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El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres líderes sindicales como parte de la “Operación Caudal”, el despliegue estatal con el que autoridades buscan frenar la extracción, distribución y comercialización ilegal de agua en la entidad. 

Entre los detenidos se encuentra Mario “N”, identificado también como Juan “N”, señalado como un objetivo prioritario dentro del operativo. De acuerdo con la fiscalía, fue ubicado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX).

La institución informó que al detenido se le encontraron armas de fuego y cartuchos útiles, además de que es investigado por su presunta participación en delitos de extorsión. Las autoridades sostienen que su intervención en la cadena ilícita del agua se realizaba presuntamente mediante el acaparamiento y distribución en municipios como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, utilizando pipas operadas por integrantes de sus organizaciones. 

Según la FGJEM, en “grado de probabilidad” también habría cometido agresiones y robos contra conductores de pipas ajenas a sus grupos, y obligado a dueños de purificadoras a contratar servicios con operadores afines.

La operación “Caudal” arrancó el 24 de octubre con acciones simultáneas en 48 municipios para desarticular redes dedicadas al llamado “aguachicol”. Durante esta primera fase, la fiscalía aseguró más de 160 puntos vinculados con la extracción y sobreexplotación del agua, además de confiscar 250 pipas relacionadas con el suministro clandestino.

En el mismo operativo fueron detenidos Juan “N” y Guillermo “N”, también identificados por las autoridades como líderes sindicales vinculados al manejo ilegal del agua. En el caso de Guillermo “N”, la FGJEM lo señala como integrante relevante del grupo “Sindicato 22 de Octubre”, una organización vinculada con presuntos delitos como homicidio, secuestro, extorsión, despojo de propiedades, robo con violencia, robo a transporte de carga, disparo de arma de fuego y narcomenudeo en municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

Las detenciones se suman a la captura previa de Christian Jesús “N”, alias “Gimy” o “Jimmy”, Sexto Regidor de Chalco y señalado como líder del mismo “Sindicato 22 de Octubre”. Tanto esta organización como FITTAM y SUTMEX participaron en manifestaciones y bloqueos registrados el 27 de octubre en contra de la “Operación Caudal”, un despliegue que continúa activo mientras autoridades estatales buscan desarticular por completo la cadena ilícita de abasto y cobro de agua en el Estado de México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el programa nacional El maíz es la raíz, una estrategia diseñada para conservar, producir y comercializar las variedades nativas mientras fortalece los sistemas agroalimentarios comunitarios.

La iniciativa fue expuesta durante la conferencia presidencial por la directora de Alimentación para el Bienestar, quien precisó que el proyecto comenzará el próximo año en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Su aplicación se ampliará gradualmente hasta 2030, cuando abarcará las ocho regiones agrícolas del país y alcanzará a cerca de un millón y medio de pequeños productores.

El programa establece una ruta que integra producción agroecológica, uso colectivo de maquinaria ligera y fortalecimiento de la organización comunitaria. Estos ejes buscan mejorar la productividad sin alterar la esencia de la milpa, sistema agrícola que ha sostenido la diversidad del maíz nativo durante generaciones. La maquinaria será asignada de manera colectiva a grupos de productores, lo que permitirá reducir costos, distribuir responsabilidades y elevar el rendimiento en cada ciclo agrícola.

Otro componente central es el acompañamiento técnico. Equipos especializados, junto con integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajarán con comunidades milperas integradas por grupos de cien productores. Este vínculo pretende mejorar prácticas agronómicas, reforzar la autonomía tecnológica y facilitar el intercambio de conocimientos para mantener cultivos sanos y productivos. El planteamiento parte de que el potencial de rendimiento del maíz nativo depende directamente del manejo agronómico y no de la genética de la semilla.

Además de la producción, el plan impulsa la transformación y comercialización del maíz mediante esquemas comunitarios. Se contempla la creación de tortillerías, tostaderías y espacios para elaborar totopos con sello de origen, administrados por cooperativas de mujeres campesinas. Este modelo busca asegurar ventas a precio justo y que los ingresos lleguen de manera directa a las familias productoras, reforzando la economía local desde la producción primaria hasta la venta final.

La estrategia incluye también mecanismos para proteger la biodiversidad del maíz nativo, considerada un legado cultural y alimentario que identifica al campo mexicano. La propuesta se articula como una política integral que combina tradición agrícola, apoyo técnico, trabajo colectivo y participación comunitaria.

