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Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.

El municipio de Teuchitlán, Jalisco, vive un cambio repentino en su liderazgo. Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros ha sido nombrado presidente municipal interino, luego de que el hasta ahora alcalde, José “N”, fuera vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público.

La decisión se concretó este sábado durante una sesión de cabildo en la que se oficializó el relevo. Los integrantes del cuerpo edilicio respaldaron de forma unánime la propuesta de Rodríguez Ballesteros, destacando su integridad y trayectoria dentro del municipio.

“Todo el tema de la elección fue por unanimidad del Partido Acción Nacional, del Partido Morena y los integrantes de Movimiento Ciudadano. Decidimos, por la calidad moral que tiene el compañero, que él sea el presidente interino”, expresó Osvaldo Anguiano, regidor de Teuchitlán, tras concluir la sesión.

Rodríguez Ballesteros no es ajeno a la vida política local. Participó en la más reciente contienda electoral como parte de la planilla de Movimiento Ciudadano, equipo con el que José Santiago “N” ganó la alcaldía. Ahora, asume la responsabilidad de liderar el municipio en un escenario legal y político complejo.

La vinculación a proceso de José “N” fue determinada durante la audiencia celebrada este viernes en los juzgados federales de oralidad de Puente Grande, Jalisco. La jueza Ana Beatriz Aguilar Jiménez fue la encargada de conducir la audiencia, en la que se estableció prisión preventiva como medida cautelar por un periodo máximo de dos años.

El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la etapa de investigación, tiempo en el cual buscará integrar el mayor número de elementos provenientes de las víctimas y otros posibles implicados. Durante este tiempo, el ahora exalcalde permanecerá en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande.

El ambiente político en Teuchitlán se transforma bajo una nueva dirección, mientras el proceso judicial en curso mantiene la atención pública. La designación de Rodríguez Ballesteros se presenta como un intento por devolver estabilidad al gobierno municipal en medio de una coyuntura legal delicada.

Sin discursos estridentes ni confrontaciones públicas, la transición se llevó a cabo con discreción institucional, aunque no exenta de tensión. El nuevo edil asume el cargo con el respaldo de todas las fracciones representadas en el cabildo y con la expectativa de encaminar nuevamente la gestión local hacia un terreno firme.

Este fin de semana, la tranquilidad del municipio de Teuchitlán, Jalisco, se quebró con la sorpresiva detención de su alcalde, José Murguía Santiago. La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), según confirmaron fuentes federales a un medio de comunicación.

La detención se relaciona directamente con las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro clave en las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar del hermetismo de las autoridades sobre los detalles precisos, los primeros informes apuntan a que Murguía Santiago estaría implicado en actividades delictivas vinculadas a ese lugar.

El rancho Izaguirre, ubicado en el mismo municipio que encabezaba el ahora detenido alcalde, fue identificado por la FGR como un sitio de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, declaró recientemente que “ya está totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación” del grupo criminal.

Murguía Santiago, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue trasladado a la Ciudad de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. Su nombre ahora se suma a una investigación de alto perfil que mantiene en alerta a diversas instituciones de seguridad del país.

El rancho saltó a la atención pública el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de lo que consideraron un “campo de exterminio”. Entre los restos localizados, se encontraron al menos 400 pares de zapatos. Aunque la FGR ha descartado que en el lugar funcionara un crematorio, las pruebas genéticas en curso buscarán determinar si las pertenencias encontradas están relacionadas con personas reportadas como desaparecidas.

Las labores del colectivo Guerreros Buscadores han sido fundamentales para permitir que las investigaciones sigan avanzando. Apenas este viernes, recibieron autorización para ingresar nuevamente a la zona en compañía de peritos y personal de la Fiscalía.

La situación actual mantiene encendidas las alarmas sobre la posible existencia de más “narcorranchos” en el estado y sus alrededores. La FGR, por su parte, ha trazado una línea de investigación paralela que buscará esclarecer si el caso del rancho Izaguirre es apenas una pieza más en una red mucho más amplia.

El caso de Murguía Santiago marca un giro delicado en la política local de Jalisco y abre un capítulo más en la lucha por desmantelar estructuras criminales infiltradas en el poder público.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.

La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.

El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.

Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.

Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.

Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.

