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El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión que se desarrolló en menos de tres horas y en la que legisladores de oposición señalaron que el proceso fue “simulado”. Tras recibir 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra, la exconsejera jurídica de la Presidencia rindió protesta y ocupará el cargo hasta 2034.

Durante la votación se distribuyeron 127 cédulas, con la única ausencia del panista Gustavo Sánchez. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 85 votos. En el pleno, algunos legisladores mostraron públicamente sus boletas: la panista Lilly Téllez exhibió su cédula con la leyenda “no a la mafiocracia”, mientras que los 13 senadores del PRI marcaron “en contra”. También mostraron su voto el panista Marko Cortés y los morenistas Félix Salgado, Nora Ruvalcaba y Mariela Gutiérrez. En contraste, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, emitió su voto de manera cerrada.

El escrutinio confirmó que Godoy superó ampliamente la cifra necesaria para presidir la FGR, dejando sin votos a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el nombramiento y ordenó comunicarlo a la titular del Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a las fiscalías de todo el país.

Previo a la votación, Godoy compareció ante el pleno. Ahí afirmó que durante su gestión “no se fabricarán culpables ni habrá perseguidos políticos” y aseguró que la institución aplicará “cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”. Añadió que cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos será investigado y sancionado “con la misma severidad”.

La trayectoria de Ernestina Godoy incluye más de cuatro décadas en el servicio público y en organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la UNAM y fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). También creó la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en 2015.

En el gobierno capitalino fue directora jurídica, coordinadora de asuntos legales y titular de áreas delegacionales entre 2000 y 2012. En el ámbito legislativo se desempeñó como diputada local y federal, presidenta de comisiones, integrante de la Mesa Directiva y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En materia de procuración de justicia, encabezó la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital, primero como procuradora (2018-2020) y luego como fiscal general de la CDMX (2020-2024). Ha recibido reconocimientos como la Medalla Emilio Krieger (2023), la Presea Benito Juárez (2019) y la Presea Tepantlato (2019).

Su llegada a la FGR ocurre después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien comunicó al Senado que dejaría el cargo tras recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México. Más tarde se confirmó que el país destino será Alemania.

Con la toma de protesta de Ernestina Godoy, la Fiscalía General inicia un nuevo periodo que se extenderá durante la próxima década, enmarcado por su promesa de fortalecer protocolos, combatir la impunidad y garantizar apego a los derechos humanos.

El proceso para seleccionar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) avanzó esta semana con la publicación de la lista oficial de 43 aspirantes registrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. La relación de perfiles se integra por figuras del ámbito jurídico, político y administrativo, incluida Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la fiscalía, quien continúa al frente del organismo mientras se desarrolla la etapa de selección.

El documento muestra la incorporación de perfiles vinculados a Morena, como Hamlet García Almaguer, exlegislador y cercano a la organización La Luz del Mundo; así como Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas. También aparece César Gutiérrez Priego, abogado y exaspirante a ministro de la Suprema Corte durante el proceso de elección judicial. Todos ellos figuran entre los perfiles destacados por su experiencia en temas públicos y jurídicos.

La procedencia geográfica de las postulaciones se concentra principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque también se registraron aspirantes de estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Esta distribución refleja el alcance nacional del llamado emitido por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la FGR para asumir una embajada en un “país amigo”.

Además de los nombres ya mencionados, el listado incluye a Félix Roel Herrera, quien fue consejero representante de Morena en Tabasco; José de Jesús Ruiz Munilla, director de proyecto en la Cámara de Diputados; Carlos Higinio Lledías Saavedra, excandidato a magistrado de circuito en Puebla; y David Borja, exdirector de Seguridad en Guerrero. Todos ellos forman parte de los perfiles que avanzaron a esta fase inicial del proceso.

El periodo de registro duró tres días y se realizó de manera virtual, tal como lo definió el Senado para esta convocatoria. Una vez concluido, la Jucopo —encabezada por el líder de la mayoría, Adán Augusto López— quedó como la instancia responsable de revisar los expedientes y seleccionar a las personas que continuarán en el procedimiento. Esta mecánica difiere de la aplicada en 2019, cuando la Comisión de Justicia asumió la conducción del proceso correspondiente.

En cuanto a Ernestina Godoy, además de figurar como aspirante, permanece al frente de la institución para garantizar la continuidad operativa mientras se define a la próxima persona que ocupará el cargo. Su nombre forma parte de los perfiles de mayor experiencia dentro del ámbito fiscal y político.

Con la lista de las 43 personas postuladas, el Senado avanza hacia las siguientes etapas del proceso, en las que la Jucopo determinará qué perfiles serán tomados en cuenta en la siguiente fase rumbo a la definición del relevo en la Fiscalía General de la República.

