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Un caso de gusano barrenador del ganado mantiene bajo vigilancia a autoridades sanitarias en el sur de la Ciudad de México, donde ya se desplegaron brigadas y medidas de contención tras confirmarse la presencia del parásito en un perro.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que el episodio se localiza en la comunidad de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. El caso continúa en periodo activo, aunque bajo control institucional.

El reporte se originó el 26 de abril, cuando una clínica veterinaria de la zona notificó, mediante líneas de emergencia, un cuadro de miasis en un canino. El diagnóstico fue realizado por un médico veterinario zootecnista, quien identificó la infestación en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años, cuya herida derivó de una pelea con otros perros.

De acuerdo con la dependencia, no se han identificado contagios adicionales. Además, por las condiciones climáticas y la altitud del sitio, el evento es considerado una incursión, es decir, un caso aislado.

A partir de esta detección, se implementó un protocolo de contención que incluye vigilancia epidemiológica tanto pasiva como activa, así como investigaciones retrospectivas y prospectivas. También se realizó la desinfección del domicilio donde habitaba el animal afectado.

Las autoridades sanitarias desplegaron brigadas para rastreo epidemiológico en zonas cercanas y llevaron a cabo encuestas casa por casa con el objetivo de descartar nuevos casos.

El contexto de esta detección ocurre en medio de tensiones comerciales. Desde noviembre de 2024, Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado vivo procedente de México ante la amenaza del gusano barrenador, una medida que el gobierno mexicano calificó como “unilateral”.

Productores han señalado que esta decisión ha generado pérdidas superiores a 800 millones de dólares en poco más de un año. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, el cierre del mercado estadounidense dejó sin exportación a más de 1.2 millones de cabezas de ganado, lo que representó una afectación estimada en mil 448 millones de dólares, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, aunque también puede presentarse en animales domésticos, fauna silvestre e incluso en humanos, lo que ha llevado a reforzar medidas sanitarias en el país desde finales de 2024.

El avance del gusano barrenador del ganado encendió la alerta máxima en todo México. Lo que comenzó como un problema focalizado en la frontera sur ahora se convirtió en una amenaza nacional que llevó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a extender el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal a los 32 estados del país. El objetivo: contener la propagación de esta plaga que afecta directamente al sector pecuario y amenaza la exportación de animales vivos.

El anteproyecto, publicado por la Sader en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca reforzar las acciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para evitar que el gusano barrenador continúe desplazándose hacia el norte. Este parásito, capaz de infestar heridas abiertas en animales y provocar graves daños, se ha extendido desde el sur hasta el centro del país, poniendo en riesgo regiones ganaderas que hasta ahora se mantenían libres de la plaga.

Las nuevas medidas obligan a todos los propietarios de animales a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso de “gusanera” detectado en sus hatos. Además, para mover cualquier ejemplar —bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino o bisonte— será obligatorio contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), expedido por Senasica.

Obtener este documento no será un simple trámite: el ganado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas entre tres y cinco días antes de la solicitud, seguido de un baño insecticida y una inspección física para confirmar que no existan larvas ni heridas activas.

Si el traslado del ganado no ocurre de inmediato, el protocolo exige repetir el tratamiento entre seis y quince días después. En caso de que pasen más de quince días, todo el proceso deberá reiniciarse desde cero. Estas medidas buscan garantizar que ningún animal infectado pueda ser movilizado dentro del territorio nacional, reduciendo así el riesgo de contagio en regiones productoras.

El acuerdo, registrado bajo el expediente 12/0076/061125, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que sea aprobado. Su aplicación busca no solo contener la plaga, sino también recuperar la confianza sanitaria de los socios comerciales, especialmente de Estados Unidos, que desde noviembre de 2024 mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado mexicano.

Ese cierre, decretado por el Departamento de Agricultura estadounidense, frenó el comercio de más de un millón de cabezas de ganado al año y afectó a miles de productores nacionales. Con las nuevas medidas de emergencia, México intenta proteger su cabaña ganadera, restaurar su estatus sanitario y reabrir una de las rutas comerciales más importantes del sector agropecuario.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró un acuerdo con los productores de maíz del Bajío que busca fortalecer al sector, garantizar precios justos y mejorar la competitividad nacional. El pacto, alcanzado tras una larga jornada de negociaciones que culminó la madrugada de este miércoles, incluye apoyos económicos, créditos preferenciales y un nuevo esquema de comercialización.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, informó que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, medida que beneficiará directamente a 90 mil productores de la región. Este incentivo surge ante la caída del 21 por ciento en el precio internacional del grano, con el objetivo de brindar estabilidad a los agricultores.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional, Berdegué explicó que el programa “Cosechando Soberanía” será ampliado para ofrecer créditos con una tasa de interés preferencial del 8.5 por ciento anual, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores. Además, se establecerá un sistema nacional de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de venta, reglas públicas y acceso a información oficial.

