frente de debate entre el Estado, el sector médico y la Iglesia católica. Este domingo, la Arquidiócesis de México cuestionó la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, que busca reformar la Ley General de Salud y modificar el Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas decidan, bajo consentimiento informado, acceder a una muerte médicamente asistida.

La propuesta fue presentada en el Senado mexicano hace diez días y plantea que los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sin ser criminalizados por su decisión. De aprobarse, México se sumaría a la lista de países que reconocen la eutanasia como un acto de autonomía y libertad individual frente al sufrimiento terminal.

Sin embargo, la posición de la Iglesia fue contundente. En su editorial semanal Desde la fe, la Arquidiócesis calificó la iniciativa como “incorrecta” y señaló que sus fundamentos están “fuera de lugar”. Afirmó que el debate no debería centrarse en la separación Iglesia–Estado, sino en principios éticos, médicos y jurídicos que trascienden las creencias personales.

El órgano religioso recordó que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Europeo mantienen su oposición al suicidio asistido y a la eutanasia, bajo el argumento de que la ética médica debe proteger la dignidad humana en todo momento, incluso en medio del dolor y la enfermedad. Para la Iglesia, el llamado “bien morir” no implica provocar la muerte, sino acompañar los últimos momentos de vida con atención médica, emocional y espiritual.

La Arquidiócesis alertó además sobre la “visión romantizada” que, asegura, rodea al tema, ya que la eutanasia no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento. En su postura, la respuesta al dolor no debe ser la muerte, sino mejorar los cuidados paliativos, servicios que en México todavía son escasos y desiguales.

De acuerdo con cifras de 2023, solo 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. En este contexto, la Iglesia instó al Estado a invertir más recursos en el desarrollo de estas atenciones, argumentando que ofrecer la eutanasia como alternativa sería “un acto de renuncia al deber de cuidar”.

Actualmente, 20 de los 32 estados mexicanos cuentan con leyes de voluntad anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos invasivos en etapas críticas. La “Ley Trasciende” busca ir un paso más allá: legalizar la intervención médica activa para terminar con el sufrimiento.

El debate continúa abierto. Mientras en el Congreso se analizan los aspectos legales y éticos de la iniciativa, la postura de la Iglesia reaviva una discusión profunda sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el papel del Estado ante el final de la existencia humana.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.