El Senado de la República ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación que dejó ver una fractura interna en la bancada de Morena. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyeron perfiles vinculados a figuras destacadas del partido en el poder y del ámbito judicial.

Durante la sesión, varios de los perfiles aprobados fueron identificados como cercanos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto; y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las afinidades políticas marcaron el tono del debate, que se extendió hasta la votación nominal.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando el senador morenista Heriberto Aguilar anunció que votaría a favor del dictamen en lo general, pero en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella. Pompa Corella se desempeñó como director de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y es identificado como cercano a Adán Augusto López. A esta postura se sumó la senadora también morenista Guadalupe Chavira, evidenciando diferencias internas en el bloque oficialista.

El dictamen fue aprobado con 66 votos de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra. La oposición criticó tanto los perfiles como la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso.

Entre los ratificados se encuentra Yamil Villalba Villarreal, considerado cercano a Luisa María Alcalde; así como Olimpia Girón Hernández, exdiputada de Morena y asesora en el Senado. También fue avalado Jorge Muñoz Barrett, quien trabajó en la Consejería Jurídica del gobierno capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro de los nombrados fue Jorge Enrique Mata Gómez, quien fungió como coordinador de la oficina de la expresidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. A la lista se sumó Fernando Cruz Ventura, excolaborador del ministro en retiro Arturo Zaldívar y funcionario en la Presidencia.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, señaló que la mayoría de los perfiles no cuentan con experiencia judicial y cuestionó su independencia. El panista Raymundo Bolaños calificó el procedimiento de “albazo legislativo”, al señalar que el dictamen avanzó entre comisiones y pleno en menos de 24 horas. Bolaños afirmó que la ratificación de Miguel Pompa Corella formaba parte de “un pago de validación de acordeones”.

Tras su ratificación, Yamil Villalba sostuvo que su cercanía con Alcalde no influirá en su labor como magistrado. Al ser cuestionado sobre la propiedad compartida de un inmueble con la dirigente morenista, dio por terminada la entrevista.

El Senado de la República dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se realizara el segundo día de audiencias públicas para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante estas jornadas, expertos y especialistas discutieron modificaciones en temas como la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la iniciativa busca evitar abusos en el juicio de amparo, conservando figuras fundamentales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva. Subrayó la importancia de armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general.

Por su parte, Melissa Ayala señaló que la reforma contiene “cosas buenas, malas y preocupantes“, como la ampliación de la demanda y los cambios en el cumplimiento y ejecución de sentencias. Según su análisis, ambas figuras se acotan, lo que implica que la reforma no simplifica el proceso de amparo ni lo hace más ágil, pero sí puede representar un costo mayor para el Estado.

El ex magistrado y abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro señaló que, aunque el juicio de amparo en línea es un acierto, existen cuatro aspectos preocupantes: el interés legítimo podría perjudicar a la población de menores recursos; se restringe la posibilidad de suspensión si no se advierte una inconstitucionalidad; ciertas autoridades obtienen inmunidad respecto de las suspensiones; y se niega la ampliación de la demanda.

Ivette Galván, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el juicio de amparo debería acercarse a la gente. No obstante, explicó que la reforma delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que se considera regresivo, ya que acota el efecto del amparo en materia de derechos colectivos.

El magistrado de Circuito en Materia Civil y Administrativa, Arturo González Ferreiro, indicó que si bien la reforma busca evitar abusos, es crucial que el interés legítimo no se vuelva estrecho y que los juzgadores analicen cada caso de manera individual, sin imponer cargas que dificulten el ejercicio de los derechos de las personas.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que las comisiones dictaminadoras evaluarán durante las próximas horas las propuestas vertidas en las audiencias y considerarán algunos ajustes a la iniciativa. “Los compañeros integrantes de la comisión, sobre todo Javier Corral e Inzunza, están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, adelantó López Hernández, quien señaló que los cambios podrían reflejarse en la versión final que será dictaminada y votada este miércoles.

Con estas audiencias y la revisión de los ajustes propuestos, el Senado se prepara para definir los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, que plantea modificaciones importantes en la protección de los derechos individuales y colectivos en el país.

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

El informe legislativo de la senadora morenista Andrea Chávez, realizado este domingo en el Centro de Convenciones de Chihuahua, estuvo marcado por la aparición de lonas, cartulinas y una camioneta con mensajes críticos hacia la legisladora y hacia el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Desde temprano, medios locales y usuarios en redes sociales reportaron el despliegue de estas imágenes que mostraban a Chávez y López acompañados de la leyenda “La Barredora”. Los mensajes circularon tanto en espectaculares como en un vehículo que simulaba un camión de limpia, con tubos de PVC y lonas alusivas a la frase.

