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El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La próxima semana, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional orientada a establecer una jornada laboral de 40 horas semanales para todos los trabajadores en México. La iniciativa plantea que la duración de la jornada diaria sea de ocho horas y mantiene como obligación del empleador otorgar al menos un día de descanso por cada semana laborada. El tema ha generado posiciones encontradas entre el gobierno federal y los partidos de oposición, que cuestionan el alcance real de los cambios propuestos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expresó su confianza en que, aun cuando el dictamen establece como mínimo un día de descanso semanal, los empresarios otorgarán dos días de descanso a sus empleados. De acuerdo con el funcionario, la reforma busca dejar asentado a nivel constitucional el límite de 40 horas semanales, lo que, dijo, abre la puerta a esquemas más flexibles que beneficien directamente a las personas trabajadoras. Bolaños señaló que el objetivo central es que los propios trabajadores puedan definir cómo se distribuye su jornada laboral, siempre dentro del marco de ocho horas diarias.

La propuesta será analizada en comisiones unidas del Senado, donde el secretario del Trabajo comparecerá el próximo martes para explicar los alcances de la iniciativa. Está previsto que ese mismo día el dictamen sea votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno para su discusión.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como una simulación. Afirmó que se generó una expectativa entre los trabajadores al anunciarse la reducción de 48 a 40 horas semanales, lo que llevó a muchos a asumir que tendrían fines de semana completos de descanso. Sin embargo, señaló que el dictamen no modifica el artículo 123 constitucional en lo referente a los días de descanso, por lo que, en su opinión, no se garantiza un cambio sustancial en ese aspecto.

En la misma línea crítica, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su rechazo a la iniciativa al advertir que Morena plantea una implementación gradual de la jornada de 40 horas hasta el año 2030. La legisladora sostuvo que, bajo este esquema, las condiciones laborales permanecerían prácticamente iguales y alertó sobre posibles riesgos de abuso, al considerar que se permitiría un mayor número de horas extra, lo que podría afectar a los trabajadores.

El debate en torno a la reforma se centra en si la reducción de la jornada semanal se traducirá en beneficios inmediatos y claros para la fuerza laboral o si, como señalan los partidos de oposición, el cambio será más limitado de lo que se ha comunicado públicamente. Con la comparecencia del titular de la STPS y la discusión legislativa programada, el Senado se prepara para un análisis que será clave para el futuro de las condiciones laborales en el país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.

Con el respaldo de 86 votos a favor, el Senado aprobó este miércoles el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales para 30 entidades del país. La decisión fue impulsada por Morena y sus aliados, quienes defendieron los perfiles elegidos pese al rechazo frontal de las bancadas opositoras.

Durante la sesión, marcada por momentos de tensión, los nuevos magistrados rindieron protesta ante el pleno, dando cierre a una jornada intensa en el recinto legislativo. La mayoría oficialista avanzó con la designación luego de que la Junta de Coordinación Política validara por la mañana la lista de aspirantes.

Horas más tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso para permitir la incorporación de seis cambios en la propuesta inicial. Las modificaciones se aplicaron a las magistraturas correspondientes a Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Yucatán, tras la intervención del coordinador morenista Adán Augusto López.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, lanzó críticas directas a la bancada de Morena. Desde tribuna, afirmó que los perfiles seleccionados no fueron sometidos a elección popular para beneficiar a los gobernadores.“Hay perfiles que están totalmente cuestionados, porque ustedes los dejaron para los gobernadores como un premio”, acusó.

En el mismo tono, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo lamentó que no se hayan considerado los señalamientos presentados previamente. “Nosotros desde el día de ayer dimos a conocer que algunos perfiles no cumplían con (los requisitos), pero Morena y sus aliados lo que decidieron fue poner a sus cuates y sus cuotas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió sobre los riesgos de avanzar con designaciones presuntamente alineadas con el partido en el poder. “Vamos a ir a partidos de fútbol con el árbitro comprado, con el árbitro vendido, con el árbitro comprometido”, declaró, en alusión al papel de los magistrados en procesos electorales.

En respuesta, la morenista Lucía Trasviña defendió los nombramientos, argumentando que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer su filiación política, credo e ideología. “¿Por qué vamos a suprimirles esos derechos?”, cuestionó desde su escaño, rechazando los señalamientos de parcialidad.

La votación y protesta de los magistrados se da en un contexto preelectoral, donde las tensiones entre oficialismo y oposición se agudizan. Con estos nombramientos, se completa una pieza clave en el aparato electoral estatal, a pocos meses del inicio formal de los próximos comicios.

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para reforzar la soberanía nacional y evitar cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos del país. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en lo general y particular con 100 votos a favor y 17 en contra. Ahora, el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. 

Las modificaciones aprobadas impactan dos artículos clave de la Constitución:

•           Artículo 19: Se establece que cualquier persona, nacional o extranjera, que participe en la fabricación, distribución o tráfico ilegal de armas dentro del territorio mexicano enfrentará la pena más severa posible y prisión preventiva oficiosa.
•           Artículo 40: Se refuerza el principio de no intervención, declarando que México no aceptará injerencias extranjeras en asuntos como elecciones, golpes de Estado o violaciones a su territorio, ya sea por tierra, mar, aire o espacio.
  

La sesión estuvo marcada por un intenso debate entre legisladores de diferentes partidos. Durante la discusión se presentaron confrontaciones verbales, carteles y llamados al orden, además de que se realizaron tres recesos.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que esta reforma es un mensaje claro al mundo de que México es un país fuerte e independiente. Señaló que con este cambio se prohíbe cualquier tipo de intervención extranjera, dejando claro que México no está subordinado a ninguna potencia.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma es una defensa clara de la soberanía nacional, asegurando que ningún gobierno extranjero podrá condicionar las decisiones de México.

Sin embargo, algunos legisladores de oposición cuestionaron la necesidad de la reforma. La senadora Carolina Viggiano, del PRI, argumentó que la iniciativa podría generar conflictos diplomáticos, ya que la soberanía ya está protegida en la Constitución.

La panista Guadalupe Murguía consideró que se trata de una medida política y simbólica, mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la soberanía debe garantizarse con acciones concretas y no solo con reformas legales.

A pesar de las críticas, la mayoría en el Senado respaldó la iniciativa, argumentando que responde a la amenaza de una posible intervención extranjera, en particular por parte de Estados Unidos, tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ahora, la reforma deberá ser analizada por la Cámara de Diputados antes de su posible incorporación definitiva a la Constitución.