El funcionario subrayó que la prioridad será la cosecha nacional y confirmó que los liderazgos locales se comprometieron a liberar los cortes de carretera que habían afectado la distribución del grano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los apoyos se entregarán sin intermediarios, para evitar prácticas del pasado donde los recursos quedaban en manos de organizaciones y no llegaban a los productores. “Antes de la transformación, había organizaciones que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor. Eso no va a regresar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la estrategia busca fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, considerando al maíz como un cultivo estratégico para el país. “En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.

En la misma reunión, la Sader y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron aumentar 100 pesos adicionales al apoyo gubernamental por tonelada. Durante la negociación, que se extendió por casi cinco horas, se determinó eliminar el precio de garantía de 5 mil 200 pesos, permitiendo a los agricultores vender su producto de forma libre a los industriales.

El productor Mauricio Pérez, de Pénjamo, explicó que esta medida permitirá a los campesinos buscar mejores oportunidades de mercado. “Dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una mejor oportunidad de precio; con una base fija ya se tasa y es difícil que repunte”, señaló.

Los agricultores continuarán este medio día las mesas de diálogo con autoridades federales para definir las reglas de operación de los nuevos apoyos, que pasarán de 850 a 950 pesos por tonelada. Con el impulso de estos recursos y el libre mercado, se estima que el precio final de la tonelada de maíz alcance hasta 6 mil 700 pesos, fortaleciendo al campo mexicano y generando un nuevo horizonte de estabilidad para los productores.

A partir de este lunes, Estados Unidos activó oficialmente un arancel del 20.91% sobre el jitomate importado desde México, una medida que podría impactar directamente en los precios al consumidor y tensar aún más la relación comercial entre ambos países. La decisión, impulsada por el Departamento de Comercio estadounidense, se venía anunciando desde abril por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El argumento detrás de esta determinación fue la salida de Estados Unidos de un acuerdo previo, alegando que no se brindaban las protecciones necesarias a los productores locales de jitomate. Este movimiento marca un nuevo capítulo en una disputa comercial que ya ha tenido antecedentes importantes, como en 2019, cuando los productores mexicanos lograron un acuerdo con la primera administración de Trump para frenar una investigación antidumping. Dicho acuerdo cerraba ciertas lagunas legales e incluía mecanismos de inspección, con el objetivo de evitar medidas arancelarias.

México es actualmente el principal proveedor de jitomates al mercado estadounidense, con una participación cercana al 70%, muy por encima del 30% que tenía hace veinte años, según datos del Florida Tomato Exchange. La medida afecta directamente este flujo comercial, y según especialistas, podría provocar consecuencias notorias tanto para productores como para consumidores.

De acuerdo con Tim Richards, profesor en la Escuela de Agronegocios Morrison de la Universidad Estatal de Arizona, los precios minoristas de los tomates podrían incrementarse en alrededor del 10.5% como resultado del nuevo arancel. Este incremento impactaría directamente en los bolsillos de los consumidores estadounidenses, especialmente en temporadas donde el jitomate forma parte esencial del consumo diario.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que con este arancel se busca dar un respiro a la menguante industria del jitomate en Estados Unidos, incentivando el consumo de productos cultivados localmente y permitiendo a los agricultores norteamericanos competir en mejores condiciones frente a las importaciones mexicanas.

En contraste, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó la importancia económica del jitomate en México, señalando que esta industria genera más de 400 mil empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos. Además, la producción anual supera los tres millones 461 mil 766 toneladas, consolidando al jitomate como uno de los pilares de la agroindustria nacional.

Este nuevo arancel abre nuevamente un panorama incierto para los exportadores mexicanos, que verán afectados sus márgenes de ganancia, y para los consumidores estadounidenses, quienes podrían enfrentar un alza significativa en los precios de este producto básico. Las autoridades mexicanas aún no han emitido una postura formal frente a esta medida, pero se anticipa que la industria buscará alternativas para enfrentar el nuevo escenario comercial.