Javier Duarte deberá seguir tras las rejas: Jueza cierra la puerta a su salida anticipada

La jueza de Ejecución Ángela Zamorano Herrera resolvió que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá cumplir de manera íntegra la condena que le fue impuesta en 2018, al negar la solicitud de libertad anticipada presentada por su defensa. La resolución fue emitida durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre la procedencia de la medida.

Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Desde entonces cumple una sentencia de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, de la cual ha cubierto más del 96 %, según los datos expuestos en la audiencia.

Su defensa argumentó que el exmandatario ha mostrado buen comportamiento, un cambio de conducta y que ha cumplido con la mayor parte de su condena, razones que —señalaron— justificaban su egreso anticipado bajo medidas cautelares.

Sin embargo, la juzgadora consideró que esos elementos no eran suficientes para otorgar el beneficio solicitado. Entre los factores que influyeron en su decisión se encuentran las observaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que calificó a Duarte como un interno con mala conducta y recordó que el exgobernador evadió una audiencia por un caso de presunta desaparición forzada, motivando un señalamiento de incumplimiento.

Además, la FGR destacó que Duarte enfrenta un proceso vigente por el delito de desaparición forzada, relacionado con el entorpecimiento de la investigación por la desaparición del policía David Lara Cruz. En este caso, la audiencia intermedia se ha pospuesto en seis ocasiones. También se señaló que el exfuncionario no cumplió con el Plan de Actividades para su reinserción social, que incluye participación en actividades culturales, deportivas y recreativas.

La defensa respondió que el delito por el que se le acusa en este proceso excluye su participación directa en la desaparición, y sostuvo que Duarte nunca ha sido acusado ni vinculado a proceso por desaparición forzada como tal. “Jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada”, afirmaron sus representantes legales, quienes insistieron en que el caso fue sobreseído previamente.

Tras la negativa de la jueza, su abogado Pablo Campuzano adelantó que analizarán la posibilidad de apelar la resolución. Mencionó también que el cumplimiento total de la pena está previsto para abril, por lo que evaluarán los tiempos procesales para definir los siguientes pasos legales.

En paralelo, Duarte mantiene otro proceso abierto por peculado, actualmente en fase intermedia. Las denuncias en su contra lo señalan por la presunta malversación de más de 62 mil millones de pesos provenientes de fondos federales durante su administración en Veracruz.

La jueza Ángela Zamorano Herrera, quien asumió el cargo en septiembre tras ganar la elección del llamado “acordeón” con 54 mil 797 votos, fue la encargada de emitir esta resolución que confirma la permanencia del exgobernador en prisión hasta concluir su condena.

Senado se prepara para dictaminar reforma a la Ley de Amparo tras audiencias públicas

El Senado de la República dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se realizara el segundo día de audiencias públicas para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante estas jornadas, expertos y especialistas discutieron modificaciones en temas como la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la iniciativa busca evitar abusos en el juicio de amparo, conservando figuras fundamentales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva. Subrayó la importancia de armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general.

Por su parte, Melissa Ayala señaló que la reforma contiene “cosas buenas, malas y preocupantes“, como la ampliación de la demanda y los cambios en el cumplimiento y ejecución de sentencias. Según su análisis, ambas figuras se acotan, lo que implica que la reforma no simplifica el proceso de amparo ni lo hace más ágil, pero sí puede representar un costo mayor para el Estado.

El ex magistrado y abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro señaló que, aunque el juicio de amparo en línea es un acierto, existen cuatro aspectos preocupantes: el interés legítimo podría perjudicar a la población de menores recursos; se restringe la posibilidad de suspensión si no se advierte una inconstitucionalidad; ciertas autoridades obtienen inmunidad respecto de las suspensiones; y se niega la ampliación de la demanda.

Ivette Galván, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el juicio de amparo debería acercarse a la gente. No obstante, explicó que la reforma delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que se considera regresivo, ya que acota el efecto del amparo en materia de derechos colectivos.

El magistrado de Circuito en Materia Civil y Administrativa, Arturo González Ferreiro, indicó que si bien la reforma busca evitar abusos, es crucial que el interés legítimo no se vuelva estrecho y que los juzgadores analicen cada caso de manera individual, sin imponer cargas que dificulten el ejercicio de los derechos de las personas.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que las comisiones dictaminadoras evaluarán durante las próximas horas las propuestas vertidas en las audiencias y considerarán algunos ajustes a la iniciativa. “Los compañeros integrantes de la comisión, sobre todo Javier Corral e Inzunza, están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, adelantó López Hernández, quien señaló que los cambios podrían reflejarse en la versión final que será dictaminada y votada este miércoles.

Con estas audiencias y la revisión de los ajustes propuestos, el Senado se prepara para definir los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, que plantea modificaciones importantes en la protección de los derechos individuales y colectivos en el país.

Teuchitlán en la mira mundial de la ONU: Exige acción inmediata del estado mexicano

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

 

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

 

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

 

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

 

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

 

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

 

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

 

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.