Algunos de los lienzos incluían caricaturas de la legisladora junto a Adán Augusto, además de la ilustración de un camión de limpieza en color guinda con el logotipo de Morena, en clara referencia al mote de “La Barredora”. La camioneta blanca que recorrió parte de la ciudad reforzó esta misma narrativa al portar otra lona con los rostros de ambos y la frase en el centro.

Las protestas se extendieron también en las inmediaciones del recinto donde se llevó a cabo el informe. Ahí, personas portaron cartulinas en colores verde y naranja con consignas en contra de López, a quien relacionaron con el grupo criminal del mismo nombre debido a los vínculos de su exsecretario de Seguridad durante su periodo como gobernador de Tabasco.

El evento, no obstante, se desarrolló con la presencia de aliados políticos de la legisladora. Entre los asistentes destacados estuvieron el senador Gerardo Fernández Noroña, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, y el senador Ignacio Mier, quienes acompañaron a Chávez en la presentación de su balance legislativo.

Previo a ingresar al Centro de Convenciones, la senadora compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido en la antesala de su informe. “Les agradezco de todo corazón todo su cariño, su atención, su apoyo, su respaldo”, escribió en su cuenta de Instagram, donde difundió imágenes del trayecto rumbo al evento.

La aparición de los espectaculares, cartulinas y el vehículo con lonas generó conversación en la ciudad y en plataformas digitales, al coincidir con la realización de uno de los actos políticos más relevantes de la senadora en el estado. La narrativa visual, centrada en el término “La Barredora”, se convirtió en uno de los elementos más comentados en torno al informe legislativo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió de manera cautelar los derechos partidarios de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. La medida se da en el contexto de una investigación que involucra al exfuncionario con el grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pesa sobre él una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

La CNHJ informó mediante un comunicado que el procedimiento fue iniciado de oficio este jueves, luego de confirmar que Bermúdez Requena se afilió al partido en 2022 y que su registro como “Protagonista del Cambio Verdadero” continúa vigente. De acuerdo con el comunicado, hay elementos suficientes para considerar que ha incurrido en violaciones a los Documentos Básicos del partido.

La suspensión de sus derechos partidarios se mantendrá vigente mientras se desarrolla el procedimiento sancionador, que podría derivar en su expulsión definitiva. La CNHJ indicó que esta medida se toma ante la gravedad de los señalamientos y como parte del compromiso del partido con la legalidad y la rendición de cuentas.

El 13 de noviembre de 2024, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, declaró públicamente que Bermúdez encabezaba “La Barredora”, brazo operativo del CJNG en la región, grupo que se fragmentó a finales de diciembre de 2023. La desarticulación de esta célula provocó un repunte significativo de violencia en la entidad. Poco después de esas declaraciones, Bermúdez presentó su renuncia al cargo.

La orden de aprehensión contra el ex funcionario fue emitida en febrero. Según el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el día en que se giró la orden, Bermúdez huyó del país vía aérea desde Mérida, Yucatán, con escala en Panamá, y posteriormente voló a España. Actualmente, de acuerdo con las autoridades militares, se encuentra en Brasilia, Brasil, y la Interpol trabaja en conjunto con el gobierno mexicano para su localización y captura.

Los archivos filtrados por el colectivo Guacamaya, y provenientes del Ejército mexicano, revelan que desde 2022 Bermúdez Requena era investigado por su presunta colaboración con el CJNG bajo el alias de “El Comandante H”.

Frente a las repercusiones políticas del caso, la dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde se pronunció en conferencia de prensa, destacando que “no hay impunidad” dentro del partido y que debe haber “una investigación tope hasta donde tope”. Aseguró que nadie está protegido y que la diferencia con la oposición es el compromiso con la verdad y la justicia.

En tanto, la bancada de Morena en el Senado expresó su respaldo al senador Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco durante la gestión de Bermúdez. A través de un comunicado, los legisladores defendieron la trayectoria del coordinador parlamentario y afirmaron que ha sido objeto de una campaña de desprestigio. Destacaron su liderazgo en el Congreso y su contribución a las reformas de la Cuarta Transformación, siempre “apegado a los valores del movimiento”.

Una jornada legislativa intensa culminó con una decisión que marca un giro en el modelo de evaluación social en México: la absorción del Coneval por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La votación, liderada por Morena y sus aliados, fue aprobada con 348 votos a favor y 132 en contra, en medio de un debate cargado de reproches, señalamientos y llamados a la memoria institucional.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez protagonizó un momento clave al recordar en tribuna que varios legisladores que hoy forman parte de Morena votaron en 2014 por otorgar autonomía constitucional al Coneval. “El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte”, expresó al advertir que el nuevo esquema compromete la imparcialidad en la evaluación de programas sociales. Mostró una lista de nombres que incluyó a figuras como Rocío Abreu, Adán Augusto López y la presidenta en funciones de la Cámara, Dolores Padierna. “¡Qué incongruencia!”, lanzó antes de que su intervención fuera interrumpida.