La investigación sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha tomado un giro importante con el primer informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR). Alejandro Gertz Manero, titular de la institución, expuso las primeras hipótesis y reveló la falta de un dictamen definitivo sobre los restos humanos encontrados en el lugar. 

Seis meses después del hallazgo, los servicios periciales de Jalisco aún no han determinado la antigüedad ni la identidad de los restos, lo que ha generado preocupación en la FGR. Gertz Manero señaló omisiones graves por parte de la Fiscalía de Jalisco y destacó que no existen pruebas periciales concluyentes sobre la posibilidad de que se hayan realizado actividades crematorias en el sitio.

Las investigaciones apuntan a que el rancho Izaguirre pudo haber sido un campo de adiestramiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde además de entrenar a sus reclutas, se habrían cometido asesinatos. Las declaraciones de víctimas secuestradas en el lugar han sido clave para establecer las primeras líneas de investigación. En uno de los testimonios, se indicó que elementos de la Policía de Tala, bajo la dirección de su jefe, participaron en las operaciones delictivas; uno de ellos ya se encuentra detenido.

Entre los objetos recuperados en el rancho se hallaron identificaciones de presuntos sicarios que ya han sido detenidos en otras entidades del país. Además, se localizaron prendas de vestir, que según los testimonios pertenecían a personas reclutadas y entrenadas en el sitio, quienes dejaban su ropa para uniformarse de acuerdo con las características tácticas del grupo criminal.

Pese a la gravedad de los hechos, el rancho Izaguirre quedó en estado de abandono luego de las primeras diligencias ministeriales realizadas por las autoridades locales, a pesar de haber sido asegurado por el Ministerio Público.

Las investigaciones continúan en curso y la FGR sigue recopilando pruebas para esclarecer el caso. La atracción de la investigación por parte de la fiscalía federal responde a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y evitar encubrimientos o irregularidades en el manejo de la información.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de medidas y reformas legales destinadas a atender el problema de las desapariciones en el país. En conferencia de prensa, destacó que para su gobierno es una prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para sus familiares.

Entre las acciones presentadas, se fortalecerán los registros de identificación y las fiscalías estatales. Además, se creará una base única de información forense y se establecerán nuevos protocolos para agilizar las búsquedas. Con estas medidas, se busca iniciar inmediatamente las carpetas de investigación, eliminando la espera de 72 horas y equiparando la desaparición con el delito de secuestro.

Respecto al campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, Sheinbaum anunció la elaboración de una línea de tiempo para determinar responsabilidades sobre el aseguramiento del rancho Izaguirre. Asimismo, giró instrucciones al gabinete de seguridad para colaborar en todas las investigaciones.

Como parte de estos esfuerzos, la presidenta firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Este organismo ampliará su capacidad de atención y análisis de contexto, además de adquirir tecnología avanzada para respaldar las búsquedas con evidencia científica.

El próximo jueves, Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión seis iniciativas de reforma. La primera propone modificar la Ley General de Población para consolidar el certificado único de registro de población como fuente central de identidad. Con esta medida, se podrá cruzar información de distintos registros administrativos y generar alertas que faciliten la localización de personas.

La segunda iniciativa reformará la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se creará una base única de información forense, que integrará datos de los servicios periciales estatales y federales. También se desarrollará una Plataforma Nacional de Identificación Humana que actualizará y comunicará registros administrativos y forenses a nivel nacional.

La tercera iniciativa establecerá protocolos para activar alertas de búsqueda inmediata en todas las entidades del país y abrir carpetas de investigación sin demoras. La cuarta equiparará el delito de desaparición con el secuestro, homologando penas y procedimientos en todas las fiscalías.

La quinta reforma exigirá la publicación mensual de cifras sobre desapariciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, la sexta iniciativa reforzará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizando apoyo y asesoría a familiares de personas desaparecidas.

Con estas acciones, el gobierno busca atender de manera más eficaz la problemática de las desapariciones en México y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y sus seres queridos.

La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado indignación y movilizaciones en todo el país. En el sitio se encontraron al menos 400 pares de zapatos y restos humanos, lo que ha intensificado el reclamo por justicia y acción gubernamental frente a la crisis de desapariciones en México.