Con El maíz es la raíz, el gobierno federal marca una ruta de largo plazo destinada a consolidar la soberanía alimentaria, revitalizar las prácticas campesinas e impulsar la economía de las regiones agrícolas. El proyecto se establece como una apuesta nacional para fortalecer a las comunidades rurales y garantizar la permanencia del maíz nativo como base del sistema alimentario mexicano.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró un acuerdo con los productores de maíz del Bajío que busca fortalecer al sector, garantizar precios justos y mejorar la competitividad nacional. El pacto, alcanzado tras una larga jornada de negociaciones que culminó la madrugada de este miércoles, incluye apoyos económicos, créditos preferenciales y un nuevo esquema de comercialización.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, informó que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, medida que beneficiará directamente a 90 mil productores de la región. Este incentivo surge ante la caída del 21 por ciento en el precio internacional del grano, con el objetivo de brindar estabilidad a los agricultores.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional, Berdegué explicó que el programa “Cosechando Soberanía” será ampliado para ofrecer créditos con una tasa de interés preferencial del 8.5 por ciento anual, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores. Además, se establecerá un sistema nacional de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de venta, reglas públicas y acceso a información oficial.

El funcionario subrayó que la prioridad será la cosecha nacional y confirmó que los liderazgos locales se comprometieron a liberar los cortes de carretera que habían afectado la distribución del grano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los apoyos se entregarán sin intermediarios, para evitar prácticas del pasado donde los recursos quedaban en manos de organizaciones y no llegaban a los productores. “Antes de la transformación, había organizaciones que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor. Eso no va a regresar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la estrategia busca fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, considerando al maíz como un cultivo estratégico para el país. “En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.

En la misma reunión, la Sader y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron aumentar 100 pesos adicionales al apoyo gubernamental por tonelada. Durante la negociación, que se extendió por casi cinco horas, se determinó eliminar el precio de garantía de 5 mil 200 pesos, permitiendo a los agricultores vender su producto de forma libre a los industriales.

El productor Mauricio Pérez, de Pénjamo, explicó que esta medida permitirá a los campesinos buscar mejores oportunidades de mercado. “Dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una mejor oportunidad de precio; con una base fija ya se tasa y es difícil que repunte”, señaló.

Los agricultores continuarán este medio día las mesas de diálogo con autoridades federales para definir las reglas de operación de los nuevos apoyos, que pasarán de 850 a 950 pesos por tonelada. Con el impulso de estos recursos y el libre mercado, se estima que el precio final de la tonelada de maíz alcance hasta 6 mil 700 pesos, fortaleciendo al campo mexicano y generando un nuevo horizonte de estabilidad para los productores.

En un nuevo intento por regular el consumo de bebidas energizantes en México, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para prohibir su venta a menores de edad. La propuesta contempla sanciones que, en casos graves, podrían superar 1 millón 357 mil pesos.

El planteamiento busca modificar la Ley General de Salud mediante la adición de los artículos 215 y 216, estableciendo definiciones claras y restricciones precisas. En primer término, se propone que una bebida energizante sea considerada como toda bebida no alcohólica que contenga combinaciones de sustancias como glucuronolactona, taurina, cafeína, guaraná, extractos de azúcar, acidulantes u otros ingredientes estimulantes, con el fin de aumentar la energía física o mental.

La iniciativa establece que estará prohibida la venta, distribución o suministro de estos productos a menores de 18 años. Asimismo, los comercios que expendan bebidas alcohólicas al copeo deberán abstenerse de ofrecer energizantes de manera conjunta o alternada con alcohol.

En el apartado de etiquetado, la propuesta es clara: los envases deberán mostrar, con un tamaño de letra superior al de la lista de ingredientes, las siguientes advertencias: “Venta prohibida a menores de 18 años”; “No mezclar ni consumir con bebidas alcohólicas”; “No se recomienda su consumo para mujeres embarazadas o en lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína o con problemas de tensión nerviosa”; y “No se recomienda su consumo con fines deportivos o de actividad física intensa”.

En cuanto a sanciones, la propuesta detalla que el incumplimiento en la restricción de venta o consumo a menores podrá implicar multas de hasta 226 mil 280 pesos. En el caso de no cumplir con el etiquetado establecido, las sanciones se elevarían hasta 1 millón 357 mil 680 pesos.

La diputada subrayó que la iniciativa también prohíbe explícitamente el consumo simultáneo o alternado de bebidas energizantes y alcohólicas en establecimientos, con el objetivo de reducir riesgos a la salud asociados a la combinación de estimulantes con alcohol.

Este proyecto se suma a la propuesta presentada el 9 de julio por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que igualmente plantea restringir la venta, distribución y suministro de bebidas energéticas a menores de edad.

De aprobarse, la medida representaría un cambio sustancial en la regulación de estos productos en México, con el fin de proteger la salud de la población joven y establecer controles más estrictos para su comercialización y etiquetado.