Desde la bancada morenista, el diputado Luis Humberto Fernández restó importancia a la desaparición del Coneval como órgano independiente. Aseguró que “el noventa y tantos por ciento de los datos que usaba el Coneval los genera el Inegi”, minimizando el cambio. Ironizó además sobre la vestimenta negra de los panistas: “Ese numerito de luto ya está muy sobrado… de verdad lo agotaron”.

Del lado del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García criticó duramente la reforma. Señaló que se busca un país “sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones técnicas independientes”. Lamentó que esta acción borre a los más vulnerables del análisis público y denunció una manipulación de cifras que “invisibiliza la tragedia” de la pobreza.

La discusión avanzó hacia otro punto de alta relevancia: la modificación del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para establecer un marco de regulación sobre los retiros parciales por desempleo. Arturo Olivares Cerda, diputado de Morena, explicó que la reforma pretende cerrar las puertas a fraudes y simulaciones jurídicas que comprometen el futuro económico de los trabajadores. Según detalló, se trata de evitar prácticas como el cobro de comisiones excesivas, descuentos injustificados y hasta posibles robos de identidad.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 442 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal. Karina Isabel Martínez Montaño, también de Morena, insistió en que la medida busca proteger los ahorros de los trabajadores frente a gestiones irregulares de despachos externos. Resaltó que esta regulación era “urgente” para garantizar la seguridad del ahorro y evitar que las subcuentas de retiro se conviertan en terreno fértil para el abuso.

En paralelo, se aprobó con 476 votos otro proyecto que impulsa el seguro de desempleo, con el argumento de que debe existir una cobertura permanente. La diputada Patricia Mercado apuntó que recurrir al ahorro destinado para la vejez sólo traslada el problema a una etapa futura y no resuelve el presente de forma estructural.

En una sesión de más de seis horas, marcada por contrastes políticos y discursos encontrados, la transformación del sistema de evaluación social y de protección al trabajador avanzó de forma contundente. El nuevo escenario legislativo deja atrás un órgano autónomo clave y pone en manos del Estado el timón para calificar sus propias políticas. La narrativa institucional cambia, pero el escrutinio público se mantiene encendido.

El Senado de la República se prepara para una serie de conversatorios que marcarán pauta en la evolución de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una propuesta con 21 nombres de peso, entre los que destacan perfiles como Denisse Dresser, Mony de Swaan y representantes de organizaciones como Artículo 19.

La propuesta fue enviada por la bancada naranja al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Con precisión y visión, se eligieron especialistas que aportarán experiencia, diversidad de perspectivas y un enfoque técnico fundamental para este debate legislativo.

Cada conversatorio contará con una temática central y expertos cuidadosamente seleccionados. El 3 de mayo abre la agenda con el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”. Entre los invitados propuestos para esta fecha está Salma Jalife Villalón, una figura destacada por su paso por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y por haber sido comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su experiencia en el diseño de estrategias digitales públicas resulta clave para abordar los retos de conectividad y cobertura nacional.

El 8 de mayo, bajo el título “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, se prevé la participación de Mony de Swaan, expresidente de la extinta Cofetel, así como del escritor y académico Jorge Volpi. Ambos perfiles brindarán profundidad desde distintas trincheras: la regulación institucional y la visión crítica de la cultura mediática.

Para el 15 de mayo, el foco girará en torno a los “Servicios digitales”. MC propuso a Gabriela Warkentin, periodista y fundadora de Ibero 90.9; a Xavier Careaga, experto en tecnología con estudios en Harvard; y a Carolina Leconte Mejía, actual vicepresidenta de Contenidos para Netflix México. Las propuestas apuntan a examinar el presente y futuro de las plataformas digitales en un contexto regulatorio nacional.

Finalmente, el 22 de mayo se abordará el crucial tema de los “Derechos de los usuarios y audiencias”. En esta fecha se contempla la presencia de Denisse Dresser, politóloga, profesora del ITAM y voz crítica del acontecer nacional, así como de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Movimiento Ciudadano sostiene que este grupo de especialistas tiene el perfil ideal para aportar argumentos sólidos, técnicos y democráticos en un momento clave para la legislación en telecomunicaciones. Su objetivo: asegurar una ley moderna, plural, que garantice derechos, combata la concentración de poder y promueva la libertad en todos los canales de comunicación del país.