En la Ciudad de México, manifestantes se congregaron en el Zócalo, donde realizaron un conteo de 400 en memoria de las víctimas y trazaron con velas un mapa simbólico del rancho. En otras ciudades, como Monterrey y Cancún, se llevaron a cabo vigilias y protestas. En esta última, madres buscadoras denunciaron la existencia de al menos siete cementerios clandestinos vinculados al crimen organizado, donde las lluvias han dejado expuestos restos humanos.

María Dolores Patrón Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que estos cementerios han sido identificados en Chetumal, Bacalar, Tulum, Bonfil, Villas Otoch, Leona Vicario y Kantunilkín. “Solo de dos fosas sabemos la cantidad exacta de personas encontradas: son 24”, afirmó.

Los colectivos de búsqueda han denunciado la omisión de las autoridades en la investigación de estos crímenes. La Red TDT exigió la apertura de expedientes para identificar los restos hallados en Teuchitlán y en otras fosas a nivel nacional. “No podemos seguir normalizando estos crímenes de lesa humanidad”,afirmaron. También alertaron que, desde 2011, al menos 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México por su labor de búsqueda.

En las manifestaciones, familiares de desaparecidos expresaron su desesperación y exigieron respuestas. Aurora Corona Rodríguez, madre de un joven desaparecido en Nuevo León, declaró: “Vivimos en un país de horror. Sufrimos su ausencia y nadie nos escucha”. Por su parte, Patricia de la Cruz, madre de otro desaparecido en Tamaulipas, criticó la postura gubernamental: “La presidenta dice que no han encontrado muchas cosas, pero no ha ido a ver la realidad”.

Según Amnistía Internacional, en México desaparecen alrededor de 30 personas diariamente. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la oposición de magnificar el hecho y ha prometido que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionará información sobre el caso en los próximos días.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha contabilizado más de mil objetos en un rancho ubicado en Teuchitlán, el cual era utilizado como campo de adiestramiento y exterminio por el crimen organizado. Este hallazgo se produjo gracias a la labor del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes descubrieron en el rancho Izaguirre cientos de prendas de vestir, mochilas, zapatos y otros objetos personales. 

Para facilitar la identificación de estos indicios por parte de las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía ha creado una base de datos de libre acceso. Esta plataforma permite que los colectivos de búsqueda y la sociedad civil consulten la lista de objetos encontrados. La información está disponible en la página web y redes sociales de la institución.

Las personas que identifiquen algún objeto relacionado con sus seres queridos deben contactar al Ministerio Público correspondiente. Para ello, es necesario proporcionar el número de carpeta de investigación asignado al momento de la denuncia. En caso de que la persona desaparecida no tenga un reporte previo, se recomienda realizar la denuncia para dar seguimiento adecuado al caso.

Las investigaciones en el rancho continúan, por lo que la cantidad total de objetos hallados aún no ha sido determinada. Adicionalmente, el activista Ángel Abundis ha creado un Catálogo de Indicios que también está disponible en línea para su consulta.

El rancho contaba con diversas instalaciones, entre ellas habitaciones, baños, cocina, bodegas, áreas de adiestramiento táctico y de acondicionamiento físico. Durante las inspecciones, se utilizaron tecnologías avanzadas como drones multiespectrales y térmicos, georradares, análisis electromagnético y estudios de resistividad eléctrica. Estas herramientas permitieron generar tomografías para detectar posibles inhumaciones clandestinas en el subsuelo.

Imágenes satelitales muestran que el rancho Izaguirre no existía en el año 2011, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, pero ya se encontraba delimitado y en funcionamiento para el año 2023. La comparación de estas imágenes ha generado debate político en torno al origen de la violencia en México.

En respuesta a las críticas dirigidas al actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es el único funcionario de alto nivel detenido por nexos con el crimen organizado. Destacó que la “guerra contra el narco” iniciada durante el sexenio de Calderón fue el detonante de la violencia armada en el país.

Diferentes figuras políticas han reforzado esta postura. La senadora Andrea Chávez afirmó que la administración de Calderón permitió la expansión de los grupos delictivos y calificó su gobierno como el “punto de quiebre” de la crisis de seguridad actual. Además, aseguró que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Sheinbaum han trabajado para revertir las consecuencias de esa política.

Hasta el momento, el expresidente Felipe Calderón no ha emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, el debate sobre la responsabilidad de la violencia en el país sigue siendo un tema central en el discurso político actual.