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El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

Con el respaldo de 86 votos a favor, el Senado aprobó este miércoles el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales para 30 entidades del país. La decisión fue impulsada por Morena y sus aliados, quienes defendieron los perfiles elegidos pese al rechazo frontal de las bancadas opositoras.

Durante la sesión, marcada por momentos de tensión, los nuevos magistrados rindieron protesta ante el pleno, dando cierre a una jornada intensa en el recinto legislativo. La mayoría oficialista avanzó con la designación luego de que la Junta de Coordinación Política validara por la mañana la lista de aspirantes.

Horas más tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso para permitir la incorporación de seis cambios en la propuesta inicial. Las modificaciones se aplicaron a las magistraturas correspondientes a Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Yucatán, tras la intervención del coordinador morenista Adán Augusto López.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, lanzó críticas directas a la bancada de Morena. Desde tribuna, afirmó que los perfiles seleccionados no fueron sometidos a elección popular para beneficiar a los gobernadores.“Hay perfiles que están totalmente cuestionados, porque ustedes los dejaron para los gobernadores como un premio”, acusó.

En el mismo tono, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo lamentó que no se hayan considerado los señalamientos presentados previamente. “Nosotros desde el día de ayer dimos a conocer que algunos perfiles no cumplían con (los requisitos), pero Morena y sus aliados lo que decidieron fue poner a sus cuates y sus cuotas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió sobre los riesgos de avanzar con designaciones presuntamente alineadas con el partido en el poder. “Vamos a ir a partidos de fútbol con el árbitro comprado, con el árbitro vendido, con el árbitro comprometido”, declaró, en alusión al papel de los magistrados en procesos electorales.

En respuesta, la morenista Lucía Trasviña defendió los nombramientos, argumentando que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer su filiación política, credo e ideología. “¿Por qué vamos a suprimirles esos derechos?”, cuestionó desde su escaño, rechazando los señalamientos de parcialidad.

La votación y protesta de los magistrados se da en un contexto preelectoral, donde las tensiones entre oficialismo y oposición se agudizan. Con estos nombramientos, se completa una pieza clave en el aparato electoral estatal, a pocos meses del inicio formal de los próximos comicios.

En una jornada intensa en el Senado de la República, la bancada de Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales. El intento se frenó en seco, pese al respaldo de sus aliados del PVEM y el PT. La votación final arrojó 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, sin alcanzar las dos terceras partes requeridas.

“Sí se pudo, sí se pudo”, fue el coro que resonó en el pleno, encabezado por senadores de oposición, tras conocerse el resultado. El conteo también dejó entrever divisiones dentro del oficialismo: seis votos en contra y dos abstenciones provinieron de su propia bancada, aunque los nombres de los disidentes permanecen en el anonimato debido al método de votación por cédula.

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que la mayoría calificada no se alcanzó. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este miércoles 9 de abril se volverá a discutir la lista de candidatos a magistrados. El listado podría mantenerse, aunque con al menos una modificación, antes de su nueva presentación ante el pleno.

El proceso de selección fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el PAN. Señalamientos apuntaron directamente al coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por incluir en la lista a personas que, según denunciaron, no cumplían con los requisitos de experiencia profesional ni presentaron la documentación correspondiente.

El senador panista Mario Vázquez fue más allá, al denunciar afinidad política entre algunos aspirantes y Morena. Durante su intervención, expuso un audio de una conversación entre el exgobernador Javier Corral y Adela Alicia Jiménez Carrasco, una de las candidatas a magistrada. En el fragmento, ambos parecen coordinar una resolución judicial.

Javier Corral respondió tajante, calificando a Vázquez como un “instrumento de consigna” y “mandadero” de la gobernadora María Eugenia Campos. Aunque no negó la autenticidad del audio ni su relación con Jiménez Carrasco, aclaró que no intervino en su inclusión en la lista.

Desde antes de la sesión, el líder panista Ricardo Anaya ya había lanzado fuertes críticas al proceso, tachándolo de “cochinero”. Su declaración encendió aún más el ambiente político, al advertir que Morena busca dominar los tribunales electorales y con ello debilitar la democracia del país.

Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a los cuestionamientos. El senador Clemente Castañeda reveló que la lista fue presentada por Morena sin consulta ni apertura para evaluaciones externas, acusando una imposición que recordó prácticas del viejo régimen.

El debate sigue, la tensión aumenta y el reloj corre. La discusión se reactiva en las próximas horas, en un escenario político que no da tregua.